Félix Población
Escritor y periodista 28 Junio 2012
Escritor y periodista 28 Junio 2012
Leo
que el Gobierno ha normalizado la situación de excepcionalidad que vivía
el Valle de los Caídos desde su cierre al público hace casi tres años,
en diciembre de 2009, fecha en que, por decisión de Patrimonio Nacional y
debido a la necesidad de realizar una obras, se optó por la clausura
del monumento. El pasado 1 de junio el actual ejecutivo decidió abrir la
basílica donde están enterrados el dictador Francisco Franco y José
Antonio Primo de Rivera, y poner precio a la entrada de los visitantes, 5
euros, sin que nada haya cambiado con relación a lo previsto para el
Valle de los Caídos en la timorata Ley de Memoria Histórica (LMH),
aprobada por el gobierno de Rodríguez Zapatero hace casi seis años.
Ni el
lugar ha adquirido otro significado para la conciencia colectiva del
país, desde el espíritu de reconciliación y respeto al pluralismo del
pacto constitucional -tal como señala dicha ley-, ni se ha tenido en
cuenta la disposición adicional sexta, que insta a ejercer actuaciones
que contribuyan a convertir ese lugar en un ámbito de memoria colectiva
democrática, de reparación, verdad y reconciliación. Tampoco se ha
eliminado, por supuesto, la simbología propia del viejo régimen, según
se dictamina en la LMH y que también permanece en muchos otros edificios
del país.
No se
ha tenido en consideración, asimismo, la decisión de la comisión de
expertos, creada por acuerdo del consejo de ministros de 27 de mayo de
2011, que aconsejaba el traslado de los restos mortales del dictador a
otro lugar, siendo como era objetivo de esa comisión convertir el Valle
de los Caídos en un centro de memoria que dignifique y rehabilite a las
víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista posterior. No hay
que olvidar que miles de víctimas republicanas están enterradas en la
propia basílica, contra la voluntad o sin conocimiento de sus familias,
junto a los caídos del bando rebelde.
La
Ley de Memoria Histórica, en su artículo 16, dispone que el Valle de los
Caídos “se regirá por las normas aplicables a los lugares de culto y a
los cementerios públicos”, y en él “no podrán celebrarse actos de
naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus
protagonistas, o del franquismo”. Asimismo, la disposición adicional
sexta establece que “la fundación gestora del Valle incluirá entre sus
objetivos honrar y rehabilitar la memoria de todos los fallecidos en la
Guerra Civil” y durante “la represión política que la siguió, con objeto
de profundizar en el conocimiento de este período histórico y de los
valores constitucionales”. Del mismo modo, “fomentará las aspiraciones
de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad, todo ello
con plena sujeción a lo dispuesto en el artículo 16”.
Como
dijo en su día el exdiputado Carlos María Bru, resulta intolerable que
en la vigente España democrática, cuando ya casi se iguala el actual
periodo democrático con el de la dictadura franquista, se perpetúe un
homenaje monumental a un genocida al que se le imputan como jefe del
Estado más de 114.000 ejecuciones después de su victoria militar, así
como masivos encarcelamientos y depuraciones impuestos retroactivamente a
los republicanos, y cuyo régimen mantuvo secuestrada durante más de
tres decenios la voluntad de los españoles.
A
juzgar por la decisión tomada por el Gobierno del Partido Popular,
partido que en su día se opuso a la aprobación de la Ley de Memoria
Histórica, nada cambiará en el Valle de Franco, por lo que no sería
aventurado pensar que hasta el artículo 16 de la mencionada ley, que
prohíbe los actos políticos o exaltadores de la Guerra Civil o el
franquismo, se pueda convertir también en papel mojado. Habiendo lugar
para el culto no faltará ocasión -si las circunstancias lo propician y
la ultraderecha renaciente en algunos países de Europa lo requiere- para
que lo visiten y ensalcen sus nostálgicos o futuribles feligreses,
privilegio con el que ningún dictador del pasado puede contar en ningún
país del mundo.
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