jueves, 31 de octubre de 2013

Argentina formaliza las órdenes de captura contra los franquistas imputados

Tras haber firmado la solicitud de extradición, la jueza Servini de Cubría espera una respuesta oficial del Gobierno de Rajoy para que dé curso a la petición de captura contra los cuatro torturadores


La jueza argentina María Servini.

La jueza argentina María Servini.



ANA DELICADO Buenos Aires 31/10/2013
 
La jueza María Servini de Cubría, que lleva adelante la causa abierta en Argentina contra los crímenes del franquismo, firmó este lunes el pedido de extradición para cuatro exfuncionarios de seguridad de la dictadura acusados de torturas en Argentina, según han confirmado a Público fuentes del juzgado. El magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz había solicitado la formalización de las órdenes de arresto, así que ahora es el turno de España para decidir si da curso o no al requerimiento de la Justicia argentina.
Las peticiones de captura internacional cursadas a través de Interpol son contra el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González; y ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño. Aunque España confirmó el fallecimiento de Giralte González (muerto en 2007), y de Galván Abascal (en 2009), la Justicia argentina no ha recibido ningún documento que acredite el deceso de ambos, así que la solicitud de extradición se mantiene para los cuatro españoles.
El texto firmado por la magistrada debe todavía pasar un último control antes de ser remitido. "Falta que la Cámara Federal certifique la firma de la doctora para que nosotros podamos enviar el oficio a la Cancillería", comentan las fuentes a este diario. Una vez sorteada esta diligencia, la Cancillería argentina enviará el expediente al ministerio de Justicia español. El Consejo de Ministros, entonces, será quien tenga la última palabra para decidir si accede a la extradición y el caso pasa a manos de la Audiencia Nacional.
El Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires, al que pertenece Servini de Cubría, tendrá que esperar a que el Gobierno se pronuncie. "Ahora tenemos que esperar a que contesten", aseguran desde allí. "Los tiempos van a ser los que decida España".
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz aseguró, el 25 de septiembre, que citaría a Muñecas Aguilar, de 77 años, González Pacheco, alias Billy el Niño, de 66, apenas Argentina formalizara las peticiones de detención. Un día antes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional consideraba "innecesarias, habida cuenta la antigüedad de los hechos" las detenciones de los españoles imputados.
La Fiscalía indicó, en un escrito enviado al juez Ruz, que el Convenio Bilateral sobre Extradición y Asistencia Judicial España Argentina exigía que las órdenes vinieran acompañadas de "un relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión" de los delitos. El Ministerio Público, que también se escudaba en la Ley de Amnistía de 1977, solicitaba a Ruz que, no obstante, requiriera a Argentina "la solicitud de extradición y la documentación necesaria para tal fin".
En Argentina, la tortura está tipificada con penas que oscilan entre los ocho y los 25 años de prisión.

Siguen los avances

El pasado 18 de septiembre, la magistrada dictaba orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para los cuatro presuntos torturadores, que convirtieron en los primeros imputados de la causa. Los españoles procesados, de acuerdo con la Justicia argentina, deben ser extraditados "a efectos de recibir declaración indagatoria".
La resolución de Servini de Cubría de septiembre reconocía su incumbencia en los pedidos de extradición. "Se procede que esta magistratura curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención", decía el texto, añadiendo que se debía comunicar "el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)".
El próximo 2 de diciembre una delegación de víctimas del franquismo, integrada tanto por querellantes como por políticos, será recibida por Servini de Cubría en un acto que tendrá lugar en el Palacio de Tribunales de Buenos Aires. La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, encargada de gestionar la lista de asistentes, ha confirmado la presencia de Merçona Puig Antich, hermana de Salvador Puig Antich, el militante del Movimiento Ibérico de Liberación (MIL) asesinado a garrote vil el 2 de marzo de 1974 en una cárcel de Barcelona.
Por otro lado, al menos 230 personas viajarán el próximo 29 de noviembre a Madrid para tramitar ante la embajada argentina, de manera individual o colectiva, 172 denuncias de crímenes del franquismo.
Mientras tanto, el Parlamento andaluz tramita una Proposición No de Ley de respaldo a la querella argentina, que cuenta ya con más de 150 denunciantes particulares. Por el momento, el único Parlamento autonómico que ha mostrado su apoyo a la causa es el vasco, gracias a los votos de PNV, EH Bildu y PSE.
Bajo el principio de justicia universal, que reconoce desde 1853 la Constitución argentina, el juzgado de Servini de Cubría se declaró competente para investigar los crímenes franquistas a raíz de una querella que se presentó en abril de 2010 por "delitos de genocidio y/o de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977", fecha en la que se celebraron las primeras elecciones democráticas tras el franquismo.
La única causa que hay abierta en el mundo para investigar los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina.

“En Canarias ni hubo guerra civil: sólo fusilamientos”, alegan las víctimas

Familiares de asesinados por el franquismo en Canarias piden ser incluidos en la Ley de Víctimas del Terrorismo

 
Familiares de los Fusilados de San Lorenzo

Diario Crítico 29/10/2013


- “No pedimos dinero, no lo necesitamos, pero tenemos los mismos derechos que estas otras familias que sufrieron el terrorismo”
Respetan y comparten el dolor de las víctimas de ETA, pero en Canarias “fueron asesinadas por el franquismo casi 5.000 personas, que no han tenido ni un mínimo reconocimiento histórico, olvidando la administración pública canaria a sus familias, víctimas de expolios, de robos de propiedades y de todo tipo de presiones y obstáculos para recuperar los huesos de sus muertos”. Ahora, sus familiares piden ser incluidos en la ley de víctimas del terrorismo que prepara el gobierno canario. Son los descendientes de los que las ‘hordas fascistas’ asesinaron en Canarias entre 1936 y 1937.
La Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo (Las Palmas) ha emitido un comunicado, ante la inminente Ley Canaria de Víctimas del Terrorismo, que entrará en la Cámara autonómica en noviembre, en el que consideran “vergonzoso” que el Gobierno canario no haya condenado a estas alturas de la democracia y desde su constitución al régimen franquista, ni haya creado los causas legales para que las miles de familias canarias “víctimas del terrorismo de Estado de la dictadura franquista”, obtengan instrumentos jurídicos para “recuperar sus propiedades robadas, desenterrar los huesos de sus muertos tirados como perros en fosas comunes, cunetas, simas o pozos de todo el archipiélago”.
Pino González, portavoz de la Plataforma, afirmó a Diariocrítico que, “de nuevo el Gobierno de Canarias se olvida de las miles de víctimas del franquismo en las islas, contribuyendo al oscurantismo y a seguir ocultando intencionadamente los crímenes horrendos de la dictadura, las miles de personas asesinadas, las terribles torturas, el robo de propiedades, la represión sobre nuestras familias, que aún hoy en día se manifiesta desde ciertos representantes políticos, que parece que siguen anclados en los años del holocausto fascista. Esta institución que representa a todos lo canarios, tiene la oportunidad histórica de levantar ese velo de olvido y reconocer al igual que hace con las víctimas de ETA, a la familias que hemos sufrido el terror de franquismo, crear canales para que se pueda recuperar esa memoria perdida para construir una verdadera democracia”.
González afirmó también que “las familias de los fusilados de San Lorenzo comparten el dolor de las víctimas de ETA y son conscientes de lo que significa la pérdida de un familiar de forma violenta”, pero insisten en la necesidad de que Canarias cuente con una Ley mucho más amplia, que fomente que hechos tan graves como los sucedidos en las islas desde el año 1936 hasta casi los años 80, jamás vuelvan a repetirse.
Piden que “esa voluntad política que existe para las víctimas de ETA y esas ‘preferencias’ en el acceso a determinados servicios en materia de educación, sanidad, etc., también existan para las víctimas del terrorismo de Estado, de lo contrario se estaría contribuyendo a una injusticia histórica, que nos condenará, más temprano que tarde, a que la historia más negra y horrenda vuelva a repetirse. No pedimos dinero, ni lo pediremos jamás, no lo necesitamos, pero pensamos que tenemos los mismos derechos que estas otras familias que sufrieron el terrorismo”.
Las familias de los fusilados de San Lorenzo piensan que no sería tan difícil un pronunciamiento del Gobierno de Canarias, una condena del “terror franquista en las islas y en el resto del Estado”, creando una Ley de todos los canarios, “no sólo para un bando o para un sector de la sociedad, sino un instrumento legal que recupere memoria, dignidad y justicia para todas las víctimas del terror, la represión, la tortura y la muerte”.
http://www.diariocritico.com/nacional/victimas-del-terrorismo/victimas-del-franquismo/pino-gonzalez/444935

La disputa sobre la Ley de Amnistia hoy o el Carrillismo

En recuerdo de Emilio Alonso, ejemplo de republicano y hombre de bien, de los que nunca se rindió y siempre llamó a las cosas por su nombre


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Santiago Carrillo y Manuel Fraga







Pedro A. García Bilbao


Pedro A. García Bilbao / Foro por la memoria de Guadalajara

La Ley de Amnistía ha sido denunciada por Naciones Unidas en variadas ocasiones. En 2009, su Comisión contra la Tortura al igual que el Comité de Derechos Humanos, consideraron que debía ser derogada por entender que estaba en contradicción contra la legislación internacional en esos campos; en septiembre de 2010, el Grupo de trabajo de Desapariciones Forzadas manifestó que la ley de Amnistía española chocaba contra los derechos de las víctimas y que debía ser anulada, enviando posteriormente una comisión a España en septiembre de 2013 que volvió a cuestionar seriamente la citada ley. Por su parte, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han expresado en fecha reciente su consideración de que la Ley de Amnistía supone un freno a la acción de la justicia en la persecución de crímenes de lesa humanidad cometidos en España durante la dictadura.
No son solamente organizaciones internacionales u ONG del campo humanitario y de derechos humanos. La jueza argentina que lleva el caso conocido como «Querella argentina» presentó ante las autoridades españolas demandas de extradición contra varios miembros de la policia franquista acusados de diversos delitos y la respuesta de la Fiscalía española fue apelar a la Ley de Amnistía. Las extradiciones no se han producido, han sido frenadas con el claro empleo de esa ley. En el parlamento español, diversas iniciativas de diputados de izquierda para obtener apoyo a las víctimas y condena a los crímenes franquistas, se han encontrado con que el gobierno justifica su negativa a actuar apelando a la ley de amnistía. No estamos ante «opiniones» sobre la conveniencia o no de hacer algo con esa ley, sino que podemos constatar que la Justicia española acude a ella para frenar o impedir que se avance en estos casos; esto no es una opinión, es un dato.
¿Le puede resultar extraño a alguien que la Ley de Amnistía esté siendo cuestionada de forma creciente por quienes demandan verdad, justicia y reparación? ¿O que se desconfie de quienes en el seno de la izquierda insistan en que no es preciso tocarla? No es necesario anular, derogar o hacer nada con la Ley de amnistía nos dicen, ya tenemos las leyes internacionales, pero curiosamente ¡son instancias internacionales las que piden que se anule, derogue o sea declarada inaplicable! ¿Cómo se entiende esto?
El hecho cierto es que para buscar justicia para las víctimas en España hay que irse a Argentina. Son miles de casos presentados ante los Tribunales argentinos y decenas de instituciones políticas y sociales las que han expresado su pleno apoyo a la iniciativa conocida como «Querella Argentina». Reflexionemos un momento: ¿Hay que irse a Argentina y nos dicen que no pasa nada con la Ley de Amnistía en España? ¿Piden extradiciones en Argentina y en Madrid las paralizan acudiendo a esa ley y resulta que la ONU no comprende bien las cosas? ¿Pero qué despropósito es este?
La necesidad de acudir a Argentina para buscar justicia a las víctimas del franquismo lo que demuestra es que no es posible hacerlo en España. Comprendo que a algunos defensores a ultranza de la Transición y del papel del PCE en la aprobación de aquella Ley de Amnistía les resulte imposible asumirlo, pero el hecho cierto es que la impunidad del franquismo es una realidad y la Ley de Amnistía es utilizada para apuntalar esa impunidad. Son dos datos, no opiniones.
Debo citar aquí el papel del PCE en ese proceso, porque en un reciente artículo Enrique de Santiago ha llegado a afirmar que quienes criticamos la Ley de Amnistía acusamos a ese partido de responsabilidades en el mantenimiento de la impunidad y hasta que «hacemos nuestra» la argumentación del Tribunal Supremo que defiende que la citada ley amnistía crímenes de lesa humanidad. Se equivoca, nosotros no atacamos al PCE, sino que exigimos la inaplicabilidad de la Ley de Amnistía y que se pueda juzgar en España a los franquistas; si considera que eso es atacar al PCE, creemos que o bien el PCE, o bien el propio De Santiago, tienen un serio problema de identidad.
Añade De Santiago que en realidad esa ley no puede amnistiar crímenes de lesa humanidad y por tanto basta con aplicar la legislación penal internacional sin que exista necesidad de derogar, anular o tocar en forma alguna esa ley, que por otra parte defiende. Por lo visto las organizaciones internacionales y la justicia argentina no opinan lo mismo, es más, la Fiscalia tampoco coincide con De Santiago pues emplean de hecho la ley cuando les parece; quien sí coincide en parte con De Santiago es el ministro de Justicia sr. Gallardón, al defender en las Cortes la amnistía de 1977 y alabó la altura moral de destacados miembros de la dirección del PCE en aquella época.
Hay algo que la dirección del PCE actual debería tener claro y parece que no lo tiene tanto: en esta polémica, lo que menos importa es la credibilidad de su partido o su papel histórico, pues ambos se derivan de su praxis, no de las declaraciones de unos u otros dirigentes; aquí de lo que se trata es de acabar hoy con la impunidad del franquismo, hacer justicia a las víctimas, poner en su sitio a los criminales y, perdónenme, —ya saben que lo de la«radicalidad republicana» obliga—, rescatar la legalidad republicana robada. El campo republicano está definido.
El PCE jugará hoy el papel que les parezca más conveniente y apoyará o no la posición de Enrique de Santiago, pero si a día de hoy no adoptan una posición firme contra la impunidad y no exigen la declaración de ilegalidad del régimen franquista, de sus sentencias, tribunales y expolios, si no lo hacen, pagarán un precio político por ello. Las decisiones de 1977 son cosa del pasado que hoy podemos analizar, lo grave no son aquellos errores, sino los del presente. No repitamos ahora los errores de entonces.
Nos parece lamentable que se afirme con pretendida rotundidad e infundado orgullo que la ley 46/1977 de Amnistía fue una «conquista de la lucha popular antifranquista encabezada por el Partido Comunista de España». Resulta patetico que se repita la propaganda de entonces y se intenté hoy en día continuar el tremendo engaño que está ley esconde.
Sacar a los presos políticos a la calle y ponerles en libertad era una obligación ineludible para poder llegar a unas elecciones que pudieran ser publicitadas como «libres», los postfranquistas estaban obligados a hacerlo si querían que su lampedusiano objetivo colara. Si se hubieran negado, si no hubieran puesto en libertad a los presos, las elecciones no habrían sido aceptadas en ninguna parte y la monarquia de Juan Carlos I, heredero de Franco no habría podido durar. Presumir por haber logrado algo que obligatoriamente el contrario estaba obligado a conceder es una impostura. No, miren, no, fueron ellos, los franquistas, los primeros interesados…
Pero los presos salieron a la calle, dirán ustedes. Pues sí, salieron. En torno a unos 80 presos fueron puestos en libertad con la ley de Amnistía. No había más. Les habían estado sacando de la cárcel en los meses anteriores mediente indultos del Rey (en 1975 y 1976) o directamente poniéndoles en libertad, de forma que la cuestión de los presos era casi residual en cuanto al número, y estaba claro que el proceso de excarcelación era imparable. Y es que los postfranquistas lo necesitaban, es sencillo, ¡no podía irse a las elecciones con presos en la cárcel! ¿Es tan dificil de entender esto?
Es cierto, sí, con la ley 46/1977, «se amnistiaron todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas, hasta octubre de 1977». Esa fue, en realidad, la segunda amnistia del franquismo, la primera había sido en 1969 cuando se declararon prescritos todos los delitos de tipo politico anteriores a 1939. Es decir, primero, el régimen, cuando se sintió asentado y fuerte, en los años sesenta, «perdonó» a los que habían podido hacer algo en los años de la República y de la guerra. Y después, en sus días postreros, cuando las anacrónicas estructuras franquistas ya no valían, el régimen, optó por volver a perdonarnos a todos de nuevo, alcanzando esta vez a los hechos posteriores a 1939 y hasta el propio 1977.
Pero la cuestión no radicaba solamente en que los presos políticos fueran puestos en libertad. Los indultos anteriores habían puesto en libertad a casi todos, faltando solamente los que estaban condenados por resistencia armada a la violencia y el terror franquista. La ley 46/1977 de Amnistía contempló esos casos, pero no solamente esos. El gobierno, con la complicidad del PSOE y el PCE —nos estáis obligando a recordarlo con vuestra insistencia en dar lecciones hoy— , incluyó en la ley amnistía a los funcionarios, policias y agentes de la autoridad franquistas que hubieran podido cometer delitos. ¿Hubo alguno en la cárcel, tuvieron que salir en libertad porque estaban presos? Lo cierto es que no, de lo que se trataba era de que nunca tuvieran que ir a la cárcel o ser enjuiciados por su actuación en la dictadura.
La 46/1977 implicó por tanto una renuncia a la justicia cuando la democracia fuese una realidad, fue una hipoteca hacia el futuro: como la monarquía, como el papel del ejército, como el concordato con el Vaticano.
En el caso de los crímenes franquistas, las dimensiones de esta renuncia de unos y de los niveles de impunidad de otros, lo da el hecho de que no hubo ni siquiera el sacrificio simbólico de ningún criminal de la dictadura, absolutamente nadie, ni siquiera la escoría más abominable de los asesinos y torturadores de la Brigada Político Social, ni el más degradado y despreciable de los verdugos fue entregado a la justicia para aparentar que las cosas habían cambiado. No digo un juez, un ministro como el suegro de Gallardón, o un segundón prescindible del Movimiento Nacional, no digamos ya un militar, nada de eso se pensó siquiera, todo siguió igual y, pasados unos momentos de cierta inquietud por los cambios, se pudo comprobar rápido que la renuncia de unos a la verdad, la justicia y la reparacion era total y absoluta, y la impunidad de los otros completa.
Olvido, desmemoria, pacto de silencio, complicidad, llámenlo como quieran. Volver a tirar a la cuneta a las víctimas y renunciar a la República; esa es la clave que explica la «modélica Transición española». Pretender hoy que en esa escena la Ley de Amnistía no jugaba un papel clave, es sencillamente continuar ese engaño y prolongar la complicidad, una complicidad que entonces era con los exfranquistas, y hoy con el Régimen de la Monarquia. El PCE debe ser recordado por la página heroica de sus militantes de la resistencia, no por la baba agradecida de los yernos de ministros franquistas defendiendo la impunidad de los torturadores. Flaco servicio le hace a su partido Enrique de Santiago.
La finalidad de una ley se puede comprobar de dos formas, por el impacto de su aplicación y por la letra de su texto. Afirmar que pretende tal o cual cosa olvidando cómo es utilizada y aplicada es una mala práctica. Miremos cómo se aplica y sabremos de la funcionalidad que tiene en el sistema legal y político real. La Ley de Amnistía de 1977 buscaba efectos políticos, además de los formales de poner en libertad a los presos y eximir de culpa a los que hubieran cometido delitos de intencionalidad política hasta aquella fecha. En su formulación escrita era muy explícita en algunos aspectos. Leerla hoy sorprenderá a quienes crean que trataba exclusivamente sobre los presos políticos de la dictadura.
La Ley exponía que estaban comprendidos en la amnistía…
«Artículo 2. (…) a) Los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ellos, tipificados en el Código de justicia Militar.
(…) e) Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
f) Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas.»
En estos apartados se aclara que las autoridades, funcionarios y agentes de la autoridad que hubieran podido cometer delitos y faltas al perseguir los actos incluidos en esta ley o cometidos contra los derechos de las personas, serían igualmente amnistiados.
¿Quienes son los que hubieran podido cometer delito de rebelión y sedición de los que se habla en el apartado a? ¿Los franquistas sublevados contra la República? No, en modo alguno, se refiere a los acusados de tales delitos de acuerdo con el Código de Justicia Militar franquista, es decir, a los que se resistieron a la dictadura con todos los medios a su alcance. La justicia al reves de la que hablara Serrano Suñer sigue resonando en la ley 46/1977.
Conviene que volvamos a mirar la formulación de esos apartados del artículo 2. ¿desde donde habla el legislador? La posición es clara. Desde la legalidad franquista asumida con naturalidad. El régimen franquista era «legal», tenía autoridades, funcionarios y agentes de la autoridad que estaban obligados a cumplirla y hacerla cumplir, y la posibilidad de que pudieran ser procesados o considerados criminales por haber servido a a la dictadura no es considerada siquiera por el legislador, ni siquiera intenta «amnistiarles» por haber sido esbirros de la dictadura, pues esta era el régimen legal. Lo que hacen esos dos apartados es suponer que si en el transcurso de su acción «legal», hubieran podido extralimitarse y cometido delitos contra los derechos de las personas o perseguido actos que han pasado a no ser delitos, esas acciones son objeto de amnistia también.
El resultado de esta conjunción, ley 46/1977 y no cuestionamiento de la legalidad franquista es el blindaje total de los servidores de la dictadura, que pueden así, gracias a esta ley, mantener sus puestos en la judicatura, la policia, el ejército o, incluso la jefatura del estado. No es delito haber sido parte de la estructura del estado franquista, haber sido por ejemplo, juez del Tribunal de Orden Público, o comisario de la Brigada Político Social. Ya no se trata solamente de si en el ejercicio de esas magistraturas se cometieran crimenes, que eso se pretende amnistíado con esta ley, sino que se no se cuestiona en modo alguno la «legalidad franquista».
Cuando criticamos la Ley de Amnistía desde lo que algunos califican «supuesta radicalidad republicana», en realidad nos basamos en una cuestion clara y sencilla: el régimen franquista surgió de un golpe de estado y de una guerra de aniquilación y el régimen republicano fue destruido sobre el territorio español de forma criminal y completamente ilegal. Algunos consideramos inaceptable que perviva la legalidad franquista de los Tribunales Militares Sumarísimos, de las sentencias de muerte, cárcel y expolio e, igualmente, de leyes que han condicionado el futuro de España y nuestro presente. Criticamos la Ley de Amnistía porque consideramos que el franquismo debe ser declarado ilegal y anulados sus tribunales y leyes que atacaron los derechos humanos y tal ley es en la práctica un impedimento. ¿Quien está en contra?
La Ley de Amnistía 46/1977 ha sido empleada sistemáticamente por la judicatura española realmente existente como un escudo para proteger los actos y resultados de la legalidad franquista, y para proteger a quienes ocuparon puestos de poder en ella. La Ley de Amnistía es, por ejemplo, imprescindible para explicar porqué en el Tribunal Supremo subsisten en puestos de juez, jueces que fueron de la Dictadura y que no sienten temor alguno ni tienen sentimiento de culpa de ningún tipo por haber servido a la dictadura.
Si la aplicación práctica de la Ley de Amnistía en su muy amplia jurisprudencia hasta la fecha ha sido para proteger a los franquistas ¿qué debemos hacer los que estamos por la verdad, la justicia y la reparación, sino es exigir que sea declarada inaplicable? Esta es la demanda, no anulación ni derogación, conceptos con aristas legales que podrían en este caso dificultar el objetivo que se busca, que no es otro que poner a los franquistas ante un tribunal; lo que exigimos es la declaración de inaplicabilidad. Esto para empezar.
Sin embargo, aunque los términos del debate clave estan claros, algunos siguen con la ceremonia de la confusión. Como un Cid que cabalga despues de muerto, el Carrillismo 2.0 tiene ahora adalides que nos vienen hoy, en 2013, con que la Ley de Amnistía no es en realidad lo que jueces y fiscales han hecho de ella en su aplicación, sino un «triunfo» del movimiento antifascista. Otro triunfo más de este tipo y no sé muy bien donde iremos a parar.
La argumentación que se está ofreciendo en estos días para hacer encajar la posición crítica creciente del movimiento memorialista y republicano con la Ley de Amnistía es afirmar algo bastante obvio: que la Ley Penal Internacional que trata los crimenes de lesa humanidad, contra la Paz y de Guerra es de superior rango a las leyes nacionales y que no se puede acudir a una ley como la 46/1977 para amnistiar esos delitos. En otras palabras, que los delitos de lesa humanidad no están «amnistiables» por la Ley 46/1977 y no se puede apelar a ella.
¿Y bien, nos preguntamos? Eso es una obviedad, pero en cambio sí que apelan a ella los jueces. Los encargados de aplicar las leyes son los jueces y los españoles son fruto de la legalidad franquista; ni uno solo de los jueces de la dictadura fue procesado. Los jueces no han sentido el peso de la ley, saben mejor que nadie que el franquismo fue legal y que esa legalidad no es cuestionada. Actuan en consecuencia. En la argumentación que se sigue para recordar que la ley penal internacional es de superior rango y de obligado cumplimiento —completamente de acuerdo en esto— se olvida una cosa: el estatuto legal del franquismo, sus leyes sucesorias, la validez de sus tribunales y sentencias de muerte, o el que un juez del TOP escape sin juicio, son cuestiones internas españolas en las que no se meten. Debe comprenderse que aquí se trata solo de enjuiciar a los responsables de los grandes crímenes reconocidos internacionalmente, sino de la consideracion legal del franquismo como régimen y las consecuencias politicas y de todo tipo de este hecho. La Ley de Memoria, sus ponentes del PSOE tenían eso muy claro, el régimen podá ser considerado como ilegítimo, pero nunca ilegal; Izquierda Unida votó a favor de esa formulación, no lo olvidemos. Es de eso de lo que se trata.
Por ello, cuando el grupo parlamentario de Izquierda Unida/ Izquierda Plural presenta una propuesta para perseguir la apología del franquismo y sus símbolos, recibe una respuesta categórica del Partido Popular y su gobierno: de ninguna forma. ¿Por qué? Sencillo. Porque no puede ser delito hablar bien o defender un régimen politico que sigue siendo considerado como «legal» y cuyo ordenamiento jurídico sigue manteniendo efectos reconocidos. El PP se debe partir de risa ante el triste espectáculo de contradicción y desmemoria que presentan los diputados de IU.
Esta batalla contra la impunidad debe ganarse en España. La querella argentina está siendo utilizada por algunos para sacar del país este frente de lucha y que no contamine la línea política y electoral de la izquierda parlamentaria española que asume, lo hizo al votar la ley de Memoria o al no plantear la ilegalización del franquismo, sus tribunales, sentencias y leyes, el régimen heredado de Franco. Los mismos que dicen que la República no es prioritaria o que un debate sobre la impunidad divide o doficulta la unidad de la izquierda, lo que están haciendo es perpetuando el engaño de 1977 y dándole oxígeno a los herederos de la dictadura que hoy se enriquecen con la crisis.
No se trata del 77, se trata del presente, de hoy. Queremos justicia hoy, aquí, en España. Tengamos claro que estas luchas no van por separado. Quienes no tienen valor o voluntad para afrontar la lucha contra la impunidad del franquismo, no pueden ser un referente creíble en la lucha contra los recortes, los mercados, la troika y las políticas neo-capitalistas que nos asolan. Tengámoslo claro.

LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO - DE CARRILLO A GALLARDÓN
Floren Dimas
Buenos días.
Hace poco, uno de los pensadores de guardia del PCE, Enrique de Santiago, declaró que la Ley de Amnistía de 1997 fue una conquista de la izquierda, y que no había que tocarla.
Si tal cosa fue dicha en estado de embriaguez o fruto de una crisis de enajenación mental transitoria, entonces pudiéramos regalarle el beneficio de la disculpa. Pero resulta que no fue así, porque antes, e incluso después, De Santiago ha venido reiterándose en semejante afirmación.
Los que me habéis honrado con vuestra lectura, conocéis ampliamente lo que opino de aquella ley "de impunidad y punto final", a lo que se une vuestra propia convicción, vistos los tremendos efectos de su aplicación, que nos llevado a donde estamos, Crisis incluída.
Pedro A. García Bilbao, es  presidente del Foro por la Memoria de Guadalajara, además de formar parte del comité federal de REPUBLICANOS-RPS. Seguir su rastro de publicaciones en Internet, es sumirnos en un amplio y fructífero campo de lecturas de temas históricos apasionantes, entre las que se abren debates interesantísimos sobre temas memorialistas, sociales y militares.
Pedro es un joven republicano, directo, pero prudente, y cuando, por fin, Pedro dirije su acerado discurso contra un significado sector de la izquierda española (léase, el PCE) lo hace apoyándose en razones muy sólidas y verificables. Y lo hace desde posiciones de izquierdas, sin por ello dar razones a la derecha a que se frote las manos con su denuncia. No busca recriminar a un partido, el PCE, si no que este asuma o rechace lo dicho por uno de sus ideológos actuales más destacados. 
Si De Santiago bendice la Ley de Amnistía de 1977, como lo hizo Fraga, Carrillo, Adolfo Suárez, Aznar, Gallardón y el mismo Rey Juan Carlos, algo mál está pasando. Si el PCE e IU no se desvinculan de las afirmaciones de este dirigente del PCE, entonces ambas formaciones tendrán -como dice Pedro- una crisis de identidad.
Pero no quiero adelantarte nada más, porque Pedro A. García Bilbao lo dice estupendamente en este extraordinario artículo que seguidamente te paso.

LA POLÉMICA LEVANTADA POR DE SANTIAGO.

“Estuvieron ocho años y lo único que hicieron fue una ley de Memoria insuficiente”

Asociaciones de memoria histórica critican que el PSOE no retirase los restos de Franco durante los ocho años del Gobierno de Zapatero


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Tumba de Franco en el Valle de los Caídos





ALEJANDRO TORRÚS Madrid 30/10/2013

Diversas asociaciones de memoria histórica critican que el PSOE abogue ahora por retirar los restos de Franco del Valle de los Caídos y no lo hiciera durante los ocho años del Gobierno de Zapatero. Nicolas Sánchez-Albornoz, que trabajó como esclavo en el Valle, recuerda sus reuniones con funcionarios de Presidencia
Pocas voces hay tan privilegiadas como la de Nicolás Sánchez-Albornoz para hablar sobre el Valle de los Caídos. Nicolás fue enviado a un grupo de trabajo forzoso al Valle de Cuelgamuros el 24 de marzo de 1947 como preso político. Allí, gracias a que sabía “leer y contar” fue destinado a labores de administración. Un año más tarde, en 1948, Nicolás consiguió escapar de allí gracias a la ayuda del Federación Universitaria Escolar, en la que militaba durante la República. “Mi compañero y yo andamos por la sierra hasta llegar a El Escorial, donde nos esperaba un coche que nos llevó a Francia”, cuenta Nicolás a Público.
Debido a su pasado y a su trayecto profesional como historiador, el PSOE contactó con él en varias ocasiones para recoger sus opiniones sobre qué se debía hacer con el Valle de los Caídos llegando a mantener dos reuniones con funcionarios del ministerio de Presidencia con motivo de la elaboración de la Ley de Memoria Histórica. Nicolás, según él mismo narra, señaló a los funcionarios que lo primero que había que hacer era sacar de allí “inmediatamente” los restos de Francisco Franco y de José Antonio Primo de Rivera para “poder pensar con más serenidad el destino de la obra”. “Lo estudiaremos”, le contestaron los funcionarios con los que estuvo reunido.
“Yo ya lo dije hace años, pero no me hicieron caso”, ha señalado Sánchez-Albornoz
Este martes, tras conocer que el PSOE ha presentado una proposición no de ley para que los restos de Franco sean exhumados del Valle de los Caídos, Nicolás ha señalado un breve: “Yo ya lo dije hace años, pero no me hicieron caso”. Esa extraña sensación de alegría por el contenido de la proposición del texto presentado por el PSOE y de indignación por realizarla desde la oposición y no durante los últimos ocho años del Gobierno de Zapatero ha sido compartido, con diferentes matices, por las asociaciones de memoria histórica contactadas por Público.
Nicolás quiere ver en la proposición un cambio de postura del PSOE tras el “batacazo electoral” del partido en las últimas elecciones generales. Otros, por el contrario, califican la propuesta de “agravio a las víctimas”, de “juego político” y de “movimiento errático”. José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, es el que más lejos llega en sus críticas y culpa al PSOE de acometer “un insulto más hacía las víctimas del franquismo”.
“El PSOE cuando gobierna da un giro a la derecha”, ha criticado Pedreño
“Cuando están en la oposición se vuelven ‘rojos’, pero cuando gobiernan dan un giro a la derecha. ¿De qué nos vale esta proposición si ya sabemos que cuando vuelvan a gobernar harán otra cosa? Me parece una tomadura de pelo”, crítica Pedreño, que recuerda que su Federación ha reclamado decenas de veces la retirada de los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos tanto cuando gobernaba Aznar como cuando lo hizo Zapatero. “Tuvieron ocho años y lo único que hicieron fue una ley de Memoria insuficiente y un informe de expertos condenado a quedarse en un cajón”, asegura.
Su indignación es compartida por Cecilio Gordillo, portavoz de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, que califica la última propuesta del PSOE como una “barbaridad”. “Llevamos más de una década reclamando lo que dice esa proposición de ley. ¿Por qué no lo hicieron cuando estaban en el Gobierno? Es hipocresía pura y dura”, se pregunta Gordillo, que recuerda al Partido Socialista que en Andalucía, donde gobiernan con el apoyo de Izquierda Unida, pueden hacer más para recuperar la memoria.
Un juego político
“Han convertido un tema de suma importancia en un juego político”, ha valorado Silva
Más calmado, pero con la misma profundidad en su crítica se muestra Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Consultado por este diario, Silva se ha mostrado partidario del contenido de la propuesta del PSOE aunque ha mostrado su rechazo al momento en el que ha sido presentado. “No me parece bien que este tipo de planteamientos se hagan cuando uno está en la oposición. Debieron hacerlo cuanto estaban en el Gobierno”, ha explicado el presidente de la ARMH.
Silva considera que realizar este tipo de proposiciones cuando se está en la oposición y no en el Gobierno termina convirtiendo un tema de suma importancia en un “juego político para retratar la cantidad de cultura franquista que queda en el PP”. “Si uno entiende que la retirada de los restos de Franco de Valle es algo básico de una cultura democrática, también debía entenderlo así hace un año, hace dos y hace quince años. Me parece triste que al final se convierte en un juego para fotografiar al Partido Popular y desgastar al Gobierno”, ha valorado Silva.
“El PSOE ha movido una ficha errática, es un movimiento infantil”, ha explicado Blanco Chivite
“La lucha está en Argentina”
Manuel Blanco Chivite, condenado a muerte por el régimen franquista e indultado en el último momento en septiembre de 1975 y miembro de la asociación de expresos del franquismo La Comuna, considera, por el contrario, que si lo que se busca es luchar por desterrar el franquismo la cuestión principal no es “la de los cadáveres de Franco o José Antonio” sino presionar al Gobierno para que extradite a Argentina a los dos “torturadores del régimen franquista” sobre los que pesa una orden de detención internacional.
“El PSOE ha movido una ficha errática. Es un movimiento infantil que se sale de la cuestión en la que está hoy la lucha contra el franquismo. El problema de la impunidad del franquismo está hoy en el juzgado número 1 de Buenos Aires y en la negativa del Gobierno español a extraditar a dos torturadores del régimen. Ahí es donde hay que luchar y no en el cadáver de Franco”, ha concluido Blanco Chivite.
http://www.publico.es/478380/estuvieron-ocho-anos-y-lo-unico-que-hicieron-fue-una-ley-de-memoria-insuficiente

Crímenes sin reparación


 El Tribunal de Estrasburgo ha hecho algo más que enviar al cubo de la basura la chapuza de la “doctrina Parot”. Los jueces, en otra sentencia, que en España no se ha comentado, al estar, como casi siempre, atareados con nuestras desdichas, se ha declarado incompetente para juzgar las matanzas de Katyn
 
 
Las matanzas de Katyn
José Jaume (Diario de Mallorca, 25 d’octubre 2013)

 Se trata del asesinato masivo de más de veintidós mil oficiales del Ejército polaco, catedráticos de universidad e intelectuales, ordenada por Stalin en 1949, tras haberse repartido Polonia con Hitler. Andrzej Wajda dirigió en 2007 la película que explica lo sucedido. “Katyn” cuenta cómo se llevó a cabo esa otra “solución final” sugerida a Stalin por el jefe de la policía política comunista, Lavrenti Beria, para eliminar metódicamente a los “enemigos irreconciliables del poder soviético”.
Setenta y tres años después el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que no está capacitado para enjuiciar el asunto, al no estar constituido cuando se produjo la matanza, aunque critica el secretismo exhibido por Rusia, que se niega a desclasificar algunos de los documentos secretos, entre ellos el que contiene la firma de Stalin (rubricó la autorización con lápiz azul) y de los demás miembros del Politburó del Partido Comunista de la Unión Soviética. Sorprende que se niegue a Polonia la satisfacción moral que demanda, puesto que después de décadas de culpar a los nazis de los masivos asesinatos, la Duma rusa (su domesticado Parlamento) reconoció que los crímenes fueron ordenados por Stalin y ejecutados por las fuerzas especiales de su policía bajo la supervisión de Beria. Algo había que hacer con los “enemigos incorregibles”; lo más práctico eliminarlos, lo que para gente desprovista de cualquier escrúpulo moral, como era el caso de los dirigentes comunistas, era cuestión de simple logística. Sus aliados de entonces, los nazis, perfeccionarían hasta extremos inconcebibles la logística al poner en marcha el Holocausto judío.
Los reconocimientos de culpa, aunque sea a medias, no suelen prodigarse. Sí que los tribunales se declaren incompetentes para entrar a fondo en sucesos como el de Katyn. Los juicios de Nuremberg fueron posibles porque Alemania perdió la guerra. Rusia la ganó, pagando un precio terrible: más de veinte millones de muertos. En España sigue siendo imposible que la Justicia se haga cargo de los crímenes del franquismo, no ya los perpetrados durante la guerra sino los de las décadas posteriores y hasta el postrer estertor de la dictadura, que también fue el último de quien la encarnaba. Las peticiones de justicia presentadas en los tribunales han sido desoídas. Ni tan siquiera ha sido posible anular los consejos de guerra sumarísimos con los que se asesinó a miles de personas. El Tribunal Supremo se niega tajantemente a revisarlos. Uno de los más conocidos es el del presidente de la Generalitat catalana, Lluis Company, entregado por la Gestapo a Franco, fusilado en 1942. No hay forma. Ha tenido que ser una juez argentina la que, invocado el principio de justicia universal, haya incoado los primeros procedimientos por los crímenes de la dictadura. Antes lo intentó Baltasar Garzón. Ya no es juez. El Tribunal de Estrasburgo parece avalar la tesis de que nada se puede hacer al manifestar su incompetencia en Katyn. La Rusia de Putin vuelve a ser poderosa. A Europa no le conviene incomodarla.
Pero, al menos, en Rusia la Duma ha reconocido lo obvio: la responsabilidad de Stalin. Se acepta que autorizó los asesinatos. La verdad histórica ha quedado plenamente restaurada. Algún día se desclasificarán los papeles que todavía son secretos y se conocerá lo que permanece oculto. Lo esencial es ya una verdad oficial. No ocurre lo mismo con nuestra Guerra Civil: ¿Cómo conseguir que se acepte que se produjo a causa de un golpe de Estado que fracasó en media España? ¿Qué impide aceptar que la dictadura del general Franco asesinó impunemente durante décadas? ¿Por qué los tribunales se niegan a anular consejos de guerra, juicios que fueron una farsa? Seguimos sangrando por la herida. La Iglesia católica, al proceder a la masiva beatificación de los suyos, salvajemente asesinados, olvida pedir perdón por su responsabilidad, que no fue poca. Bendijo el golpe de Estado, al declarar que era una “cruzada” en defensa de la cristiandad. Calló ante las atrocidades que se cometían en el bando llamado “nacional”. Apuntaló al general Franco legitimando la dictadura a cambio de prebendas tanto económicas como de control social, en especial la educación. Y siguió callando ante la durísima represión emprendida por los vencedores. En el acto de Tarragona nada de eso se dijo. ¿Qué hubiera ocurrido si los obispos españoles no avalan el golpe de Estado? Se verá si prospera la petición hecha por el abad de Monserrat, quien pide que la Iglesia católica solicite perdón por la responsabilidad adquirida en la Guerra Civil y el sostén de la dictadura. Puede que cuando el cardenal Rouco abandone la presidencia de la Conferencia Episcopal sea factible. Antes, no.
Lo que no parece posible, a la vista de la sentencia sobre Katyn, es que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ponga sus ojos sobre lo sucedido en España hasta 1975. Conviene no olvidar que en septiembre de ese año todavía hubo fusilamientos. Sonroja que tenga que ser en Argentina donde se intente impartir una cierta justicia. Aquí, a las requisitorias para que unos policías torturadores declaren ante los jueces de momento se da una estridente callada por respuesta.

1 de novembre al Mur de la Memòria

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Gallardón revela que aún quedan 97 vestigios franquistas en edificios estatales

El ministro de Justicia presumen de haber retirado 608, lo que, según él, evidencia que el Gobierno "cumple" la Ley de Memoria Histórica


El diputado del PNV Emilio Olabarria muestra desde su escaño una imagen del cartel de la calle General Yagüe. EFE/Chema Moya

El diputado del PNV Emilio Olabarria muestra desde su escaño una imagen del cartel de la calle General Yagüe. EFE/Chema Moya

EUROPA PRESS Madrid 30/10/2013
 
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado este miércoles que de los 705 vestigios franquistas inventariados en los edificios de la Administración General del Estado quedan por retirar aún un total de 97. Unas cifras que, a su juicio, vienen a evidenciar que el Gobierno "cumple" la conocida como Ley de Memoria Histórica.
Así lo ha señalado Gallardón ante el Pleno del Congreso en respuesta al diputado del PNV Emilio Olabarría, quien le ha preguntado si el Ejecutivo piensa cumplir con esta norma retirando los 1.300 símbolos que aún existen en el Estado español, según sus cálculos. En su réplica, el ministro le ha corregido precisando que en la actualidad de los 705 vestigios franquistas inventariados se ha procedido a retirar 608, es decir casi el 90%. "Y los que no se retirado es porque exigen procedimientos largos, costosos o de impacto", ha puntualizado.
Además, ha destacado que la Comisión Técnica de Expertos hizo en 2011 un inventario de los vestigios de la Guerra Civil y la dictadura recomendando al Gobierno que retirase cinco vestigios, cuatro de los cuales ya se han apartado. El único que queda, un escudo "prelegal" a la Ley de 1981 que está situado en la fachada de la Audiencia Provincial de Salamanca, correrá el mismo destino.
Todos estos datos, según ha defendido el titular de Justicia, vienen a demostrar que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al contrario de lo que defienden los nacionalistas vascos y el resto de la oposición, sí cumple con la Ley de Memoria Histórica. Sin embargo, el parlamentario de PNV ha replicado que el millar largo de vestigios "fascistas" que insiste que existen en todo el Estado acreditan una actitud "insumisa" del Gobierno en relación con la Ley de Memoria.
Una posición que, en opinión de Olabarría, responde a la existencia de unos 800.000 votantes pertenecientes al franquismo "nostálgico y residual" que buscan en el PP "leves gestos simbólicos" porque nos les terminan de convencer los nuevos partidos "neofascistas" que están surgiendo.

Calles con nombres franquistas

Centrándose en la ciudad de Madrid, Olabarría ha criticado que aún hoy haya 165 símbolos y calles con nombres franquistas, entre las que ha citado las calles de los Caídos de la División Azul o la del General Yagüe. También ha puesto de relieve en relación con el carácter sacramental de algunos de estos símbolos unas declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, apuntando que para una "auténtica y sana" purificación de la memoria "lo mejor era el olvido". "Ustedes lo han interiorizado: Los muertos malos a los altares y los muertos buenos a las cunetas. No quieren cumplir porque no quieren cumplir", ha concluido.
En su turno, el ministro ha presumido de que durante su etapa como alcalde de la capital española, en concreto en 2009, retiró a Francisco Franco el título de Alcalde Honorífico, de Hijo Adoptivo, la Medalla de Oro y la Medalla de Honor. Ha remarcado, a renglón seguido, que el único monumento que permanece con el nombre del dictador es el Arco de la Victoria, que pertenece a la Universidad Complutense, "cuyo rector por cierto es hijo de Santiago Carrillo".
Gallardón ha hecho hincapié en que no todos los alcaldes han podido cumplir la Ley con la diligencia con la que lo ha hecho la Administración General del Estado. De hecho, ha recordado que el alcalde de Bilbao, el peneuvista Iñaki Azkuna, recibió una denuncia de una coordinadora que agrupa a distintos colectivos memorialistas por mantener en la ciudad diversos símbolos franquistas. "Usted en esa disputa ¿con quién está? Yo estoy con su alcalde del PNV", ha concluido.

miércoles, 30 de octubre de 2013

CHARLA - COLOQUIO: "EL FRAUDE DE LA MONARQUÍA"



 ATENEO SOCIO-CULTURAL "VIENTO DEL PUEBLO" - ORIHUELA
Con ocasión del 103 aniversario del nacimiento del poeta Miguel Hernández, celebraremos esta acto-conferencia
en homenaje al poeta del pueblo.

Miguel Hernández sigue representando la República de trabajadores y trabajadoras, por ello celebramos este acto
republicano, de reivindicación republicana en contraposición a la Monarquía que representa el modelo de estado de dominación de la oligarquía actual. Los mejores homenajes que le podemos ofrecer al poeta del pueblo es seguir luchando por los ideales y valores
que marcaron y guiaron  su corto caminar existencial. Que mejor oferta cultural que el realizar un acto de memoria histórica sobre
el papel de la Monarquía en la historia de España, una monarquía muerta y que, tarde o temprano ha de dar paso a la III República.

Es una obligación del pueblo recuperar a Miguel, recuperar al Poeta del Pueblo, al poeta comunista y republicano que sigue oculto y olvidado entre homenajes y actos estériles que se realizan desde las instituciones del sistema y la llamada "intelectualidad" del pensamiento único.

             ATENEO SOCIO-CULTURAL "VIENTO DEL PUEBLO" - ORIHUELA
               C/ Del Río nº 8 - bajo
               Junto Universidad Miguel Hernández - Campus de Las Salesas- Orihuela.

lunes, 28 de octubre de 2013

Homenaje a las Brigadas Internacionales en Paris - Mathurin Moreau

Como tantas otra veces nuestra amiga Rose-Marie Serrano, de los Amigos de los Republicanos Españoles en la Region Parisina, nos ha mandado la siguiente crónica del homenaje que hicieron ayer 25 de octubre de 2013. Téngase en cuenta que la Avda Mathurin Moreau es un lugar de memoria estrechamente ligado a las BI ya que allí se ubicaban las oficinas sindicales que sirvieron de referencia, recluta y ayuda para la mayoría de los voluntarios que llegaban a Paris de todos los rincones del mundo dispuestos a participar en la lucha contra el fascismo en España.




 AABI 27 Octubre 2013

Esta tarde, en la avenida Mathurin Moreau de París, nos reunimos,  como hace dos años y el año pasado,  delante de la magnífica placa en honor de los Brigadistas Internacionales  inaugurada por la ACER (Amical de los Combatientes en España Republicana) y varias autoridades, y con la presencia de la Asociación Foro por la Memoria en octubre del 2011.

Eramos pocos en comparación con el gentío del 2011, pero nuestro entusiasmo y admiración  por los Brigadistas y su valentía, por su generosidad, la mayor hasta ahora conocida en la Historia de la Humanidad, era tantos y tan sinceros como  en aquel octubre.
Yéndose el lunes para el Ebro, la asociación ACER aplazó a finales d e noviembre que viene el homenaje de finales de octubre. Al no poder ir al Ebro y tal vez no pudiendo estar todos nosotros en noviembre decidimos florecer la espléndida placa por primera vez este año.De todos modos para nosotros esa placa que nombra la epopeya de aquellos héroes de la fraternidad debería ser constantemente florecida. Por eso a su modo, participaron amigos republicanos españoles que no pudieron estar físicamente pero sí representados por su ayuda.
Tras leer "les souvenirs d'un Brigadiste"  (los recuerdos de un Brigadista) de Juan Miguel  de Mora, sacados del libro Ma bataille de l'Ebre (Mi batalla del Ebro) , que adquirí en una exposición que hizo la ACER en la casa de la Metalurgia de París al inaugurarse alli una placa hace unos años, leimos poemas sacados del libro que nos regaló en Madrid,  en abril del 2011,  la AABI,Voluntarios de la libertad :
A las Brigadas Internacionales de Rafael Alberti, El Voluntario de Cecil Day-Lewis, Al soldado internacional caído en España de Miguel Hernández.
Aplaudimos a los amigos oradores y los amigos de más edad que estaban con nosotros, Jean, de tan solo nueve  añitos en octubre del 36, que vio allí las barracas en que organizaban la marcha a España de los Brigadistas, Victorina, de tío republicano deportado, pusieron las flores tricolores mientras Daniel, amigo de Paris (no pudo venir el de Bobigny) enarbolaba la Tricolor y todos sonreían orgullosos de recordar a los "Hermanos Brigadistas", con cuyo "nombre Madrid se agranda  y se ilumina".
Por fin sin cantar ya que arreciaba ya la lluvia, pero con alegría por lo logrado juntos, nos fuimos a charlar al café vecino, donde evocamos,  además de algunas dificultades (al no ser la región parisina un gran foco republicano español como lo son algunas ciudades del Sur de Francia),  las esperanzas por la Tercera en España, que todos compartimos.
Para nosotros, Amigos de los Republicanos Españoles en Región Parisina, la memoria de los Brigadistas es tan importante como la de los Republicanos Españoles, a los que fueron a respaldar en Madrid y después en todos los frentes, como el del Ebro.
Con Leo Kennedy (en 1938)  en Recuerdo a los defensores,  pensamos en los Brigadistas y deseamos para ellos "guirnaldas en torno a vuestros nombres..Cuando unos hombres levanten , como monumento a vuestros miembros dispersos y bravos corazones, la España del Pueblo con la libertad sobre sus torres!"
La España de la Tercera República honrará a los Brigadistas, les pondrá plazas y avenidas, monumentos y edificios como lo hará por los republicanos víctimas del fascismo-franquismo y sus presidentes. Así lo esperamos también aquí en Paris.
 ¡Vivan las Brigadas Internacionales, vivan los Brigadistas ! ¡ Viva la Tercera !

'Niños de la guerra' escriben a Putin para evitar cierre del Centro Español

El aumento del alquiler del local, en pleno centro de Moscú, ordenado por el Ayuntamiento se hace inasumible para estos octogenarios después de tres años sin recibir subvención del Gobierno español

Foto de familia de los llamados 'niños de la guerra' civil española, que siguen residiendo en Moscú.

Foto de familia de los llamados "niños de la guerra" civil española, que siguen residiendo en Moscú.- EFE

IGNACIO ORTEGA (EFE) Moscú 25/10/2013
Los niños de la guerra han remitido una carta al presidente ruso, Vladímir Putin, para evitar el cierre del histórico Centro Español debido al aumento del alquiler ordenado por el Ayuntamiento de Moscú.
"Estamos alarmados. Los dos últimos años ya los acabamos con mucha dificultad, pero ahora con esta subida, si nadie lo remedia, nos veremos obligados a cerrar", aseguró este viernes a Efe Enrique Alonso, secretario del centro.
Alonso señaló que el 16 de octubre el centro recibió un aviso del departamento de Patrimonio Municipal de la capital rusa en el que se le informaba sobre el aumento del alquiler de los actuales 646.000 rublos (casi 15.000 euros) al año, hasta los 1,2 millones de rublos (casi 29.000 euros).
"En ese mismo aviso nos dicen que tenemos que pagar ese alquiler (de manera retroactiva) desde enero del año corriente, y estamos en el décimo mes", destacó.

Tres años sin subvención española

"¿De dónde vamos a sacar 1,2 millones de rublos? Con lo que recaudamos ya no damos abasto" El secretario recordó que llevan ya casi tres años sin recibir ninguna subvención de España y que sobreviven gracias a las cuotas de los socios y a las pequeñas donaciones que llegan de los simpatizantes que desean que el centro siga funcionando.
"¿De dónde vamos a sacar 1,2 millones de rublos? No tenemos ese dinero. Con lo que recaudamos ya no damos abasto. El poder adquisitivo de la gente baja. Unos pagan la cuota de 5.000 rublos (casi 120 euros), pero otros renuncian porque ya no pueden pagar", lamenta.
Hasta ahora los aumentos de alquiler eran asumibles para el Centro Español, con el que el ayuntamiento moscovita siempre ha tenido un trato de favor, ya que los precios de mercado de un céntrico local de esas características son astronómicos.
El espacioso local del centro, que se encuentra no lejos de la Plaza Roja, frente a la estación de metro Kuznetski Most, fue cedido en 1965 por las autoridades soviéticas al Partido Comunista Español (PCE).
Parada obligatoria para todos los presidentes españoles de la democracia, el local incluye un bar y un salón de actos, donde se imparten clases de español, baile y coros.
El martes se reúnen las mujeres y el viernes los hombres, que brindan por la "patria perdida", juegan a las cartas y al dominó, y se ríen de los achaques de la edad.
El presidente del Centro, Francisco Mansilla, que se encuentra ahora ingresado en el hospital, propuso en su momento al Gobierno español que comprara el local, ya que si desaparece el Centro Español "desaparecerán también los niños de la guerra".

Dos alternativas

"La primera es dejar el alquiler como estaba. La segunda es que se nos aplique un alquiler simbólico" De los 3.000 niños de la guerra civil española acogidos en su día por la Unión Soviética, en Rusia quedan 105 personas (61 en la capital, 16 en la región de Moscú y 28 en otras ciudades). Según Alonso, en la carta remitida a Putin y en las también enviadas al alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, y al departamento de Patrimonio Municipal, los niños de la guerra propusieron dos alternativas.
"La primera es dejar el alquiler como estaba. La segunda, que es la ideal y más justa, es que se nos aplique un alquiler simbólico, como al Circo Nikulin, ya que estamos cumpliendo una misión cultural y pública", precisó.
Al alquiler se suman los altísimos gastos de comunidad y la retribución del personal, mientras los niños de más de 80 años que gestionan el centro trabajan gratis.
Alonso descarta la posibilidad de encontrar otro lugar más barato, ya que, dados los desorbitados precios de Moscú, el nuevo local tendría que desplazarse a las afueras, lo que haría imposible la labor del centro, que cuenta con centenares de socios.
El centro se propone "seguir fortaleciendo la amistad entre España y Rusia, para seguir educando a los jóvenes en un espíritu integrador, y propagar la cultura y el idioma españoles", aseguró.
"No estamos con los brazos cruzados. Participamos activamente en el Año Dual y realizamos una actividad cultural por el bien de ambos pueblos y de los niños de la guerra y de sus familias", dijo.
En un intento de encontrar una salida al problema, la embajada de España realiza gestiones con los Ministerios de Exteriores y de Empleo rusos, además de haberse puesto en contacto con el Ayuntamiento de Moscú, según informaron a Efe fuentes diplomáticas españolas.
Moscú le ha dado de plazo al centro hasta el 5 de noviembre para saldar sus deudas El tiempo corre, ya que el Ayuntamiento le ha dado de plazo al centro hasta el 5 de noviembre para saldar sus deudas, de lo contrario será multado, lo que incrementará las tribulaciones de los "niños de la guerra".
Miles de personas de todas las edades subieron desde la década de 1960 la empinada escalinata de la tercera planta del edificio del centro para reunirse con la comunidad española, estudiar su idioma y su cultura, aprender a bailar flamenco y combatir la nostalgia.
Los octogenarios niños de la guerra insisten en que no quieren dejar este país porque "han echado raíces y tienen a sus hijos y nietos en Rusia" y que el centro es como "un pedazo de nuestra patria en Rusia, instalado en el centro de Moscú".

‘Billy el niño’, la Amnistía y la dignidad de la democracia


Hay delitos de lesa Humanidad que no prescriben. Y las víctimas y los desaparecidos, lo queramos o no, seguirán marcando la conciencia de sucesivas generaciones.
Imagen de la manifestación del 1º de Mayo en Madrid en 1979. (Foto: Prudencio Morales)
Imagen de la manifestación del 1º de Mayo en Madrid en 1979. (Foto: Prudencio Morales)


  | Manuel Rico | 24 Octubre 2013 

Jorge Martínez Reverte, en un artículo publicado el diario El País el domingo, 29 de septiembre, bajo el título “Billy”, simplificaba hasta bordear la parodia la labor de las distintas asociaciones de víctimas del franquismo recurriendo a la justicia argentina y, como consecuencia de ello, las órdenes de busca y captura emitidas por la juez  Servini de Cubría contra varios miembros de la Brigada Político Social acusados de torturas bajo el franquismo. A la vez, Martínez Reverte confería a la Ley de Amnistía el carácter de un punto final afirmando, además, que “marcó el punto en que se pudo sacar adelante este país”. Esa es una corriente de opinión compartida en ciertos sectores progresistas en la que junto a una innegable voluntad de afirmar el espíritu reconciliador que presidió la transición política, se advierten elusiones notables respecto a la evolución de nuestra historia en los últimos treinta y cinco años. Si toda obra humana ha de verse siempre a la luz de la evolución de una sociedad y someterse a los cambios que la sociedad requiera, la Ley de Amnistía no es una excepción.
Es evidente que aquella Ley fue un instrumento esencial para la buena marcha de la transición, que marcó un momento clave en la recuperación de la democracia y que dio carta de naturaleza al objetivo de reconciliación nacional que desde finales de los años cincuenta venía reclamando una parte de la oposición, especialmente el PCE, con el fin de promover la convivencia pacífica y democrática de quienes habían combatido en bandos enfrentados durante la Guerra Civil. También es evidente que la Ley de Amnistía exoneraba de responsabilidad penal a los autores de graves delitos con independencia del bando en que hubieran combatido y que había un consenso tácito en no recurrir a la legislación internacional sobre crímenes contra la Humanidad. La Ley se promulgó en octubre de 1977 y su aplicación acompañó la elaboración de la Constitución y fue asumida por todos, especialmente (conviene subrayarlo) por aquellos que no sólo habían sido derrotados en una guerra en la que la defensa del orden democrático y constitucional estaba con ellos, sino que fueron víctimas de una actuación delictiva, realizada en la más absoluta impunidad, a lo largo de cuarenta años. El grado de “sacrificio”, de renuncia y de generosidad  en la asunción del borrón y cuenta nueva  no fue, por tanto, igual para unos y para otros. Unos habían estado violando las leyes internacionales hasta dos años antes: no hay más que recordar que en septiembre de 1975 fueron fusilados varios presos de ETA y del FRAP y que a principios de 1976 la tortura seguía siendo norma en gran parte de las comisarías y, de manera muy especial, en la madrileña Puerta del Sol o en la barcelonesa comisaría de la Vía Layetana. Los presuntos delitos de “los otros” había que buscarlos en el cuasi remoto período comprendido entre julio de 1936 y abril de 1939, es decir, en plena guerra civil o en puntuales acciones terroristas, protagonizadas por organizaciones nacidas mucho después de la guerra, en los años últimos del Régimen. La Ley de Amnistía trazó un velo de equidistancia, equilibró injustamente la balanza por una razón elemental: quienes venían de la clandestinidad y de la resistencia querían construir una sociedad democrática, impedir cualquier tentación de vuelta atrás, eran conscientes del peso de los poderes fácticos de entonces y sabían que sólo cediendo podía construirse la sociedad que la ciudadanía reclamaba.  El 23-F o las dilaciones que tuvo el reconocimiento por parte de la democracia a los militares condenados de la UMD fueron evidencias de los gravísimos lastres con que avanzaba la transición. 
Los nombres de Luis Lucio Lobato, Simón Sánchez Montero, Marcelino Camacho, Nicolás Sartorius, Fernando Saborido y otros condenados en el proceso 1001 (sus condenas sumaban más de un siglo de cárcel por el simple hecho de ejercer el sindicalismo), Francisco Romero Marín, Marcos Ana, Gervasio Puerta, el poeta Carlos Álvarez y un interminable etcétera, pueden apuntarse al patrimonio universal de la historia de la generosidad de las víctimas hacia sus verdugos: no sólo asumieron la reconciliación nacional, sino que fueron beligerantes en su defensa pública.
¿Qué ha ocurrido desde entonces para que las Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y otras entidades hayan tenido que recurrir a la justicia internacional? No otra cosa que el desprecio por parte del Estado —por acción u omisión, por excesivas cautelas o por miedo— de la memoria de los derrotados, es decir de quienes han representado y representan la democracia en España y en Europa en un tiempo especialmente difícil. Más allá de la reparación obligada que supuso el reconocimiento de indemnizaciones de carácter económico a expresos y represaliados o de pensiones a militares republicanos, el proceso posterior a la Amnistía ha estado lleno de agujeros negros: la humillación sistemática a víctimas y descendientes de las víctimas, la impunidad con que han venido actuando desde el primer día quienes consideraron que la Ley de Amnistía no iba con ellos, quienes rechazaron cualquier esfuerzo de comprensión hacia el otro y se han venido mostrando hostiles a todo gesto de arrepentimiento, han sido norma habitual en estas tres décadas. Las víctimas y sus descendientes sabían de democracia porque la defendieron y se comprometieron a fondo con ella con altísimos costes personales. Los “arrepentidos” del franquismo, sin embargo, la asumían como mal menor y sin ceder un ápice en el mantenimiento, simbólico y no tan simbólico, de los efectos de su “victoria”. Una actitud compartida, en el fondo, por la derecha española tras la disolución del proyecto de centro democrático que representaba la UCD de Suárez —no olvidemos que AP, la matriz del actual Partido Popular, no votó la Ley de Amnistía: se abstuvo—. La más clamorosa muestra de que ese sector político no asumió (ni asume) las consecuencias de la  Ley de Amnistía (el “punto” al que se refiere Martínez Reverte) es la negativa a cualquier cambio en la situación del Valle de los Caídos, que se mantiene, 35 años después de la promulgación de la Constitución, como un homenaje a la ignominia y a su máximo exponente, el dictador Francisco Franco. ¿Cómo es posible acusar a las asociaciones de víctimas y de defensa de la memoria histórica de querer acabar con la Ley de Amnistía por promover denuncias contra los derechos humanos o exigir la búsqueda de cadáveres de desaparecidos y silenciar que la Ley de Amnistía sufre una agresión permanente con ese complejo arquitectónico, puro estilo franquista, que ensalza la victoria de los promotores de un golpe de estado y homenajea a sus principales protagonistas, y que fue construido, además, por presos políticos esclavizados?
Esa realidad se prolonga en miles de nombres de calles y plazas que, contra la lógica institucional del país y contra su realidad democrática, rinden tributo, además de al dictador, a militares sublevados y a ideólogos del peculiar fascismo español.  Su huella, viva, es visible en centenares de muros de capillas e iglesias en las que, como un desafío a la Constitución, se conservan las placas y bajorrelieves dedicados a los “caídos por Dios y por España”, comenzando por el fundador de Falange. Y tiene complementos en actuaciones, impensables en la Europa democrática, que van de la negativa a condenar, en sede parlamentaria, la sublevación militar del 18 de julio de 1936, pasando por la complicidad de facto con quienes, desde las filas conservadoras, enarbolan banderas franquistas y nazis, hasta impedir la instalación de monumentos en homenaje a defensores de la democracia (aún está reciente en la Universidad Complutense la imposibilidad de levantar un monumento a las Brigadas Internacionales) o la oposición radical (“no hay que reabrir heridas”, se dice) a transformar antiguos campos de trabajo y de concentración en centros de interpretación de la memoria histórica y, de manera especial, de la memoria de quienes allí estuvieron recluidos por defender la democracia.
En ese marco,  al que es preciso añadir el premeditado incumplimiento de una Ley como la de Memoria Histórica —considerada insuficiente por algunos sectores, pero imprescindible—, la ofensiva judicial contra el protagonismo del Estado en la búsqueda de desaparecidos a petición de sus familiares y descendientes, la retirada de fondos con el objetivo de convertirla en papel mojado o la tibieza, cuando no la complicidad o la identidad con ellos, cuando alcaldes, concejales,  alcaldesas y otros cargos públicos enaltecen el franquismo, homenajean a sus “figuras”,  desafían la legalidad constitucional un día sí y otro también, ¿cómo podemos esperar que los demócratas derrotados en la Guerra Civil, los que vivieron largos años de prisión hasta casi el umbral de la democracia, los torturados  y los descendientes de los desaparecidos se mantengan de brazos cruzados sin exigir responsabilidades penales por delitos de los que los vencedores y quienes, desde el Estado y desde las instituciones representativas, parecen considerarse herederos, no sólo no se arrepienten, sino que casi se enorgullecen?  
¿No se había establecido un punto y aparte? ¿O el punto y aparte sólo regía para los republicanos y demócratas, que debían cumplirlo a pies juntillas mientras los verdugos y sus descendientes tienen patente de corso para defender “su obra” y deslegitimar la de los artífices y defensores de la República sin que nada ni nadie los penalice?
No es difícil imaginar que los debates del último lustro (y el empeño judicial de Baltasar Garzón)  no se hubieran producido —o se hubieran producido de distinto modo— si desde la promulgación de la Ley de Amnistía, el Estado hubiera contribuido a extender la conciencia de reconciliación nacional en todas las esferas de la sociedad facilitando la búsqueda de desaparecidos, siendo firme y contundente contra cualquier apología del fascismo y de la dictadura (como ocurre en Francia, en Alemania, en Bélgica, en otros países de Europa), apoyando a la Asociación de Expresos y Exrepresaliados políticos, casi condenada a pedir una mínima reparación como si de una limosna se tratara (sólo fue recibida por la Administración en 2004, diecisiete años después de su creación)  y reconociendo en todos los ámbitos la dignidad democrática del período republicano (¿es comprensible, desde un punto de vista democrático, que a estas alturas de la Historia, las Cortes Españolas no hayan homenajeado a Niceto Alcalá Zamora o a Manuel Azaña, los dos presidentes que tuvo la II República, elegidos democráticamente y símbolos de civilidad, de cultura y de tolerancia?).  Por eso, el requerimiento al gobierno español del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas recordándole que tiene la obligación de buscar a los desaparecidos del franquismo tras su visita a España, no puede caer en saco roto. Sobre todo si comparamos el silencio gubernamental al respecto con la más que ostensible presencia de ministros en la reciente beatificación en Tarragona de varios centenares de víctimas (denominadas mártires) de la Guerra Civil considerados católicos y, aunque no se explicitara, alineados o próximos a los artífices de la sublevación contra las instituciones democráticas republicanas.
Hay delitos de lesa Humanidad que no prescriben. Y las víctimas y los desaparecidos, lo queramos o no, seguirán marcando la conciencia de sucesivas generaciones porque su dignidad no ha sido restituida pese a la buena voluntad que se puso con la aprobación de la Ley de Amnistía. Es inevitable. La Justicia seguirá actuando en el ámbito internacional lo quieran o no nuestros tribunales: porque hay miles de víctimas injustamente tratadas que lo exigen. Para cerrar heridas, no para abrirlas, y para que las generaciones próximas puedan mirar al futuro sin la alargada sombra de un tiempo oscuro que sus antecesores no quisimos o no nos atrevimos a iluminar.

1 Manuel Rico es escritor y crítico literario. Sus obras más recientes son la novela Verano (2008) y el libro de poemas Fugitiva ciudad (2012). Es autor del guión del documental Entre la solidaridad y la memoria sobre la historia de la Asociación de Expresos y represaliados políticos antifranquistas.

domingo, 27 de octubre de 2013

Vigo: El derribo de la cruz del Castro llega a los juzgados

La asociación Memoria Histórica do 36 presenta una demanda y pide que se anule una resolución municipal

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Cruz de Ó Castro



La Voz de Galicia, - 27 octubre 2013

La Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36 ha presentado en el juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Vigo una nueva demanda para solicitar la retirada de la Cruz de los Caídos que se encuentra en O Castro.
Este nuevo movimiento en el juzgado se produce justo un año después de que el 1 del contencioso-administrativo estimara parcialmente otra demanda de la asociación, ordenando al Concello de Vigo a que se pronunciase sobre su petición de derribo, aunque entonces el juzgado no se dictaminó sobre la obligatoriedad de retirar la cruz. En su nueva petición, los demandantes rechazan que esta cruz sea un símbolo religioso «senón un monumento conmemorativo da sublevación militar golpista de 1936, da dictadura fascista que asolou o país durante 40 anos e dos horrendos crímenes cometidos polos falanxistas e fascistas».
Por otro lado, y en alusión al pleno de 1981, que aprobó el cambio de sentido de la cruz, la demanda defiende que no se cumplió el acuerdo de colocar una placa significando el cambio y que el pleno no tiene capacidad para cambiar el significado del elemento.
«A corporación municipal non ten capacidade para modificar un símbolo público sen intervención de outras administracións… senón que o único que legalmente se pode facer con ese tipo de simboloxía e retirala, como ordea a Lei 52/2007 no seu art. 15», en alusión a la Ley de la Memoria Histórica.
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/vigo/2013/10/27/derribo-cruz-castro-llega-juzgados/0003_201310V27C4993.htm