martes, 30 de septiembre de 2014

El “ensordecedor olvido” de los marinos republicanos exiliados

Victoria Fernández Díaz es autora del libro “El exilio de los marinos republicanos”


eximarep
 El Diario.es, 28/09/2014
Laura Murillo Rubio   – Bilbao
Victoria Fernández Díaz, autora del libro “El exilio de los marinos republicanos”, y la fundación Juan de los Toyos recuperan la memoria histórica de muchos hombres que se sumaron a la flota republicana a través de la figura del vizcaíno Ángel Landa, que vivió 36 años en el exilio.
La autora sigue la pista a más de 8000 marinos españoles a los que ha tratado poner nombre, apellido y rostro a través de sus investigaciones.
“Estas personas no vivieron en la infamia como decían los falangistas, sino que defendieron unos valores y un gobierno legítimo, que era lo que ellos repetían continuamente. Hoy, seguramente, si hubieran nacido en otro país tendrían calles con sus nombres”, dice Fernández Díaz.
España aún vive en deuda con su pasado. Aun queda mucho trabajo por recuperar la memoria histórica de las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y los exiliados que se vieron obligados a huir de su país. Se trata de una labor exhaustiva y minuciosa, que muchas veces ha topado con el obstáculo de las propias instituciones, pero que encuentra en los hijos y nietos de aquellos a los que un día no les quedó más remedio que huir el homenaje por la defensa de los valores de libertad y justicia que propugnaron sus padres y abuelos. En ese trabajo de recuperación de la memoria, la Fundación Juan de los Toyos, que preside el secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, ha homenajeado en Bilbao a los marinos republicanos exiliados a través de la figura del ugetista vizcaíno Ángel Landa, fallecido recientemente a los 98 años. En el acto tuvo lugar también la presentación del libro “El exilio de los marinos republicanos”, escrito por Victoria Fernández Díaz, catedrática e hija de exiliados, que con su empeño e investigaciones ha rescatado “no sólo una parte olvidada de nuestra historia, sino el drama humano en que se vieron envueltos ellos y sus familias”, señalaba Raúl Arza sobre un exilio que ya ha cumplido 75 años.
Tras haber sido artillero en la flota republicana en el Mediterráneo durante la Guerra Civil, Ángel Landa tardó 36 años en regresar a su Balmaseda natal. Como él un centenar de marineros vascos embarcaron en los buques en defensa de la República. Ángel lo hizo el 5 de marzo de 1939 en el Tramontana, un buque singular que contaba también con muchos vascos en su tripulación y que arribó a Orán en la costa de Argelia con el propósito de cargar carbón y seguir ruta hacia América. Sin embargo, esos planes fueron supeditados a los 8 años que Ángel y sus compañeros pasaron en África sobreviviendo a los campos de concentración. Con los años, escribió unas memorias en las que dejaba a su familia el testimonio de todo lo ocurrido. “Gracias a él hoy conocemos su historia y las historias de otros muchos jóvenes de su generación, luchadores por la libertad y la democracia, que no figuran por desgracia en los libros de historia pero que tienen nombre y apellido”, decía Arza. Se llamaban Pastor Azkue de Getaria, Juan Arteta, Félix Arranz de Sestao, Francisco Irureta de Erandio, Benito Peciña, Aurelio Otero y Alejandro Lekuona de Bilbao, Juan Pedro Sagarmendi de Mutriku, Fernando América de Amorebieta, los hermanos Zubillaga de Durango y otros muchos sobre los que no se disponen datos.
Encerrados en vagones para animales
Victoria Fernández Díaz sigue la pista a más de 8000 marinos españoles que fueron sometidos a un “largo y ensordecedor olvido”. “La palabra exilio durante un tiempo ni se nombraba en España, en los Ayuntamientos había listas de ausentes, pero ni siquiera se decía exiliados. Era como un intento por borrarlos totalmente”, indicaba la catedrática en la presentación de su libro. “El exilio no se agota en el alejamiento físico de la patria, el exilio sigue como una herida interna que se prolonga en los hijos y en los nietos”, señalaba sobre sus labores de investigación. En los inicios de la derrota republicana, cuando las tropas franquistas entraron en Cataluña empezó lo que se llamó la retirada y medio millón de personas pasaron a Francia. Entre ellos, “los marinos republicanos de la subsecretaría de marina y los que estaban adscritos a la flotilla de vigilancia y defensa submarina de Cataluña, en la que había muchos vascos”, cuenta Fernández Díaz. En Francia abrieron numerosos campos de concentración, entre ellos, se encontraron el campo de Angelés Sur Mer. “Sobre ese lugar he tenido acceso a testimonios que revelan que lo único que había era el mar, la arena de la playa y las alambradas. Decía uno de ellos que, estando en febrero, lo único que veía y sentía era la escarcha por las noches. Quien tenía una manta se hacía un agujero y se tapaba con ella, y el que no, con el agujero y nada más”, cuenta la autora. De allí, el grueso de la flota marchó a Bizerta en Túnez, “encerrados en vagones para animales, donde les dieron una lata de sardinas y un pan para cientos y cientos de kilómetros”.
Fueron muchos los marinos que recalaron en Bizerta donde los metieron en compañías de trabajo. “En sus fotografías aparecen con un simple calzón y detrás de la fotografía escribían con mucho humor: ‘traje barato’. Estaban en tiendas de campaña que no tenían suelo y, cuando llovía, el agua pasaba como un río por las tiendas y ahí tenían que dormir”, explica. Tras su paso al campo de Bou Arfa, Ángel relata en sus memorias que ya “dejan de ser humanos”. “Los desgraciados franceses nos transformaron como animales”, escribe sobre los trabajos que realizaron en el desierto con 50 grados durante el día y 0 grados por la noche. De allí pasaron a Khenchela, donde tenían agua, pero se trataba de aguas estancadas a través de la cuales contrajeron paludismo. En este periplo infrahumano a Ángel lo transportaron hasta las minas de Kenadsa, donde según relató, sus compañeros trabajaban en huecos de 80 centímetros, mientras él ejercía de cocinero.
“En las fotografías, ellos siempre procuraban ir lo mejor vestidos que podían porque tenían ese pundonor de conservar su dignidad y aparecer sonrientes para mandarlas a sus familias”, explica Fernández Díaz. “No solamente vivieron en esas condiciones infrahumanas, sino que sufrieron castigos que nos pareces increíbles. Los garrotazos eran lo normal, les dejaban al sol durante 24 horas sin apenas agua, cavaban zanjas de dos metros de profundidad donde les metían encarcelados. Los presos también eran atados a la silla de un caballo y arrastrados. Estaba el llamado ‘baile’ que consistía en una rueda con un macuto llena de arena y piedras que portaban hasta que al militar de turno le pareciera suficiente. Algunos dicen que estuvieron hasta 20 días de castigo”, cuenta la catedrática sobre los campos en el norte de África que estuvieron basados en los modelos de campos de concentración nazis.
Los que consiguieron escapar, como Ángel, que huyó en un barco mercante hasta México, rehicieron sus vidas lejos de España. Él se fue con 25 y no volvió a pisar su tierra hasta 36 años después. “David Gasca, un oficial republicano que murió en el exilio, todos los días junto a su firma ponía los días de exilio. Los contaba día a día”, señala la autora. “Es necesario rescatar del olvido a estos hombres que vieron en la República la llegada de una sociedad más justa y más igualitaria. Estas personas no vivieron en la infamia como decían los falangistas, sino que defendieron unos valores y un gobierno legítimo, que era lo que ellos repetían continuamente. Hoy, seguramente, si hubieran nacido en otro país tendrían calles con sus nombres”, recrimina Fernández Díaz, quien recordaba que “de la misma manera que cuando hoy uno pierde la memoria ya no somos nadie, también necesitamos la memoria de los que nos precedieron porque hay que saber de dónde venimos para seguir luchando por los mismos valores de justicia social, igualdad, cultura y dignidad que ellos defendieron”.

viernes, 19 de septiembre de 2014

Una investigación rescata del olvido la humillación sufrida por las mujeres

“No habrá memoria histórica si no hacemos una verdadera investigación de la represión sufrida por las mujeres desde su condición de género. La historia no solo la marcan los fusilamientos y la cárcel” Las catedráticas Cándida Martínez y Lola Ramos ha realizado una investigación única sobre la represión específica sufrida por las mujeres en Andalucía durante la guerra y el franquismo. Su trabajo es uno de los capítulos del libro que va a editar próximamente la Fundación Alfonso Perales ‘La Memoria de Todos’ y ha sido escrito con un visión de género que expone con crudeza el tipo específico de violencia física y psicológica sufrida por las mujeres.

Mujeres rapadas durante la Guerra Civil.

andaluces.es / MARÍA SERRANO / 16-09-2014
La invisibilidad del sufrimiento de las mujeres impregna incluso los propios estudios sobre la memoria histórica. Si se toman, por ejemplo, como referencia los datos difundidos sobre el número de mujeres fusiladas en Andalucía, la horquilla resulta demasiado amplia: entre un 2 y 5%, que incluiría a las torturadas o encarceladas durante la Guerra Civil en la comunidad. Cándida Martínez, catedrática de  Historia Antigua de la Universidad de Granada, apunta que “aún habría que depurar muchos los datos porque no hay muchas investigaciones hechas como para conocer perfectamente todos los detalles”.
La publicación de este estudio destapa una violencia específica, para muchos desconocida, que permitía al régimen de Franco y a sus artífices “degradar su dignidad como mujeres” con graves ejemplos de violencia. Muchos de estos métodos tenían como objetivo “purificarlas”, atacar su feminidad y utilizar su cuerpo para deshonrar y castigar al enemigo varón. Entre las acciones más habituales: violaciones, tocamientos, purgantes, los paseos con pelo rapado, colocación de moños rojos con la cabeza rapada al cero, abusos sexuales, etc…  “La intención de esta represión era muy distinta a la de los hombres, las humilla y las degrada de mayor manera. Y eso es una tortura específica que forma parte de esa memoria que no se recoge”
Las mujeres de aquella etapa que venían del “bando rojo” eran calificadas en los múltiples informes de “mujeres caídas o desafectas al régimen”. Podían ser esposas de fusilados, haber sido activistas políticas o estar señaladas por tener algún miembro de la familia en la cárcel. Eran juzgadas como peligrosas activistas y en algunas ocasiones fueron juzgadas por la militancia de sus familiares. Llevaban el peso del control social que ejercía el régimen sobre su género, unido a una responsabilidad “transferida” por los familiares que tenían huidos. Solo por este motivo podían recluirlas largos años en la cárcel, en graves condiciones de higiene y salud.
Informes psiquiátricos de médicos militares, como el de Vallejo Nájera, que luego tenían muchas veces su culminación en sentencias de los tribunales militares de la época,certificaban que las activistas republicanas “eran mujeres sin freno, mujeres fieras, y por ello había que controlarlas para impedir un comportamiento inadecuado e impropio de mujeres de bien”, apunta Cándida.
“NATURAL SIMPLEZA DE LAS MUJERES”
Otra de las distinciones significativas en cuanto a género que hacía el régimen se reflejaba en los distintos tipos de sentencias. En algunos fallos judiciales, el régimen se inclinaba por un “cierto paternalismo”, tratando la actitud reivindicativa como “natural simpleza de las mujeres”,  ya que no las llegaba a considerar ni siquiera ciudadanas o seres humanos completos. Martínez explica que en estos casos “se trataba de una mujer a la que se le perdonaba las acciones cometidas”. Sin embargo, en otras muchas ocasiones se concedió a muchas mujeres “un tratamiento penal severo”, con duras penas de cárcel y reclusión, tal y como señala el estudio. Además, su condición de mujeres políticas era tratada con mayor dureza por parte del régimen ya que este tipo de actividades no entraban “dentro de las funciones naturales femeninas”, establecidas por la Sección Femenina.
Martínez señala  que “por esa única condición de mujeres, su trato en la cárcel podía llegar a ser mucho más severo”. En medio de condiciones infrahumanas, el estudio destaca un aspecto clave para conocer la memoria de aquellas mujeres y sus vivencias: las redes de solidaridad que ellas creaban en esas cárceles. “Es muy bonito conocer de cerca ese aspecto que revela cómo se fueron forjando los mecanismos de supervivencia dentro y fuera de la prisión”, concluye Martínez.

viernes, 12 de septiembre de 2014

La ONU da la razón a Garzón y ve espacio legal para abrir causas contra el franquismo


El relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, critica que España no haya resarcido aún a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura. Y pide  la remoción o "resignificación" de los monumentos franquistas, en especial del Valle de los Caídos.
Pablo de Greiff, relator de Naciones Unidas

EFE/PÚBLICO Ginebra 12/09/2014 

España tiene espacio legal para abrir causas judiciales respecto a violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura, según el relator de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff.
El relator presentó esta semana su informe sobre España ante el Consejo de Derechos Humanos, en el que critica que el Estado no haya resarcido globalmente a las víctimas de la guerra civil y la dictadura.
La respuesta del Gobierno español la proporcionó el miércoles la embajadora de España ante la ONU en Ginebra, Ana María Menéndez, quien puso especial hincapié en señalar que la ley de Amnistía, de 1977, fue votada con un amplio apoyo social y con absoluto consenso político. 
El documento de la ONU sigue la línea defendida por el exmagistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien compareció en noviembre ante este Comité para defender que las desapariciones forzadas durante la guerra civil y el franquismo son "delitos permanentes, que no prescriben". El exjuez de la Audiencia Nacional abrió una causa para investigar los crímenes del franquismo, a pesar de la oposición de la Fiscalía y fue absuelto del delito de prevaricación en este caso.
En una rueda de prensa convocada este viernes, De Greiff asumió que "es cierto que en la sociedad española hubo una movilización muy fuerte en la ley de amnistía", aunque destacó el objetivo primigenio de la misma.
"La ley fue primordialmente concebida para sacar de la cárcel a quienes fueron hechos prisioneros por el régimen. Leyendo las actas de los debates parlamentarios queda claro que la introducción de un artículo que le daba inmunidad legal a los oficiales franquistas fue una discusión tardía", señaló.
Dicho esto, el relator aseguró que "el debate no debería centrarse sobre los detalles históricos de la ley, sino sobre cuáles son las interpretaciones defendibles de esa ley en el momento actual en España".
"Y parte del punto que hago en el informe es que hay interpretaciones posibles que se ajustan a los requisitos del derecho y que permiten al sistema judicial ser accesible a las demandas de justicia de los ciudadanos", afirmó De Greiff.
"Y estas no son ni interpretaciones estrambóticas ni desconocidas, sino que incluso cortes españolas las han aplicado, como queda perfectamente claro en los casos de [Adolfo] Scilingo y [Augusto] Pinochet", explicó.
"[Estos casos fueron] decididos por tribunales españoles, donde aun enfrentando leyes de amnistía como las de Argentina y Chile los jueces encontraron una forma perfectamente razonable y defendible de hacer compatible las vigencias de estas leyes y la posibilidad de iniciar investigaciones judiciales en contra de los acusados", aseveró el relator.
Por otra parte, De Greiff también se refirió a la ley de Memoria Histórica de 2007, esgrimida por Menéndez para defender la política del Gobierno español en lo que se refiere al mandato del relator.
El experto dijo que para evitar debates estériles sobre si se está aplicando o no, y si es efectiva o no, lo que debería hacer el Estado español es redactar un informe sobre su implementación y lo que se ha conseguido desde que está vigente.
Precisamente, uno de los puntos que aborda esta ley es el de los símbolos, aspecto destacado en el informe.
De Greiff considera que "son especialmente dolorosos para las víctimas porque vanaglorian al régimen que violó sus derechos".
Por ello pidió su remoción o "resignificación", especialmente en el caso del Valle de los Caídos.
El relator dijo que hay que mantener el monumento pero contextualizándolo y dándole una explicación pedagógica de cómo fue concebido, construido y lo que significaba.
Asimismo, se mostró a favor de remover los restos del dictador Francisco Franco, enterrados allí.
"El espacio público y monumental tiene que respetar la historia y los derechos de todos", afirmó.
Finalmente, De Greiff respondió a Menéndez respecto al comentario de la embajadora sobre que "la garantía de no repetición" se sustentaba en la consolidación de la democracia española.
"Precisamente porque no existe ningún riesgo de quiebra institucional por parte de las Fuerzas Armadas, es que creo que el Estado tiene muchísima más oportunidad para avanzar en el reconocimiento de los derechos de todos", aseveró.
"La fortaleza de las instituciones democráticas queda mucho más reflejada en la forma en cómo abordan positivamente las peticiones de los ciudadanos que en su capacidad de dejar ciertos temas fuera de la agenda pública", concluyó.
En esta línea, la asociación Jueces para la Democracia ha denunciado este viernes que el Gobierno obstruye e incumple lo establecido en la Ley de Memoria Histórica y ha expresado su apoyo a las víctimas del franquismo, muchas de ellas de avanzada edad y que tienen derecho a una reparación adecuada de su sufrimiento.
Su portavoz, Joaquim Bosch, reclama que se destine dinero público para exhumar e identificar a las víctimas de las desapariciones forzadas durante la guerra civil y el franquismo: "Un Estado democrático no debe tolerar que sigan existiendo decenas miles de víctimas de una dictadura en fosas comunes junto a cunetas".

Jueces para la democracia: "Un estado no debe tolerar fosas con miles de víctimas junto a cunetas"

LA ASOCIACIÓN JUDICIAL PROGRESISTA DENUNCIA EL INCUMPLIMIENTO DE LA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA Y LA ACTITUD OBSTRUCCIONISTA DEL GOBIERNO. RECLAMA QUE SE DESTINE DINERO PARA LA EXHUMACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

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Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia

PÉREZ MADRID 12/09/2014 
El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, ha denunciado este viernes que el Gobierno obstruye e incumple lo establecido en la Ley de Memoria Histórica y ha expresado su apoyo a las víctimas del franquismo, muchas de ellas de avanzada edad y que tienen derecho a una reparación adecuada de su sufrimiento.
Bosch recuerda que Naciones Unidas acaba de declarar que el Estado español “está incumpliendo sus compromisos internacionales y dejando sin protección a las víctimas del franquismo”.
Los informes presentados ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra por parte del grupo de trabajo contra las desapariciones forzadas y por parte del relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición muestran “el manifiesto incumplimiento del Gobierno tanto de la ley interna como de las normas internacionales. Y expresan su preocupación por la indiferencia de las instituciones españolas hacia las víctimas, así como reprochan su falta de voluntad de reparar el daño sufrido por los familiares de los asesinados por el franquismo”, destaca Bosch.
La asociación progresista denuncia en un comunicado la falta de aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, que establece una serie de obligaciones para el Gobierno, “entre las cuales se encuentra el deber de adoptar medidas para la localización e identificación de las más de 114.000 personas que siguen en fosas comunes, lo cual representa una situación inaceptable en una sociedad democrática”.
Además, la ley también establece la obligación de los poderes públicos de financiar las exhumaciones, insiste Bosch quien rechaza el argumento del Gobierno de que no dispone de medios económicos: “ello podría explicar una reducción de las partidas presupuestarias, pero no la absoluta paralización que se ha producido de las actuaciones institucionales. Existe por parte del Gobierno una evidente voluntad de no continuar con las exhumaciones. Y eso es contrario a nuestra legislación y a las obligaciones internacionales de nuestro país”, remacha.
Esa “actitud obstruccionista” del Gobierno está “en la línea de una incomprensible actitud de condescendencia hacia el régimen anterior”.
Jueces para la Democracia recuerda que reparar a las víctimas y permitirles recuperar los restos de sus seres queridos “no supone una apuesta ideológica determinada, sino que representa el funcionamiento más básico de un Estado de Derecho, a través de principios que tienen carácter universal. Sin embargo, seguimos siendo el segundo país del mundo, tras Camboya, con mayor número de víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no han sido recuperados ni identificados”.
Por ello, la asociación judicial expresa su apoyo a las víctimas del franquismo, “muchas de ellas de avanzada edad y que tienen derecho a una reparación adecuada de su sufrimiento.Y reclamamos al Gobierno que no siga haciendo dejación de sus funciones, ni incumpliendo sus deberes legales. Un Estado democrático no debe tolerar que sigan existiendo decenas miles de víctimas de una dictadura en fosas comunes junto a cunetas”.

lunes, 1 de septiembre de 2014

España se encuentra entre los países con más desaparecidos forzados

España se encuentra entre los países del mundo con el mayor número de desapariciones forzadas en el mundo con al menos 114.266 personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista.


nuevatribuna.es / 30-08-2014
España se encuentra entre los países del mundo con el mayor número de desapariciones forzadas en el mundo con al menos 114.266 personas desaparecidas durante la Guerra Civil española y la dictadura franquista, según denuncia Rights International Spain (RIS) con datos del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, RIS ha afirmado que el desconocimiento del número exacto de víctimas de personas hechas desaparecer en esa época "ya evidencia la desidia absoluta de las autoridades españolas en esta materia".

Además, recuerda que estas desapariciones constituyen una violación continuada de varios derechos fundamentales, que se mantiene hasta el momento en que se establecen el destino o paradero de la víctima, como es el caso de "los más de cien mil desaparecidos enterrados en fosas comunes por toda España".
"La impunidad sistemática existente, que es tolerada y promovida por el Estado español, contribuye a prolongar el sufrimiento de sus familiares que, según la definición internacional, son también víctimas de desaparición forzada"
Demandan que "con carácter de urgencia, se incluya el delito de desaparición forzada en el Código Penal, que se establezca la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo"
"La impunidad sistemática existente, que es tolerada y promovida por el Estado español, contribuye a prolongar el sufrimiento de sus familiares que, según la definición internacional, son también víctimas de desaparición forzada", critican en un comunicado.
Por todo ello, Rights International Spain ha lanzado una petición dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,  a la que puede sumarse cualquier persona, solicitándoles que "de una vez por todas, den cumplimiento a las obligaciones internacionales de Derechos Humanos en esta materia, cesando en los comportamientos que ignoran deliberadamente y de forma continuada los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación y adoptando las medidas instadas por la ONU".
En concreto, demandan que "con carácter de urgencia, se incluya el delito de desaparición forzada en el Código Penal, que se establezca la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo, que se investiguen las desapariciones y que los responsables sean enjuiciados, en su caso sancionados, y que se otorgue una reparación integral a todas las víctimas. Todas estas medidas deberían adoptarse con carácter de urgencia", han explicado.