El Partido Demócrata, el Partido Progresista y la Unión
Liberal fueron los tres grupos políticos que protagonizaron la revolución de
1868 que dio fin a la monarquía de Isabel II, y apenas llegado el triunfo de la
Revolución, el primero apostó decididamente por la República Federal como forma
de gobierno para sustituir a la monarquía. De este modo, el partido de Pi y
Margall pasó a denominarse Partido Republicano Democrático Federal y se
presentó a las elecciones que convocó el Gobierno Provisional, obteniendo muy
buenos resultados.
Los republicanos federales criticaron duramente el
proyecto de nueva constitución que no establecía claramente la separación entre
iglesia y Estado y porque consideraban que el poder ejecutivo de un monarca
constitucional no era compatible con el principio de la soberanía nacional expresada
por el sufragio universal y en la fórmula de juramento de la Constitución se
manifestó la división interna del partido en que los 16 diputados del sector intransigente votaron
en contra, expresando que acatarían todo lo que se derivase del sufragio, pero
nada que emanara de la corona, y los principios
republicanos que dieron origen a esta división dieron lugar con los años al
sueño de esa República Federal por la que se escribieron aquellas gloriosas
páginas de nuestra historia nacidas de la insurrección de julio de 1873.
Tras la abdicación de Amadeo de Saboya,
proclamada la República el 11 de febrero de 1873, este primer intento
republicano de nuestra historia fue una experiencia corta, caracterizada por la
inestabilidad, de tal modo que en sus primeros 11 meses de existencia se
sucedieron cuatro presidentes.
Llegado a la presidencia, tras el vacío
de poder creado por la marcha de Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall,
apoyado por los sectores moderado y centrista del partido, pretendía que las
Cortes Constituyentes elaboraran la nueva Constitución Republicana Federal, pero
los republicanos intransigentes no querían esperar y querían instaurarla de
abajo arriba.
La respuesta de los
intransigentes a la política de «orden y progreso» del gobierno de Pi y Margall
fue abandonar las Cortes el 1 de julio, alegando como motivo inmediato un bando
del gobernador civil de Madrid limitando las garantías de los derechos
individuales.
Tras el abandono de las
Cortes, exhortaron a la inmediata y directa formación de cantones, lo que iniciaría la
rebelión cantonal
Tres días después de estallar la
Revolución del Petróleo, de Alcoy, promovida por la AIT, que en los días
posteriores se extendió por las regiones de Valencia, Murcia y Andalucía, tiene
lugar el 12 de julio la insurrección de Cartagena.
Aunque no hubo un centro organizativo de
la rebelión y cada cantón realizó sus propias proclamas, los sublevados «más
allá de las lógicas particularidades locales» perseguían unos mismos fines: «la
sustitución de todo tipo de autoridades gubernativas o jurisdiccionales, la
abolición de impuestos especialmente impopulares (los consumos o el estanco del
tabaco y de la sal), la secularización de las propiedades de la Iglesia, las
reformas sociales favorables a la gran masa de desposeídos que no tenían otro
bien que su fuerza de trabajo, el indulto por delitos políticos, la
desaparición del ejército regular y su sustitución por tropas milicianas o la
creación de juntas y comités de salud pública, como órganos de gobierno de
naturaleza popular».
A las cinco de la
madrugada del 12 de julio, siguiendo las instrucciones de la “Junta
Revolucionaria de Salvación Pública” comenzó la insurrección en Cartagena. La
señal fue un cañonazo desde el castillo de Galeras, al tiempo que un grupo de voluntarios al mando de Cárceles
invadió el ayuntamiento, instalando en los bajos la «Junta Revolucionaria de
Salvación Pública» mientras otros grupos ocupaban las puertas de la muralla de
la ciudad. Al día siguiente llegó a Cartagena el gobernador civil de Murcia Antonio Altadill acompañado del diputado federal murciano Antonio
Gálvez Arce, conocido como Antonete.
Poco después la Junta izó
la bandera roja en el Ayuntamiento y proclamó el Cantón Murciano, nombrando a
continuación a Antonete Gálvez comandante general de las fuerzas del
Ejército, Milicia y Armada. En el Manifiesto que hizo público esa misma tarde
del 12 de julio la «Junta de Salvación Pública», constituida «por la voluntad
de la mayoría del pueblo republicano de esta localidad» justificó la
proclamación del Cantón Murciano como un acto de defensa de la República Federal.
El gobierno centralista consideró la
rebelión cantonal como un movimiento «separatista» por el Gobierno de la
República, pero la rebelión únicamente buscaba reformar la estructura del
estado, sin querer en ningún momento romper la unidad de España.
Para poner en marcha el
Estado Federal, la Junta revolucionaria de Cartagena emprendió entonces un
revolucionario programa de reformas. Se abolió la educación religiosa, al
tiempo que se expropiaban los bienes de la iglesia y el estado para uso del
cantón. A nivel legal, se eliminó la pena de muerte y se permitió el divorcio,
dos medidas largamente esperadas por los sectores más progresistas. En el
ámbito laboral se restableció la jornada laboral de 8 horas. Una bajada de los
impuestos de importación y el fin de los monopolios terminaron de completar el programa radical.
Asimismo se empezó a
publicar un diario, llamado El Cantón Murciano, para publicitar entre el pueblo
las medidas emprendidas por la Junta. La ciudad acuñó también su propia moneda,
con la plata requisada a los ciudadanos más pudientes y la extraída de las minas de La
Unión.
Para poner fin a la insurrección,
Pi y Margall intentó combinar la persualsión con la represión, y fracasada esta
política, su sucesor, Nicolás Salmerón, empleó al ejército, lo mismo que,
después, el moderado Castelar, que tras suspender las sesiones de las Cortes
comenzó el asedio de Cartagena.
Las tropas centralistas se
ensañaron con la ciudad, sobre todo a partir del 25 de noviembre en que fue
bombardeada día tras día. Asediados por el
ejército, los cantonalistas tuvieron que recurrir a la flota para proveerse de
armas y comida mediante el saqueo de pueblos y ciudades.
Los cantonales no se rendían, Castelar se encontró cada vez
más en la cuerda floja, hasta que se vio forzado a dimitir el 3 de enero, y
cuando las Cortes se encontraban ante la elección de su sucesor, se produjo el
golpe de estado del General Pavía.
La República estaba muerta, pero Cartagena continuó
resistiendo hasta que, tras 48 días de bombardeos incesantes, el 12 de enero, el
último bastión republicano, sin ningún otro cantón que le apoyara, hubo de
deponer las armas y las tropas gubernamentales se apoderaron de la ciudad.
Consecuentes con sus principios
hasta el final, los republicanos federales, del mismo modo que sus
descendientes harían en 1939, se mantuvieron heroicamente fieles a sus ideales
y no se rindieron sino hasta que toda resistencia era inútil porque ya se
encontraba totalmente perdida la batalla.
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