domingo, 30 de noviembre de 2014

Muerte en Sevilla, Ciudad de Desmemoria

El patrimonio disfrutado por la Casa de Alba es inseparable del auxilio prestado a la sublevación franquista y a la posterior dictadura


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El General golpista Queipo de Llano
Bartolomé Clavero. El Diario.es, 25/11/2014
Solo una lamentable desmemoria ciudadana explica que episodios como el sepelio de la Duquesa, o ciertos festejos y celebraciones, conciten adulación pública, sin asomo siquiera de censura por parte de la oposición de izquierdas
El problema último sigue radicando, para España toda, en la desmemoria histórica, tan profunda que hace que las apologías retrospectivas del terrorismo franquista pasen desapercibidas
Un 20 de noviembre se provocó la expiración del dictador Francisco Franco, desenchufándosele los aparatos que le mantenían artificialmente con vida vegetativa. Se hizo tal día porque en la misma fecha, en un 20-N de treinta y nueve años atrás, había sido fusilado, por una torpísima decisión republicana, José Antonio Primo de Rivera, el líder del fascismo de la historia europea más fracasado en las urnas y más victorioso por la sangrienta ruptura de las mismas. Otro 20-N, este último, se desconecta en Sevilla a Cayetana Fitz-James Stuart, ciudadana igualmente española. Se ignora de quienes ha sido la ocurrencia macabra de hacer coincidir de nuevo la fecha de fallecimiento.
La muerte parece que ha estado bien escenificada. Por encargo de la familia, fue el alcalde de Sevilla, perteneciente al Partido Popular, el juez de profesión Juan Ignacio Zoido, quien diera la noticia a la ciudadanía sevillana convocándola al Salón Colón, antes Salón de los Borbones, del Ayuntamiento de la Ciudad, salón que la corporación municipal ofrecía, como su mejor espacio, junto a toda la parafernalia municipal, para que se le rindiesen los debidos honores al féretro de la duquesa antes de trasladarlo a la Catedral para oficios presididos por un cardenal y una infanta. También se ignoran las razones de esta deuda ciudadana. Y son en cambio conocidos unos deméritos, bien que acallados por virtud de la desmemoria histórica. La interfecta fue notoriamente titular de no sé cuantas grandezas y noblezas y de un inmenso patrimonio urbano, rural y financiero, como hija y heredera del Duque de Alba, quien a su vez fuera, no menos notoriamente, financiador y embajador del golpe de Estado del verano del 36 y de las subsiguientes guerra y dictadura. Ahí radica la verdadera deuda, júzguese si merecedora de honores ciudadanos. La familia Alba actual es árbol de esa raíz.
Se vengaba de la Republica el Duque de Alba por haber aquella tenido la osadía de cuestionar la legitimidad de patrimonios como el suyo desde el punto de vista tanto histórico como social. Históricamente, la forma como en la España del siglo XIX se habían efectuado la abolición de los señoríos, la desvinculación nobiliaria, la liberalización mercantil y financiera, y las desamortizaciones municipal y eclesiástica no sólo salvó literalmente de la quiebra a dinastías como la de Alba, sino que potenció su capacidad económica, en particular de cara a un campesinado despojado por dichos procesos. Socialmente, la consecuencia mayor fue, en especial para Andalucía y Extremadura, la degradación del campesinado hasta extremos de miseria con la consiguiente supeditación y abaratamiento, casi servidumbre, del trabajo rural.
Todo ello, también la historia, se tuvo bien en cuenta por la República para poner justamente en cuestión la legitimidad de unos grandes patrimonios. Había comenzado la Constitución misma, la republicana, aboliendo la nobleza en aplicación estricta del principio de no-discriminación. El precio de la recuperación de aquellos patrimonios fue la dictadura; el premio a su apoyo, privilegio social y sinecuras financieras, de las que Alba sacó buen provecho. Añádase algo. No hay a estas alturas signo alguno de conciencia, ya no digo de arrepentimiento, ni de disposición a la reparación por parte de la familia Alba. Jesús Aguirre, el segundo marido de Cayetana, intelectual de profesión, ayudó al blindaje del patrimonio, no a la toma de conciencia.
Por internet pueden revisarse los programas especiales de radios y televisiones, también de las públicas, del último 20-N, así como las abundantes páginas de prensa del día siguiente. El tópico más repetido es el de la popularidad de Cayetana por causa de su llaneza, esto es, por no tomarse en serio ni las cosas serias y así vivir la vida ligera, no diré que loca, con sus espaldas bien cubiertas. Hasta un exvicepresidente del gobierno, socialista para más señas, se ha deshecho en el elogio de Cayetana la llana y del patrimonio de la casa de Alba. Duquesa de los toreros, también se le dice reiteradamente, como mérito a sumar. Entre tanta frivolidad y banalización como campea, es difícil encontrar durante estos últimos años en España un personaje público no improvisado tan frívolo y banal como el de la susodicha duquesa. Agréguese a esto el agravante de la responsabilidad social de ser titular de un patrimonio saturado de sangre española no tan remota para la memoria histórica de signo demócrata.
Regresemos a Sevilla. Últimamente he tenido bastantes motivos para avergonzarme de ser ciudadano sevillano. Sin ir más lejos, hace un par de meses, en setiembre, el barrio donde resido, el Porvenir, fue tomado por la Cofradía de Jesús de la Victoria y Virgen de la Paz para la celebración de su 75 aniversario. Háganse las cuentas. La fundación, formalizada canónicamente en 1939, había sido iniciativa de Gonzalo Queipo de Llano, el general más sanguinario de los sanguinarios generales del golpe contra la República encabezado por Francisco Franco y Emilio Mola. Victoria de Jesús es la franquista y Paz de la Virgen, otro tanto. Tampoco hay visos de conciencia en esta efeméride cofrade.
El Ayuntamiento se puso al servicio de la Cofradía del Porvenir para la ocupación de las calles con retirada de vehículos y otras acciones policiales, esto es, con empleo de personal y medios pagados por la ciudadanía durante varios días. Entre setiembre y noviembre hay más motivos para la vergüenza. El distrito municipal del barrio lo adornó el 12 de octubre con banderitas rojigualdas portando la leyenda de Día de la Hispanidad, una advocación de fondo racista y uso franquista que no es oficial para la fiesta española y que ha sido incluso abandonada desde 1992, por vergüenza ciudadana ante la presencia indígena, por los Estados latinoamericanos que también habían venido utilizándola.
¿No hay fiscal que mire a las recurrentes prevaricaciones y malversaciones de un alcalde por poner personal, bienes y vías del municipio a disposición gratuita de intereses particulares, pues los eclesiásticos también los son? Desde luego que los casos de la duquesa y la virgen franquistas no son los únicos. Pero no es cuestión de personalizar ni de judicializar. No personalicemos porque no se han escuchado críticas relevantes a las referidas actuaciones del alcalde sevillano por parte de la oposición de izquierdas con representación en el municipio. Priva la idea de que Sevilla tiene un color especial y de que el duende taurino y el azahar cofradiero arrastran localmente muchos votos. No quiero remontarme a la trayectoria de alcaldes socialistas con respecto a la Iglesia Católica en general y a la Semana Santa en particular, la semana en la que las cofradías toman la ciudad poco menos que entera con todos los medios municipales a su disposición y sin hacerse cargo ni de un ápice del costo del servicio.
Sevilla por lo demás ya cuenta, desde hace cerca de cuatro años, con una estatua de Cayetana erigida en uno de sus más céntricos jardines, lo que no se debe a la actual corporación. El mayor insulto a la inteligencia demócrata lo ha protagonizado un exalcalde socialista de Sevilla elogiando a la duquesa fallecida por “machadiana” para añadir que fue además “felipista”. Así que no personalicemos ni partidicemos. Tampoco judicialicemos. Bastante carga tiene la justicia en España y bastante mal la atiende. El problema es político y no tiene solución judicial. Tampoco digo que prevariquemos, la ciudadanía y la fiscalía, guardándonos de denunciar delitos al fin y al cabo flagrantes.
Digo sólo que, en casos de actuaciones netamente políticas contrarias a derecho sin derramamiento de sangre ni otro daño grave, la vía judicial no es que sea inútil, pues alguna utilidad política reporta, sino que resulta contraproducente, sea en Andalucía o en Cataluña. En Sevilla, en una ciudad que sufre de hiperactividad judicial y fiscal políticamente además sesgada, el problema más inmediato estriba en cosas como, por ejemplo, la connivencia o la incapacidad de la oposición municipal antes que en el silencio de la fiscalía o que en el sesgo de la justicia.
El reciente 20-N también acusa que el problema último sigue radicando, para España toda, en la desmemoria histórica con su batallón de corifeos comenzando por unos políticos irresponsables que se han deshecho en elogios de la duquesa Cayetana y del patrimonio de Alba. Ante esta apología retrospectiva del terrorismo franquista, no vale la justicia, sino la política. Y son la política y la justicia las que debieran esclarecer aquel terror. Ante la prevaricación de no hacerlo, otras prevaricaciones palidecen.

sábado, 29 de noviembre de 2014

El rey Juan Carlos condecoró a 56 represores de la dictadura argentina

España fue el país que más condecoraciones oficiales otorgó al salvaje régimen de Videla. Entregadas en los años más duros de la represión, siguen vigentes incluso para los condenados por crímenes de lesa humanidad. Otros, como el propio Videla y el almirante Massera, mantuvieron esas distinciones españolas hasta su muerte, pese a haber sido despojados de todo rango militar por el Estado argentino

DANILO ALBIN Bilbao 30/11/2014

El dictador argentino Videla y el rey Juan Carlos

El dictador argentino Videla y el rey Juan Carlos


A sus 86 años, el exgeneral argentino Reynaldo Bignone no se arrepiente de nada. Poco parece importarle que vaya a pasar el resto de su vida en prisión, o que su nombre ya sea sinónimo de fusilamientos y robos de bebés. A pesar de todo, su rostro aún conserva la misma frialdad que en los años 70, cuando participaba activamente en la sangrienta dictadura.
En algún cajón de su casa, este decrépito anciano aún guarda un documento muy especial, firmado nada más y nada menos que por el rey Juan Carlos: en diciembre de 1976, el monarca le otorgó la "Gran Cruz del Mérito Naval con Distintivo Blanco". Una distinción que hoy, mientras el premiado acumula condenas por horrendos crímenes, continúa vigente.
Según ha podido confirmar Público, entre el 24 de marzo de 1976 —día en el que Jorge Rafael Videla y sus hombres perpetraron el golpe de Estado— hasta el 10 de diciembre de 1983 —fecha signada por el retorno a la democracia— el Estado español otorgó la friolera de 56 condecoraciones a integrantes de la dictadura argentina. Cuarenta y tres de ellos eran militares con diversos grados de responsabilidad en la represión. Del mismo modo, otros 13 civiles —en su mayoría miembros del cuerpo diplomático de Videla— recibieron distinciones con membrete español.
Estas escandalosas cifras convierten a España en el país que más condecoraciones entregó al sangriento régimen argentino. Ninguna de ellas ha sido revocada, por lo que todos sus titulares aún siguen ostentándolas. Los que ya fallecieron, como el propio Videla o el almirante Emilio Eduardo Massera, mantuvieron estos títulos en sus respectivos currículos hasta el último día de vida. A pesar de haber sido despojados de todo rango militar por el Estado argentino, en sus legajos personales seguían vigentes las condecoraciones otorgadas por Madrid.
El exgeneral Videla y otros siete miembros de la represión fueron condecorados en noviembre de 1978, poco antes de que Juan Carlos I iniciara su polémica visita oficial a la Argentina de los vuelos de la muerte. En el caso del dictador, fue el propio rey quien le entregó en mano el Collar de la Orden de Isabel la Católica, una distinción que pone de manifiesto"aquellos comportamientos extraordinarios de carácter civil, realizados por personas españolas y extranjeras, que redunden en beneficio de la Nación o que contribuyan, de modo relevante, a favorecer las relaciones de amistad y cooperación de la Nación Española con el resto de la Comunidad Internacional".
Documento sobre la distinción otorgada a Videla por el rey Juan Carlos al que ha tenido acceso 'Público'
Un par de meses antes, Juan Carlos I ya había otorgado a Videla la "Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con Distintivo Blanco", en atención a sus "méritos y circunstancias". Así consta en el decreto firmado entonces por el monarca y por el entonces ministro de Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado. Los nombres de ambos también están al pie de la distinción otorgada al almirante Massera el 19 de octubre de 1977. Veinticuatro horas después, el represor inició un viaje oficial a España, donde "mantuvo entrevistas con las más altas autoridades de este país que favorecieron una mayor compenetración con la gestión de gobierno de la Junta Militar Argentina", reseñaba un informe de la embajada en Madrid.
El rey y Gutiérrez Mellado firmaron las distinciones concedidas a Videla y a Massera 
De acuerdo a este documento, Massera "mantuvo contactos con el rey Juan Carlos I, el presidente del Gobierno Adolfo Suárez González, el viceministro de Gobierno y ministro para la Defensa, Manuel Gutiérrez Mellado, el canciller Marcelino Oreja Aguirre, el presidente de las Cortes Españolas Antonio Hernández Gil y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Ángel Escudero del Corral". En su paso por La Zarzuela, el jefe de la Armada argentina obsequiaría al rey una reproducción de un barco.

Golpistas en La Zarzuela

Muy pocos días después, el rey volvería a abrir las puertas de su despacho a los miembros de la Fragata Libertad, el buque-escuela argentino que había anclado en el puerto de Vigo. Al frente de la misión estaba el Capitán de Navío Lorenzo de Montmollín, exjefe de Inteligencia Naval. Tras desplazarse a Madrid en aviones del ejército español, la delegación fue amablemente atendida por Juan Carlos I en la mañana del 3 de noviembre de 1977. Ese mismo día, el monarca otorgó a Montmollín la "Orden al Mérito Naval de Primera Clase". Según consta en un informe elaborado por los diplomáticos argentinos, el resto de los marinos también fueron condecorados.
Ese mismo mes de noviembre, España recibió la visita oficial de una delegación de la Escuela de Aviación Militar argentina, al frente de la cual se encontraba otro titular de una distinción española: el brigadier Orlando Capellini, poseedor de la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico desde hacía ya varios meses. A la hora de conceder el título, ni el rey ni el entonces ministro del Aire, Carlos Franco Iribarnegaray, tuvieron en cuenta que Capellini había estado al frente de un intento de golpe de Estado previo al de Videla, en diciembre de 1975. Este amante de las dictaduras falleció en 2011, con su condecoración española tan vigente como en los años de uniforme.
Documento del viaje a España de la delegación de la Escuela de Aviación Militar argentina al que ha tenido acceso 'Público'

"Made in Spain"

La nómina de argentinos distinguidos por sus "méritos" incluye también a otros destacados jefes de la represión, como el vicealmirante Armando Lambruschini —titular de la Gran Cruz del Mérito Naval con Distintivo Blanco— o Roberto Eduardo Viola, sustituto de Videla en la Presidencia del salvaje régimen. En su caso concreto, el rey y el ministro Gutiérrez Mellado le hicieron merecedor de la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar. El decreto fue firmado por ambos el 28 de septiembre de 1979. Para entonces, las Fuerzas Armadas argentinas ya habían matado a miles de compatriotas.
Asimismo, uno de los represores más activos de la represión en la norteña provincia de Tucumán, Juan Carlos Medrano, actuó durante toda la dictadura con una distinción made in Spain: el 5 de abril de 1976, apenas 11 días después de producido el golpe de Estado, España le hizo llegar la Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco de Primera Clase. Hoy está en el banquillo de los acusados, respondiendo por varios casos de secuestros, desapariciones y asesinatos.
La concesión de las medallas no siempre era publicada en el Boletín Oficial del Estado
En idéntica situación se encuentra el vicealmiranteEduardo René Fracassi, poseedor de la Gran Cruz del Mérito Naval desde noviembre de 1978. En la actualidad, su nombre figura en la carátula de un expediente judicial: "Fracassi, Eduardo René y otros por privación ilegal de la libertad agravada, reiterada, aplicación de tormentos reiterada, homicidio agravado reiterado a Aguilar, Guillermo Aníbal y otros" puede leerse en una causa que se tramita ahora mismo en Argentina.
Además de personajes tan siniestros como Fracassi, Medrano o Massera, el listado de condecorados por el rey Juan Carlos abarca a miembros civiles de la dictadura, como el funcionario Julio César Carasales, encargado de defender los intereses del régimen en la OEA, o distintos integrantes de la embajada argentina en España, como Juan Bautista Vilarullo, Omar Ricardo del Azar Suaya o Francisco Villamil. Curiosamente, sus distinciones —al igual que en los casos de varios militares— no siempre aparecen en la base de datos del Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque sí fueron religiosamente publicadas en el Diario Oficial del régimen argentino. Ni aquí ni allí —ni antes ni ahora— hubo ninguna corrección. Lo escrito, escrito está.

viernes, 28 de noviembre de 2014

El Ayuntamiento de Vitoria pide la extradición a Argentina del exministro franquista Martín Villa


Todos los grupos municipales menos el PP aprueban una moción pidiendo la extradición de los "responsables" de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en los que murieron cinco trabajadores durante el desalojo de la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga.
Exministro Rodolfo Martín Villa.


nuevatribuna.es | 24 Noviembre 2014 - 
El Ayuntamiento de Vitoria ha pedido al Gobierno central que acceda a las órdenes de detención preventiva y posterior extradición a Argentina para la toma de declaración indagatoria dictada por la jueza María Servini, de las 19 personas imputadas vivas por crímenes cometidos durante la dictadura franquista, entre los que se encuentra el exministro Rodolfo Martín Villa.
Todos los grupos municipales han aprobado esta moción firmada por PNV, PSE-EE y EH Bildu, salvo el PP, formación que gobierna en el Consistorio y que se ha abstenido.
La magistrada ordenó a principios de mes la detención preventiva de los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, además de otros 18 acusados en la causa en la que investiga crímenes y desapariciones ocurridas durante el franquismo.

En este sentido, el Ayuntamiento de la capital alavesa ha pedido la extradición de los "responsables" de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en los que murieron cinco trabajadores por disparos de la Policía y resultaron heridos un centenar, durante el desalojo de la iglesia de San Francisco del barrio de Zaramaga (Vitoria) en la que estaban celebrando una asamblea de trabajadores.
Entre estos "responsables" identifica al entonces ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, el vicepresidente del Gobierno español, Alfonso Osorio, y el excapitán de la Policía Armada, Jesús Quintana. Además, reprueba "todas aquellas declaraciones que justifiquen y avalen la actuación criminal" cometida el 3 de marzo de 1976 en Vitoria.
La moción se aprueba unas semanas después de las declaraciones realizadas por el secretario de Justicia, Derechos y Libertades del PP, Iñaki Oyarzabal, en una revista en las que afirmaba que la magistrada argentina María Servini busca "convertir en un juicio sumarísimo" los sucesos del 3 de marzo de 1976, cuando, en su opinión, se trata de un "exceso en una carga policial" en el que los policías utilizaron armas de fuego "para defenderse en un momento en que se vieron acorralados por la multitud".
http://agenciabarreiroforever.blogspot.com.es/

Huelga de hambre del líder de la Asociación de Memoria Histórica de Ronda

Crece la tensión entre los familiares de las víctimas de la Guerra Civil en Ronda y la Junta de Andalucía. Tras formular una serie de alegaciones a la Dirección General de la Memoria Democrática para paralizar el inicio unilateral por parte de ésta de la exhumación de la fosa común sin contar con la opinión de las familias, Francisco Pimentel, presidente de la Asociación de Memoria Histórica y Justicia de Ronda, ha iniciado una huelga de hambre que pretende llevar hasta sus últimas consecuencias. ¿Las razones? Exige “que no se haga ningún trabajo de exhumaciones en nuestras fosas comunes mientras no se elabore un plan completo previo entre la administración y los familiares”.

Pimentel en el Cementerio de San Lorenzo

andaluces.es / MARÍA SERRANO / 23-11-2014
“No dejaré que venga los de la Junta a privatizar la Memoria Histórica y a echar a los familiares de estos procesos. Es muy injusto”, argumenta indignado Pimentel, nombre de referencia durante las últimas décadas en el movimiento memorialista de Ronda, en cuyo cementerio yacen en una fosa común los restos de entre 1.700 y 3.000 represaliados.
Desde el pasado 14 de noviembre Pimentel ha improvisado en el cementerio de Ronda una pérgola a la que ha añadido lonas protectoras para amortiguar las bajas temperaturas de noviembre. “Llego cada día  a las siete de la mañana y hasta las doce de la noche no me voy”. Pimentel cumplirá la semana que viene 70 años y ya siente “cómo las piernas le flaquean” ante la falta de alimento por la huelga de hambre. A pesar de la complicada situación sonríe y aclara a este periódico, que no va “a parar la huelga hasta que la Junta y el equipo de la Memoria, liderado por Luis Naranjo, den una respuesta a lo que estamos pidiendo”.
LOS ARGUMENTOS DE LOS FAMILIARES
El pasado 5 de noviembre, Pimentel recibió respuesta por parte de las Dirección General a las alegaciones presentadas a finales del mes de octubre. Entre los argumentos alegados destacaban que los familiares son los únicos que “representan legalmente a las víctimas  de la Guerra Civil enterradas en fosas comunes” y apelaban en su defensa al grupo sobre desapariciones forzadas de la ONU, que viene solicitando que se “ayude a los familiares a encontrar, exhumar y dignificar a los que fueron desaparecidos por las autoridades franquistas”.
Pimentel ha destacado que “la Junta solo ha dicho con buenas palabras que no llevamos razón y que van a continuar con el proceso”. Además, el Ayuntamiento de Ronda ya ha dado el permiso para el inicio de la exhumación, tras la publicación oficial en el BOJA. Luis Naranjo afirmó el pasado 14 de noviembre que “se iniciarán las excavaciones en menos de quince días”.
El portavoz de las familias no se resigna ante la posición “injusta” de la Junta. “El día que comencé con esta huelga, vino Naranjo con todos sus acólitos de la Junta para declarar el cementerio de San Lorenzo como lugar de la memoria”. Pimentel se pregunta:  “¿Por qué los familiares no fueron avisados? Parece que solo quieran dar el discursito político y largarse”.
En medio de aquella escena, el grupo de la Junta pasó por delante de la pérgola de Pimentel sin emitir palabra. “Solo fue al final del discurso cuando Naranjo se dirigió a mí para preguntarme si me podía saludar”, aclara.
DIÁLOGO BLOQUEADO
Juan Ignacio Arenas, asesor de Naranjo, acudió personalmente en la mañana de ayer hasta el camposanto de San Lorenzo para aclarar con Pimentel los argumentos de la Administración andaluza. “Yo les he pedido mantener una reunión con la Junta, la asociación, el ayuntamiento y los arqueólogos para sentar unas bases de actuación, pero no quieren ceder”. Pimentel afirma que la posición de Arenas es que “la Junta quiere tener el proceso en sus manos, cumpliendo con la nueva ley de memoria histórica y el protocolo de exhumaciones que se aprobará próximamente en el Parlamento”.
Cansados por esta situación, los familiares de Ronda visitan a diario a Pimentel para inyectarle fuerza y apoyo. “Ante esta imposición no me ha quedado más remedio que hacer lo que estoy haciendo para llamar la atención de la sociedad”.
17.000 EUROS ES INSUFICIENTE
La fosa de Ronda podría tener, según fuentes documentales, unas 1.700 víctimas de la represión franquista, aunque hay testimonios que elevan la cifra hasta las 3.000. Los 17.000 euros de subvención aprobados por la Junta de Andalucía para la exhumación de la fosa número 1, donde se encuentra el padre y el abuelo de Pimentel, podría albergar alrededor 110 personas. “Con ese presupuesto y las dificultades técnicas de la fosa, tendrían para sacar solo 40 cadáveres y con el resto ¿qué hacemos? No queremos que jueguen con los nuestros ni que abran fosas de forma chapucera”.
La solidaridad de los vecinos de Ronda hace que Pimentel pase con menos dificultad el mal trago. “Los del cementerio me han dado hasta una estufa eléctrica y vienen a verme de otros pueblos, de los sindicatos, mujeres,  jóvenes. Noto que la gente está con nosotros y tenemos que ganar esta lucha”.

El ayuntamiento de a Coruña tendrá que explicar en el juzgado por qué mantiene calles franquistas

ADMITEN A TRÁMITE EL RECURSO DE LA COMISIÓN POR LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS MUNICIPALES Y DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA, QUE OBLIGA A LA RETIRADA DE LA SIMBOLOGÍA DE LA DICTADURA QUE TODAVÍA PERVIVE EN UNA VEINTENA DE CALLES DE LA CIUDAD.
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Calle dedicada a la División Azul en A Coruña

MIGUEL PARDO – 19/11/2014
El juzgado de lo contencioso-administrativo número 4 de A Coruña acaba de admitir a trámite el recurso interpuesto por la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica (CRMH) contra el Ayuntamiento de la ciudad por el incumplimiento de los acuerdos municipales del propio gobierno local para la retirada de más de treinta símbolos franquistas aún presentes en la urbe, así como por incumplir también con esta dejadez la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en 2007, y que exige la retirada de todo tipo de simbología franquista por parte de las administraciones.
Con esta admisión a trámite, el Ayuntamiento tendrá ahora que aportar toda la documentación que tenga sobre ese presunto –pero evidente– incumplimiento del acuerdo plenario y de la legislación, tras el silencio que se le dio por contestación a la CRMH de A Coruña tras varios requerimientos. “Ante la falta de respuesta, hubo que recurrir al juzgado para que el gobierno local cumpla la ley y sus propios acuerdos”, recordó Pablo No Couto, abogado eldel colectivo, que recuerda que un caso similar ocurrió en Vigo cuando, ante lo descuido de la administración local, la justicia obligó a la retirada de la cruz franquista de O Castro tras la denuncia de otra organización por la recuperación de la memoria.
Fue en septiembre de 2009, hace más de cinco años, cuando el pleno municipal aprobó un acuerdo por el que se obligaba a la eliminación de 52 símbolos franquistas de la ciudad, entre ellos el nombre de 23 calles, además de 4 placas en grupos de viviendas, 21 distinciones honoríficas y otros 4 monumentos. Los votos a favor de PSOE y BNG y la abstención del PP hicieron posible dicho acuerdo, del que poco se ha sabido desde entonces, más allá de la colocación simbólica de nuevas placas que debían sustituir a las anteriores –como el caso de la avenida de Oza en lugar de General Sanjurjo– y que acabaron por ser retiradas para mantener la denominación anterior. El Ayuntamiento había incluso llegado a licitar por más de 70.000 euros los trabajos de retirada de la simbología franquista y a publicitar unos bosquejos sobre la futura imagen de las nuevas placas.
“Se llegó a contratar a una empresa, pero nada se hizo; no sabemos lo que pasó”, confirma Pablo No, que afirma que el Ayuntamiento deberá ahora aclarar en qué situación se encuentra este acuerdo para la retirada de la simbología franquista, claramente incumplido si reparamos en la cantidad de calles dedicadas a importantes figuras franquistas que se mantienen en A Coruña. Quedan más de veinte denominaciones en el callejero (Viaducto del Generalísimo, plaza General Mola, calle Teniente Coronel Teijeiro, Cabo Santiago Gómez, División Azul, Alférez Provisional o Avenida de los Caídos, entre outras), así como placas conmemorativas en algún grupo de casas o un bajorrelieve en la sede del Ayuntamiento que recuerda la visita a la ciudad de Franco en 1939. Nada de eso, que se había acordado retirar en aquel pleno municipal durante el gobierno presidido por el socialista Javier Losada, fue suprimido. Con la llegada del popular Carlos Negreira a la alcaldía, cualquier intención de cumplir con la ley y con el acuerdo fue paralizada.
Así, la CRMH recordó que en A Coruña “el incumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica es total” y considera que “es difícil encontrar” un lugar donde se obvie tanto como en esta ciudad la normativa. “La compensación a la que aludía el ex alcalde Francisco Vázquez, que recordaba la cantidad de calles dedicadas a víctimas de la dictadura o republicanos ilustres, no sirve; la ley debe retirar la simbología franquista”, destacó Fernando Souto, presidente de la Comisión.
Ahora, y después del silencio de más de un año que el Ayuntamiento dio por respuesta a la CRMH, solo queda esperar por una sentencia que debería estar lista antes del próximo verano. Será entonces cuando la justicia determine el incumplimiento o no de la ley y de sus propios acuerdos por parte del gobierno local de A Coruña y cuando, presuntamente, constante la evidencia del mantenimiento de calles y simbología franquista en la ciudad, una situación criticada por la ONU a través de su ponente en su última visita a España. En aquel momento, las Naciones Unidas habían advertido de que en los edificios de la Administración central del Estado había sido retirado el 86% de la simbología. En A Coruña, y excepto alguna excepción puntual como el caso de la estatua de Millán Astray, nada se ha hecho aún por acabar con ella.
El mantenimiento de callejero franquista, mayor cuantitavimante en A Coruña, se repite en muchas otras villas y ciudades gallegas. Ayer mismo, el BNG exigió la retirada de los 13 símbolos franquistas aún existentes en Vigo. La campañaFascismo Nunca Máis identificó una docena de elementos ilegales en Vigo, Baiona y Nigrán y la formación denunció el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. En otra otras villas y urbes del país también se mantiene simbología de la dictadura.

Navarra: Exigen al arzobispo que “deje de hacer apología del franquismo” en los Caídos

La coordinadora Amapola del Camino organiza una protesta al paso de la procesión de San Saturnino


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La Coordinadora Navarra de Pueblos por la Memoria Amapola del Camino
Noticias de Navarra, 27 noviembre 2014
“UN ULTRAJE A QUIENES PADECIERON EL 36″
OLA CABASÉS / OSKAR MONTERO – Jueves, 27 de Noviembre de 2014
PAMPLONA – La Coordinadora Navarra de Pueblos por la Memoria Amapola del Camino presentó ayer la continuación de la campaña iniciada el pasado abril y que persigue que desde el arzobispado “se deje de dar cobertura a unas prácticas, totalmente rechazables desde cualquier punto de vista mínimamente democrático” y tome medidas “para eliminar la insultante apología del franquismo que, mensualmente, se realiza en la cripta del denominado Monumento a los Caídos”, explicó Karlos Otxoa.

Argentina verá el caso del obrero obligado a beber ácido en una casa cuartel en 1973

La denuncia se presenta este jueves en presencia del hermano de la víctima


Cartell Cipriano portable
Cipriano Ciscar
Público, 27 noviembre 2014

La denuncia se presenta este jueves en presencia del hermano de la víctima, Antonio, que denuncia el olvido sistemático al que condenan los políticos españoles a las víctimas del franquismo
PATRICIA CAMPELO Madrid 27/11/2014
Ha pasado toda una vida tratando de esquivar la censura para que la historia de su hermano Cipriano, un obrero antifranquista torturado hasta la muerte en la casa cuartel de Reus, Tarragona, en 1973 fuera pública. Incluso uno de los cauces que trató de abrir fue en el programa radiofónico Encarna de Noche (1978-1983) de Radio Miramar. “Llamé tres o cuatro veces y cuando les decían quién era y lo que quería contar me colgaban el teléfono”, revela Antonio Martos, de 73 años.
“La prensa y las autoridades civiles lo sabían, pero hacían como si no se enteraran”, lamenta. Ahora agradece el interés sobre el caso de su hermano, que ha sido investigado de forma exhaustiva e incluido en la querella contra el franquismo que sigue su curso en Argentina y cuyo último paso ha sido la petición de 20 órdenes de detención contra altos cargos de la dictadura.
Cipriano Martos, natural de Loja, Granada, tenía 28 años y trabajaba como encofrador cuando fue detenido por la Guardia Civil el 25 de agosto de 1973. Fue trasladado a la casa cuartel de la localidad para ser interrogado por una acción de reparto de propaganda con mensajes contra la dictadura. Le sometieron a torturas, pero no delató al resto de compañeros y el segundo día de reclusión en la casa cuartel fue obligado a ingerir el conocido como ‘cóctel de la verdad': un líquido definido en algunos documentos de la investigación como “cáustico ácido” y “ácido corrosivo”.
El veneno le abrasó por dentro y fue trasladado al hospital del municipio, ingresado en la sala de beneficencia y atendido por diferentes médicos. Según la investigación que acompaña a la querella, dos días después del ingreso, y a pesar de sus dificultades para comunicarse, el juez le tomó declaración. Cipriano falleció a las dos semanas, el 17 de septiembre, y el certificado de defunción que se aporta en la querella alude a una “hemorragia interna”.
En todo ese tiempo, su madre y su hermano, que se habían trasladado desde Granada, no pudieron ver a Cipriano. “Llamaron a mi familia diciendo que estaba muy malo, y mi madre y mi hermano vinieron a Reus. Recuerdo hablar con mi madre por teléfono y ella decirme que no fuera al hospital porque ya estaba todo hecho, que ellos no habían podido hacer nada y que yo tampoco lo iba a hacer”, relata Antonio a Público con la voz entrecortada. “Se tuvieron que volver a Granada sin saber qué había pasado”, lamenta. La madre de Antonio y Cipriano suplicó llorando a la Guardia Civil que la dejaran pasar a ver a su hijo. “Se arrastraba como podía escalera arriba, a gatas, y la tiraban de un puntapiés para abajo”, detalla Antonio, que residía entonces en Sabadell. “Ella murió con toda la pena del mundo por no haberse hecho justicia”, deplora.
Para mayor escarnio de la familia, el cuerpo de Cipriano fue enterrado en beneficencia, arrojado a la fosa común del cementerio de Reus sin la presencia de sus seres queridos y en total secretismo. “Fue una manera de silenciar su caso. La forma en que se les negó ver a Cipriano fue cruel y violenta, con el fin de intimidarlos y asustarlos para que no removieran el asunto”, apunta María José Durero, la investigadora que ha ayudado a Antonio ha documentar los hechos para ponerlos en conocimiento de Ana Messuti, una de las abogadas que trabaja de forma desinteresa en la querella argentina. Sólo los periódicos franceses ‘Le Monde’, ‘Libération’ y el italiano ‘Il Manifesto’ se hicieron eco de los hechos.
Cipriano, republicano de ideas, había militado en los sindicatos Comisiones Obreras y Oposición Sindical Obrera así como en el PCE (marxista-leninista) y en el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), todo ello como consecuencia de la precariedad y opresión que había visto de cerca trabajando de jornalero en Morón de la Frontera (Sevilla), en las minas de Teruel y en las fábricas textiles de Sabadell y Terrassa (Barcelona).
Su cuerpo sigue en el cementerio de Reus, donde sus compañeros de militancia del PCE le erigieron una losa de mármol en 1979. El pasado abril, militantes de varias asociaciones de memoria histórica de Catalunya colocaron sobre la losa unas baldosas con los colores de la bandera republicana y una fotografía de Cipriano. “Lo hicimos en nombre de Joan Aguirrezábal [recientemente fallecido] para Cipriano y así honrar la memoria de los dos, que fueron compañeros de militancia”, aclara Durero. Asimismo, colocaron una placa con las palabras “verdad, justicia, reparación”.
En busca del nombre de los guardias civiles
La denuncia del caso de Cipriano Martos, que se presenta al público este jueves, viaja para Argentina acompañada de la partida de defunción y de parte del expediente judicial incoado en Reus e incluido en la causa seguida por el Tribunal de Orden Público, “por propaganda subversiva”, a los compañeros de Cipriano. “Estos documentos custodiados por el Archivo del Centro Documental de la Memoria Histórica, de Salamanca, vienen con los datos disociados, es decir, con todos los nombres y apellidos suprimidos, como es habitual en este tipo de documentación”, explica Durero.
El nombre de los guardias que intervinieron en el asesinato de Cipriano, en cambio, deberá resolverse en el marco de la investigación judicial que instruye la jueza argentina María Servini. “Él fue detenido por miembros del cuerpo de la Guardia Civil y llevado a las dependencias del cuartel de Reus de las que salió para ingresar en el hospital. Aunque tenemos identificados a algunos de los números que intervinieron en la operación en la que se le detuvo, al no poder acceder a cierta documentación no podemos acusar a ninguno de ellos como responsables directos de lo que le sucedió a Cipriano”, aclara la investigadora y miembro de la Red Catalana y Balear de Apoyo a la Querella Argentina. “El proceso judicial abierto en Buenos Aires tendrá que solicitar la documentación que a nosotros nos deniegan en cumplimiento de la legislación vigente”, subraya.
Antonio, por su parte, que continúa viviendo en Sabadell, asegura no tener “muchas esperanzas” tras ver el rechazo del Gobierno de Mariano Rajoy a cumplir con las órdenes de detención solicitadas por la justicia argentina. “Siguen en sus trece de no desmontar la fortaleza que tienen, pero les diría que si esto les hubiera pasado a alguno de ellos, todo sería diferente”, reclama. “Esto es algo que no se puede olvidar, y se lo digo hasta al político más ‘duro de mollera’, si le hubiera pasado a él no lo olvidaría”, remacha Antonio y, al mismo tiempo, asegura tener claro que en caso de lograr alguna solución para las víctimas “llegará desde fuera”.

Los esclavos españoles de Mauthausen

Republicanos que huyeron de la venganza franquista tras la derrota en la Guerra Civil acabaron en el campo de exterminio nazi como mano de obra


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Republicanos en Mathausen

 El Correo.es, 24 noviembre 2014
ANJE RIBERA |
Civiles y combatientes republicanos que huyeron de la venganza franquista tras su derrota en la Guerra Civil acabaron en el campo de exterminio nazi como mano de obra. Muy pocos lograron dar testimonio de aquellos cinco años de penurias. La pasada semana fallecía el toledano Esteban Pérez Pérez, era el decano de los supervivientes
Fue un transitar entre infiernos. Huyeron de los franquistas una vez caída la República. En Francia, su destino, vivieron el desprecio de quienes les acogieron y, finalmente, acabaron en campos de exterminio cuando el ejército nazi se hizo dueño de toda Europa. Así lo narraba hasta la pasada semana Esteban Pérez Pérez, el decano de los supervivientes de aquel trágico acontecer. El castellanomanchego, que participó en la construcción de la famosa línea de defensa Maginot, falleció a los 103 años. Nunca regresó a su pueblo natal de Portillo de Toledo.
Esteban y otros miles como él fueron coleccionistas de desgracias. Parecía que lo peor ya había pasado, pero cuando habían sobrevivido a una guerra civil que perdieron y habiendo logrado atravesar la frontera para huir de la venganza del franquismo volvieron a verse inmersos en otra contienda. Sin embargo, esta vez no había dónde escapar y cayeron presos. Su cautiverio tenía un nombre aterrador, aunque por entonces casi nadie conocía su verdadero significado de horror, muerte y exterminio. Mathausen fue su destino.
Esta terrible aventura la protagonizó un grupo de republicanos que se exiliaron al norte de los Pirineos. Concretamente en el municipio de Angoulême, en la región de Charente. Allí fueron mal recibidos, al ser considerados unos rojos indeseables, pero no tuvieron tiempo para solventar su falta de sintonía con los locales porque la zona pronto fue ocupada por los alemanes y circunscrita a la autoridad del Gobierno colaboracionista de Vichy, después de que el territorio galo quedara dividido en dos.
Sólo unos meses después de llegar a lo que parecía un lugar pacífico, las autoridades nazis decidieron trasladar a los españoles a Mauthausen. La locura comenzó el 6 de agosto de 1940, cuando partió el primer contingente. Pero todavía el número de trasladados era escaso. Hubo que esperar dos semanas más para que comenzaran a funcionar los convoyes ferroviarios con destino al sangriento stalag donde posteriormente se exterminó a miles de judíos. “Un buen día cercaron el campamento de Les Alliers, donde estábamos acogidos, y nos metieron en un tren”, confesaba uno de los supervivientes hace unos años.
ueron 927 civiles republicanos -hombres, mujeres y niños- quienes inauguraron aquella red de deportaciones hacia la muerte a bordo del primer tren que llevaba familias enteras hacia los campos de concentración en vagones de carga. En un principio pensaban que eran trasladados a la zona no ocupada o temían que les entregaran a Franco. Pronto salieron de su error al comprobar, por la escasa información que obtenían de los nombres de las estaciones que superaban, que las vías les encaminaban hacia el norte. Cuatro días de traqueteo, sin apenas agua ni comida, les llevaron al pueblo de Mauthausen, en Austria.
Aunque todavía su fama de centro de aniquilación no se conocía, los españoles chocaron con la realidad y allí pronto se creció su tragedia, cuando los soldados germanos obligaron a apearse a los varones mayores de 13 años, incluidos ancianos y niños, separándoles a la fuerza de sus esposas, hijas, hermanas o madres. Las féminas iniciaron de inmediato un recorrido de vuelta y, tras dieciocho jornadas de penuria, fueron conducidas a la estación de Hendaya y a la España franquista, donde les esperaban persecución y cárcel tras ser recibidas a los gritos de “rojas” y “asesinas”. Su viaje hacia la locura había concluido.
Sólo por las chimeneas
Los hombres quedaron recluidos en Mauthausen. Eran 430 y su futuro se tiñó de negro ya desde el primer día, cuando pudieron comprobar que a los gritos, a los empujones, a los perros, se unió el discurso del director del campo, Frank Ziereis, quien les anunció que la única salida posible de aquel purgatorio era por las chimeneas de los crematorios.
A los españoles se les aplicó de inmediato el decreto Nacht und nebel (noche y niebla), un eufemismo inspirado en una ópera de Wagner que venía a significar que ninguno debería salir vivo de allí. Al recinto todavía no habían llegado ni los judíos ni los comunistas y la locura exterminadora se descargó contra los republicanos.
Les desnudaron, les ducharon, les raparon las cabezas y les obligaron a vestirse con uniformes a rayas adornados con una estrella azul que les identificaba como apátridas y una S que marcaba su procedencia (Spanien). Su destino era la cantera que existía en las cercanías y de donde se extraía el material de bloques de granito con el que se construían las instalaciones. Se convirtieron en esclavos, como otros casi siete mil compatriotas que arribaron más tarde procedentes de otras zonas de la Francia ocupada. A los que contaban con más de 40 años se les consideraba viejos y poco a poco se los encaminaba hacia la muerte. Los minusválidos eran eliminados de forma inmediata.
El trabajo inhumano que les obligaron a realizar era la forma de exterminio más efectiva, sobre todo en la terrible ‘escalera de la muerte’, los 186 peldaños que una y otra vez tenían que subir cada día, descalzos y cargados con los pesados bloques de piedra. Si una de las piezas se desprendía, caía sobre la hilera humana, matando a todo aquel al que golpeaba. Además, a muchos, cuando llegaban arriba, les esperaba el ‘salto del paracaídas’, alegoría de una caída libre de 180 metros producida por el empujón que los SS les propinaban por pura diversión. “Primero consumías todas tus fuerzas y entonces, simplemente, eras eliminado”, describió un superviviente.
El malagueño José Marfil fue quien inauguró la lista de los exiliados españoles caídos en Mathausen. Murió el 26 de agosto y los nazis permitieron que sus compañeros guardaran un minuto de silencio en su memoria y se oficiara un funeral con honores militares. Nunca más se autorizó este tipo de homenajes.
Durante el siguiente invierno la mortalidad fue altísima. Fallecieron la mayoría de los que llegaron en el convoy de los 927, víctimas de las durísimas condiciones de vida y de las SS, que les obligaban a formar durante largas horas a la intemperie lloviera o nevara, sin ropa de abrigo ni calzado. Después venían las torturas, las inyecciones de benzina en el corazón, los fusilamientos a los sones de la orquesta, prisioneros convertidos en alimentos de los perros y los hornos crematorios, además de la alambrada electrificada con 5.000 voltios sobre las que se lanzaban los que ya no podían resistir más.
Diseminados por Europa
En total, alrededor de 5.000 republicanos murieron en el campo de concentración austriaco, entre ellos 409 (el 90%) de los que llegaron en el tren procedente de Angoulême. A ellos se unieron otros exiliados que en Francia se alistaron para luchar contra Hitler. De nuevo apostaron por el bando equivocado. Fueron unos 13.000 soldados españoles los que combatieron bajo la bandera tricolor. Lucharon contra el nazismo en territorio galo y asimismo sucumbieron ante la superioridad militar del enemigo, para finalmente ser abandonados también por los aliados, sobre todo por los británicos en su huida desde Dunquerque. Tampoco el ejército de París quiso reconocerlos como miembros de sus fuerzas regulares.
El Gobierno del Tercer Reich hasta en cuatro ocasiones se puso en contacto con la dictadura franquista, que tampoco quiso saber de ellos. Serrano Suñer, cuñado de nuestro dictador y a la vez ministro de Exteriores, nunca se dignó a contestar oficialmente y se limitó a asegurar a los nazis que no eran españoles. “Hagan con ellos lo que quieran porque la nueva patria no les considera españoles”. Por tanto, cuando el 5 de mayo de 1945 fue liberado Mauthausen por los estadounidenses, los pocos que sobrevivieron de entre los civiles del convoy de los 927 y los combatientes republicanos no pudieron volver a España o lo hicieron en secreto. La mayoría quedaron diseminados por Europa, como apátridas, sin que nadie les reconociera.
Un documental confeccionado por la televisión autonómica catalana TV3 -la mayoría de las víctimas eran catalanes- relata de forma excepcional la historia de los primeros republicanos llegados a Mathausen. Debido a su calidad y a su nivel de documentación resulta una obra imprescindible para conocer aquellos avatares.

viernes, 21 de noviembre de 2014

Buscan en terrenos de la Vasco restos de represaliados fusilados en el año 1937

Las labores se centran en la línea de baldes, utilizada para trasladar a las víctimas.

Una excavadora realiza la búsqueda de restos ante la atenta mirada del equipo de la ARMH. - planillo

Diario de León / BARRIO PLANILLO / 18-11-2014
Varios miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), realizaron durante la jornada de ayer la búsqueda de los restos de varios hombres fusilados en la localidad gordonesa a finales de octubre del año 1937. Durante casi siete horas una máquina excavadora realizó distintas catas en el paraje próximo al colegio Maristas Santa Bárbara, con la atenta mirada de un equipo de la ARMH, que están convencidos de que «en esta zona, y según la información recibida de familiares y vecinos de Santa Lucía, existen restos de varios hombres fusilados en el año 37».
El equipo de investigación tiene como referencia la llamada línea de baldes, desde la que se transportaba el carbón de la mina hasta un cargadero, y que aprovechándola por entonces en el año 37 también transportaban los cuerpos de los fusilados que regresaban del frente. El presidente de la ARMH, Marco González, apuntó que «aunque esta línea de baldes desapareció en los años 80 deja un rastro de polvo negro, por lo que puede haber todavía esperanzas que durante la jornada de mañana aparezcan restos de las personas asesinadas, ya que además familiares y vecinos de la localidad de Santa Lucía han insistido en que en esta zona hay posibles represaliados, por lo que hemos decidido continuar las labores», señaló.
Diez años de estudio
Esta actuación de investigación viene de un largo proceso de más de diez años recopilando datos, y precisamente la biznieta de uno de los fusilados, minero de profesión y que fuera alcalde pedáneo de Santa Lucía durante la República, aseguró que «lo único que queremos es poder sacar los restos y juntarlos con los de mi bisabuela para olvidarnos de este asunto que llevamos arrastrando toda una vida para que se haga público el reconocimiento de que lo mataron y para que podamos tener un certificado de defunción que se nos ha negado hasta ahora». En este sentido, reconoce que «no sabemos lo que nos vamos a encontrar, ya que existen rumores de que hay muchos hombres más, en esta zona». Eutiquio Ugidos y Blas Llanos son dos de las personas cuyos restos se intentarán localizar con mas certeza, y también otro compañero según las indicaciones que se han apuntado, en el campo de actuación que son terrenos de empresa minera de La Vasco.

El día que los comunistas salvaron el tesoro de los Alba

Dieciocho bombas incendiarias cayeron el 17 de noviembre de 1936 sobre Liri
Los lienzos, embalados, se guardaban en el cuarto más seguro del palacio
Dada la identidad de su propietario, nunca se pensó que fuera un objetivo

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Milicianos evitaron que el fuego destrozara las obras de arte
El Mundo.es, 02/11/2009 21 noviembre 2014
José María Rondón | Sevilla
Un miliciano, con el fusil al hombro, mira detenidamente uno de los lienzos expuestos en el claustro del Colegio del Patriarca de Valencia. En él, una joven vestida con mantos de ricos brocados de oro, Artemisa, mira hacia lo alto implorando la piedad de los dioses, al mismo tiempo que un paje vierte las cenizas de su esposo Mausolo en la copa que sostiene su mano derecha. Las manos de ambos hablan por sí solas del dramático desenlace. Los guerreros y los nobles acusan la consternación del hecho.
La fotografía en cuestión ilustra el folleto editado por el Ministerio de Instrucción Pública con motivo de la exposición de las obras de arte del Palacio de Liria en Valencia, capital de la España republicana. Junto a imágenes que contraponían el estado ruinoso de la residencia madrileña del duque de Alba a las obras cuidadosamente expuestas, se podían leer textos muy elocuentes: «Exposición de obras de arte salvadas de la barbarie fascista por el Partido Comunista, y entregadas por éste al Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes».
Las bombas taladraron el tejado y el fuego consumió el inmueble
«La barbarie fascista destruye el tesoro artístico nacional incendiado en Liria» o «Las milicias del 5º Regimiento rescatan de las llamas las mejores obras de arte de este célebre Museo y el Ministerio de Instrucción Pública expone ante el mundo civilizado el testimonio vivo de la cultura salvada por el pueblo antifascista» son los otros lemas que aparecen en el folleto de la exposición que se celebró del 26 al 28 de diciembre de 1936, y cuyo éxito obligó a prorrogarla en enero de 1937.
Este episodio ?un capítulo más de la epopeya vivida por el patrimonio artístico español durante la Guerra Civil, pero significativo y de gran repercusión por el número y calidad de las obras propiedad de la Casa de Alba? aparece ampliamente descrito en ?La historia recuperada. Vicisitudes del Palacio de Liria durante la Guerra Civil española?, estudio realizado con motivo de la exposición Colección Casa de Alba por Valme Muñoz, comisaria junto a Ignacio Hermoso de la muestra que acoge estos días el Bellas Artes de Sevilla.
Así, en el citado estudio, se apunta cómo sólo unos días después de la rebelión militar contra el Gobierno de la República, «el Palacio de Liria fue incautado por las milicias del Partido Comunista, que lo mantuvieron abierto al público conservando sus colecciones tal como las encontraron».
Interior del Palacio de Liria en 1937. | IPCEInterior del Palacio de Liria en 1937. | IPCE
Pese a los bombardeos sobre Madrid, se decidió que la colección permaneciera en el Palacio de Liria, entre otras razones porque, dada la identidad del propietario, se creía que el bando sublevado nunca atentaría contra el inmueble. «Se extremaron las medidas de seguridad, hasta el punto que no se permitía fumar en el interior del edificio y las pinturas se salvaguardaron con pasamanos para evitar los posibles daños ocasionados por los visitantes», explica Valme Muñoz.
Interior del Palacio de Liria en 2006. | Q. F.Interior del Palacio de Liria en 2006. | Q. F.
Desde agosto del 36 se organizaron las visitas de grupos de milicianos dos veces por semana, y las charlas de prestigiosos conferenciantes, como Rafael Alberti o Teresa León, convirtieron al Palacio de Liria en uno de los centros culturales más activos del Madrid de la contienda. Sin embargo, toda esta actividad fue interrumpida cuando, contra todo pronóstico, el 17 de noviembre el palacio era devastado por 18 bombas incendiarias.
‘Obras salvadas de la barbarie fascista por el Partido Comunista’, rezaba un lema
Variados testimonios dan cuenta de los daños del bombardeo. Una persona del servicio de la Casa de Alba llamada Remigio hace en unas notas manuscritas un breve relato de los hechos. Él cuenta cómo a las cuatro de la tarde del 17 de noviembre de 1936 la servidumbre se apresuró junto a los milicianos en llegar a las cubiertas para sofocar las llamas, pero fue insuficiente, pues las bombas incendiarias habían taladrado el zinc del tejado y el fuego se había adueñado de toda la armadura de madera.
Los milicianos decidieron entonces intentar salvar cuanto se pudiese. Los cuadros, embalados ante la eventualidad de un bombardeo, se guardaban en un cuarto seguro ?el del teléfono, en concreto?. Se descolgaron las cortinas, los tapices y, junto a las alfombras, se sacó todo al jardín. Allí se trasladaron también los muebles, los libros, las porcelanas y la plata. Posteriormente, todo se llevó a dos céntricos edificios madrileños ?en las calles Serrano y Antonio Maura?, ocupados por el Partido Comunista.
Los cuadros se expusieron en Valencia, luego viajaron a Cataluña y recalaron en Ginebra
Ya por entonces, con el Gobierno republicano instalado en Valencia ante el avance de las tropas nacionales, se decidió el traslado del tesoro artístico nacional -unas 18.000 piezas, incluidas las del Museo del Prado y, lógicamente, las de la Casa de Alba- a la capital levantina.
De allí viajarían a Cataluña para, posteriormente, recalar en la Sociedad de Naciones en Ginebra hasta su retorno a Madrid casi tres años después en uno de los episodios más apasionantes de la historia reciente de España. La odisea del tesoro nacional en la Guerra Civil ha centrado algunas importantes exposiciones como Arte Protegido (Museo del Prado, 2003) y Biblioteca en guerra (Biblioteca Nacional, 2006).
Placa conmemorativa de la reconstrucción.Placa conmemorativa de la reconstrucción.
Durante los casi tres años de este azaroso viaje, el restaurador Manuel Arpe Retamino acompañó las obras y escribió luego un diario con fecha 1 de agosto de 1949, que resulta de gran interés para conocer los detalles de lo sucedido. Arpe relata el gran éxito de la exposición del tesoro de la Casa de Alba en Valencia.
Finalmente, los lienzos se expondrían en Ginebra antes de su retorno a Madrid, donde quedaron inicialmente bajo la custodia del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional, creado por decreto por el primer gobierno de Franco en 1938.
El duque de Alba, Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó, tardaría algunos años en reagrupar toda la colección, a través de diversas entregas entre el verano de 1939 y los meses finales de 1944. Él moriría tres años antes de que concluyeran las obras de construcción del renovado Palacio de Liria, inaugurado en junio de 1956.