Si la pobreza del argumentario de la derecha española se intenta siempre paliar con los archiconocidos comodines de "Venezuela" y "ETA", en el caso de la Memoria Histórica el primero es sustituido por el discurso de la falsa equidistancia.
En la discusión de las enmiendas al proyecto de ley de Memoria Democrática por la Comisión del Congreso del 5 de julio asistimos de nuevo al discurso demagógico de los tres partidos de la derecha (no civilizada) española en su afán de tumbar un nuevo intento de reconocer los derechos a las víctimas del franquismo y condenar un régimen genocida, recurriendo a las más falaces argumentaciones mientras que los partidos nacionalistas, los de centro y los de izquierda apoyaban la propuesta del gobierno de coalición y mientras Esquerra Republicana se abstenía en la votación en un intento de forzar con ello a la continuidad de las negociaciones para conseguir que se incluyan en la futura ley las reivindicaciones de las asociaciones memorialistas de las que se ha hecho eco.
Delante de las pantallas, ante el visionado de la retransmisión del debate no podíamos dejar de recordar las palabras de Araceli Ruiz -niña de la guerra- cuando en su encuentro con el alumnado de los IES de Cartagena, la jovial anciana, hoy fallecida, en su relato de las vicisitudes corridas a lo largo de su vida comentó: "Cuando me enteré que había muerto Stalin, lloré. Cuando me enteré de las cosas que Stalin había hecho, lloré por haber llorado".
Y no podemos menos que tratar de imaginar, sin conseguirlo, a un anciano franquista repitiendo "Cuando Franco murió, lloré. Cuando me enteré de las cosas que Franco había hecho, lloré por haber llorado".
Porque ni los franquistas ni sus herederos reconocerán nunca los errores ni, sobre todo, los HORRORES del franquismo. Los antiguos camisas viejas, del mismo modo que los demócratas de nuevo cuño, con o sin yugo y flechas, con o sin gaviota, con o sin camiseta naranja, no quieren ni pueden ni tienen intención de reconocer que hay dos tipos de víctimas: las de primera y las de segunda, las que vieron -por ley- reconocidos sus derechos como tales y las que continúan sin verlos reconocidos; no reconocerán jamás que el franquismo fue un régimen criminal, un régimen genocida y los suyos, crímenes de lesa humanidad... y continuarán negando la mayor, destilando odio y rencor, acusándonos de querer reabrir unas heridas que jamás llegaron a cerrarse. Así lo pudimos ver en el debate, un debate en que han utilizado toda la artillería de su demagogia y su falsedad, en su oposición que, si bien no recoge todas nuestras aspiraciones, es para ellos, por el contrario, lo suficientemente peligrosa porque dejaría parte de la impunidad de la dictadura al descubierto.
Las asociaciones memorialistas reconocemos, por supuesto, el avance que esta ley en trámite supone respecto a la de 2007 de Rodríguez Zapatero, pero denunciamos que se trata de una ley insuficiente que no contempla la anulación de la ley de Amnistia del 77 ¿Dónde está, en esta nueva norma, reflejada la responsabilidad penal de quienes fueron responsables de los crímenes de la época de la dictadura ¿Dónde está el reconocimiento legal y el resarcimiento patrimonial de las víctimas?
Reconocemos que esta ley supone un avance respecto a la anterior: se establecen unos plazos para el cumplimiento de la obligación de retirar los vestigios franquistas; plantea la elaboración de un mapa de fosas y la creación de un banco de ADN de familiares de víctimas, introduce la enseñanza de la Memoria Histórica, y gracias al PDCAT se ha incluido y aprobado la enmienda transaccional que al capítulo en que se repudia y condena el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura añade que se declara ilegal el régimen surgido de la contienda, enmienda que se traduce en la ilegalización del franquismo por la que tanto clamamos... pero en tanto en cuanto continúe sin anular la Ley de Amnistía no estaremos satisfechas, puesto que los criminales continuarán sin ser juzgados, por lo que se está negando a las víctimas el derecho a la debida reparación, el derecho a la Justicia... Esperemos que las negociaciones durante las casi dos semanas que restan para el debate en el Pleno del Congreso sirvan para que nuestras demandas sean, por fin, recogidas por nuestros representantes y sean capaces de legislar con sentido común, justicia y equidad.
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