Ante
la afirmación de ministro de Justicia de que el robo de bebés ha
prescrito, la asociación contesta que se trata de un crimen de lesa
humanidad y según el derecho internacional es imprescriptible.
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| Manifestación de asociaciones de bebés robados.- EFE |
PÚBLICO.ES Madrid 13/06/2012
El
ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha respondido a la
pregunta al diputado del PNV Emilio Olabarría en la sesión de control al
Gobierno en el Congreso que el caso del robo de bebés durante la
dictadura de Franco y hasta finales de los años 80 ya ha prescrito y no
puede investigarse.
Ante
esta afirmación, la Asociación para la Recuperación de la Memoria
Histórica (ARMH) ha manifestado que Gallardón “parece ignorar que el
robo sistemático de bebés se considera por el Derecho Penal
Internacional un crimen de lesa humanidad, como recoge la Convención
Internacional para la Protección de todas las Personas contra la
Desaparición Forzada, ratificada por el gobierno español en septiembre
de 2009″.
Según
establece la ley en el artículo 25 “los Estados Partes (España lo es)
tomarán medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente: a) La
apropiación de niños sometidos a desaparición forzada”. De este modo, la
desaparición sistemática de personas es un delito de lesa humanidad y
eso le proporciona al crimen, por considerarlo de extrema gravedad,
un estatus de imprescriptibilidad. Por esta razón, según denuncia la
asociación, el Estado tiene la obligación de perseguir penalmente esos
crímenes porque para el Derecho Penal se continúan cometiendo cada día
que pasa.
Ante
las afirmaciones del titular de Justicia, la Asociación ha anunciado que
le va a enviar a él personalmente una copia de la convención contra la
desaparición forzada de Naciones Unida, además de ofrecerle asesoramiento por parte de juristas que han trabajado en la aplicación de la legalización internacional contra la desaparición forzada.
A su
juicio, con la negativa de modificar la prescripción de este delito, el
Gobierno “está intentando trasladar al ámbito administrativo las
consecuencias de un crimen que requiere una actuación penal”. Así, ha
considerado que la reunión que mantuvieron el pasado mes de abril los
ministros de Justicia, Interior y Sanidad con las asociaciones de
afectados por el robo de bebés supuso una “sobreactuación del
Ejecutivo”, pero “con el objetivo de apartar el caso de los Juzgados”.
Por
eso, la Asociación asegura que “en el gobierno existe una clara
intención de‘desjudicializar’ este grave crimen cometido contra miles de
familias y llevarlo al terreno administrativo.”
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