150º ANIVERSARIO DE LA PROCLAMACIÓN DE LA PRIMERA REPÚBLICA ESPAÑOLA:

 

“Nadie trae la República, la traen todas las circunstancias…

…Saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra Patria”.

Con estas palabras de Castelar evocamos el momento esperanzador que supuso el umbral al nacimiento de un nuevo régimen el 11 de febrero de 1873.

Era lunes ese 11 de febrero en que el diario “La Correspondencia de España” dio la noticia de la abdicación de Amadeo I de Saboya. Enseguida se agolparon en las calles de Madrid los federales pidiendo la proclamación de la República mientras que en el seno del gobierno de Ruiz Zorrilla (Partido Radical) las opiniones del Presidente y de los progresistas (apoyados por el Partido Constitucional del General Serrano) se inclinaban a constituir un gobierno provisional que organizara un plebiscito para que el pueblo español eligiera la forma de gobierno y los ministros de procedencia demócrata, con el apoyo de Nicolás María Rivero, Presidente del Congreso, abogaban porque el Congreso y Senado, en reunión conjunta constituyeran una Convención que decidiera la forma de gobierno. De ser así, la mayoría de ambas cámaras –que era republicana- se decantaría por la proclamación de la República, mientras que si el gobierno provisional organizaba la consulta, la proclamación de la República no sucedería de manera inmediata.

AMADEO I DE SABOYA

Mientras una multitud que exigía la República, se manifestaba ante el Palacio de las Cortes, siendo disuelta por la milicia nacional, en el interior del edificio, el Presidente Ruiz Zorrilla pedía a los diputados de su propio partido que aprobaran una suspensión de, al menos, 24 horas, para poder restablecer el orden y que no tomasen ninguna decisión hasta que oficialmente llegara el escrito de renuncia del rey. Se trataba de una estrategia dilatoria; el presidente intentaba ganar tiempo, pero su propio Ministro de Estado, Cristino Martos, se dirigió a la Cámara para decir que en cuanto la renuncia formal llegara “aquí no habrá dinastía ni monarquía posible, aquí no hay otra cosa posible que la República”.

Declarándose las Cortes en sesión permanente por la moción de Estanislao Figueras, al día siguiente amenazaron los jefes de distrito republicanos con que si no proclamaban la República antres de las tres de la tarde iniciarían una insurrección, y en el mismo sentido se recibió un telegrama de los republicanos de Barcelona.

Una vez leída la renuncia de Amadeo I, y ante la ausencia del presidente del Gobierno,  el ministro Martos anunció que el Gobierno devolvía sus poderes a las Cortes, con lo que estas se convertían en Convención y asumían todos los poderes del Estado y se presentó la siguiente moción por parte de los diputados republicanos y radicales:

“La Asamblea Nacional asume todos los Poderes y declara como forma de Gobierno de la Nación la República, dejando a las Cortes Constituyentes la organización de esta forma de Gobierno, interviniendo a continuación el hasta entonces Presidente de Gobierno, Ruiz Zorrilla, que manifestó: “Protesto y protestaré, aunque me quede solo, contra aquellos diputados que habiendo venido al Congreso como monárquicos constitucionales se creen autorizados a tomar una determinación que de la noche a la mañana pueda hacer pasar a la nación de monárquica a republicana”.

Subió entonces al estrado Emilio Castelar que pronunció un discurso que pasaría a la Historia y que fue respondido con una enorme ovación por parte de la cámara:

“Señores, con Fernando VII murió la monarquía tradicional; con la fuga de Isabel II, la monarquía parlamentaria; con la renuncia de don Amadeo de Saboya, la monarquía democrática; nadie ha acabado con ella, ha muerto por sí misma; nadie trae la República, la traen todas las circunstancias, la trae una conjuración de la sociedad, de la naturaleza y de la Historia. Señores, saludémosla como el sol que se levanta por su propia fuerza en el cielo de nuestra Patria”.

258 votos a favor de la República y 32 en contra. Eran las tres de la tarde del 11 de febrero de 1873.

La Asamblea Nacional, reasumiendo todos los Poderes, declaró la República como forma de gobierno de España. Hace hoy 150 años.

 

APROBACIÓN DE LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA EN EL SENADO (6 de octubre de 2022)

Concentración en la catedral de Murcia
reivindicando la retirada de la inscripción fascista.

Hoy se ha culminado el proceso de aprobación de la Ley de Memoria Democrática que sustituye a la, demasiado laxa, Ley de Memoria Histórica del año 2007, la denominada Ley de Zapatero. 

Es evidente que se produce un gran avance con respecto a la Ley anterior pero ¿podemos estar totalmente satisfechos? La respuesta es no, creemos que no se ha aprovechado bien esta oportunidad, quizás la última, de acabar definitivamente con la impunidad del franquismo.

Nos congratulamos en avances importantes como: 

- La creación de un censo de víctimas. 

- El reconocimiento de las víctimas en igualdad de condiciones con las otras víctimas por cualquier tipo de violencia.

- La ampliación de grupos dentro de las víctimas (Guerrilla antifranquista, LGTBI, Bebes robados, etc.). 

- La elaboración de un mapa de fosas.

- La creación de un banco estatal de ADN que visualice a las víctimas. 

- La inclusión de la figura de la mujer en su lucha contra el franquismo para reconocer “el papel activo de las mujeres en la defensa de los valores democráticos y los derechos fundamentales”. 

- La modificación de la ley franquista sobre secretos oficiales que permite llegar a documentos que den más claridad a lo que sucedió en ese periodo oscuro de nuestra historia.

- El planteamiento desarrollado en los libros de texto sobre la implantación de la Memoria Histórica en el sistema educativo. 

- El tratamiento de los lugares de Memoria que muestra una evidente mejora con respecto a la ley anterior.

- La mejora en el tratamiento de la simbología franquista, ya que la Ley de 2007 pudo ser incumplida sistemáticamente por muchas instituciones, por falta de desarrollo reglamentario y de plazos de ejecución. Con el establecimiento, además, de un régimen sancionador.

- La Extinción de Fundaciones antidemocráticas, así como la Disolución de las asociaciones que realicen apología del franquismo.

- La resignificación del Valle de Cuelgamuros, aunque el resultado dependerá del sentido final de esa resignificación. 

- La nulidad de los tribunales de Represión franquista y sus sentencias.

- La condena explícita y la ilegalización del franquismo. 

- La exigencia de localización de todas las fosas comunes del franquismo, declarando la declaración de la responsabilidad directa e ineludible del Estado con respecto a la exhumación de las mismas.

- La mayor accesibilidad a los Archivos públicos y privados. 

Sin embargo, deja sin resolver algunos aspectos también de gran relevancia, como:

- El reconocimiento del deber de indemnizar a las víctimas por el perjuicio ocasionado y la pérdida de todos sus bienes a través de las Comisiones de Incautación de Bienes y del Tribunal de Responsabilidades Políticas. La Reparación que propone la Ley es mucho más simbólica que material, porque no reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado, ni de los particulares beneficiados por el expolio franquista mediante incautaciones de bienes o robos, como tampoco reconoce la responsabilidad del Estado, empresas y particulares beneficiados del trabajo forzoso. 

- No hay una condena explícita a la jerarquía eclesiástica, ni la exigencia de restauración a la misma por las incautaciones realizadas a las víctimas del franquismo. 

 - Crea serias dudas en cuanto a poder dar una verdadera Tutela judicial efectiva a favor de las víctimas del franquismo, que pudieran lograr con ello garantías absolutas de tener un recorrido judicial fiable, al permanecer intacta la Ley de Amnistía del año 77. Ley que ha sido el auténtico parapeto sobre el que se han protegido los criminales franquistas. Es decir, la cuestión de la impunidad franquista no tiene demasiados visos de ser resueltos con esta Ley. 

 En definitiva, un gran avance, pero insuficiente aún.

ECUENTRO EN CARTAGENA CON EL GUERRILLERO ANTIFRANQUISTA QUICO

 

Vídeo: Encuentro intergeneracional "Juventud y memoria" con Francisco Martínez "Quico"

El pasado 8 de septiembre en "el soldadito de plomo" tuvo lugar el encuentro con Francisco Martínez "Quico" que, junto con Esperanza Martínez "Sole", recibió el pasado mes de junio, en nombre de la Guerrilla Antifranquista, el premio a la Memoria Histórica de la Región de Murcia 2022, otorgado por nuestra Federación Regional.

David García presentó a Quico en nombre de la
Memoria Histórica de Cartagena.

Quico, último guerrillero del Bierzo y, junto con Sole, único guerrillero antifranquistas con vida, cautivó a la totalidad de los personas presentes con sus testimonios, en un espacio que resultó insuficiente para albergar al público asistente.

Acto dirigido fundamentalmente a los jóvenes

Respondió a las preguntas de la parte más joven de la asistencia, reflexionó sobre la necesidad de reconocer los errores del pasado para avanzar hacia el futuro y dio una auténtica lección de vida, resistencia, coraje y valentía.

El público asistente mostró gran interés
por escuchar a Quico.

Durante el acto relató que siendo niño aún, no le quedó más remedio que ayudar, como enlace,  a los huidos que decidieron coger las armas, una vez sus poblaciones fueron tomadas por la banda franquista. Posteriormente le tocó cogerlas a él para salvar su vida y defender a la República. Una vez terminado su periplo guerrillero cambió las armas por la palabra, la disuasión y el consenso. Y en esta tarea continúa a sus casi 97 años.

Su charla derivó en un debate muy enriquecedor.

Quico, que luce una memoria envidiable, dice de sí mismo que debe de conservar la salud <<por imperativo legal>> para poder contar todo aquello silenciado por  el franquismo y por la democracia. Dentro y fuera de España, su mayor lucha fue por visibilizar la dignidad de “los que se quedaron en silencio” y todavía espera, más allá de la simple afirmación moral como víctima del franquismo, el reconocimiento jurídico apropiado al conjunto de La Guerrilla Antifranquista, sus enlaces y puntos de apoyo, como organizaciones y personas que lucharon por la libertad y la democracia.

Tras el encuentro firmó ejemplares de su segundo libro CAMINOS DE RESISTENCIA.

Gracias, Quico, por continuar aquí y ser siempre un referente de coherencia en la lucha por la dignidad.

Hasta siempre, compañero. 

LA TRAICIÓN DEL 18 DE JULIO

 

Desde 1939 hasta 1975 no se conmemoró en España el 1 de mayo como DÍA DEL TRABAJO. En ese día se celebraba la festividad de SAN JOSÉ OBRERO y en las ciudades más importantes, a lo largo de los 36 años que discurrieron desde el fin de la guerra hasta la muerte del dictador, se celebraban eventos deportivos organizados por el sindicato vertical

El día del Trabajo, como tal, era para el franquismo el 18 DE JULIO, el día, para el régimen, de la FIESTA NACIONAL, considerada como aniversario del golpe de estado cuyo fracaso inicial dio lugar a la guerra del 36; la paga extraordinaria de verano se llamaba “paga del 18 de julio” aunque en realidad, el golpe de estado de los militares traidores tuvo lugar el 17 de julio, y se venía preparando desde mucho antes pero comenzó a madurar con la victoria en las elecciones del FRENTE POPULAR; golpe de estado esperado y temido que, no obstante, sorprendió a las jerarquías republicanas, confiadas extrañamente, a pesar del ambiente golpista que se venía mascando durante todos esos meses. Así ocurrió con el Presidente del Consejo de Ministros Casares Quiroga, que desoyó las advertencias de Azaña, Presidente de la República. Tampoco quiso atender la petición del socialista Indalecio Prieto, el día 14, tras los asesinatos del Teniente Castillo y el diputado conservador Calvo Sotelo, de armar a los trabajadores, pues el cuartelazo se veía venir; y no sólo no accedió a ello, sino que ordenó cerrar las sedes de grupos cercanos a los anarquistas y los carlistas y de retirar los periódicos Ya y Época, así como suspender durante 8 días las sesiones parlamentarias.

Lo cierto es que el día 10 el Consejo de Ministros había sido informado de la conspiración y el Servicio de Inteligencia había elaborado una lista con más de 500 nombres de implicados en el potencial golpe, pero pensaron que lo mejor era repetir la estrategia que había dado resultado en el pronunciamiento de Sanjurjo: esperar a que los golpistas dieran el primer paso para empezar entonces las detenciones.

No sabemos qué habría ocurrido de actuar de otra manera, lo cierto es que el día 1 ya había presentado Mola (“El Director”) su informe reservado; el 4, Juan March le había entregado a Luca de Tena un cheque en blanco para financiar el avión que este último compró con el asesoramiento de Juan de la Cierva el día 5 (el Dragon Rapide) y el día 7, por orden del “Director” llegó Fanjul a Madrid con el nombre de los oficiales comprometidos en el golpe.

Mientras que el día 16, (la Virgen del Carmen) Franco celebraba el santo de su hija Carmencita, tenía lugar, por orden suya, el asesinato del general Amado Balmes Alonso, por oponerse a la sublevación que se estaba preparando.

Ese mismo día 16, Manuel Machado se encontraba en Burgos, con su mujer, celebrando el santo de su cuñada y no pudieron volver a Madrid por perder el último autobús. Pilar de Valderrama (Guiomar) se encontraba en Estoril desde mucho antes, y el día 13 de junio había escrito para felicitar a Antonio, hermano de Manuel, nuestro llorado poeta Antonio Machado, para felicitarle en su santo y pedirle “que saliera de Madrid” ante “las noticias alarmantes que de allí llegaban”.

También el día 16, en Cartagena, el Comandante del Lepanto, don Valentín Fuentes, se dirigió extrañado a Capitanía: De madrugada había recibido orden de zarpar hacia Barcelona, y cuando ya se encontraba a punto de hacerlo, una motora vino dando contraorden: había que regresar al muelle; y después, a las 8 de la tarde, nueva orden de partir hacia el Sur para comunicar a Madrid su situación cuando se encontrara a 30 millas y esperar instrucciones del Ministro de Marina. Al llegar a Capitanía, a pedir alguna explicación, inquieto porque era la primera vez que recibía una orden así, se extrañó porque varios oficiales y marineros se encontraban instalando un sistema supletorio de luz, y a pesar de lo avanzado de la hora estaba allí todo el personal de oficinas y con la pistola al cinto. Al preguntar lo que pasaba al Vicealmirante Márquez, éste, después de pedirle que no se preocupara, le preguntó “¿Es usted creyente?” y ante la respuesta afirmativa le dijo: “Hoy es la Virgen del Carmen. Récele y confíe en ella”.

¿Qué ocurrió para que, a pesar de tanto indicio de un posible golpe no se tomaran medidas? El Ministro de Marina, José Giral, había ordenado a los jefes de las bases navales que evitaran las campañas de propaganda y comunicaran el grado de confianza que tenían en el personal a su mando, pero concedió los permisos de verano, porque las informaciones que le proporcionaron no las consideró alarmantes.

Y así, el día 17, la insurrección de las tropas de Melilla con el arresto del Delegado de Gobierno, la destitución de todos los mandos republicanos y el fusilamiento del alcalde, que podía haberse quedado en un pronunciamiento fallido, aunque no lo fue,  sorprendió al presidente Azaña en la sede de verano del Jefe del Estado, el palacio de El Pardo, y hubo de dirigirse rápidamente al Palacio Real a reunirse tanto con Casares Quiroga como con los líderes de los partidos fieles al gobierno republicano.

Por todas partes señales de que algo se estaba preparando, pero quienes tenían que haberlas interpretado no lo supieron o no lo quisieron hacer.

Oportunamente, Franco aprovechó como excusa el desplazamiento para acudir a los funerales del general Balmes a Tenerife, y el día 18 de julio ratificó su manifiesto por la mañana,  para salir en el Dragon Rapide a las 14,33 hacia Tetuán, pero haciendo noche en Casablanca esperando a ver cómo se desenvolvían los acontecimientos.  En la noche del 17, Yagüe se había rebelado en Ceuta y sus tropas se habían hecho con la plaza; al mismo tiempo lo había hecho en Tetuán Sánchez Buruaga. Ya con el protectorado en manos de los golpistas, y sabiendo que el día 18 Queipo de Llano se había hecho con Sevilla y Varela y Cascajo con Cádiz y Córdoba, Franco, que ya no tenía nada que temer, y con la dimisión de Casares Quiroga, incapaz de contener la rebelión, el día 19, a las 7 de la mañana, fue recibido por la Legión con los mismos honores que si de un miembro de la realeza se tratara.

Tras la dimisión de Casares Quiroga, los sindicatos, en Madrid, pedían armas porque decían que solamente ellos eran los garantes de la República; se levantaron barricadas en los barrios obreros, comenzaron algunos a fabricar bombas caseras, algunos grupos anarquistas asaltaron las armerías y grupos de socialistas se armaron con fusiles provenientes del Parque de Artillería. Azaña había nombrado a Martínez Barrios para sustituir a Casares Quiroga, pero se organizó una manifestación en que socialistas, anarquistas y republicanos protestaron contra el equipo ministerial de éste, y 24 horas después hubo de dimitir y Azaña nombró a un nuevo sustituto: José Giral, que respondió a la demanda de los manifestantes: se armó en Madrid a las milicias obreras; las sedes de UGT y CNT recibieron el armamento el día 19, el mismo día que el general Fanjul entró en el Cuartel de la Montaña a mediodía para rebelar a la guarnición y tomar la capital, pero los milicianos armados rodearon el cuartel y les impidieron salir. El día 20 había fracasado el golpe de estado.

El país, ahora, estaba dividido entre golpistas y fieles al gobierno legítimo. El pueblo en armas se dirigió a defender los derechos que en el breve período de gobierno republicano había llegado a conseguir. Comenzó así una guerra atroz que dio lugar a una feroz dictadura cuyas víctimas, a 47 años de la muerte del dictador no han obtenido todavía su reconocimiento; por ello, desde las asociaciones memorialistas, continuamos clamando por la VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN.

12 DE JULIO DE 1873: CARTAGENA, CAPITAL DE ESPAÑA

 

El Partido Demócrata, el Partido Progresista y la Unión Liberal fueron los tres grupos políticos que protagonizaron la revolución de 1868 que dio fin a la monarquía de Isabel II, y apenas llegado el triunfo de la Revolución, el primero apostó decididamente por la República Federal como forma de gobierno para sustituir a la monarquía. De este modo, el partido de Pi y Margall pasó a denominarse Partido Republicano Democrático Federal y se presentó a las elecciones que convocó el Gobierno Provisional, obteniendo muy buenos resultados.

Los republicanos federales criticaron duramente el proyecto de nueva constitución que no establecía claramente la separación entre iglesia y Estado y porque consideraban que el poder ejecutivo de un monarca constitucional no era compatible con el principio de la soberanía nacional expresada por el sufragio universal y en la fórmula de juramento de la Constitución se manifestó la división interna del partido en que  los 16 diputados del sector intransigente votaron en contra, expresando que acatarían todo lo que se derivase del sufragio, pero nada que emanara de la corona, y los principios republicanos que dieron origen a esta división dieron lugar con los años al sueño de esa República Federal por la que se escribieron aquellas gloriosas páginas de nuestra historia nacidas de la insurrección de julio de 1873.

Tras la abdicación de Amadeo de Saboya, proclamada la República el 11 de febrero de 1873, este primer intento republicano de nuestra historia fue una experiencia corta, caracterizada por la inestabilidad, de tal modo que en sus primeros 11 meses de existencia se sucedieron cuatro presidentes.

Llegado a la presidencia, tras el vacío de poder creado por la marcha de Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, apoyado por los sectores moderado y centrista del partido, pretendía que las Cortes Constituyentes elaboraran la nueva Constitución Republicana Federal, pero los republicanos intransigentes no querían esperar y querían instaurarla de abajo arriba.

La respuesta de los intransigentes a la política de «orden y progreso» del gobierno de Pi y Margall fue abandonar las Cortes el 1 de julio, alegando como motivo inmediato un bando del gobernador civil de Madrid limitando las garantías de los derechos individuales.

Tras el abandono de las Cortes, exhortaron a la inmediata y directa formación de cantones, lo que iniciaría la rebelión cantonal

Tres días después de estallar la Revolución del Petróleo, de Alcoy, promovida por la AIT, que en los días posteriores se extendió por las regiones de Valencia, Murcia y Andalucía, tiene lugar el 12 de julio la insurrección de Cartagena.

Aunque no hubo un centro organizativo de la rebelión y cada cantón realizó sus propias proclamas, los sublevados «más allá de las lógicas particularidades locales» perseguían unos mismos fines: «la sustitución de todo tipo de autoridades gubernativas o jurisdiccionales, la abolición de impuestos especialmente impopulares (los consumos o el estanco del tabaco y de la sal), la secularización de las propiedades de la Iglesia, las reformas sociales favorables a la gran masa de desposeídos que no tenían otro bien que su fuerza de trabajo, el indulto por delitos políticos, la desaparición del ejército regular y su sustitución por tropas milicianas o la creación de juntas y comités de salud pública, como órganos de gobierno de naturaleza popular».

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A las cinco de la madrugada del 12 de julio, siguiendo las instrucciones de la “Junta Revolucionaria de Salvación Pública” comenzó la insurrección en Cartagena. La señal fue un cañonazo desde el castillo de Galeras, al tiempo que  un grupo de voluntarios al mando de Cárceles invadió el ayuntamiento, instalando en los bajos la «Junta Revolucionaria de Salvación Pública» mientras otros grupos ocupaban las puertas de la muralla de la ciudad. Al día siguiente llegó a Cartagena el gobernador civil de Murcia Antonio Altadill acompañado del diputado federal murciano Antonio Gálvez Arce, conocido como Antonete.

​Poco después la Junta izó la bandera roja en el Ayuntamiento y proclamó el Cantón Murciano, nombrando a continuación a Antonete Gálvez comandante general de las fuerzas del Ejército, Milicia y Armada. En el Manifiesto que hizo público esa misma tarde del 12 de julio la «Junta de Salvación Pública», constituida «por la voluntad de la mayoría del pueblo republicano de esta localidad» justificó la proclamación del Cantón Murciano como un acto de defensa de la República Federal.

El gobierno centralista consideró la rebelión cantonal como un movimiento «separatista» por el Gobierno de la República, pero la rebelión únicamente buscaba reformar la estructura del estado, sin querer en ningún momento romper la unidad de España.

Para poner en marcha el Estado Federal, la Junta revolucionaria de Cartagena emprendió entonces un revolucionario programa de reformas. Se abolió la educación religiosa, al tiempo que se expropiaban los bienes de la iglesia y el estado para uso del cantón. A nivel legal, se eliminó la pena de muerte y se permitió el divorcio, dos medidas largamente esperadas por los sectores más progresistas. En el ámbito laboral se restableció la jornada laboral de 8 horas. Una bajada de los impuestos de importación y el fin de los monopolios terminaron de completar el programa radical.

Asimismo se empezó a publicar un diario, llamado El Cantón Murciano, para publicitar entre el pueblo las medidas emprendidas por la Junta. La ciudad acuñó también su propia moneda, con la plata requisada a los ciudadanos más pudientes y la extraída de las minas de La Unión.

Para poner fin a la insurrección, Pi y Margall intentó combinar la persualsión con la represión, y fracasada esta política, su sucesor, Nicolás Salmerón, empleó al ejército, lo mismo que, después, el moderado Castelar, que tras suspender las sesiones de las Cortes comenzó el asedio de Cartagena.

 

Las tropas centralistas se ensañaron con la ciudad, sobre todo a partir del 25 de noviembre en que fue bombardeada día tras día. Asediados por el ejército, los cantonalistas tuvieron que recurrir a la flota para proveerse de armas y comida mediante el saqueo de pueblos y ciudades.

Los cantonales no se rendían, Castelar se encontró cada vez más en la cuerda floja, hasta que se vio forzado a dimitir el 3 de enero, y cuando las Cortes se encontraban ante la elección de su sucesor, se produjo el golpe de estado del General Pavía.

La República estaba muerta, pero Cartagena continuó resistiendo hasta que, tras 48 días de bombardeos incesantes, el 12 de enero, el último bastión republicano, sin ningún otro cantón que le apoyara, hubo de deponer las armas y las tropas gubernamentales se apoderaron de la ciudad.

Consecuentes con sus principios hasta el final, los republicanos federales, del mismo modo que sus descendientes harían en 1939, se mantuvieron heroicamente fieles a sus ideales y no se rindieron sino hasta que toda resistencia era inútil porque ya se encontraba totalmente perdida la batalla.

 

ANTE LA DISCUSIÓN DE LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

Si la pobreza del argumentario de la derecha española se intenta siempre paliar con los archiconocidos comodines de "Venezuela" y "ETA", en el caso de la Memoria Histórica el primero es sustituido por el discurso de la falsa equidistancia.

En la discusión de las enmiendas al proyecto de ley de Memoria Democrática por la Comisión del Congreso del 5 de julio asistimos de nuevo al discurso demagógico de los tres partidos de la derecha (no civilizada) española en su afán de tumbar un nuevo intento de reconocer los derechos a las víctimas del franquismo y condenar un régimen genocida, recurriendo a las más falaces argumentaciones mientras que los partidos nacionalistas, los de centro y los de izquierda apoyaban la propuesta del gobierno de coalición y mientras Esquerra Republicana se abstenía en la votación en un intento de forzar con ello a la continuidad de las negociaciones para conseguir que se incluyan en la futura ley las reivindicaciones de las asociaciones memorialistas de las que se ha hecho eco.

Víctimas del franquismo.
Foto del acto final "Una bufanda contra el frío deo olvido"

Delante de las pantallas, ante el visionado de la retransmisión del debate no podíamos dejar de recordar las palabras de Araceli Ruiz -niña de la guerra- cuando en su encuentro con el alumnado de los IES de Cartagena, la jovial anciana, hoy fallecida, en su relato de las vicisitudes corridas a lo largo de su vida comentó: "Cuando me enteré que había muerto Stalin, lloré. Cuando me enteré de las cosas que Stalin había hecho, lloré por haber llorado".

Araceli Ruiz: Niña de la guerra

Y no podemos menos que tratar de imaginar, sin conseguirlo, a un anciano franquista repitiendo "Cuando Franco murió, lloré. Cuando me enteré de las cosas que Franco había hecho, lloré por haber llorado".

Porque ni los franquistas ni sus herederos reconocerán nunca los errores ni, sobre todo, los HORRORES del franquismo. Los antiguos camisas viejas, del mismo modo que los demócratas de nuevo cuño, con o sin yugo y flechas, con o sin gaviota, con o sin camiseta naranja, no quieren ni pueden ni tienen intención de reconocer que hay dos tipos de víctimas: las de primera y las de segunda, las que vieron -por ley- reconocidos sus derechos como tales y las que continúan sin verlos reconocidos; no reconocerán jamás que el franquismo fue un régimen criminal, un régimen genocida y los suyos, crímenes de lesa humanidad... y continuarán negando la mayor, destilando odio y rencor, acusándonos de querer reabrir unas heridas que jamás llegaron a cerrarse. Así lo pudimos ver en el debate, un debate en que han utilizado toda la artillería de su demagogia y su falsedad, en su oposición que, si bien no recoge todas nuestras aspiraciones, es para ellos, por el contrario, lo suficientemente peligrosa porque dejaría parte de la impunidad de la dictadura al descubierto.

Las asociaciones memorialistas reconocemos, por supuesto, el avance que esta ley en trámite supone respecto a la de 2007 de Rodríguez Zapatero, pero denunciamos que se trata de una ley insuficiente que no contempla la anulación de la ley de Amnistia del 77 ¿Dónde está, en esta nueva norma, reflejada la responsabilidad penal de quienes fueron responsables de los crímenes de la época de la dictadura ¿Dónde está el reconocimiento legal y el resarcimiento patrimonial de las víctimas?

Reconocemos que esta ley supone un avance respecto a la anterior: se establecen unos plazos para el cumplimiento de la obligación de retirar los vestigios franquistas; plantea la elaboración de un mapa de fosas y la creación de un banco de ADN de familiares de víctimas, introduce la enseñanza de la Memoria Histórica, y gracias al PDCAT se ha incluido y aprobado la enmienda transaccional que al capítulo en que se repudia y condena el golpe de estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura añade que se declara ilegal el régimen surgido de la contienda, enmienda que se traduce en la ilegalización del franquismo por la que tanto clamamos... pero en tanto en cuanto continúe sin anular la Ley de Amnistía no estaremos satisfechas, puesto que los criminales continuarán sin ser juzgados, por lo que se está negando a las víctimas el derecho a la debida reparación, el derecho a la Justicia... Esperemos que las negociaciones durante las casi dos semanas que restan para el debate en el Pleno del Congreso sirvan para que nuestras demandas sean, por fin, recogidas por nuestros representantes y sean capaces de legislar con sentido común, justicia y equidad.

LA CÁRCEL DE SAN ANTÓN (TITULARIDAD PÚBLICA vs TITULARIDAD PRIVADA)

 Estos días atrás veíamos con satisfacción como la vieja cárcel provincial de Murcia se va convirtiendo poco a poco en un espacio sociocultural, y esperemos también que se establezca como lugar de la Memoria, para el disfrute general de la sociedad murciana. Y esto es debido a la titularidad pública del edificio.

¡Qué lejos estamos los cartageneros de poder disfrutar lo mismo con la cárcel de San Antón!, edificio histórico emblemático que, al contrario de lo ocurrido en Murcia, al contrario de otros edificios públicos cartageneros como el antiguo penal, antiguo hospital de Marina, diferentes establecimientos militares,  estamos a punto, si no lo remediamos, de perderlo para el disfrute público, por dejación y desidia de la gestión municipal.

Protesta en la puerta del edificio 
administrativo del Ayuntamiento

Hemos repetido hasta la saciedad el porqué de que este edificio deba volver a ser público (su importancia histórica, su singularidad arquitectónica, su ubicación, el respeto a las víctimas, pérdida de patrimonio público, etc.). No vamos a incidir en lo mismo. Queremos ahora resaltar donde radica realmente el problema, que es en su titularidad. Si este edificio fuera municipal podríamos decidir qué uso darle, pero nos encontramos con el gran obstáculo del negocio privado que, como es lógico, la única rentabilidad que espera de él es la económica, frente a la vocación de lo público que debe ser la rentabilidad social.

Destrozo iniciado en agosto de 2021

Por eso siempre hemos denunciado la irresponsabilidad de la Corporación Municipal en la protección de su Patrimonio. Patrimonio que, en el caso de la Cárcel de San Antón, se abandonó para que pasara a manos privadas en la anterior legislatura, siendo el alcalde José López, ¡qué buena manera de defender lo que no se cansa de vociferar! Pero no hay que cargar todas las tintas sobre él, aunque fuera el máximo responsable, el gobierno municipal de entonces no puede alegar ignorancia.

Informando a la población.

¿Pero qué hace el actual gobierno municipal en la defensa de este patrimonio? Pues se limita a seguir las instrucciones que emanan de la Consejería de Cultura exclusivamente. ¿No se puede hacer más? Claro que sí. Sólo es cuestión de poner dinero encima de la mesa, de presentar una oferta para recuperar el edificio que negligentemente se dejó traspasar a manos privadas. En la legislatura anterior, la corporación municipal compró un hotel por la misma cantidad que se adquirió la cárcel de San Antón, dejando que ésta pasara a  manos privadas. En esta legislatura se ha comprado el Teatro Circo por la cantidad de millón y medio de euros. No vamos a analizar aquí estas adquisiciones. Pero está claro que hay dinero cuando interesa.

No es problema de dinero entonces, tampoco es el que esté en manos privadas, pues hay herramientas legales para adquirir espacios y edificios que tengan la consideración de interés público. Por lo tanto, ¿Cuál es el problema? Pues, simple y llanamente, la inacción, la incapacidad para hacer las cosas o, lo que sería más grave, el desinterés.

La Plataforma La Cárcel No Se Vende, insiste en exigir al gobierno municipal el que se tome en serio la justa demanda de revertir la titularidad del edificio de la Cárcel de San Antón, y que vuelva a lo que nunca debió dejar de ser, un edificio para el disfrute libre de la ciudadanía de San Antón en particular y, en general, de todas las personas que residen en Cartagena y transitan por ella.