lunes, 11 de julio de 2022

12 DE JULIO DE 1873: CARTAGENA, CAPITAL DE ESPAÑA

 


El Partido Demócrata, el Partido Progresista y la Unión Liberal fueron los tres grupos políticos que protagonizaron la revolución de 1868 que dio fin a la monarquía de Isabel II, y apenas llegado el triunfo de la Revolución, el primero apostó decididamente por la República Federal como forma de gobierno para sustituir a la monarquía. De este modo, el partido de Pi y Margall pasó a denominarse Partido Republicano Democrático Federal y se presentó a las elecciones que convocó el Gobierno Provisional, obteniendo muy buenos resultados.

Los republicanos federales criticaron duramente el proyecto de nueva constitución que no establecía claramente la separación entre iglesia y Estado y porque consideraban que el poder ejecutivo de un monarca constitucional no era compatible con el principio de la soberanía nacional expresada por el sufragio universal y en la fórmula de juramento de la Constitución se manifestó la división interna del partido en que  los 16 diputados del sector intransigente votaron en contra, expresando que acatarían todo lo que se derivase del sufragio, pero nada que emanara de la corona, y los principios republicanos que dieron origen a esta división dieron lugar con los años al sueño de esa República Federal por la que se escribieron aquellas gloriosas páginas de nuestra historia nacidas de la insurrección de julio de 1873.

Tras la abdicación de Amadeo de Saboya, proclamada la República el 11 de febrero de 1873, este primer intento republicano de nuestra historia fue una experiencia corta, caracterizada por la inestabilidad, de tal modo que en sus primeros 11 meses de existencia se sucedieron cuatro presidentes.



Llegado a la presidencia, tras el vacío de poder creado por la marcha de Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, apoyado por los sectores moderado y centrista del partido, pretendía que las Cortes Constituyentes elaboraran la nueva Constitución Republicana Federal, pero los republicanos intransigentes no querían esperar y querían instaurarla de abajo arriba.

La respuesta de los intransigentes a la política de «orden y progreso» del gobierno de Pi y Margall fue abandonar las Cortes el 1 de julio, alegando como motivo inmediato un bando del gobernador civil de Madrid limitando las garantías de los derechos individuales.

Tras el abandono de las Cortes, exhortaron a la inmediata y directa formación de cantones, lo que iniciaría la rebelión cantonal

Tres días después de estallar la Revolución del Petróleo, de Alcoy, promovida por la AIT, que en los días posteriores se extendió por las regiones de Valencia, Murcia y Andalucía, tiene lugar el 12 de julio la insurrección de Cartagena.

Aunque no hubo un centro organizativo de la rebelión y cada cantón realizó sus propias proclamas, los sublevados «más allá de las lógicas particularidades locales» perseguían unos mismos fines: «la sustitución de todo tipo de autoridades gubernativas o jurisdiccionales, la abolición de impuestos especialmente impopulares (los consumos o el estanco del tabaco y de la sal), la secularización de las propiedades de la Iglesia, las reformas sociales favorables a la gran masa de desposeídos que no tenían otro bien que su fuerza de trabajo, el indulto por delitos políticos, la desaparición del ejército regular y su sustitución por tropas milicianas o la creación de juntas y comités de salud pública, como órganos de gobierno de naturaleza popular».


A las cinco de la madrugada del 12 de julio, siguiendo las instrucciones de la “Junta Revolucionaria de Salvación Pública” comenzó la insurrección en Cartagena. La señal fue un cañonazo desde el castillo de Galeras, al tiempo que  un grupo de voluntarios al mando de Cárceles invadió el ayuntamiento, instalando en los bajos la «Junta Revolucionaria de Salvación Pública» mientras otros grupos ocupaban las puertas de la muralla de la ciudad. Al día siguiente llegó a Cartagena el gobernador civil de Murcia Antonio Altadill acompañado del diputado federal murciano Antonio Gálvez Arce, conocido como Antonete.



​Poco después la Junta izó la bandera roja en el Ayuntamiento y proclamó el Cantón Murciano, nombrando a continuación a Antonete Gálvez comandante general de las fuerzas del Ejército, Milicia y Armada. En el Manifiesto que hizo público esa misma tarde del 12 de julio la «Junta de Salvación Pública», constituida «por la voluntad de la mayoría del pueblo republicano de esta localidad» justificó la proclamación del Cantón Murciano como un acto de defensa de la República Federal.

El gobierno centralista consideró la rebelión cantonal como un movimiento «separatista» por el Gobierno de la República, pero la rebelión únicamente buscaba reformar la estructura del estado, sin querer en ningún momento romper la unidad de España.

Para poner en marcha el Estado Federal, la Junta revolucionaria de Cartagena emprendió entonces un revolucionario programa de reformas. Se abolió la educación religiosa, al tiempo que se expropiaban los bienes de la iglesia y el estado para uso del cantón. A nivel legal, se eliminó la pena de muerte y se permitió el divorcio, dos medidas largamente esperadas por los sectores más progresistas. En el ámbito laboral se restableció la jornada laboral de 8 horas. Una bajada de los impuestos de importación y el fin de los monopolios terminaron de completar el programa radical.



Asimismo se empezó a publicar un diario, llamado El Cantón Murciano, para publicitar entre el pueblo las medidas emprendidas por la Junta. La ciudad acuñó también su propia moneda, con la plata requisada a los ciudadanos más pudientes la extraída de las minas de La Unión.

Para poner fin a la insurrección, Pi y Margall intentó combinar la persualsión con la represión, y fracasada esta política, su sucesor, Nicolás Salmerón, empleó al ejército, lo mismo que, después, el moderado Castelar, que tras suspender las sesiones de las Cortes comenzó el asedio de Cartagena.

 

Las tropas centralistas se ensañaron con la ciudad, sobre todo a partir del 25 de noviembre en que fue bombardeada día tras día. Asediados por el ejército, los cantonalistas tuvieron que recurrir a la flota para proveerse de armas y comida mediante el saqueo de pueblos y ciudades.

Los cantonales no se rendían, Castelar se encontró cada vez más en la cuerda floja, hasta que se vio forzado a dimitir el 3 de enero, y cuando las Cortes se encontraban ante la elección de su sucesor, se produjo el golpe de estado del General Pavía.

La República estaba muerta, pero Cartagena continuó resistiendo hasta que, tras 48 días de bombardeos incesantes, el 12 de enero, el último bastión republicano, sin ningún otro cantón que le apoyara, hubo de deponer las armas y las tropas gubernamentales se apoderaron de la ciudad.

Consecuentes con sus principios hasta el final, los republicanos federales, del mismo modo que sus descendientes harían en 1939, se mantuvieron heroicamente fieles a sus ideales y no se rindieron sino hasta que toda resistencia era inútil porque ya se encontraba totalmente perdida la batalla.

 


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