sábado, 31 de diciembre de 2011

Campaña " Contra el frio del Olvido"


Campaña " Contra el frio del Olvido"
 ASOCIACIÓN MEMORIA HISTÓRICA
               DE CARTAGENA


La Asociación Memoria Histórica de Cartagena emprende con la acción “Una bufanda contra el frío del olvido” una nueva campaña en contra del olvido, del silencio sistemático al que se viene reduciendo la memoria de aquellos españoles y españolas que perdieron su vida o sufrieron la prisión, el exilio o la pérdida de su puesto de trabajo, que fueron sometidos a la humillación, por el hecho de haberse puesto del lado de la legalidad vigente, defendiendo al Gobierno legítimamente constituido contra el golpe militar fascista de 1936.

En esta ocasión, proponemos que nuestra lucha por la VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN, se concrete en un símbolo tangible: “Tejer una bufanda contra el frío del olvido”.
Se trata de una acción colectiva, un trabajo a realizar entre todas las personas sensibles ante el tema de la Reivindicación de la Memoria Histórica: Cada una de ellas tejerá un trozo de bufanda utilizando la técnica, el material o el color que prefiera; debemos ceñirnos a las mismas medidas, para que el ancho de la bufanda resultante sea homogéneo: 21 X 29,5 cm. (el tamaño de un A4).
Con el trozo que cada persona vaya tejiendo, se pretende rescatar del olvido a una persona o grupo de personas que haya sufrido la represión, y cuando se haga entrega del fragmento, se hará constar a quién se ha querido honrar con él. (Se puede escribir en una hoja que acompañe la labor, por ejemplo: “En memoria de mi tío, que fue expulsado de la Marina” – “En recuerdo de las personas que murieron a consecuencia de los bombardeos” – “Como homenaje a mi abuelo, que tuvo que exiliarse a Francia” – “En recuerdo de Fulano de Tal, que fue fusilado” – “Por los marinos que murieron en el ataque a tal barco” – “Por mi tía abuela, que perdió su trabajo de maestra” – “Por la madre de mi vecino, a la que pasearon por la calle después de afeitarle la cabeza”…etc.)
A lo largo de los meses de noviembre y diciembre, iremos recogiendo todos los fragmentos de bufanda que vayáis tejiendo, y un día del mes de enero o febrero nos reuniremos por la tarde en la Plaza del Icue, para unir los distintos trozos y confeccionar una bufanda, lo más larga posible, que mostraremos, junto a una pancarta alusiva a cuantos transeúntes circulen por los alrededores.
Podéis hacernos llegar vuestra labor por correo, o personalmente, a las direcciones que posteriormente indicaremos, o bien, poneros en contacto con la Asociación, por e-mail: memoriahistoricacartagena1@hotmail.com o teléfono: 689032000 para que os indiquemos el lugar y horario de la recogida.
Contamos con vuestra segura acogida.
TEJAMOS UNA BUFANDA CONTRA EL FRÍO DEL OLVIDO.
Por la Verdad, Justicia y Reparación.
Asociación Memoria Histórica de Cartagena


 La Bufanda "Contra el frío del Olvido" cada vez más grande
Esperamos continuar recogiendo nuevos trozos. Podéis enviarlos a la siguiente dirección: Asociación Memoria Histórica de Cartagena, Apartado de correos 92 - 30200, Cartagenza, o enviarnos un correo electrónico a la dirección memoriahistoricacartagena1@hotmail.com para que os digamos cómo nos lo podéis entregar.

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"Acabamos de recibir el primer trozo de bufanda para nuestra campaña "Contra el frío del olvido". Viene acompañado del siguiente texto: "En memoria de los fallecidos en la explosión del Jaime I"


Campaña "Contra el frío del olvido": Hemos recibido dos trozos de bufanda enviados por Doña Juana García. El primer texto que los acompaña dice: "En memoria de Sebastián Heredia Hernández, fusilado el 8 de abril de 1940 en el penal de Cartagena. El trozo de bufanda ha sido elaborado por su nuera Juana García García, de 86 años".El 2º texto dice: "Trozo de bufanda elaborado por Juana García García, de 86 años, en memoria de su padre José García Escudero, preso en la cárcel de Valencia durante cinco años, siendo aquejado de un reuma que le provocó la muerte.




 Campaña"Contra el frío del olvido": Pepa Martínez nos envía un trozo de bufanda acompañado de la siguiente nota: "He tejido este trozo de bufanda como homenaje a mi abuelo, Enrique Martínez Godínez, que fue asesinado en un interrogatorio del SIP el 25 de mayo de 1939 en Cartagena.

   En recuerdo de todas las mujeres y niños que se exiliaron a otros países y nunca regresaron
                                                     



Campaña "Contra el frío del olvido": Hemos recibido dos trozos de bufanda enviados por Doña Juana García. El primer texto que los acompaña dice: "En memoria de Sebastián Heredia Hernández, fusilado el 8 de abril de 1940 en el penal de Cartagena. El trozo de bufanda ha sido elaborado por su nuera Juana García García, de 86 años".El 2º texto dice: "Trozo de bufanda elaborado por Juana García García, de 86 años, en memoria de su padre José García Escudero, preso en la cárcel de Valencia durante cinco años, siendo aquejado de un reuma que le provocó la muerte.




Campaña"Contra el frío del olvido": Pepa Martínez nos envía un trozo de bufanda acompañado de la siguiente nota: "He tejido este trozo de bufanda como homenaje a mi abuelo, Enrique Martínez Godínez, que fue asesinado en un interrogatorio del SIP el 25 de mayo de 1939 en Cartagena.





 Este trozo de bufanda lo hago en homenaje a una vecinica muy querida que vivió en mi calle desde los años de la guerra hasta los 50 aproximadamente.
Era un matrimonio con tres hijos pequeños. El marido era militar y lo asesinaron recién acabada la guerra con lo que se quedó sola con las tres criaturas y sin medios para sobrevivir.
La pobre mujer se dedicó a traficar con el estraperlo, teniendo que viajar para poder adquirir los víveres que después vendería para poder alimentar a sus hijos.
El caso es que la cogieron varias veces (la policía) con el alijo y como castigo la tenían en prisión dos o tres días y para más castigo aún, la pelaban al rape y le hacían beber aceite de ricino.
¡Qué buenos fueron con ella!
Después se fue de la calle y no sé qué será de ella...
Probablemente ya estará junto a su marido, que también fue un hombre.

 

  Como homenaje a los republicanos que tuvieron que exiliarse de España.

A la memoria de Bartolomé Buforn, denunciado por rojo por una novia despechada, que fue fusilado en 1939 junto a la tapia del cementerio de Santa Lucía


"En memoria de Nicolás Pérez, expulsado de la Marina por no haberse pasado al bando rebelde, pudiendo haberlo hecho. Encausado y penado a 4 años de prisión"


En recuerdo de mi querido tío
Julio Ponce Martínez - Maestro
Represaliado al teminar la guerra civil por la dictadura de Franco, por haber combatido en el ejército de la República


En recuerdo de mi tío, JOSÉ GARCÍA PÉREZ, fogonero preferente de la Armada republicana; asesinado por las hordas militares franquistas a las 6 horas del día 15 de enero de 1.940 en el Arsenal de Cartagena.
Gracias tío por tu ejemplo y honestidad. 
Tu sobrino Jesús, al que no conociste, te recuerda con permanente orgullo.
¡¡¡No pasarán!!!

Armada Republicana

Como homenaje a los miembros de los cuerpos de Auxiliares de la Armada Republicana, gracias a quienes no pudo prosperar el golpe de estado en la Marina.

En recuerdo de la madre de mi suegra, que fue rapada y paseada por las calles como represalia por negarse a decir el paradero de su hijo, buscado por la policía de Franco.

viernes, 30 de diciembre de 2011

¿Extraditarán a Fraga y Martín Villa por crímenes de lesa humanidad?

Los tribunales argentinos cuestionan los acuerdos de la “Transición” española que garantizaron la impunidad de los crímenes del franquismo



Fraga y Martín villa



  Cristóbal García Vera – Redacción Canarias Semanal. Viernes, 30 de diciembre de 2011

El 14 de abril de 2010 familiares de víctimas del franquismo presentaban en Argentina una demanda para que se investigasen los crímenes de esta dictadura. Una iniciativa a la que se veían abocados ante el significativo bloqueo de sus reivindicaciones por parte de las instituciones del Estado español.  Seis meses después, la jueza federal argentina María Servini de Cubría enviaba un exhorto a España para que le indicaran qué investigaciones se estaban realizando sobre estos crímenes. A mediados del presente 2012 la Fiscalía General del Estado español le respondía que “se están llevando a cabo diversas investigaciones en varios juzgados del país”. La magistrada, sin embargo,  no dio crédito a la contestación y acaba de emitir un segundo exhorto en el que pide que se le informe sobre los ministros y otros responsables de la represión franquista entre el 17 de  julio de 1936 – cuando comenzó en Melilla la sublevación contra el  gobierno de la II República – y el 15 de junio de 1977. Día en que se celebraron las primeras elecciones tras la muerte del dictador.

LA JUEZA EXIGE NOMBRES Y DOMICILIOS

La jueza Servini de Cubría exige que se le comuniquen los “nombres y últimos domicilios conocidos de los miembros de los consejos de ministros de los gobiernos del Estado español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de La Falange”, acompañados del certificado de defunción de aquellos que hayan fallecido. La resolución judicial ordena, asimismo, que se le proporcione el listado de empresas privadas, aún activas, que se beneficiaron del “trabajo esclavo y forzado de presos republicanos”. Demanda, igualmente, información sobre el número e identidad de las personas desaparecidas, su momento y lugar de desaparición; de cuantas personas fueron torturadas y asesinadas durante la “persecución política”; y sobre los niños que fueron robados a sus familias de origen, “con su ulterior sustitución de identidad”. Solicita, además, los “informes sobre las fosas comunes encontradas y la cantidad de cuerpos recuperados hasta la fecha”.
María Servini de Cubría realiza esta reclamación sobre los delitos de la dictadura franquista basándose en el principio de Justicia Universal,  figura que reconoce la Constitución de ese país al igual que la española.  La decisión de la jueza  ha sido  aplaudida  por organismos humanitarios y por las asociaciones de víctimas del franquismo.

LA LEY ESPAÑOLA “DE PUNTO FINAL” Y LA TRANSICIÓN EN ENTREDICHO

Si las instituciones españolas respondieran a la petición efectuada desde el país latinoamericano tendrían que aportar información, entre otros, sobre el ex ministro franquista, fundador y presidente honorífico del PP Manuel Fraga – muñidor informativo del asesinato de Julián Grimau- o Rodolfo Martín Villa -  responsable político de la muerte de centenares de activistas demócratas durante la llamada “Transición pacífica a la democracia” y  presidente de Sogecable  hasta el año 2010 -. Y éstos deberían responder ante los tribunales, del mismo modo que los funcionarios de menor rango que continuaron ejerciendo su labor represiva hasta las postrimerías de la dictadura franquista.  Estos funcionarios -policías torturadores, carceleros o ministros- se beneficiaron de la Ley de Amnistía aprobada en junio de 1977. Una auténtica ley de punto final que garantizó su impunidad y cuyo contenido político sólo puede comprenderse recordando aquel  célebre “atado y bien atado” con el que Franco tranquilizó a sus secuaces y sucesores en los últimos días de su vida.
Pero la Ley de Amnistía que han mantenido en vigor los gobiernos del PSOE y el PP constituye solamente una de las manifestaciones del llamado “espíritu de la Transición”. Para que la impunidad de los verdugos del franquismo pudiera estar plenamente garantizada, y el nuevo Estado monárquico pergeñado por los artífices del “cambio pactado” fuera viable, era preciso también imponer la desmemoria y la desmovilización popular. Las claves de esta operación, posteriormente mitificada y presentada como modélica, han sido plenamente desveladas por  el politólogo y abogado Joan Garcés en su libro Soberanos e intervenidos:
Martín Villa haciendo el saludo fascista
“Agotado el Dictador  -escribe Garcés – se procedió a reformar las estructuras del Estado de la Dictadura, no a romper con la obra de ésta.  La operación exigía aplicar las recomendaciones de la Comisión Trilateral para “contener la excesiva voluntad de cambio de los españoles… Estos fueron presupuestos de la Constitución de 1978 y de la reforma política que ella inauguraba… La aplicación de los postulados de la Trilateral significó sustituir la movilización en torno de reivindicaciones de soberanía y libertades democráticas por la apatía y la indiferencia… que legitimaran la sucesión del franquismo sin alterar las estructuras socio-económicas que lo sustentaban excepto en lo que facilitara la circulación del capital internacional”.

Con una sociedad construida sobre estos corruptos cimientos no es extraño, pues, que el Estado español haya hecho oídos sordos a la petición del  Comité de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en 2008 le “recomendaba”  que derogase la Ley de Amnistía de 1977. En su informe sobre este particular  el Comité de la ONU daba por supuesto el hecho de que se habían cometido “crímenes contra la humanidad en su jurisdicción nacional”, denunciando que la amnistía en relación con este tipo de delitos contraviene la Convención de Derechos Políticos y Civiles de 1966, ratificada por España.
Años después de la Transición, las oligarquías latinoamericanas tomaron ese “cambio pactado” y la Ley de Amnistía  como arquetipo para elaborar sus propias coartadas legales  y eludir su responsabilidad y la de sus sicarios en las dictaduras militares que asolaron ese subcontinente. Ahora, no obstante, el cuestionamiento de la hispánica  ley de punto final proviene precisamente de uno de esos países en los que también se intentó que el asesinato, el secuestro y la tortura de miles de personas fueran borrados de la memoria colectiva en aras de una supuesta “reconciliación nacional”. La misma que en España ha prolongado hasta nuestros días el triunfo inicuo de los victimarios.
http://canarias-semanal.com/not/989/_extraditaran_a_fraga_y_martin_villa_por_crimenes_de_lesa_humanidad_/

Piden a España lista de empresas beneficiadas en el franquismo


María Servini de Cubría libró un exhorto en el que solicita esos y otros datos



Cronista, 26-12-11

María Servini de Cubría libró un exhorto en el que solicita esos y otros datos, en la causa que investigan los crímenes del dictador iniciada por familiares de víctimas. Rige el principio de Justicia universal, por el que se pueden investigar hechos de lesa humanidad de otros países, como sucedió en España con represores argentinos.
AGENCIAS Buenos Aires
La jueza federal María Servini de Cubría libró un exhorto al Reino de España en el que solicitó nombres y domicilios de los integrantes del Consejo de Ministros y de los jefes de las fuerzas de seguridad que integraron el Gobierno de facto del general Francisco Franco entre julio de 1936 y junio de 1977 y si se encuentran vivos, en el marco de una investigación de los crímenes del “franquismo”.
También requirió información sobre la cantidad de personas desaparecidas, asesinadas y torturas durante la represión franquista, el número de niños apropiados y las empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, entre otros datos, informaron hoy a DyN fuentes judiciales.
El exhorto de la magistrada se da en la causa donde investiga los crímenes del franquismo iniciada por un grupo de familiares de víctimas bajo el principio de Justicia universal, por el que se pueden investigar hechos de lesa humanidad ocurridos en otros países, tal como sucedió en España con represores argentinos.
Franco fue el líder del partido único “Falange Española” y gobernó el país bajo una dictadura fascista entre el 17 de julio de 1936, cuando dio inicio a la Guerra Civil Española, y el 15 de junio de 1977, período que dejó 1.500.000 muertes.
Servini de Cubría solicitó los “nombres y últimos domicilios conocido de los miembros de los Consejos de Ministros de los Gobiernos del Estado Español y de los miembros de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española” que actuaron durante el franquismo con la “certificación de los que hayan fallecido”.
Además, pidió “el número de personas desaparecidas, identificándoselos, en la medida de lo posible con sus nombres y apellidos, fechas y lugar de su desaparición”.
También, la cantidad de personas asesinadas y torturas por motivos de “persecución política” y “el número de niños sustraídos a sus familias de origen, apropiados y con su identidad sustituida por familias afectadas a la dictadura, debiendo identificar los grupos familiares despojados de aquellos”.
Otro de los puntos del exhorto es las fosas comunes encontradas en España con “señalamiento de los cuerpos que han sido identificados hasta la fecha” y “la lista de empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas”.
El exhorto fue enviado a Chancillería el 13 de diciembre pasado y el Ministerio de Relaciones Exteriores ya lo giró a España, explicaron las fuentes.
La jueza Servini de Cubría había rechazado el año pasado el pedido de investigación de los crímenes porque los hechos estaban siendo investigados en España, pero luego la Cámara Federal anuló ese fallo y ordenó proseguir con la causa.
http://www.cronista.com//contenidos/2011/12/26/noticia_0123.html

jueves, 29 de diciembre de 2011

El horror presente

Los familiares de víctimas del franquismo que conforman la querella son por el momento seis, “pero hay un gran número de causas nuevas que se ingresarán en los próximos meses”, cuenta el abogado Máximo Castex. Denuncian el fusilamiento y desaparición de familiares, torturas físicas y otros tratos crueles.
Nora Cortiñas y Darío Rivas Cando
La presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, abrazó a Darío Rivas Cando, representante de la española Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica.
 

El País R.M. / 27-12-2011

Darío Rivas, de 91 años, vive desde los 9 en Buenos Aires. Su padre, Severino Rivas Barja, fue asesinado por oficiales falangistas “por traición a la patria” en 1936. Su cadáver permaneció desaparecido durante décadas, enterrado en una fosa común, hasta que en 2005 su hijo lo pudo recuperar. Al momento de su muerte era alcalde de Castro de Rey, en la provincia de Lugo. “Era socialista del corazón, le gustaba ayudar a los pobres” y, por eso, los legisladores del municipio que encabezó pusieron su nombre a una calle, contó Rivas a este diario.
La denuncia de Rivas fue la impulsora de toda la causa en abril de 2010. Fue acompañada por la demanda de Inés García Holgado, vecina de la Ciudad de Buenos Aires, que pide justicia por las muertes de un tío y dos tíos abuelos. Su tío es Vicente García Holgado, un argentino que fue de niño a España, estudió medicina en la Universidad de Salamanca, integró las Milicias Castellanas Antifascistas Batallón Los Comuneros y en 1936 fue ascendido a teniente médico. Permanece desaparecido.
Los tíos abuelos de la querellante son Elías y Luis García Holgado. Elías, madrileño nacido en 1881, fue alcalde de Lumbrales, en Salamanca, y diputado provincial entre 1931 y 1936; mientras que Luis fue durante la Segunda República española, en 1934, concejal en el Ayuntamiento de Astorga. Ambos fueron fusilados.
La tercera denunciante es Silvia Carretero Moreno, española de 57 años. “Inicio una querella criminal por los delitos de genocidio y/o de lesa humanidad en ejercicio del principio de jurisdicción universal, cometidos contra mi persona y mi marido”, dice su presentación judicial. Los dos militaban en un agrupación universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, que respondía al frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP), que buscaba derrocar al régimen de Franco.
En 1975, cuando llevaba dos meses y medio de embarazo, Inés fue detenida, desnudada, interrogada, golpeada y torturada al punto de conservar cicatrices en sus manos. “Nos importa tres cojones si abortas”, le dijeron sus carceleros, que incluso la amenazaron con hacerla copular con un perro, técnica usada por la Gestapo para destruir el útero de la mujer.
Su marido, José Luis Sánchez-Bravo Solla, “fue torturado en las dependencias policiales de la Dirección de Seguridad durante días, aplicándosele corrientes eléctricas en los testículos por lo que estuvo orinando sangre hasta el día de su muerte”, dice la denuncia. Inés agrega en su declaración: “Fue condenado a la pena de muerte y Franco da su ‘enterado’ a pesar de las peticiones de indulto mundiales, tanto sociales como de dirigentes políticos y religiosos”. Lo fusiló un pelotón de cinco policías el 27 de septiembre de 1975.
Por su parte, Adriana Beatriz Fernández Galisteo, argentina del partido de Tigre, encabeza la denuncia por el fusilamiento y desaparición de su abuelo, Antonio Fernández González, jornalero nacido en 1912. Tenía esposa e hijos pequeños, cuando lo fusilaron en 1936. “La versión que circuló fue que lo mataron por haber avisado a un compañero que se escapara porque vendrían a buscarlo”, declaró su nieta. El acta de defunción fija su deceso “a consecuencia de la lucha contra el marxismo”.
La lista la cierran los españoles Críspulo Nieto Cicuéndez, que demanda por su padre y su tío, fusilados en 1940, y Eugenio Emilio Gómez San Juan, que denuncia por su abuelo detenido por insultar a generales falangistas, muerto en prisión por tuberculosis pulmonar en 1938. Pero ya hay nuevos damnificados que están tramitando sus denuncias.
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/subnotas/1-57144-2011-12-27.html

Argentina reclama a España información sobre Fraga para investigar el franquismo

Demanda datos sobre los ministros de Franco, los jefes de las fuerzas de seguridad y las empresas que utilizaron a presos políticos
memoria historica fraga franco
Manuel Fraga guía a Francisco Franco en una visita oficial.
laopinióncoruña.es, 28-12-11

Además del domicilio de los ministros de Franco, demanda datos sobre los jefes de las fuerzas de seguridad durante el régimen y las empresas que utilizaron a presos políticos para trabajos forzosos
R. PRIETO | A CORUÑA La Justicia argentina investiga la dictadura de Franco. Un año y medio después de que el hijo de un gallego fusilado en 1936 promoviese en el país austral una demanda para sentar en el banquillo a los responsables de los miles de fusilamientos cometidos tras la Guerra Civil, la juez federal argentina María Servini de Cubría pide a España que aporte información sobre ministros de la dictadura franquista, entre ellos Manuel Fraga, y de responsables de las fuerzas de seguridad.
“Se trata de investigar y clarificar lo que ocurrió y de depurar las responsabilidades pendientes”, apunta el abogado Gustavo García que en abril del año pasado presentó en Argentina una lista con más de 5.000 víctimas gallegas del franquismo así como el apoyo de una veintena de familias de represaliados en Galicia a la querella impulsada por el lucense Darío Rivas, afincado en Buenos Aires desde los 9 años, para abrir un juicio en el país austral por el “genocidio” del régimen de Franco bajo el principio de justicia universal, por el que se pueden investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en terceros países.
A la querella promovida en abril de 2010 por Rivas se sumaron la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), grupo originario del Bierzo leonés promotor de las primeras exhumaciones del franquismo en España, así como las Madres de Plaza de Mayo y el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Darío Rivas tiene claro que todavía hoy hay “responsables” de estos “asesinatos” que deben sentarse en el banquillo para rendir cuentas a las familias de los más de 100.000 desaparecidos tras la Guerra y los más de 30.000 niños secuestrados. Esta lista negra de la dictadura franquista la encabeza, según Darío Rivas, el entonces ministro de Información y Turismo Manuel Fraga.
El exhorto de la magistrada solicita nombres y domicilios de los ministros -el expresidente de la Xunta fue ministro de Información y Turismo durante el franquismo- y jefes de las fuerzas de seguridad en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936 y 15 de junio de 1977. La demanda incluye a los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española y solicita el certificado correspondiente en caso de fallecimiento. La lista de documentación que reclama la magistrada se extiende también a las personas desaparecidas, asesinadas y torturadas en ese periodo, así como los niños apropiados y las empresas que utilizaron a presos políticos en campos de trabajo forzoso.
Servini de Cubría, una juez de alto perfil y con una trayectoria de compromiso con los derechos humanos, había archivado las actuaciones de acuerdo con un dictamen de la Fiscalía según el cual tales crímenes han sido o son investigados por la justicia española, lo que dio lugar a una apelación de la parte querellante. En septiembre del pasado año, la Cámara Federal declaró nula la decisión de la magistrada y aceptó la petición de la querella.
La historia va camino de repetirse, pero esta vez a la inversa. Corría el año 1999 cuando Baltasar Garzón solicitó la captura de un centenar de militares y civiles por las desapariciones de la dictadura Argentina. El proceso abierto por el juez de la Audiencia Nacional dio sus frutos: los ex militares argentinos Adolfo Scilingo y Ricardo Miguel Cavallo fueron enviados a prisión por orden del magistrado español, ahora acusado de prevaricación por tratar de investigar los crímenes del franquismo.
Una década después de que Garzón iniciase la investigación por el genocidio en Argentina, los familiares de víctimas del franquismo quieren que los responsables de los miles de fusilamientos de la Guerra Civil y la postguerra en España respondan ante la Justicia argentina. El gallego Darío Rivas, hijo del exalcalde de Castro de Rei fusilado en octubre de 1936, es el impulsor de la demanda presentada ayer en los tribunales de Buenos Aires para que se investiguen los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de Franco.
http://www.laopinioncoruna.es/galicia/2011/12/28/argentina-reclama-espana-informacion-fraga-investigar-franquismo/564288.html

FOSAS, HUESOS, VICTIMAS, PERSONAS


Fosa comun
LOS DESASTRES DE LA GUERRA


Gervasio Sánchez 26 Diciembre 2011


Acérquese a una fosa común y mire durante unos minutos. Pregúntele a su conciencia: si fuera mi padre o mi abuelo permitiría que continuase ahí tirado. Piénselo de verdad, es decir, en silencio.

Hay dos respuestas posibles: si y no. Si su respuesta es sí está claro que debe ir al psicólogo. Ya sé que hay familiares que no quieren revolver la tierra. Pero dudo mucho que contestasen de esa manera a pie de fosa.

Si su respuesta es no actúe en consecuencia: acepte que todas las fosas sean abiertas, todos los huesos de las víctimas sean ordenados, identificados y entregados a sus familiares para que le den una sepultura decente.

Entiendo su dilema: hay muchos desaparecidos y es un trabajo muy caro. Además, estamos en crisis. ¿Vale la pena escarbar el pasado? ¿No sería mejor dedicar el dinero a construir puestos de trabajo, adecentar empresas o bancos ruinosos, subvencionar la compra de coches? Insisto: mire a la fosa y hágase otra vez la misma pregunta.

La demagogia nos puede sacar del atolladero. Se puede pensar en ahorrar cuando un equipo de fútbol se gasta casi 100 millones de euros en un fichaje o cuando un estado nos regala 400 euros por nuestra cara bonita. ¿Sabe cuántas fosas se podrían abrir con 100 millones de euros? Con una cuarta parte del regalo que nos hizo nuestro Estado (el gobierno simplemente ejerció de irresponsable) el año pasado, podríamos asear nuestro pasado.

¿Sabe cuánto está costando la búsqueda de los restos de los pasajeros y del avión de Air France que se cayó al océano hace tres semanas? Si su padre, su abuelo o su hijo estuviesen en el fondo del mar, ¿se conformaría con la explicación banal de que es muy caro buscarlos? Claro que no. ¿Rechazaría la entrega de algunos restos de su familiar en una pequeña caja? Claro que no.

Resulta que ve a los familiares como unos aprovechados que sólo quieren dinero o, peor, que buscan culpables y venganza. Vuelva a la fosa y observe cómo trabajan los arqueólogos y antropólogos. Entre ellos, camuflados, también verá familiares limpiando huesos armados de pequeños pinceles. ¿De verdad piensa que esa persona está ahí por dinero o venganza?

Pongamos que recibe una reparación económica. Primero recuerde que habrá tenido que acreditar documentalmente los hechos ocurridos. Le aseguro que es una misión imposible tal como están los archivos de nuestro país y las restricciones existentes. Si supera todos los obstáculos y consigue confeccionar un expediente decente cobrará unos miles de euros. ¿No le parece que tiene el mismo derecho que tendría usted si su padre o su hijo fuesen atropellados en un paso cebra? Al fin y al cabo a su familiar quizá lo sacaron de su casa, lo pasearon durante unos minutos eternos, lo ejecutaron y lo lanzaron al fondo de un agujero.

Pongamos que se quiere vengar. ¿De quién? ¿Del asesino que ya murió? ¿De la historia? Nunca he escuchado la palabra venganza en una fosa. Ni en Guatemala, ni en Iraq, ni en Bosnia. Tampoco en España. Nadie se remanga el traje y se dedica semanas, meses y años a buscar los restos de su padre o su abuelo por venganza. No se sostiene.

Es cierto que algunos verdugos siguen vivos. Me han explicado la historia de un asesino que, además, violó a una de sus víctimas femeninas ante de matarla, que cada día va a comulgar en bicicleta. Las personas que conocen la historia nunca se la han contado a los familiares directos. El asesino ya tiene más de noventa años. ¿Usted tendría un comportamiento similar? ¿Usted se lo callaría? ¿Usted aceptaría que el violador de su abuela o su madre se pasease en bicicleta a unos kilómetros de su casa sin haber sido juzgado? Permítame que lo dude.

De nuevo, entiendo su dilema: era una guerra y ya sabemos lo que pasa cuando todo se desmorona. Los vecinos y los hermanos se matan. La violación es un arma de terror. El enemigo es reconvertido en un demonio para paliar los golpes de la conciencia. Llevo más de 25 años viviéndolo de forma regular. Ni el peor de los testimonios me asombra aunque me siga hiriendo.

Pero la guerra tiene reglas. La tortura, las ejecuciones extrajudiciales, los ataques contra la población civil son crímenes contra el derecho internacional que no prescriben. Los máximos responsables ya murieron o son ancianos, pero sigue existiendo un Estado llamado España que tiene una obligación con su propia historia.

miércoles, 28 de diciembre de 2011

La Justicia argentina pide a España datos sobre ministros de Franco

La jueza Servini de Cubría solicita también datos sobre desaparecidos, asesinados y torturados de la dictadura, en el marco de la investigación abierta por los crímenes cometidos durante el franquismo
Silvia Carretero y uno de sus abogados, Máximo Castex. EFE

EFE Buenos Aires 27/12/2011

Una jueza federal argentina pidió a España aportar información sobre ministros y responsables de las fuerzas de seguridad de la dictadura franquista en el marco de la investigación abierta por crímenes cometidos durante el régimen franquista, informaron fuentes judiciales.
El exhorto de la jueza federal María Servini de Cubría solicita nombres y domicilios de los ministros y jefes de las fuerzas de seguridad en el periodo comprendido entre el 17 julio de 1936 y 15 junio de 1977.
El exhorto incluye a los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española y solicita el certificado correspondiente en caso de fallecimiento.
Asimismo, la jueza pidió información sobre personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la dictadura franquista, niños apropiados y datos de empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, según las mismas fuentes.
La solicitud de Servini de Cubría se enmarca en la causa que investiga los crímenes del franquismo iniciada a instancias de un grupo de familiares de víctimas bajo el principio de justicia universal, por el que se pueden investigar crímenes de lesa humanidad ocurridos en terceros países.
Servini de Cubría había archivado las actuaciones de acuerdo con un dictamen de la Fiscalía según el cual tales crímenes han sido o son investigados por la justicia española, lo que dio lugar a una apelación de la parte querellante. En septiembre del pasado año, la Cámara Federal declaró nula la decisión de la magistrada y aceptó la petición de la querella.
Entre las demandas presentadas ante los tribunales de Buenos Aires figuran las de Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo, y las de Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936, e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937.
Rivas y García encabezaron la querella presentada en abril de 2010 ante los tribunales federales argentinos por genocidio con el auspicio de organismos humanitarios locales, entre ellos el Servicio de Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz en 1980.
La demanda fue ampliada después con 17 nuevos casos de víctimas gallegas, de un total de casi 5.000 represaliados por la dictadura en Galicia, identificados en una investigación realizada por universidades gallegas durante los últimos cuatro años.

De cuando el Rey pedía dinero para UCD con el fin de frenar al PSOE “marxista”

El monarca pidió diez millones de dólares al Sha de Persia con el objeto de frenar el ascenso electoral socialista





ELPLURAL.COM | 27/diciembre/2011

Juan Carlos I envió en 1977 al Sha de Persia una carta en la que le reclama “diez millones de dólares como tu contribución personal al fortalecimiento de la monarquía española”, presentando a la Corona como amenazada por el PSOE alertando de que era un partido “marxista”.
Los problemas con la justicia de Iñaki Urdangarin, mientras crece la posibilidad de que sea imputado, siguen pasando factura a su suegro. Su discurso apelando a la igualdad de todos ante la ley ha levantado ampollas, ya que como recuerda ELPLURAL.COM el monarca está por encima de la ley según la Constitución española. Sus alusiones a su yerno han dado pie a recordar otras acciones en las que el que mediaba para conseguir dinero era el propio monarca, aunque fuera para beneficiar a unos partidos políticos en perjuicio de otros.
La petición del Rey al Sha en 1977
Así, el blog Ciberculturalia recupera una carta que Juan Carlos I envió al Sha de Persia, Reza Pahlevi, el 22 de junio de 1977. La misiva está recogida en un libro de confesiones de los entresijos políticos del régimen iraní del Sha obra de quien fuera su ministro del Interior y primer ministro, Asadollah Alam. El objeto del Rey no era otro que reclamar a su “hermano” Pahlevi la concesión de “diez millones de dólares como tu contribución personal al fortalecimiento de la monarquía española”. Y es que presenta a la Corona como amenazada por el PSOE alertando de que era un partido “marxista”.
“Riesgo” para la monarquía"
La carta no tiene desperdicio, y en ella pone al corriente al Sha de la actualidad política del país aludiendo al fin del franquismo y a la transición: “Cuarenta años de un régimen totalmente personal han hecho muchas cosas que son buenas para el país pero al mismo tiempo dejaron a España con muy deficientes estructuras políticas, tanto como para suponer un enorme riesgo para el fortalecimiento de la monarquía”.
“Fuentes fidedignas” alertan de que el PSOE “es marxista”
Tras felicitarse por la confianza depositada en Adolfo Suárez y de que éste ganara las elecciones en 1977, la misiva advierte: “Sin embargo, el Partido Socialista obtuvo un porcentaje de votos más alto de lo esperado, lo que supone una seria amenaza para la seguridad del país y para la estabilidad de la monarquía, ya que fuentes fidedignas me han informado de que su partido es marxista. Cierta parte del electorado no es consciente de ello y los votan en la creencia de que con el socialismo España recibirá ayuda de algunos países europeos, como Alemania, o en su defecto países como Venezuela, para la reactivación de la economía española”.
AP “asistida por la banca” pero Suárez necesitaba “ayuda”
El Rey no se muestra preocupado por la financiación de la derecha, “asistida por la banca de España”, pero sí por la de UCD, y dice que Suárez “necesita más que nunca cualquier ayuda posible, ya sea de sus compañeros o de países amigos que buscan preservar la civilización occidental y las monarquías establecidas”. De ahí que se toma la “la libertad” de pedir al Sha apoyo económico “en nombre del partido político del presidente Suárez” que cifra en la posibilidad de “diez millones de dólares como tu contribución personal al fortalecimiento de la monarquía española”.
Año y medio después caía el Sha
El Sha estaba muy sensibilizado con el marxismo en su país, que había perseguido y reprimido con brutalidad, aunque fue una revolución popular de inspiración religiosa la que acabó por echarle del poder apenas un año y medio de la carta de Juan Carlos I, en enero de 1979.
http://www.elplural.com/politica/de-cuando-el-rey-pedia-dinero-para-ucd-con-el-fin-de-frenar-al-psoe-marxista/

Argentina presiona a la justicia española

En España, quienes padecieron la violencia del régimen de Franco han solicitado justicia internacional en ese país

Víctimas del franquismo


Patricia Campelo. Público, 27 dic 2011
843 procesados, 266 condenas, cerca de 500 detenidos, 1.200 cuerpos recuperados en 27 años, 505 identificados y una búsqueda abierta. Son los datos de la reparación de las víctimas de la última dictadura militar en Argentina. En España, quienes padecieron la violencia del régimen de Franco han solicitado justicia internacional en ese país. Observando cómo han gestionado  su propio proceso, son muchos los motivos que tienen para confiar.
Familiares de víctimas del franquismo apelaron a la justicia universal desde Buenos Aires (Argentina) cuando las autoridades judiciales españolas suspendieron temporalmente al juez que trató de esclarecer los asesinatos de sus ascendientes. El magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón declarará ante el Tribunal Supremo el próximo 24 de enero tras la denuncia por prevaricación que interpuso contra él Manos Limpias. El sindicado ultraderechista le acusó de no tener competencia en la investigación de los delitos cometidos durante el franquismo, considerados de lesa humanidad por organismos internacionales.
El pasado 3 de diciembre, la hija de Franco nombró Caballero de Honor de la fundación que defiende el nombre de su padre a Miguel Bernard, secretario general de Manos Limpias. La Fundación Francisco Franco otorgó la misma distinción a José Utrera Molina, dos veces ministro en el franquismo y suegro de Alberto Ruiz Gallardón, actual ministro de Justicia.
Ante el contexto de acontecimientos desfavorables para las víctimas y sus familiares, en el que ven lejos la satisfacción de sus demandas de justicia, es inevitable que éstas dirijan su mirada hacia Argentina y busquen en el país andino la vía para obtener la reparación que no hallan en España.
Una fosa común en la provincia de Tucumán.-AP
El proceso, que comenzó el pasado 14 de abril de 2010 con la denuncia  presentada en un juzgado bonaerense, prosigue y ahora España deberá faciliar a la jueza que lleva el caso en Buenos Aires, María Servini de Cubría, los datos de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de Falange hasta el 15 de julio de 1977. El exhorto fue enviado el pasado 13 de diciembre desde el ministerio argentino de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos al Gobierno español.
Pero la perspectiva judicial argentina no es la única en la que se fijan víctimas, familiares y asociaciones de derechos humanos en España. El proceso integral y judicializado de recuperación e identificación de desaparecidos que se está llevando a cabo en ese país supone el paradigma de actuación que se espera de un estado democrático.
ARGENTINA HACE SUS DEBERES
Por ejemplo, desde el pasado abril, el Código Penal argentino considera crimen de Estado la desaparición forzada en la que participen fuerzas policiales y, el Gobierno, a través de convenios firmados con asociaciones como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), ha formalizado e institucionalizado la búsqueda e identificación de los desaparecidos.
El estado argentino tardó casi dos décadas en asumir la tarea de la reparación, pero una vez adoptada esa responsabilidad en 2003, tras derogar las leyes de amnistía , comenzó un proceso de normalización que afecta a los juicios que aún se están celebrando contra los responsables del ultimo régimen militar (1976- 1983).
“Un elemento clave en las transiciones a la democracia es saber qué sucedió con los desaparecidos”, señaló Luis Fondebrider, antropólogo forense y miembro del EAAF, la semana pasada en Madrid, durante la jornada de balance de 27 años de trabajo del equipo.
Hasta la fecha, un total de 843 personas han sido procesas en juicios que se desarollan en diferentes regiones del país. De ellas, 449 irán a juicio y hay 593 cumpliendo condenas preventivas. Desde 1984, se contabilizan un total de 266 condenas firmes. Todo, según los datos del ministerio Fiscal argentino publicados el pasado 23 de diciembre.
“Un elemento clave en las transiciones a la democracia es saber qué sucedió con los desaparecidos”
Todas estos pasos vienen a profundizar la idea de la normalización de los procesos que reparan a las víctimas de las dictaduras. En Argentina, estos mecanismos se desarrollan en un clima de aceptación por parte de una sociedad “que no niega lo que sucedió en su pasado reciente”, explicó Mercedes Salado, integrante del EAAF.
FORENSES INTERNACIONALES
En 1984 surge el Equipo Argentino de Antropología Forense para dar respuesta a la desconfianza que la población tenía hacia los cauces oficiales. A lo largo de estos años, este organismo no gubernamental ha trabajado en exhumaciones en Timor Oriental, Bosnia, Croacia, Sudáfrica, Angola, Etiopia, Kenia, México, Honduras y Guatemala entre otros muchos. Trabajan bajo peticion de Comisiones de la Verdad, de organismos internacionales, estados o agrupaciones de familiares de víctimas.
La identificación de dos españoles asesinados en centros clandestinos de detención fue posible gracias a la labor de esta ONG. En  diciembre de 2009 se identificó al primero de ellos, Manuel Coley Robles, y al segundo, Urbano López  le devolvieron su nombre el pasado mes de septiembre. Ambos formaban parte del Habeas Corpus (requerimiento a las autoridades para llevar al detenido ante el juez)  presentado, en 1983,  por el cónsul general de España en Argentina a favor de los españoles involucrados en casos de detenciones forzadas.
El Equipo, gracias a un acuerdo entre los ministerios de Justicia español y argentino, recabó en 2008 50 muestras de sangre de españoles que creían tener familiares entre los desaparecidos durante la dictadura de Videla. Estas muestras, que se recogieron a traves de los cinco consulados de Argentina en España,  se sumaron a las miles que ya integran el banco de ADN necesario para identificar los restos humanos que se van recuperando en los procesos de exhumación.
Salado recordó que en España no han intervenido ya que aquí ya existen  “muchos profesionales haciendo una importante labor”. Pero hubo una exhumación en la que si jugaron un papel activo: la de la única fosa que se ha abierto en España por orden judicial, en Benavente (Zamora). “Fuimos tan solo para explicar que aquello era algo normal, que nosotros lo hacíamos siempre de ese modo y que no pasaba nada por ello“, rememoró.
http://blogs.publico.es/memoria-publica/2011/12/27/argentina-presiona-a-la-justicia-espanola/

martes, 27 de diciembre de 2011

A los hijos del exilio se les acaba el plazo para pedir la nacionalidad

Siguiendo lo estipulado en la Ley de Memoria Histórica, más de 200.000 descendientes de exiliados son ya españoles 

Niños camino del exilio.
Niños camino del exilio
EFE Madrid 27/12/2011

Después de tres años en los que más de 200.000 descendientes de exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo han obtenido la nacionalidad española, hoy termina el plazo para esta petición que con concedía la Ley de Memora Histórica.
El período para que pudieran optar a la nacionalidad los hijos y nietos de quienes huyeron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 se abrió el 27 de diciembre de 2008, un año después de que las Cortes aprobaran la Ley, con la oposición de los conservadores.
Hasta el 31 de agosto se había concedido la nacionalidad a 213.787 personas, de las 378.862 que la habían solicitado, según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
La estimación es que en los últimos cuatro meses del año la cifra de nuevos nacionalizados pueda llegar a los 250.000 y que una vez que se complete el estudio de los expedientes que se presenten hasta hoy, se superen los 300.000, según fuentes del Gobierno.
La Ley de la Memoria Histórica establecía como beneficiarias a las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español y los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad debido al exilio.
Los países de Iberoamérica acaparan el 95% de las solicitudes De las 378.862 peticiones presentadas hasta final de agosto, unas 348.000 son de hijos de exiliados, un 92%, y más de 24.000 de nietos.
El resto -unas 6.000- son de descendientes de primer grado de exiliados nacidos en España que pudieron ya optar a la nacionalidad tras la reforma del Código Civil de 2002.
Ante el elevado número de solicitudes, el Gobierno acordó a comienzos de 2010 una prórroga hasta hoy para que las oficinas consulares tuvieran tiempo suficiente de tramitar los expedientes.
Los países de Iberoamérica acaparan el 95% de las solicitudes, en especial Cuba, Argentina, México y Venezuela.
En Cuba, 66.000 personas han recibido ya el pasaporte español y la previsión es que al final del proceso lo obtengan unos 180.000 -cerca del 1,7% de la población de la isla-, según los cálculos del Consulado de La Habana.
Para aspirar a la nacionalidad, los interesados han tenido que aportar algún justificante que acredite la condición de exiliado de su abuelo o abuela.
Desde la Asociación de Descendientes creen que "debería ser un proceso sin fecha límite" Son válidos los resguardos de haber recibido alguna prestación por exilio o el certificado de las oficinas de refugiados de Naciones Unidas o de los países de acogida que asistieron a los españoles y a sus familias que huyeron.
También se han aceptado informes expedidos por partidos políticos o sindicatos que cuenten con archivos de exiliados reconocidos por la autoridades españolas.
Los hijos de quienes hayan obtenido la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Histórica pueden a su vez optar a ella, siempre que sean menores de 18 años.
La presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio, Ludivina García, ha valorado positivamente los derechos otorgados con la ley a los familiares de quienes se vieron obligados a renunciar a ella al huir de España. Pero ha considerado que "debería ser un proceso permanente, sin fecha límite".
También ha destacado que los "temores infundados" que había cuando se abrió el plazo de que podría haber 2,5 millones de nuevos españoles "se han demostrado falsos" y las cifras han sido mucho más reducidas.

 

Los olvidados de Stutthof

Interviú rescata siete nombres de españoles que pasaron por campos nazis en Polonia

Campo de concentración de Stutthof (Polonia)



Todos los Nombres, 26 Dic 2011
Interviú rescata los documentos de siete españoles que pasaron por uno de los campos de concentración más terribles de Polonia.
Tenían sueños, nombres y apellidos, pero el nazismo los condenó a ser simples números, en el norte de Polonia. Casi sesenta años después de su descenso a los infiernos, Interviú ha localizado las fichas de detención de siete españoles que pasaron por el campo de concentración de Stutthof. Solamente hay constancia de la muerte de uno de ellos. El destino de los otros seis es un autentico misterio.
El artículo en el siguiente enlace:
http://www.todoslosnombres.org/php/verArchivo.php?id=5273

La jueza Servini pidió a España datos de represores franquistas

La jueza Servini pidió a España datos de represores franquistas
Reclamó también información sobre personas asesinadas y desaparecidas, así como sobre niños apropiados.
La jueza federal María Servini de Cubría

27/12/2011 00:01 | Agencia DyN

Buenos Aires. La jueza federal María Servini de Cubría libró un exhorto a España en el que solicitó nombres y domicilios de los integrantes del Consejo de Ministros y de los jefes de las fuerzas de seguridad que integraron el gobierno de facto del general Francisco Franco entre julio de 1936 y junio de 1977 y si se encuentran vivos, en el marco de una investigación de los crímenes del franquismo.
También requirió información sobre la cantidad de personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la represión franquista, el número de niños apropiados y las empresas que utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, entre otros datos. Así lo informaron fuentes de la Justicia.
El exhorto se da en la causa en la que se investigan los crímenes del franquismo y que fue iniciada por familiares de víctimas bajo el principio de justicia universal, por lo que se pueden investigar delitos contra la humanidad ocurridos en otros países, tal como sucedió en España con represores argentinos.
Franco lideró el partido único Falange Española y gobernó el país bajo una dictadura entre el 17 de julio de 1936, cuando se inicio la Guerra Civil Española, y el 15 de junio de 1977, periodo que dejó 1.500.000 muertos.
Servini de Cubría solicitó “los nombres y los últimos domicilios conocidos de los miembros de los consejos de Ministros de los gobiernos españoles y de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española” durante el franquismo, con la “certificación de que hayan fallecido”.
Además, pidió “el número de desaparecidos, identificándolos en la medida de lo posible con sus nombres y apellidos, fechas y lugares de su desaparición”.
También, la cantidad de personas asesinadas y torturadas por “persecución política” y “el número de niños sustraídos a sus familias de origen, apropiados y con su identidad sustituidas por familias vinculadas con la dictadura, debiendo identificar los grupos familiares despojados”.
El exhorto fue enviado a la Cancillería el 13 de diciembre y ésta lo giró a España.

lunes, 26 de diciembre de 2011

El PCE y el Ministerio de Cultura firman acuerdo de conservación y digitalización del Archivo Histórico del PCE

El archivo fue creado oficialmente en 1980, por acuerdo del Comité Central, y se determinó la apertura pública del mismo

Archivo PCE

Mundo Obrero Redacción | 23-12-2011

El Ministerio de Cultura y el Partido Comunista de España han firmado un convenio en el que desarrollan los términos de colaboración mutua que acordaron el pasado septiembre y por el cual el Ministerio se compromete a digitalizar el Archivo Histórico del PCE para que sea de acceso público a partir del próximo año 2015.
José Luis Centella, en calidad de Secretario General del PCE, y Rogelio Blanco, Director General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura, han firmado el acuerdo con el objetivo de:
“[...] promover la difusión y conocimiento de los fondos depositados a través de exposiciones, conferencias, jornadas, etc… Para la difusión internacional de la información relativa los documentos que integran el depósito, el comodante autoriza al Ministerio de Cultura a promover la difusión de las imágenes digitalizadas y los inventarios de los mismos a través de la plataforma PARES, citando procedencia y autoría [...]” (estipulación 3ª 1.2 del acuerdo)
El Archivo Histórico del PCE es gestionado por la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM) así como el llamado Archivo de la Transición que incluye documentación de la organización de los años 70 hasta nuestros días. El archivo fue creado oficialmente en 1980, por acuerdo del Comité Central, y se determinó la apertura pública del mismo. Su finalidad residía en reunir, conservar y difundir el patrimonio histórico del Partido desde sus orígenes hasta el final del llamado “periodo de transición democrática” así como todo lo relativo al movimiento obrero y a la lucha por las libertades democráticas durante el franquismo.
Desde hace unos años, fruto de acuerdos anteriores, el Ministerio de Cultura y el Partido Comunista de España han ido digitalizando e incorporando a http://prensahistorica.mcu.es numerosas publicaciones del Partido como Mundo Obrero, Nuestra Bandera, Bolchevismo, etc…
Entre las estipulaciones del acuerdo figuran:
Duración mínima del fondo prestado por 15 años, salvo resolución del acuerdo.
Permanencia conjunta e indivisible de los documentos del archivo prestado.
El Archivo histórico del PCE contará con idénticos criterios y prioridades de conservación y reproducción de seguridad que el resto de fondos de titularidad estatal.
La difusión de los archivos digitalizados citarán la procedencia y autoría de los mismos.
Se entregará copia de los fondos en formato digital al titular del fondo, el PCE.
La salida de documentos del archivo para fines de interés cultural tales ocmo exposiciones o jornadas, deberá ser comunicada al PCE y requerirá autorización mediante orden ministerial.
La reproducción de fondos documentales para usos no privados, los distintos al estudio y la investigación, requerirán autorización del PCE.
http://www.mundoobrero.es/pl.php?id=1568

«Escribo sobre la Guerra Civil para que no se repitan los errores del pasado»


Germán Mayora
Lne.es, - 26 Diciembre 2011
Germán Mayora, escritor, acaba de publicar «Cazados»


Pola de Lena,
C. M. BASTEIRO «Todo el mundo en Lena contaba la trágica historia de Popo y Josefina, pero nadie la había recogido en un libro»
De pequeño, Germán Mayora (Lena, 1941) escuchó a sus familiares susurrar la trágica historia de Popo y Josefina, dos jóvenes que decidieron inmolarse al final de la Guerra Civil para no ser apresados por sus perseguidores. Lo guardó bien en su recuerdo y ahora los plasma en una novela: «Cazados». No es la primera vez que este lenense, cofundador y tesorero del Ateneo Republicano Asturiano y responsable de la Comisión de Memoria Histórica en Lena, escribe un libro, pero hasta ahora todos su trabajos habían sido documentales sobre el concejo de Lena y el oso.
-Ha escrito un libro con una historia casi tan trágica como «Romeo y Julieta».
-Si, y además es real como la vida misma. Los protagonistas son dos jóvenes, Popo y Josefina. El hombre trabajaba en los juzgados de Lena y la joven era hija de unos vecinos de Quirós. Se conocieron en las Juventudes Socialistas Unificadas y, a partir de ahí, hicieron vida en común. El final de la Guerra los une definitivamente y mueren juntos, se inmolan, para no caer en manos de quienes los querían apresar por su ideología.
-Para escribir esta historia, ¿se basó en documentación o en testimonios?
-Es una historia que yo conozco desde niño. La historia de Popo y Josefina se contó desde siempre en el concejo. Eran muy conocidos en la Pola, sobretodo él, que era de una familia de clase media-alta con negocios en el concejo y que participó en 1934 en la revolución. Todo el mundo lo contaba pero nadie dejó nada escrito en un libro.
-¿Se sabe dónde murieron los amantes «cazados»?
-En una cabaña que hay en el pueblo de Piedracea, en un monte que llaman la Escrita. Allí, Popo le pegó un tiro a Josefina y luego se suicidó abrazado a ella. Cayeron encima del fuego y murieron juntos, para descansar para siempre de los que les perseguían.
-¿Habló con sus familiares?
-Sí hablé con familiares de Popo, porque de Josefina prácticamente no queda ninguno en Lena. Cuento con datos de gente que vivió a su lado.
-¿Qué les ha parecido la obra?
-No me lo han dicho.
-¿Y a sus primeros lectores?
-Las noticias que tengo es de que gusta e incluso hay quien llora. Eso me dicen, no sé si será cierto o no (risas). Lo que sí es verdad es que no había escrito una novela antes, siempre hice trabajos documentales, y estoy ansioso por conocer la reacción del público.
-¿Servirá para no olvidar a Popo y Josefina?
-Eso espero. En la tradición oral no había nada claro, y yo quise hacer algo más real, más nítido para que no se pierda y permanezca en el futuro.
-¿Aprenderán los lectores los errores del pasado con su novela?
-Creo que sí. De hecho hago referencia en la dedicatoria, porque es mi objetivo. Yo dedico este libro a a mis hijos, a mis nietos y a toda la juventud, para que aprendan de los errores del pasado y no se despeñen por la trampa de llegar a una lucha fratricida como la ocurrida. Por eso escribo sobre la Guerra.
-¿Tuvo que ver su labor como responsable de la Comisión de Memoria Histórica para escribir esta novela?
-Siempre influyen tus experiencias cuando te pones a escribir. Llevo meses trabajando para buscar a los familiares desaparecidos de muchos vecinos del concejo y, quieras o no, este libro también es un homenaje a toda la gente que perdió a un ser querido en aquella época tan negra.
-¿Cuantas novelas podría hacer con los datos que maneja diariamente en su puesto?
-Desgraciadamente, hay muchas historias tan trágicas como la de Popo y Josefina, en Lena, en Asturias y en el resto del mundo, y podrían hacerse decenas de libros con el fin de no repetir los errores del pasado. En cambio, la historia de «Cazados» es distinta por la juventud de sus protagonistas y el amor que desprenden.
http://www.lne.es/cuencas/2011/12/26/escribo-guerra-civil-repitan-errores-pasado/1175927.html

domingo, 25 de diciembre de 2011

El peso de Azaña y el de Isabel II


Manuel Azaña, Presidente de la República





Félix Población. Público, 23 dic 2011

Muy tarde, a finales de la última legislatura, el Congreso de los Diputados rindió a Manuel Azaña Díaz, ultimo presidente de la segunda República, el homenaje que se le debía al más relevante orador y parlamentario del siglo XX en España, condición que ahora se echa especialmente de menos ante tantísimo diputado malhablante, con Rajoy a la cabeza.
Se hicieron entonces varios comentarios con motivo de la ubicación de la estatua de don Manuel en el palacio de la carrera de San Jerónimo. Gaspar Llamazares aludió a un retraso de más de treinta años. El diputado de Izquierda Unida también descartó la posibilidad de que, con el cambio de gobierno, el busto fuera trasladado de lugar, pues eso contrariaría la opinión mayoritaria de los ciudadanos.
La Mesa del Congreso, en la que el partido Popular es mayoría, acaba de decidir -sin consultar a nadie- que el último presidente de la segunda república española no puede compartir el mismo lugar de honor que la reina Isabel II. El busto de don Manuel ha sido relegado a un lugar menos noble del Parlamento, situado en la segunda ampliación del edificio.
Cuando la obra del escultor Belloti, labrada en piedra noble, se colocó en donde hasta ahora estaba, se llegó a considerar si su peso y el de la peana que soporta el busto sería excesivo para la estructura de la planta, dado el que ya soportaba ésta con la escultura de la Reina de los Tristes Destinos, de mayores dimensiones. Fue entonces cuando Bono dijo que si el vestíbulo soportaba a la reina, también tendría que aguantar a Azaña.
Pues no. Está visto que para el Partido Popular merece más consideración la soberana de la Corte de los Milagros (léase a Ramón del Valle Inclán) que quien presidió la segunda república, único antecedente democrático de la etapa política que actualmente vivimos y periodo histórico reconocido como edad de plata de la cultura española.
http://blogs.publico.es/felix-poblacion/481/el-peso-de-azana-y-el-de-isabel-ii/

Los hijos del General Varela gobiernan en La Isla

Monumento al General Varela en San Fernando (Cádiz)


14 sep 2011
La Ley de Memoria Histórica que aprobó el Gobierno del PSOE no solo fue pacata e insuficiente sino que además ni tiene fuerza para hacerse cumplir ni los gobernantes voluntad para que se cumpla. El estado está libre de responsabilidad cuando llega la hora de aplicar sus, ya de por sí, ambiguos contenidos según las organizaciones del movimiento memorialista y organizaciones políticas como Izquierda Unida (IU), Partido Comunista de España (PCE) o Izquierda Republicana (IR).
Esta falta de responsabilidad por parte del gobierno está permitiendo que los honores con que la dictadura fascista del General Franco premió a sus militares, a sus torturadores y asesinos sigan vigentes aún hoy en todo el país y en nuestra ciudad, que un genocida siga presidiendo la plaza del ayuntamiento y continúe ostentando el titulo de hijo predilecto, no sólo eso, la justicia franquista, nacida a partir de un golpe de estado sangriento y sostenida por un régimen que nunca se sometió a elecciones periódicas todavía no ha sido anulada.
Precisamente la anulación de los juicios sumarísimos es una de las reivindicaciones del movimiento por la recuperación de la memoria histórica, para dar a los represaliados por el franquismo el reconocimiento de víctimas.
La incapacidad y ambigüedad de la ley están permitiendo que tal como ocurre en muchas ciudades y pueblos, los ciudadanos de San Fernando se pasean por calles nombradas en honor de quien acabó violentamente con el gobierno democrático legalmente constituido, y continúan sufriendo en las fachadas placas y símbolos franquistas.
San Fernando nació a la sombra de los cuarteles, ha vivido al toque de corneta y al ritmo de procesiones y desfiles y desde el golpe militar franquista hasta sus alcaldes han lucido uniforme y galones pero los gobiernos municipales de la llamada época democrática han heredado y siguen practicando los mismos hábitos, San Fernando sigue siendo un cortijo de satrapillas, beatones y sotanillas. Aquí siguen gobernando los hijos de Varela.
Aquí no es que se esté volviendo a poner calles a fascistas, aquí es que sencillamente la ley ni existe ni se tiene voluntad en aplicarla, aquí tanto el ultimo alcalde republicano, D. Cayetano Roldan, sus tres hijos y muchos isleños fusilados durante la brutal represión de los golpistas, continúan enterrados en la fosa del cementerio municipal, que sigue sin adecentar y sin reconocimiento alguno y en otras diseminadas por las marismas y salinas.
Aquí, militares que apoyaron y colaboraron con Franco en sus crímenes, como el General Varela, Ricardo Isasi, Luis Milena, hermanos Laulhé y otros asesinos, cuentan con estatua, títulos, y calles nombradas en su honor.
Poco o nada han servido los esfuerzos de unos cuantos memorialistas que participamos en AMERE, se ha instado a alcaldes y partidos con representación municipal, por enésima vez, a que se dé cumplimiento en nuestra ciudad a la ley de MH, se han redactado manifiestos, se han propuesto mociones, se han recogido firmas, y se han organizado conferencias y debates que han sido boicoteados por antiguos militares, curas castrenses y por un juez jubilado.
En junio de 2008 y ante la insistencia y presión de AMERE, la Junta de Gobierno Local acordó elevar a pleno la retirada de honores y distinciones a los golpistas, así como el cambio de nombre de varias calles y la retirada de símbolos franquistas de varios edificios y fachadas. Se hablaba entonces de abordar un proceso gradual para aplicar la Ley de Memoria Histórica. Fue después del verano -en octubre- cuando la primera propuesta se elevó a pleno, donde se aprobó la creación de una comisión “para estudiar e informar” al ayuntamiento sobre la simbología existente y para “recomendar” sobre cuales se podría aplicar la ley. Aún se desconoce el informe de dicha comisión.
La estatua ecuestre del general Varela no se incluyó en esta batería de actuaciones. Se alegaba desde el Ayuntamiento que se había emprendido un estudio histórico y un proceso de recogida de información sobre el monumento y se había consultado a la Junta de Andalucía sobre la actuación a adoptar habida cuenta de la “reconocida valía artística” de la obra. Se proponía, como alternativa, la retirada de los frisos y grabados situados en la peana de la estatua ecuestre, con alusiones directas a victorias fascistas de la Guerra Civil.
Nada se ha hecho desde entonces y Varela y sus frisos siguen presidiendo la plaza del Ayuntamiento y manteniendo el titulo de hijo predilecto, los nombres de los asesinos siguen rotulando calles, placas de mármol continúan en las fachadas y alcaldes y gobiernos municipales se siguen posicionado del lado de los golpistas y siguen ignorando e incumpliendo la Ley.
Antonio Gil. Es socio de AMERE y cofundador del Ateneo Republicano de San Fernando

Castelló: Recerca recuerda al PP que Serrano Súñer dejó en manos de los nazis a 50 castellonenses

El grupo de la memoria histórica afirma no entender su interés en mantener el nombre del exministro de Franco

Serrano Súñer junto a dirigentes Nazis


Levante-EMV.com, - 24 Diciembre 2011

El grupo de la memoria histórica apunta que la propuesta rechazada por los populares era de mínimos y afirma no entender su interés en mantener el nombre del exministro de Franco
El Grup per la Recerca de la Memoria Histórica de Castelló no cejará en su empeño y luchará por conseguir la retirada de toda simbología franquista del callejero de Castelló, a pesar del veto del PP a eliminar de Castelló cuatro nombres vinculados con la dictadura.
La plataforma ciudadana convocó ayer una rueda de prensa para expresar su malestar con el cambio de postura de los populares, que el lunes aceptaron eliminar cuatro nombres, a propuesta de Recerca, y que 48 después cambiaron de opinión porque algunos vecinos les llamaron criticando esta medida, según justificó el portavoz del PP, Miguel Ángel Mulet, en el pleno de jueves. El edil además apeló al espíritu de la transición para defender su posición. Un día antes, Mulet explicó a los portavoces de la oposición que el PP no podía compartir el cambio de nomenclatura en la plaza de Ramón Serrano Súñer, dado que este punto fue rotulado en democracia por el exalcalde de Castelló, José Luis Gimeno.
Uno de los portavoces de Recerca, Francisco Mezquita, señaló que su planteamiento era de mínimos, ya que sólo incluía cuatro nombres de la quincena que se mantienen en el callejero municipal. Recogía a Santos Vivanco -militar de la División Azul-, Pablo Martín Alonso -jefe de la Casa de Franco-, Blasco Vichares -falangista- y de la plaza Ramón Serrano Súñer – ministro de Franco y creador de la división.
Mezquita afirmó no entender la negativa del PP con Serrano Súñer y recordó a la formación conservadora que el ministro de Franco fue responsable del envío de 50 republicanos castellonenses a campos de exterminio nazis. Según relató, Serrano Súñer se negó a repatriar a España a un millar de republicanos que se encontraban presos en la Francia ocupada. Entre otros había 50 de la provincia (15 de la capital de la Plana) y todos ellos acabaron en Alemania en campos de concentración.
Al cuñadísimo del generalísimo también se le imputa el asesinato del que fuera presidente de la Generalitat de Catalunya (perteneciente a Esquerra Republicana), Lluís Companys.
Advierten al equipo de gobierno que incumple la legalidad
El grupo de la Recerca per la Memoria Històrica insistió ayer en que el Partido Popular incumple la legalidad al negarse a retirar los nombres franquistas que permanecen en el callejero de la ciudad. La plataforma, impulsora de la propuesta rechazada por los populares, analizará ahora qué acciones emprenden para conseguir la eliminación de los dirigentes de la dictadura. El portavoz de la plataforma, Francisco Mezquita, afirmó que la asociación primero analizará, a través de expertos, que incumplimientos ha llevado a cabo el Partido Popular y partir de esa documentación decidirá, no estando descartada la presentación de un recurso a los tribunales. La normativa exige la retirada de “los escudos, insignias, placas y otros objetos conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos”.
http://www.levante-emv.com/castello/2011/12/24/recerca-recuerda-pp-serrano-suner-dejo-manos-nazis-50-castellonenses/867439.html

La represión franquista en la Región de Murcia



Sumario firmado por el General Camilo Alonso Vega, fechando el fusilamiento de un Republicano


02 nov 2011

Las instituciones civiles y militares en la Región de Murcia, permanecieron leales al régimen republicano. Hace ahora más de 72 años, el general Camilo Alonso Vega, al frente de la IV División de Navarra, ocupó la provincia de Murcia. Camilo Alonso Vega, amigo, compañero y hombre de absoluta confianza del general Franco, de triste recuerdo para los luchadores antifranquistas, fue Director General de la Guardia Civil (1943-1957) y posteriormente ministro de la Gobernación hasta 1969.
Salvo casos aislados, la masiva represión franquista en la Región de Murcia, se inicia después de la guerra, a través de la aplicación fría, generalizada y planificada de un “paquete represivo” compuesto por numerosos instrumentos administrativos, jurídicos, judiciales y políticos: Los Bandos de Guerra; el Código de Justicia Militar; la Ley contra la Masonería y el Comunismo; la Ley de Responsabilidades Políticas; las normas reguladores de las depuraciones en las administraciones públicas y en las empresas públicas y privadas, etc. Pese al terror, el régimen no logró imponerse sin una fuerte resistencia individual y colectiva, dentro y fuera de las cárceles.
En la Región de Murcia, los procesados sometidos a Consejo de Guerra Sumarísimo, por su desafección a la “Causa Nacional” fueron más de 34.000; los condenados a pena de muerte tras el juicio sumarísimo previo: 1408; los fusilados 892; y los indultados «por la gracia de SE el Generalísimo », 520. Aproximadamente, dos de cada tres condenados a la pena de muerte fueron fusilados, y el tercero indultado.
La represión tuvo un carácter de clase, masivo y ejemplarizante. Alcanzó a todos los rincones de la región, especialmente a las capas populares: dos de cada tres condenados a la pena de muerte eran trabajadores por cuenta ajena del campo, la industria y los servicios.
La represión franquista no sólo debemos valorarla en función de los condenados a pena de muerte y los fusilados. El terror y el miedo de los supervivientes se manifiesta en las siguientes cifras: dos de cada cinco hombres, entre los 26 y los 48 años fueron procesados y uno de cada seis condenados. Los años efectivos de prisión de las murcianas y murcianas condenados por los tribunales militares superan los 110.000. Así se castigó la lealtad a la República de esta tierra.
Estas cifras son fruto de más de tres años de investigación, en múltiples archivos y otras fuentes documentales: Naval de Cartagena; Militar de Guadalajara; Histórico Nacional; Histórico Provincial de Murcia; Municipal de Cartagena; etc. Estas cifras, junto al listado con los datos esenciales de identificación, que a partir de este momento, están a disposición general en la web de la MEMORIA del diario PÚBLICO, forman parte de la tesis doctoral del autor, aún no leída.
Antonio Martínez Ovejero es Historiador e investigador.