miércoles, 30 de abril de 2014

La Audiencia rechaza la extradición de Billy el Niño al estar prescritos los delitos


Billy el Niño tras una de sus comparecencias en la Audiencia Nacional. / claudio álvarez
La Audiencia Nacional ha rechazado extraditar a Argentina al exinspector de Policía Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, al considerar que los 13 delitos de torturas por los que le reclama Argentina no pueden ser calificados de lesa humanidad ya que no formaban parte de un "ataque sistemático y organizado y ataque a un grupo de población". "Por más que los hechos descritos constituyan delitos de tortura a detenidos por un grupo determinado, aislado y concreto de funcionarios policiales", no puede considerarse un ataque sistematizado, según la Audiencia.
En el caso de que hubieran sido reconocidos como genocidio, el delito no tiene plazo de prescripción pero al ser calificadas de torturas, el plazo de diez años se ha cumplido ya que los hechos fueron cometidos entre febrero de 1971 y septiembre de 1975.
De esta manera, la justicia española cierra la puerta a la investigación abierta por la juez argentina María Servini tanto sobre Billy el Niño como por el excapitán de la Guardia Civil, Jesús Muñecas, acusados de crímenes durante el franquismo.
Además, en el auto de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el tribunal descarta que las torturas que se achacan al expolicía "guarden relación con los asesinatos y desapariciones forzadas a que se circunscribe el procedimiento argentino, que se perpetraron tras el 17 de julio de 1936".
El pasado día 25, la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó la extradición, también a Argentina, del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, capitán Muñecas, por torturas en el franquismo, al considerar que este delito, presuntamente cometido en 1968, estaría prescrito y que los hechos de los que se le acusa no son constitutivos de genocidio.

martes, 29 de abril de 2014

El presidente del PP y de la Diputación de Cuenca continúa subvencionando templos con símbolos franquistas

“Ciudadanos por la República” exige a Benjamín Prieto, que desfiló en la Semana Santa de 2013 con una “capa joseantoniana”, que cumpla la Ley
         
Cruz conmemorativa de Jose Antonio en Cuenca
Cruz conmemorativa de Jose Antonio en Cuenca

 CARLOS ISERTE | 29/04/2014

La asociación republicana de la provincia de Cuenca ha enviado sendas cartas a los representantes políticos de la ciudad, con cierto énfasis en el nombre del presidente de la Diputación y máximo líder del PP conquense, Benjamín Prieto, que “año tras año” firma convenios con el Obispado para la rehabilitación de templos con símbolos franquistas. Para “Ciudadanos por la República”, Prieto vulnera de forma flagrante la Ley de Memoria Histórica, que en su artículo 15 es clara y taxativa (ver Ley), instando a “la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura, así como la posibilidad de que las administraciones puedan retirar subvenciones o ayudas a los propietarios” que eludan esta Ley, como es el caso del Obispado de Cuenca.
Diez “templos franquistas”…
Los demandantes recuerdan a Benjamín Prieto que “no puede ignorar la normativa que forma parte del corpus legal”, y exigen la misma vara de medir para los convenios con la Iglesia, sin favoritismos y aplicándole los mismos requisitos que se recogen en otras convocatorias de subvenciones. El caso es que el presidente de la Diputación y el obispo de la Diócesis conquense firmaron a principios de año un convenio por el que el organismo provincial aportaba 700.000 euros para la rehabilitación de templos que muchos de ellos todavía mantienen la iconografía fascista, como son los situados en las localidades de Torrubia del Campo y Valparaíso de Abajo, concretan.
…Y una “catedral joseantoniana”
Benjamín Prieto con símbolos fascistas.
Benjamín Prieto con símbolos fascistas.

Pero aquí no acaban los despropósitos. La catedral de Cuenca todavía exhibe en una de sus fachadas laterales una gran cruz en memoria de José Antonio Primo de Rivera y de la Falange Española. Aún es más, la seo conquense continúa recibiendo subvenciones y fondos públicos para su mantenimiento, como los más de 200.000 euros invertidos recientemente por el Consorcio de la Ciudad de Cuenca para la rehabilitación de la cubierta de la capilla del Espíritu Santo. No solo no se retiró esta cruz de la ignominia, sino que aprovecharon el andamiaje para lavarle la cara y limpiarle de pintura roja y otras pintadas fruto de la protesta ciudadana.
Un obispo del Opus, un líder con yugo y flechas…
Y es que no es de extrañar que tanto el obispo, a quien los republicanos también han enviado una carta exigiéndole, una vez más, la retira de los signos fascistas, como el presidente de la Diputación hagan caso omiso y se nieguen a aplicar la Ley. Para empezar, el prelado conquense, José María Yanguas, es un destacado miembro del Opus Dei, mientras que el también presidente provincial del PP, Benjamín Prieto, no tiene reparos en participar en la Semana Santa luciendo una capa con el escudo falangista del yugo y las flechas, como publicó en exclusiva ELPLURAL.COM el pasado año.
…Y un alcalde que añora a Franco
Algo pasa en las filas del Partido Popular de Cuenca, cuando su máximo líder y mano derecha de María Dolores Cospedal no ha movido ni un solo dedo para impedir que uno de sus alcaldes, concretamente el regidor de la pequeña localidad de Reíllo, Pablo Campillo, haya decidido recuperar la “calle del Generalísimo” precisamente en el momento en la que decenas de municipios españoles están dedicando espacios urbanos a la memoria del expresidente Adolfo Suárez. “No entiendo la polémica porque Franco forma parte de la historia de España como Isabel la católica, que también tiene una calle en este pueblo”. Lo tiene claro: “Me da igual”.

lunes, 28 de abril de 2014

Barberá quiere borrar que Valencia fue capital de la II República

El Ayuntamiento de Valencia deja pasar otro aniversario de la II República para recordar el momento en que la ciudad ostentó la capitalidad oficial del Estado, al tiempo que sigue rindiendo tributo en calles y documentos oficiales a numerosas figuras franquistas


Los Ministros de la república oyendo el discurso que el presidente de la república pronuncio en el ayuntamiento de Valencia


JUAN E. TUR Valencia 28/04/2014
 
Entre el 6 de noviembre de 1936 y el 31 de octubre de 1937, la capital del Estado español fue Valencia, propiciando a la ciudad el momento de mayor relevancia administrativa de su historia. Sin embargo, atendiendo al relato oficial de su pasado que emana de su administración local, o simplemente consultando su callejero, el ciudadano apenas puede encontrar un vestigio de que aquel hito realmente llegara a pasar.
"El olvido por parte del Ayuntamiento es total", señala José María Azkárraga. Coordinador del libro Valencia 1931-1939. Guía Urbana, editado con motivo 70 aniversario de esa capitalidad. Azkárraga es, sin embargo, responsable a título personal de que la memoria de aquella efeméride siga viva, pues periódicamente programa excursiones en las que ejerce de guía por algunos vestigios de aquellos intensos 12 meses de historia de la ciudad, la herencia republicana y las huellas de la Guerra Civil.
"Aquella fue una capitalidad forzada por las circunstancias de la guerra, pero no cabe duda de que esa situación, unida a sus prestaciones como ciudad de retaguardia, le proporcionó la mayor importancia que haya tenido", señala Azkárraga; gracias al cual, el pasado domingo 13 de abril, un centenar de personas pudieron imaginar cómo latía la calle de la Paz en julio de 1937 inundada de los militantes y artistas asistentes al 2º Congreso de Intelectuales antifascistas.
Eso sí, solo lo pudieron imaginar, porque en la vía, pese a su buena conservación arquitectónica, sólo figura una placa conmemorando aquel evento al que asistieron entre otros Pablo Neruda, Nicolás Guillén, Ernest Hemingway, Octavio Paz o André Malraux. Mientras, los antiguos cafés en los que Miguel Hernández compartió mesa con los corresponsales de la prensa internacional, se han convertido en tiendas de moda o de instrumentos después de años sin reivindicar su pasado.

Un olvido intencionado

Esa placa es excepcional y fue emplazada por el equipo municipal del alcalde socialista Ricard Pérez Casado en la celebración del cincuentenario del congreso, hace ya más de dos décadas. Al margen de ella, la ciudad carece de más señalítica en referencia a aquellos días y, como recuerda el concejal socialista Salvador Broseta, "el escaso ejercicio de memoria histórica" puesto en práctica -como una desapercibida declaración institucional en 2012 recordando el encuentro de intelectuales antifascistas- "responde a iniciativas de la oposición".
 ¿Pero es un olvido casual o intencionado? Un suceso reciente ofrece la primera pista. Tras años solicitándose el reconocimiento por parte de la oposición, el presidente de España durante la II República, Manuel Azaña, recibió el pasado mes de marzo una calle en Valencia. Eso sí, la vía elegida para rendirle homenaje elegida por el equipo de Rita Barberá fue el callejón que da acceso a un centro comercial que tiene señalada su dirección comercial en una vía colindante.  Nadie remitirá pues una carta a la calle Manuel Azaña de Valencia.
El presidente se sumaba así al particular trato que la alcaldía de Valencia viene deparando a los principales actores de la Valencia republicana desde que Rita Barberá accedió al poder. Guillermina Medrano, la primera mujer concejal del Ayuntamiento de la ciudad precisamente durante la II República, recibió su calle en la pequeña y aislada pedanía de Borbotó. El poeta García Lorca sí tiene una avenida, aunque sin salida y sin vida, emparedada entre el muro trasero de un colegio y la tupida red de vías del tren que atraviesa la ciudad. Josep Renau, el artista plástico valenciano más influyente de la historia y responsable de la salvación de los tesoros del Museo del Prado de los bombardeos fascistas, también recibió -tras numerosas peticiones de colectivos y personalidades del mundo de la cultura- un pequeño callejón sin salida en la pedanía de Borbotó. Cuatro más allá que la de Medrano.
Esta marginalidad en el callejero de los defensores de la legalidad contrasta con la permanencia en el mismo de no menos de una treintena de figuras franquistas, que todavía dan nombre a algunas de las principales vías de la que fuera capital de la II República. No hace más de un año y medio, la última moción del grupo municipal socialista solicitando su retirada recibió una sorprendente negativa. "Tiempo ha habido desde la primera etapa de los ayuntamientos democráticos en abril de 1979, con gobiernos socialistas y comunistas, para haber llevado a efecto tales acuerdos, y en ningún caso se plantearon", respondió el equipo de Barberá.
Para Matías Alonso, coordinador del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, ese argumento -al que adjuntan las "molestias" y el "coste" que el cambio de nomenclatura pudiera ocasionar a los vecinos y que la petición no fuera acompañada de una "mínima documentación acreditativa"- no es más que "una patraña". Y no le resulta difícil aportar argumentos a su conclusión: "También hemos pedido que se retiren del cuadro de honor de la ciudad numerosos honores a generales y destacadas figuras franquistas, lo que no generaría molestias ni costaría ni un euro, pero ahí siguen. ¿Hay que recordar quién fue Luis Carrero Blanco?".
Azkárraga y Alonso recuerdan, no obstante, que los franquistas que permanecen en el callejero son "desapercibidos falangistas", pues las principales figuras desaparecieron de la señalítica durante los primeros  ayuntamientos socialistas. Sin embargo, aún es visible numerosa simbología franquista, que Azkárraga invita a no retirar, aunque con un matiz: "Mucha de la simbología franquista hoy en día ha perdido su significado, pero de no desaparecer, debería advertirse cual es, pues el hecho de que aún permanezca habla muy claramente de cómo ha sido la transición".


Un patrimonio descuidado y abandonado

Frente a esa permanencia franquista, el deterioro del patrimonio de la Valencia de la II República aún se hace más relevante. "No existe ningún tipo de cuidado" apunta José María Azkárraga, que resume la actuación municipal sobre las instalaciones republicanas en el estado de abandono de los numerosos refugios antiaéreos de la ciudad. Una situación que contrasta con los ejemplos de Gandia, Alcoi, Almería o Barcelona, ciudades en las que algunos de estos refugios son visitables y reclamos del turismo histórico.
Rita Barberá y su equipo, en cambio, mantienen una actitud diametralmente opuesta. "Hace unos años intermediamos en la solicitud realizada por el Grupo de Recreación Histórica Línea XYZ, junto al escritor Jorge Vera, para la cesión de uno de los múltiples refugios de la ciudad con el fin de establecer en él un museo, pero Barberá convirtió la petición en un debate guerracivilista en el que no faltaron discursos de concejales populares criminalizando al Frente Popular. Y todo en el mismo hemiciclo en el que se reunieron las Cortes de la República durante aquella capitalidad", recuerda Alonso.
Y con esta desidia el patrimonio va despareciendo. En la actualidad, Azkárraga denuncia cómo el derribo de un edificio junto al refugio de la calle Serranos, está empeorando su frágil conservación -o abandono- "natural"; la que, en definitiva, sufren el resto de refugios de la ciudad. Del mismo modo, como denunció el grupo municipal de Compromís el pasado mes de enero, el palacete de Aben Al Abbar en el barrio de Algirós, que tiene el valor simbólico de haber sido el lugar donde hizo la última reunión el gobierno de la Segunda República Española antes de su exilio, se encuentra en un estado ruinoso y de extremo abandono, con el riesgo de colapso total de su estructura.
Y todo, mientras cada 14 de abril es obviado por la administración local como una oportunidad para reivindicar un episodio de indudable protagonismo, que permanece vivo en la memoria colectiva gracias al trabajo unilateral de entidades como la Universitat de Valencia, que sí realizaron en el 70 aniversario de esa capitalidad numerosos actos de recuperación de la memoria colectiva.
"Que Valencia fuera durante un año la capital de España, debería ser motivo de orgullo y reivindicación de todos, a menos que uno piense que la oficialidad en el 36 era la que proponían los golpistas", apunta Alonso, señalando una incongruencia en la que el equipo de gobierno de Rita Barberá se retrata año tras año.

La Universitat publica Memorias de Posguerra

Coincidiendo con el 75 aniversario del final de la guerra civil española y el inicio de la diáspora del exilio, la Universitat de Valencia (UV) presentó la pasada semana el libro ‘Memorias de posguerra', del crítico de arte e historiador Manuel García (Tánger, 1944). La obra recoge cerca de 35 entrevistas a artistas que protagonizaron los avatares históricos de la guerra española (1936-39), el conflicto de la segunda guerra mundial (1939-45) y el exilio (1939-75). Por sus 441 páginas desfilan así los testimonios de figuras como Juan Gil Albert, Josep Renau, Octavio Paz, Manuela Ballester o Concha Méndez.
Durante su presentación, Manuel García -que se calificó simplemente como un "intermediario de las voces de los entrevistados"- recordó que "la memoria histórica hay que ponerla a disposición de los pueblos para que algunos episodios no se repitan". Antonio Ariño, Vicerrector de Cultura e Igualdad de la UV, señaló a su vez que recuperar el testimonio de estas figuras, "nos permite rellenar el vacío generado por el exilio y reencontrar lo mejor de nuestra cultura".

¿Que empresas usaron a esclavos del franquismo?


La explotación económica de los vencidos llevó a la dictadura franquista al extremo de emplear a más de 400.000 presos políticos como trabajadores forzados.
Compañías públicas y privadas –algunas cotizan en el IBEX 35– resultaron beneficiarias de mano de obra gratuita en la mayoría de sectores productivos.
El trabajo esclavo forma parte de la querella argentina contra los crímenes del franquismo y la Ley de Memoria Democrática prevé hacer "copartícipes" de la "reparación" de los reclusos a las "organizaciones" implicadas.


El 'canal de los presos', construido con mano de obra esclava / RMHSA (CGT).


eldiario.es / JUAN MIGUEL BAQUERO / 26-04-2014

El franquismo llegó al extremo de usar presos políticos como esclavos. Fiel a la explotación económica de los vencidos como "botín de guerra". Había que "reconstruir" el país y... ¿qué empresas emplearon mano de obra gratuita durante la dictadura? La iglesia, el ejército sublevado e instituciones públicas. Pero no sólo. Entidades privadas de casi cualquier sector se beneficiaron del empleo de más de 400.000 reclusos en régimen limítrofe a la esclavitud. Algunas cotizan hoy en el IBEX 35, herederas de aquellas actividades primigenias o extirpadas de su germen económico.
Para sortear la muerte por hambre o enfermedad, plato diario en las cárceles franquistas, incluso había detenidos que solicitaban su traslado a batallones de trabajadores forzados. Banús Hermanos, San Román, Huarte, Agromán o Dragados y Construcciones. Estas compañías, y otras muchas, aprovecharon la oportunidad que ofrecía el entramado diseñado a lomos de presidiarios "para alzar sus imperios económicos durante la dictadura franquista". Unos redimían condena, otros obtenían réditos de otro modo impensables. Así reza en el marco de la querella argentina que María Servini de Cubría instruye desde el Federal 1 de Buenos Aires, a denuncia del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT. Y en la ley andaluza de memoria, que plantea hacer a estas y otras muchas empresas "copartícipes" de la "reparación" de esas víctimas.

"Botín de guerra" para los golpistas

"Ferroviarias como Norte, MZA, Renfe, constructoras como Entrecanales, San Román, Huarte o Banús, mineras como Duro, Babero, transformadoras de metales como Babor Wilckok, Astilleros de Cádiz, La Maquinista Terrestre". Una relación que el director científico del proyecto Todos (…) los nombres, José Luis Gutiérrez Molina, completa con "órdenes religiosas, ayuntamientos, confederaciones hidrográficas y diversas administraciones de Justicia o gubernativas". "¿Números? Más de 400.000 presos susceptibles de ser utilizados, en Andalucía más de 100.000", enumera. Los derrotados, "botín de guerra" para las fuerzas golpistas.
Eran "trabajadores, jornaleros y campesinos", en gran parte, y debían cargar con el "esfuerzo de la reconstrucción" del país. Una tarea abierta hasta 1956 que el coautor del libro El Canal de los Presos. Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica cuantifica en "al menos 800 millones de euros". "Desde el pequeño taller a la gran industria vasca, catalana o andaluza –cuenta Gutiérrez Molina–, no hubo sector industrial, comercial, agrario o de servicios que no contara, en mayor o menor número, con trabajadores esclavos".
El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía señala (artículo 19): "Reparación por trabajos forzados. La Administración de la Junta de Andalucía impulsará actuaciones para hacer copartícipes de las medidas de reconocimiento y resarcimiento a las organizaciones que pudieron utilizar los trabajos forzados en su beneficio". El Gobierno autonómico, con el nuevo marco legal que reconoce la mano de obra esclava en trámite, no desvela aún cómo motivará la participación de las empresas implicadas.

Empresas implicadas que no reconocen el "abuso"


¿Quién debe responder por esos delitos? "En el caso de Alemania las empresas pagaron, pusieron la mitad del fondo de indemnizaciones y la otra la puso el Estado", compara el coordinador de RMHSA, Cecilio Gordillo, que declaró por videoconferencia en febrero ante la justicia argentina y sugiere "candidatos a ser convocados por la juez Servini". Caso de "Florentino Pérez, de Dragados y Construcciones (ACS), José Manuel Entrecanales, de Entrecanales y Távora (Acciona), Gonzalo Ferre, de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Julio Gómez-Pomar, de Renfe y Juan Miguel Villar Mir, de Huarte (OHL)". Actuales responsables de empresas, "o sus antecesoras", señala, que nunca reconocieron el "abuso". Como publicó Financial Times Magazine en el año 2003.
eldiario.es/andalucia se ha puesto en contacto con estas empresas, que han declinado hacer declaraciones al respecto. "No haremos ningún comentario sobre ese tema", una respuesta repetida que se extendió en la mayoría de los casos al momento en que, en teoría, la ley andaluza de memoria les conmine a participar en el reconocimiento a los trabajadores forzados. En ningún caso se negó la participación de las "antecesoras" de estas compañías e, incluso, hubo solicitud de información a este periódico "para conocer un poco más en qué consiste todo eso".
En sectores como la minería y la construcción, los presos fueron "imprescindibles". "El número de pantanos inaugurados por Franco, sin la mano de obra esclava, hubieran sido muchos menos, lo mismo que las líneas férreas, carreteras o aeropuertos", relata Gordillo. Obras, también, como el Valle de los Caídos. Para administrar los campos de concentración convertidos en "empresas de trabajo temporal", el régimen creó –el 11 de octubre de 1938– el Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo (PCRPT).
En su organigrama cabían, describe Gutiérrez Molina, "funcionarios de prisiones, de prensa y propaganda, un eclesiástico, un contable, varios ingenieros, auditores generales de los tres ejércitos y de los organismos públicos que más trabajadores empleaban". Como el Servicio Nacional de Regiones Devastadas, empresas ferroviarias intervenidas, el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas y la Compañía de Caminos de Hierros del Norte. Por cada día de trabajo, un preso redimía dos de pena. El Estado, que cobraba una cantidad a la empresa beneficiaria, pagaba un jornal –"aunque no siempre cumplía"– del que descontaba la comida y la ropa del recluso.
Empresas que solicitaron trabajadores forzados En Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente, el investigador José Luis Gutiérrez Molina expone una relación de 90 empresas que solicitaron y les fueron concedidos penados como mano de obra forzada. Una treintena corresponden a organismos oficiales, once a la iglesia católica, ocho al Ministerio del Ejército y el resto a compañías privadas y una institución benéfica (Fundación Elorz).
Instituciones públicas que usaron presos: Secretaría General del Consejo de Estado, Astilleros de Cádiz, Consejo Superior de Protección de Menores, Sindicato Nacional del Espectáculo, Regiones Devastadas de varias provincias, gobiernos civiles, direcciones generales, ayuntamientos… además, entre otras, de la Fundación Generalísimo Franco y la Jefatura de FET de las JONS en Lérida.
La iglesia reclamó trabajadores esclavos para obras en parroquias, conventos y otros edificios de Madrid, Barcelona, Cuenca, Murcia o Valladolid. Como empresas privadas, aparecen relacionadas con la metalurgia (Múgica, Arellano y Cía., Babock Wilcok, La Maquinista Terrestre y Marítima, Talleres Mercier o Industrias Egaña), la minería (Carbones Asturianos, Minera Estaño Silleda, Duro Felguera, Minería Industrial Pirenaica o Minas de Sillada), la construcción (Sociedad Constructora Ferroviaria o Ibérica de Construcciones y Obras Públicas), agricultura, mecánica, zapatería, espartería y fábricas de muebles, cristal, guantes o alpargatas.
El propio autor, junto a Dolores Martínez, en El trabajo esclavo de los presos políticos del franquismo en Andalucía, repasan los campos de concentración y trabajo instalados en la región, con el número de reclusos que acogieron y las fechas en que estuvieron activos. Además, establecen un listado con la relación de obras en que intervinieron prisioneros, presos y penados en Andalucía entre 1936 y 1956. Una lista casi interminable "que no se ha estudiado a fondo".
http://www.eldiario.es/andalucia/empresas-usaron-esclavos-franquismo_0_251975222.html

Nueva búsqueda de "soldados desconocidos" en El Toro y Bejís

NUEVA CAMPAÑA DE LOCALIZACIÓN DE COMBATIENTES DEL FRENTE DE LEVANTE

NUEVA BÚSQUEDA DE ‘SOLDADOS DESCONOCIDOS’ EN EL TORO Y BEJÍS

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Imagen del ‘soldado desconocido’ exhumado el pasado otoño en el Puntal de Magañá. EL MUNDO



CHELO PASTOR – CASTELLÓN – 27/04/2014

El Toro y Bejís serán los dos municipios de la provincia de Castellón que asistirán este verano a nuevas exhumaciones de soldados muertos durante la Guerra Civil. La expectación que ha suscitado la localización de otros restos óseos en la zona del ‘soldado desconocido’ y la documentación histórica que alude a unos posibles 1.500 combatientes fallecidos la sierra del Toro, ha derivado en una nueva campaña de localización de cuerpos.
Bajo la denominación de Curso de Arqueología y Antropología Forense, e impulsado por el Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, GRMH, y diversas universidades del país, se enmarcará en el proceso de documentación, localización e identificación humana dentro del marco de la Guerra Civil, concretamente en el Frente de Levante. Se estima que durante la ofensiva nacional murieron 25.000 soldados, cuyos cuerpos no fueron recuperados en su totalidad.
Los expertos consideran que 1.500 de aquellos combatientes se encuentran todavía en la sierra de El Toro, donde el equipo dirigido por el arqueólogo Miguel Mezquida exhumó el pasado otoño al ‘soldado desconocido’ en el paraje del Puntal de Magañá de dicha localidad castellonense.
En relación a dicha campaña y al esqueleto que sacaron a la luz el pasado otoño, el arqueólogo Miguel Mezquida, advirtió a EL MUNDO que también ha sido importante el hecho de que gente de diversos puntos de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha se hayan interesado por saber si aquel miliciano era un familiar.
Mezquida dirigió la exhumación en El Toro después de sacar a la luz 17 cuerpos en el cementerio de Borriol durante la búsqueda de José Valls, a petición de su hija que logró el dinero para los trabajos a través del micromecenazgo por internet.
El curso, que también abarcará el término de Abejuela, ya en la provincia de Teruel, está orientado a personas que tengan interés especial por este tema, sobre todo estudiantes y profesionales de Arqueología, Historia, Antropología, Biología, Medicina u otras disciplinas relacionadas.
«No se precisa formación previa», se advierte en la información del taller para el que hay que abonar 450 euros por participar durante una semana y 800 euros si se quiere trabajar durante 15 días.

Los verdaderos culpables de la Guerra Civil

Lidia Falcón
28 abr 2014 Lidia Falcón
público

Si mi bisabuelo, Anselmo de Lamo, nacido en 1855, masón, que empeñó su pequeña fortuna en apoyar las causas liberales para impulsar el fin de la monarquía y el advenimiento de la República; si mi abuela, Regina de Lamo, nacida en 1870, pianista, poeta, escritora, activista contra todas las injusticias, que entregó todo su empeño a la implantación del sindicalismo y el cooperativismo, a la defensa de las mujeres más desfavorecidas y a consolidar la II República; si mi padre, César Falcón, nacido en 1892, comunista, escritor, periodista, director de Mundo Obrero y creador de Altavoz del Frente, exiliado desde 1939; si mi tío, el comandante de aviación Virgilio Leret, nacido en 1903, socialista, fusilado el 17 de julio de 1936 en la Base de Hidros de Mar Chica en Melilla, muerto en defensa de la II República; si mi tía Carlota O’Neill, nacida en 1905, comunista, escritora, dramaturga, directora de Nosotras, revista de las mujeres comunistas, cinco años encarcelada en el fuerte de Victoria Grande de Melilla, por defender la II República, exilada desde 1949; si mi madre, Enriqueta O’Neill, nacida en 1909, escritora, cantante, que trabajó toda su vida por defender y volver a implantar los principios republicanos; si todos ellos, y muchos millones más de españoles que entregaron lo mejor de su vida, de su inteligencia, de su lucha, por acabar con el corrupto sistema monárquico y llevar a su país a la democracia republicana, supieran que en 2014 los dirigentes de izquierda consideran que es prematuro proclamar la III República, hubieran caído fulminados por la incredulidad y la desesperación
Una de las infamias que se han permitido desde la Transición hasta hoy, ha sido la permisividad con que se ha acogido la campaña continuada que los fascistas están realizando para denigrar la II República. No fue suficiente que durante cuarenta años los gritos de los vencedores de la Guerra Civil ahogaran toda voz en defensa de la verdad, para que, instaurada esta parodia de democracia, los mismos propagandistas continuaran su labor de falsificación de la historia. Las tesis de Pío Moa han sido suficientemente difundidas por medios de comunicación de masas, no sé si también enseñadas en ciertos colegios y universidades, para que se repitan hoy en muy diversos círculos. Se asegura, incluso, que el Frente Popular es el que causó la Guerra Civil.
Cuando se recuerda –¡y que tiempos estos en que hay que defender lo obvio!– que la Guerra la organizaron, la pagaron y la desarrollaron los militares fascistas, parece que se descubre una verdad oculta. Los acontecimientos más destacados de aquella época, cuya realidad no admite discusión: que al escaso año de proclamarse la República, en 1932, el general Sanjurjo destinado en Pamplona se alza en armas y sus conjurados organizan disturbios en varias ciudades, y que a pesar de haber sido juzgado, considerado culpable y sentenciado a muerte según el Código de Justicia Militar de la época, fue indultado y pocos meses más tarde salía elegido diputado a Cortes; que José Antonio Primo de Rivera, como cuenta, admirativamente, Ximénez de Sandóval en su biografía apasionada, el año 1933 viajó a Italia, donde se entrevistó con Mussolini a fin de informarse del régimen fascista que allí había implantado, y después fue a Alemania para entrevistarse con el Gobierno nazi a fin de comprar armas para abastecerse en la organización del golpe de Estado; que el contrabandista y financiero Juan March, que había estado vendiendo armas a los rebeldes de Abdel-Krim, en el Rif marroquí, en la guerra de Marruecos contra España, financió el golpe militar de 1936, desde el principio de la República; de lo que el Gobierno republicano tuvo suficientes sospechas como para encarcelarlo en junio de 1932, y que se fugó de la cárcel de Alcalá de Henares, sobornando a un funcionario de prisiones que más tarde tuvo importantes cargos en el Gobierno franquista. Que, en definitiva, la Guerra Civil se preparaba desde el mismo momento en que las elecciones municipales de 1931 dieron la victoria a las formaciones políticas republicanas en las ciudades, y ni Romanones ni el Ejército estuvieron dispuestos a defender a un rey corrupto y convicto de alta traición, y que por tanto el pueblo proclamó pacíficamente la II República.
La Guerra Civil, como ya se sabe –o debería saberse– es una guerra de clases. En España, donde ni siquiera se había llevado a cabo la revolución industrial (únicamente la oligarquía vasca tenía cierto peso), la burguesía era escasa, débil, sin recursos propios y vendida al capital extranjero; seguían siendo muy poderosos los latifundistas del sur y del oeste, en donde el caciquismo explotaba exhaustivamente a los jornaleros y arrasaba toda participación popular, y el capital financiero, representado por empresarios como March, apostaba por el fascismo, a imitación de Italia y Alemania. La defensa ideológica del fascismo la realizaba constantemente la Iglesia católica.
Todas las oligarquías querían derribar a la II República, aquella que afirma en su artículo 1º que “es de trabajadores de todas las clases”, y la que afirmó la igualdad del hombre y la mujer, instauró la Seguridad Social, la enseñanza laica, la separación de la Iglesia y el Estado y prometió la Ley de Reforma Agraria. Iba a limitar el omnímodo poder feudal en más de la mitad de España y a iniciar un tímido reparto de la riqueza y de la igualdad, que beneficiaría fundamentalmente a los trabajadores y a las mujeres. Todo ello era inaceptable para la Iglesia inquisitorial, los banqueros, los industriales y los latifundistas, que pagaron al sector fascista del Ejército, con la inestimable ayuda de Mussolini y de Hitler.
El denostado Frente Popular gana las elecciones el 16 de febrero de 1936, en el que participan desde republicanos moderados hasta conservadores y católicos, en cuyas filas se inscribía nada menos que don Niceto Alcalá Zamora, que fue el primer Presidente de la República, hasta los comunistas, cuya fuerza era escasísima dada la poca implantación que habían logrado desde 1920 en que se constituye el partido. Socialistas y republicanos formaban un núcleo más nutrido. El Frente Popular gana con amplia mayoría ante la derecha, que en las anteriores elecciones había salido triunfadora en 1933, gracias a la abstención de la CNT, después de los gobiernos tiránicos y represores que habían provocado la revolución de 1934, y cuya persecución ocasionó miles de muertos y decenas de miles de presos, y el arrasamiento de Asturias, así como de los avances sociales y culturales que se habían logrado en los dos primeros años de gobierno republicano.
El Frente Popular solo puede gobernar cinco meses hasta que el Ejército fascista comienza a su labor de destrucción del país. Y su Gobierno fue tan débil que permitió que las armas que enviaban a los fascistas desde Alemania se almacenaran en la base de Cuatro Vientos, como cuenta Hidalgo de Cisneros; que Mola fuera capitán general de Pamplona y Franco de Canarias, y que la conspiración siguiera avanzando, anunciada por las amenazas continuas de José Antonio Primo de Rivera y de Calvo Sotelo, lanzadas diariamente en el Parlamento, hasta que las tropas de regulares invadieron Melilla y después cruzaron el Estrecho. Lo demás está explicado en la bibliografía más extensa que jamás se haya dedicado a una guerra.
Mientras escribo estas líneas me pregunto, ¿será cierto que todavía es necesario que escriba estos hechos que ya son historia probada e indiscutible, el 27 de abril de 2014?

FINAL DE ACTIVIDADES DE LA SEMANA MEMORIALISTA


El viernes, 25 de abril, coincidiendo con la fecha del aniversario de la Revolución de los Claveles, fue pródigo en actividades memorialistas en la Región de Murcia.
En Cieza, el Ateneo de la Villa, Club Atalaya, Juan Francisco Arenas de Soria, historiador, memorialista y asesor de la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía pronunció su conferencia titulada "Sí se puede. El deber público de la Memoria".
En su discurso defendió la recuperación de los hechos históricos que han dado identidad a la comunidad autónoma andaluza, explicando el anteproyecto de ley de Memoria Democrática que está impulsando la Junta desde la citada Dirección General.
Al mismo tiempo, en Archena, el ex-fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, presentó su libro, escrito en colaboración con Antonio Donate, "Jueces, pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial" , en un acto encuadrado dentro de las jornadas por la Memoria Histórica organizado por el Ateneo Villa de Archena.
En su exposición comenzó por congratularse por la celebración de actos, como éste de las jornadas de Archena, en que se exalte la II República, pues aquel régimen constituyó la primera gran esperanza democrática en España. Afirmó que el pasado franquista no ha pasado, sino que sigue entre nosotros, y dirigió un emocionado recuerdo al conjunto de víctimas del franquismo, hablando de que los poderes públicos y el entramado judicial hacen caso omiso a las peticiones de reparación de las víctimas, y a las denuncias de organismos internacionales, como Amnistía Internacional y la Comisión de expertos de la ONU que nos visitó el pasado año. Criticó la inhibición y parcialidad de los jueces y denunció que hasta diciembre de 2007 no se derogaron las leyes represivas franquistas, terminando su intervención con la afirmación de que necesitamos otro modelo de justicia y otro modelo de estado, ya que nos encontramos ante una situación crítica.
El mismo día, la Asociación Memoria Histórica de Cartagena presentaba el libro de Francisco José Franco Fernández "Águilas sobre la muralla", en el que se destaca la tarea de control y la labor de espionaje llevadas a cabo por el cónsul alemán Karl Fricke, que llegó a Cartagena en 1916, desarrollando en ella su actividad a lo largo de tres décadas. Se trata de un relato en el que se suceden los acontecimientos que, en los años previos a la guerra civil , produjeron un enorme deterioro en la convivencia que cristalizó en la polarización de ésta hacia dos bandos diferentes. En una ficción histórica en que se entremezclan personajes reales y ficticios, se desarrolla la trama de este relato en que se resalta la dureza de los años de la guerra civil y los tristes de la posguerra, el sostenimiento de la red de espionaje creada por el cónsul a lo largo de esa etapa y el desenlace de la caída de este personaje al final de la II guerra mundial.
El sábado, día 26, concluyó la X Semana Republicana de Cieza, con la intervención de Raúl Ruano Bellido, que presentó el libro "Contra la ignorancia. Textos para una introducción a la pedagogía libertaria".
Juan Francisco Arenas de Soria, que impartió la conferencia del día anterior, acudió en esta fecha al Ateneo de Archena, donde disertó acerca del mismo tema que lo había hecho en Cieza, hablando sobre la impunidad de los autores de los violadores de derechos humanos y destacando que "Verdad, Justicia y Reparación, son los ejes del trabajo", en un anteproyecto de ley consensuado con los colectivos socviales y que contemploa la realización de actividades específicas, la pñrotección de la Memoria e inclusión de la misma en el currículo escolar y la colaboración institucional con universidades, centros de profesores, entidades locales y organos administrativos de la Junta.
Tras la conferencia, el cantaor Manolo Cano, acompañado por el joven guitarrista Blas Infante Martínez, puso broche final a estas jornadas memorialistas de Archena, que concluyeron con un aperitivo y un vino que se ofreció a los asistentes. 

El documental La Sauceda, de la utopía al horror se proyectará en seis municipios gaditanos y malagueños a lo largo de abril

Cartel de la proyección en Cortes de la Frontera Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar

Jerez, Cortes de la Frontera o Ubrique son algunas de las ciudades donde se podrá ver la película que narra el genocidio cometido por las tropas franquistas en el poblado serrano entre noviembre del 36 y marzo del 37
El documental La Sauceda, de la utopía al horror se proyectará en seis ciudades diferentes de las provincias de Cádiz y Málaga a lo largo del mes de abril. Todas las proyecciones son gratuitas y abiertas al público en general, en actos organizados por diversas entidades sociales. La primera cita es en Cortes de la Frontera, donde podrá verse el viernes 4, en el salón de actos de la residencia Escolar Río Guadiaro a partir de las 19.00 horas. Organizada por la Universidad Popular y Obrera del municipio malagueño al que pertenecía el poblado de La Sauceda, a la proyección seguirá un coloquio en el que intervendrán Juani Martínez, portavoz de la Universidad Popular, Andrés Rebolledo, presidente del Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, y Juan León Moriche, director del documental.
A esta proyección le seguirán otras en Jimena de la Frontera, Jerez, Algar, Ubrique y un instituto de secundaria y bachillerato de Los Barrios. Producido por el Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar y la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en La Sauceda y el Marrufo (Afresama), el documental se estrenó el 14 de marzo en la Escuela Politécnica de Algeciras con gran afluencia de público y con la presencia de buena parte de las personas protagonistas del mismo, algunos supervivientes del bombardeo de La Sauceda, e hijos o nietos de desaparecidos o fusilados en el poblado, o el cortijo del Marrufo.
Cartel de la proyección de UbriqueRealizado por Antonio Bermejo y dirigido por J.M. León Moriche, el documental, que dura 58 minutos, narra cómo se vivía en La Sauceda antes de la guerra; cómo fue el bombardeo y la entrada de las tropas franquistas en el valle de este enclave donde se funden las provincias de Málaga y Cádiz; cómo se llevaban a cabo los fusilamientos en el Marrufo; cómo fue la posguerra, cómo sobrevivieron las familias de los represaliados al hambre, al miedo y a la represión; y todo lo que el foro y la asociación han hecho para recuperar la memoria de lo ocurrido. La película incluye imágenes del homenaje que en diciembre de 2012 se dio en el rehabilitado cementerio de La Sauceda a las 28 personas cuyos restos fueron exhumados en las excavaciones arqueológicas realizadas en el Marrufo en el verano de aquel mismo año.
El documental podrá verse, a partir de mayo, en Alcalá de los Gazules, Casas Viejas, Algeciras, El Puerto de Santa María, Conil, Puerto Real, Cádiz, Málaga, Granada, Córdoba y Madrid, ciudades desde donde diferentes entidades han solicitado el documental y la presencia de sus promotores.

Se cumplen 35 años del asesinato del joven comunista Andrés García, durante la “modélica” Transición. 29 Abril 1979

El próximo 29 de abril se cumple el  34 aniversario del asesinato por un grupo de ultraderechistas pertenecientes al Frente de la Juventud. de Andrés García Fernández, miembro de las juventudes del PCE, tenía 18 años. Fue uno de los más de cien antifascistas asesinados por las bandas ultras, la policía y la Guardia Civil entre 1976 y 1980.
 

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Despedida Andrés García Fernández
  Andrés García Fernández fue asesinado el 29 de abril de 1979 en Madrid. En la calle de Goya, considerada entonces “zona nacional” por la bandas ultraderechistas manejadas por el ministro del Interior Rodolfo Martín Villa y su gobernador civil en la capital, Juan José Rosón. “Le han partido el corazón en dos”, le dijo el forense a Carmen Fernández, la madre del joven comunista, después de hacerle la autopsia al cadáver. El chico había pasado la tarde en el cine Carlos III, en la propia calle de Goya, y a las nueve de la noche, cuando él y otros cuatro amigos salieron de ver la película, decidieron acercarse a comer unos perritos calientes a un pequeño bar de la calle de Alcalá, situado junto al cine Benlliure.

   Subieron por la acera de los impares de Goya, cruzaron las calles de Velázquez y Núñez de Balboa y pasaron junto al bar Marjoa –lugar de encuentro ultra- y por delante de la cafetería California 47. “En la puerta había un tapón de jóvenes, de pie, y enfrente otro grupo, unos de pie y otros apoyados en un coche”, comentaba para la revista La Calle, días después del asesinato de Andrés García, Alberto, uno de sus amigos, que le acompañaba aquel triste día. “Nos llamó la atención uno que llevaba un brazalete con la cruz gamada. Le miramos y pasamos de largo. Unos metros más allá, uno de nosotros volvió la cabeza y nos dijo que estaban pegando o zarandeando a un señor mayor. Yo les dije a todos que no volvieran la cabeza. Seguimos. Antes de llegar a General Mola, José nos dijo que nos seguían. Empezamos a ponernos nerviosos y aceleramos el paso. Cuando cruzamos General Mola, ellos empezaron a correr. Yo iba con otro detrás. Andrés iba delante de nosotros. De repente, sentí algo, como un puño envuelto en algo. Me volví y les dije: ‘¿pero qué hacéis?’ El muchacho que había fallado el golpe se volvió entonces hacia los que venían, y yo grité: "Salid corriendo que están armados”. Cuando Andrés y los otros amigos llegaron a la altura de la cervecería Cruz Blanca, en la confluencia de las calles de Goya y Alcalá, Andrés ya no estaba con ellos. Había quedado tendido en el suelo, más atrás, con dos puñaladas en el corazón.

EL PROTECTOR DE LA EXTREMA DERECHA

  Cuarenta y ocho horas después de su asesinato, el gobernador civil de Madrid, Juan José Rosón, declaraba en rueda de prensa: “Sí, es cierto que durante los últimos días se han generado unas anormales relaciones de tipo político en esta ciudad. Creo, sin embargo, que la cota de violencia es normal en Madrid, globalmente considerada”. La manifestación del 1 de mayo de ese año se convirtió en un homenaje a Andrés, y centenares de miles de personas gritaron indignadas por las calles de la capital: “Fuerza Nueva, asesina” y “Vosotros, fascistas, sois los terroristas”.

  Por su participación en el asesinato, fueron detenidos José Luis Martínez Merino, de 17 años, autor material de las dos puñaladas mortales que recibió Andrés y miembro del Frente de la Juventud; Federico Baudín Pichardo, también de 17 años, que sujetó a Andrés por la espalda mientras Martínez le clavaba un machete militar, con una hoja de 18 centímetros; Claudio Alonso Becerro de Bengoa, de 17 años, y un menor, José María Vega Dosal, de sólo 15 años. Según el auto judicial, “las dos cuchilladas eran de carácter mortal y produjeron a Andrés García Fernández la muerte instantánea por hemorragia traumática con el consiguiente colapso circulatorio”.

 a-garcia_02.jpg Inmediatamente, los asesinos salieron corriendo hacia la cafería California, situada en la misma calle de Goya y, durante los años de la Transición, un reducto de la extrema derecha. Allí, Martínez Merino se lavó las manos y limpió de sangre el machete. Días después, el asesino entregó el arma del crimen a su madre, para que se lo guardara en la finca familiar de Los Enebros, situada en las proximidades de la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix. Entre los encubridores de Martínez Merino también se encontraban un tal “Fredi” y un tal “Chema Vega”, pero la instrucción judicial no avanzó tampoco nada por ese camino.

  Martínez Merino había sido detenido anteriormente como sospechoso de haber participado en el asalto a la sede del PCE en la calle de Elfo, en el madrileño barrio de Quintana. Estudiaba segundo curso de BUP en el Colegio de los Padres Agustinianos de Madrid, de donde fue expulsado por su comportamiento agresivo. Durante el transcurso del juicio, varios psicólogos y psiquiatras requeridos por el fiscal, el acusador particular y las defensas, manifestarían que Martínez Merino era un sujeto socialmente peligroso, que podría volver a repetir lo que hizo, dada su desviación de personalidad, que le hacía muy irritable.

  En el momento del crimen, formaba parte del Frente de la Juventud, grupo al que se había afiliado en el mes de septiembre de 1978, tras darse de baja de Fuerza Joven, en donde había militado desde diciembre de 1977.

  El Frente de la Juventud, formado a partir de una escisión de Fuerza Nueva, era oficialmente legal desde el 30 de noviembre de 1978. A pesar de que varios de sus militantes aparecieron implicados en asesinatos y múltiples actos violentos durante los últimos años de la década de los 70, como el asalto a la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, la formación ultraderechista nunca llegaría a ser ilegalizada.

FAMILIA DE COMUNISTAS

  Andrés había nacido en el seno de una familia obrera y comunista emigrada a Francia en 1969, cuando él era un niño. Los García regresaron a Madrid en 1977, sólo dos años antes del crimen. El joven asesinado era miembro de la Agrupación de las Juventudes Comunistas de Retiro. Estaba terminando COU en el instituto Tirso de Molina, en Portazgo, en el que asistía a las clases nocturnas.

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Cementerio de la Almudena, despedida de Andrés
  En la línea que caracterizó a los Tribunales de Justicia durante aquellos años, a la hora de abordar los asesinatos protagonizados por miembros de la extrema derecha, la sentencia exculpa al menor y a Claudio Alonso, de quien se dice que “sólo intervino en la persecución del grupo formado por el fallecido y sus amigos sin participar en la agresión contra el mismo”. Todo ello, a pesar de haber quedado acreditado que Claudio Alonso Becerro de Bengoa “formaba parte del grupo que persiguió a Andrés García y sus amigos, que vio a Andrés herido, que no le prestó ayuda y que luego marchó a su casa silenciando totalmente los hechos”.

  El propio Becerro de Bengoa había reconocido, según consta en el sumario, que “poco antes del cruce con la calle de General Mola, José Luis Martínez Merino mostró a los que le acompañaban un cuchillo que portaba en la cintura, del cual el dicente vio la empuñadura, que era de grandes dimensiones y de color negro, diciendo: ‘Tengo ganas de estrenarlo”.

  En la misma declaración, hay otra manifestación de Becerro Bengoa, en la que reconoce su presencia física mientras se producía el apuñalamiento de Andrés: “Viendo el declarante cómo, instantes después, caía desplomado el agredido y oyendo que alguien del grupo decía: ‘fuera’, por lo que todos echaron a correr por la calle de Goya hacia Colón”.

  Sólo José Luis Martínez y Federico Baudín son condenados por el “homicidio”, de Andrés García. Además, se les aplica la atenuante de la minoría de edad, con lo cual la pena queda reducida a “ocho años de prisión mayor, accesorias y costas”

  Además, se condena a ambos procesados a que indemnicen, “por partes iguales y sustituyéndose solidariamente en caso de insolvencia, con dos millones de pesetas a los herederos de Andrés García Fernández”.

   Los padres de Andrés, María del Carmen Fernández y Andrés García Oset, ambos fallecidos ya, quedaron destrozados tras el asesinato de su hijo y nunca se recuperaron de la tragedia. A Andrés García Fernández no se le considera oficialmente víctima del terrorismo.

domingo, 27 de abril de 2014

Presentación del Libro: ÁGUILAS SOBRE LA MURALLA


El 25 de Abril del 2014 en la Residencia Universitaria Alberto Colao en Cartagena.





 

Aunque no haya sido el único ni el último de los grandes personajes cartageneros de los tiempos recientes, el cónsul Fricke es plato de gusto para cualquiera que quiera conocer lo que fue la región de Levante en la primera mitad del siglo XX, justo el momento en que este territorio de nuestra península comenzaba a entrar en la modernidad.
En febrero de 1936, cuando la II República Española se encuentra viviendo unas elecciones cruciales, es Enrique Carlos Fricke, el cónsul alemán, el hombre de moda al que el Estado Español acaba de entregar la Distinción de Primera Clase de la Orden Civil de Beneficencia, por sus muchos trabajos a favor de su patria de nacimiento y su país de adopción.



Este controvertido personaje, que llegó a Cartagena en 1917, en plena Guerra Mundial, era un hombre de dudosa procedencia, ornado con falsos títulos y con patente de moderno corsario, forastero emprendedor y trapichero que fue muy recibido en una Cartagena profundamente influida por la vida militar y por la actividad minera…


“Águilas sobre la muralla”, la tercera de las obras editada por la Asociación Memoria Histórica de Cartagena, se encamina a la recuperación de la Memoria Histórica en la España del Siglo XX.

Esta obra de Francisco José Franco Fernández relata la historia de unos personajes concretos que existieron en un tiempo y un espacio determinado: Los años 20, 30 y 40, en torno a los cuales se mezclan, en el acervo colectivo,  la realidad, el mito y la leyenda.

Francisco José Franco Fernández
El autor recoge todo eso y lo mezcla con rigor histórico en su contexto, dibujando un espacio literario en el que se entremezclan personajes reales, protagonistas de la vida social y política de aquel tiempo, con otros ficticios que se introducen casi de puntillas en el relato, como hilos conectores que nos llevan a conocer la presencia del nacional-socialismo en la España de aquellos complejos años.

"Águilas sobre la muralla" será presentado el viernes, día 25 de abril,  a las 20,00, en el salón de actos de la Residencia Universitaria “Alberto Colao”, por Francisco Martínez Muñoz, vicepresidente de la Asociación memoria Histórica de Cartagena y Luis Miguel Pérez Adán, presidente del INCIS (Instituto Cartagenero de Investigaciones Históricas). 






El hijo del autor amenizando el acto.

En la mesa: Luis Miguel Pérez Adán (INCIS) Francisco Martínez Muñoz (MHC)
Francisco José Franco Fernández (Autor)



Francisco José Franco Fernández firmando ejemplares de su libro

La voluntad del intérprete y la justicia


Ana Messuti, Carlos Slepoy


26/04/2014 
 Ana Messuti, Carlos Slepoy y Máximo Castex
 
Se trata de una negativa anunciada. Ya había emitido el fiscal  un dictamen sobre  la extradición de Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', y había dejado clara su postura contraria a la extradición.
"No hubo confrontación de posiciones, esencial para toda actuación judicial"
En la vista sustanciada el pasado 3 de abril en la Audiencia Nacional con respecto a la extradición de Muñecas Aguilar sostuvo los mismos argumentos. En esa ocasión no fue autorizada la presencia de representantes de las víctimas ni hubo personación por parte del Estado argentino. Es decir, no hubo ninguna confrontación de posiciones, esencial para toda actuación judicial, esencial para la justicia. Y por consiguiente, no se formuló ninguna objeción a la argumentación del fiscal.
Sin embargo hay objeciones, y muy claras: en primer lugar, con respecto a la calificación jurídica de los hechos. Para la justicia española, los actos de tortura perpetrados fueron actos de tortura aislados, no inscritos en un contexto histórico en el que la tortura de los opositores políticos se practicaba sistemáticamente.
Para la justicia argentina y para la justicia universal, esos actos se inscribieron en dicho contexto histórico y por lo tanto pueden calificarse como crímenes de genocidio/lesa humanidad, crímenes que han caracterizado ese período. En el primer caso, son aplicables plazos de prescripción. En el segundo, no: los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles. Se ha pedido la extradición por un delito y se responde como si se tratase de otro delito.
Se ha pedido la extradición en el ámbito de la jurisdicción universal  y de la normativa internacional y se la niega encerrándose en el ámbito de la jurisdicción territorial e invocando las normas de los Códigos Penales nacionales.
Toda aplicación de la ley refleja una interpretación. Y toda interpretación refleja, en última instancia, la voluntad del intérprete.

sentencia del Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ordena la retirada del monolito fascista ubicado en la Plaza de Bibataubín de Granada.


Monolito homenaje a José Antonio


 COMUNICADO (Granada, a 8 de abril de 2014)



La Asociación Granadina “Verdad, Justicia y Reparación” celebra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que ordena la retirada del monolito fascista ubicado en la Plaza de Bibataubín de Granada. Esta vez sí, estamos ante una resolución judicial propia de un Estado de Derecho, que pone fin a una anomalía democrática.



Llevamos años denunciando que dicho monolito hace apología del fascismo y demostrando que carece de valor artístico, y, por fin, el Tribunal Superior nos da la razón. Pronto, podremos pasear por el centro de Granada sin tener que soportar esa infame escultura que supone un insulto a las víctimas del franquismo y a todos los demócratas.



Recordamos que el monolito rinde homenaje a José Antonio Primo de Rivera y a la Falange, un partido, con amplio historial delictivo, que participó activamente en la represión, causando más de 8.000 víctimas, sólo en Granada. Eran falangistas los que se presentaban en nuestros domicilios, de madrugada, detenían a nuestros padres o abuelos, les daban el tristemente célebre “paseíllo” y no volvíamos a verlos nunca más. 



En el Parlamento Europeo, donde hemos denunciado recientemente la existencia de este símbolo fascista, no pueden creer que, después de 35 años de democracia, el gobierno municipal del Partido Popular mantenga todavía una escultura que representa el mismo saludo que hacían los nazis de Hítler en Alemania y los fascistas de Mussolini en Italia. Regímenes aliados de Franco que provocaron más de 50 millones de muertos en Europa, durante la segunda guerra mundial.



La sentencia del Tribunal Superior crea jurisprudencia y sienta un magnífico precedente. Estamos convencidos de que la nueva Ley de Memoria Democrática, que será aprobada en breve por el Parlamento de Andalucía, permitirá limpiar nuestras calles y plazas del resto de símbolos fascistas para restablecer, definitivamente, la normalidad democrática.



Pedimos, entre otros, la retirada de los siguientes símbolos franquistas:

El rótulo dedicado a José Antonio en la Catedral de Granada. 

El Hospital Licinio de la Fuente, que lleva el nombre de un ministro franquista.

El epitafio “Aquí yacen los caídos por Dios y por la Patria” que hace apología del golpismo en el Patio de Santiago del cementerio de Granada. 

Las viviendas de protección oficial que aún tienen el escudo de Falange.

La calle Varela, que lleva el nombre de un criminal de guerra.

La plaza que lleva el nombre de Francisco López Burgos, autor del símbolo fascista de Bibataubín, que fue premiado por la dictadura, mientras los verdaderos artistas eran fusilados o acababan en el exilio.

Francisco Vigueras, responsable de Comunicación de la
Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación.

Carlos Jiménez Villarejo: "El pasado franquista no ha pasado, sigue entre nosotros"


El exfiscal anticorrupción presentó en Archena, en el contexto de las X Jornadas de la Memoria Histórica, organizadas por el  Ateneo, su libro “Jueces, pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial” ante un numeroso público expectante.




Rufina Campuzano, Carlos Jiménez Villarejo, José Molina, Dolores Murcia

Diego Jiménez/Murcia.- 24.04.2014
Abrió el acto la presidenta del Ateneo de la Villa de Archena, Rufina Campuzano, ayudada en la moderación en la mesa por Dolores Murcia. La presentación del ponente corrió a cargo del abogado José Molina, archenero afincado en Barcelona, quien, visiblemente emocionado por una presentación audiovisual que repasaba su trayectoria, pasó a exponer algunas pinceladas de la personalidad de Carlos Jiménez Villarejo.


José Molina destacó de él su gran labor desarrollada en la lucha contra la corrupción y su gran compromiso ético y social en una trayectoria profesional que arranca con su ingreso en la carrera fiscal en 1962, pasando por actuaciones como la querella conjunta con el fiscal José María Mena contra los directivos de Banca Catalana, y culminando con su asunción de la Fiscalía Anticorrupción en 1995, con condenas tan señaladas a personajes como Mario Conde, Roldán y Jesús Gil. En 2004, por razones políticas, el PP lo destituyó, y desde ese momento pasó a asesorar a organizaciones como IU, ATTAC, SOS Racismo y a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona.



Intervención de Carlos Jiménez Villarejo

El exfiscal, que centró su exposición en las tesis expuestas en su libro "Jueces, pero no parciales" (escrito en colaboración con Antonio Donate), inició su intervención congratulándose de la celebración de actos por la II República en Archena, pues aquel régimen constituyó la primera gran esperanza democrática de España. Recordó que la Ley 24/2006, redactada en el setenta aniversario de la Guerra Civil, contiene, en su artículo único, un homenaje a la República. Pero esa contienda aún no ha sido superada, a su parecer, pues, afirmó, “el pasado franquista no ha pasado, sigue entre nosotros”.



Emocionados recuerdos

El conferenciante pasó a recordar a todo un conjunto de víctimas del franquismo: las personas ejecutadas por procedimientos sumarios, extrajudicialmente; las eliminadas por penas de muerte en Consejos de guerra sin garantías judiciales; los presos políticos, nunca debidamente rehabilitados; las personas detenidas y torturadas durante toda la dictadura; los guerrilleros antifranquistas…



No se pueden cerrar en falso las heridas

En contraposición al caso español, afirmó que en Alemania se ha constituido una oficina que investiga los crímenes del nacionalsocialismo y “nadie se echa las manos a la cabeza” por ello. Se refirió a Hanna Arendt, investigadora de regímenes totalitarios, que afirmó que estos no están totalmente vencidos, como se constata en el caso español. Ante la pretensión de muchos de “cerrar las heridas” de aquella guerra,  Jiménez Villarejo hizo suya la expresión de alguien que afirmó que “no se pueden cerrar en falso heridas infectadas”.



Inhibición judicial.

Los poderes públicos y el aparato judicial hacen caso omiso a las peticiones de reparación a las víctimas, como lo demuestra el hecho de que las peticiones de muchas personas ascendientes que acuden a los llamados “juicios de revisión” son sistemáticamente rechazadas. La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha desestimado incluso la petición de la nieta del poeta oriolano Miguel Hernández.



Esa misma inhibición puede detectarse en los casos de las desapariciones forzosas. J. Villarejo hizo alusión a un titular de El País que lo demuestra: “Trece asesinados y ningún juez en Espinosa de los Monteros”. Citó así mismo el caso de una mujer que exhuma en solitario, sin ayuda oficial, un total de 15 fosas en el provincia de Palencia. La situación es tan sangrante que llevó a la denuncia de muchos familiares en 2006, en un proceso que condujo a la condena de Baltasar Garzón y a su salida de la Audiencia Nacional.



Denuncias de organismos internacionales

Jiménez Villarejo citó el Informe de Amnistía Internacional, de mayo de 2012, en el que se denuncia la inhibición española en los casos de desapariciones y torturas, lo que, a juicio de esta organización, ha creado una situación de total desamparo judicial.



Por otro lado, la Comisión de Expertos de la ONU, de visita a España en 2013, comparó la situación de nuestro país en este ámbito a la que se registra en países como Nepal y Siria, por lo que, a juicio de esos expertos, en España “la Justicia está ausente”.  La citada Comisión, pues, aconsejaba la creación de un órgano específico para investigar las desapariciones forzadas, cosa que no se ha hecho.



Idénticas recomendaciones había hecho con anterioridad el Consejo de Europa, en 2006, pidiendo la creación en España de una Comisión de Expertos. Todo ha caído en saco roto, haciendo nuestro país “oídos sordos” a dichos requerimientos. Villarejo enfatizó, por ello: “El abandono de las víctimas del franquismo es un fenómeno insólito”. Para añadir algo más: “El derecho a la Reparación de las víctimas es tan fundamental que si España lo sigue violando debería ser sancionada por los organismos internacionales”.



Inhibición, también, y parcialidad de los jueces

Villarejo documentó la inhibición judicial con varios casos. Citó el de Francisco Echevarría, forense del País Vasco, que investiga sobre fosas comunes en Castilla-León, Navarra y País Vasco, en donde podrían haber 5.000 desaparecidos. “Nunca hubo un juez que estuviera presente en estas investigaciones”, afirmó el ponente.



“Los partidos judiciales archivan los requerimientos de la Audiencia Nacional”, denunció, pues de 47 partidos judiciales a los que se enviaron dichos requerimientos sólo lo hicieron siete u ocho. Ante ello dijo que “es una evidencia que sigue habiendo jueces parciales”, para añadir a continuación que la Ley de Amnistía de octubre de 1977 no puede ser invocada para justificar la impunidad de tantos crímenes del franquismo.



Criticó, además, que hasta diciembre de 2007, en que se aprobó la Ley de la Memoria Histórica, no se derogaron las leyes represivas franquistas, ante lo que se preguntó: “¿Por qué se esperó tanto?”.



Recientemente (enero de 2014) el relator de la ONU incide en que el Estado Español debe dar pasos decididos hacia las reivindicaciones de las asociaciones memorialistas.



Jiménez Villarejo concluyó su intervención, con la afirmación de que necesitamos  “otro modelo de Justicia (pues las víctimas del franquismo son las más invisibles) y otro modelo de Estado”, pues, a su juicio, “estamos en una situación crítica”.



Tras la brillante exposición de este jurista, tuvo lugar un animado coloquio que se prolongó hasta altas horas de la noche.