viernes, 27 de septiembre de 2013

38 aniversario de los fusilamientos del 27 de septiembre de 1975

Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz; y dos eran militantes de ETA, Jon Paredes y Ángel Otaegui
  27 de septiembre de 2013. Nodo50
 
El 27 de Septiembre de 1975, fueron asesinados mediante fusilamiento cinco militantes revolucionarios. Tres eran militantes del PCE (m-l) y del FRAP, Xosé Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz; y dos eran militantes de ETA, Jon Paredes y Ángel Otaegui. Fueron las últimas penas de muertes firmadas por Franco, y los asesinos materiales (aquellos que apretaron los gatillos), o los que dieron las órdenes, o los que firmaron las sentencias, no sólo no han recibido castigo sino que pudieron continuar con sus carreras profesionales ascendiendo en el escalafón y disfrutando de sus jubilaciones. Esa es la vergüenza de esta "monarquía parlamentaria" hija de aquella dictadura militar.

27 Septiembre 1975. Por Manuel Blanco Chivite. Periodista y militante del FRAP, Chivite fue uno de los indultados en los Consejos de Guerra de El Goloso, Madrid

Entre 1967 y 1975 se decretaron en España seis estados de excepción y más de cincuenta personas fueron asesinadas, en diferentes acciones represivas, por las llamadas Fuerzas de Seguridad del Estado. En un solo mes, enero de 1975, fueron detenidas por motivos políticos doscientas personas. Durante el último estado de excepción, verano del 75, las detenciones se incrementaron y el ministro de Información, León Herrera, dictó a la prensa unas «normas de comportamiento» que implicaban la prohibición de «criticar al Jefe del Estado, al Príncipe Juan Carlos o al Presidente del gobierno» y toda información sobre las actividades represivas de la policía y la Guardia Civil quedaba restringida. En Bilbao, ciento cuarenta personas fueron encerradas en la plaza de toros por haber ya sitio en las comisarías.
Bien, más o menos y muy simplificado esta era la situación en España aquél 1975. Algunas organizaciones revolucionarias respondieron a la oleada represiva con todo tipo de acciones; como resultado de algunas de ellas llevadas a cabo en julio, resultaron muertos algunos miembros armados de las fuerzas de la dictadura. Muy pronto la Brigada Político Social procedió a numerosas detenciones, entre las cuales las de varias decenas de miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota) once de los cuales fueron sometidos a consejos de guerra sumarísimos acusados de algunos de las citadas acciones anti-represivas.

La policía política prefabricó las acusaciones y el ejército se hizo cargo de los consejos de guerra en base a las acusaciones urdidas por aquélla. Como consecuencia, el 27 de septiembre fueron fusilados en Madrid tres jóvenes antifascistas; asesinatos de estado a los que se añadieron los fusilamientos en Burgos y Barcelona de dos miembros de ETA.
Ahora bien, ¿Realmente aquéllos jóvenes que acabaron sus días frente a los últimos pelotones de fusilamiento del general Franco, con el voto unánime de todos los componentes de su gobierno, realmente empuñaron y dispararon alguna suerte de arma de fuego?
Sometidos a sumarísimos consejos de guerra, sus abogados, ante la afirmación de los fiscales militares de que habían empuñado tal pistola, tal revólver o tal escopeta, solicitaron, con el mayor de los respetos, que dicho armamento, importantísima prueba de cargo como cualquiera puede colegir, se presentase ante el correspondiente consejo de guerra y, además, no menos importantes, se presentasen, igualmente, las pruebas periciales referentes a temas como huellas dactilares, balística, y otras prácticas probatorias elementales. Además, la policía, el grupo de la Brigada Político Social dirigido por el conocido torturador comisario Roberto Conesa, afirmaba que, en efecto, se habían capturado las armas de las que se hablaba en el apuntamiento preparado por la instrucción.
Lo afirmaba pero, ¡oh, sorpresa!, no había pistola, ni revólver, ni escopeta, ni proyectiles, nada pudo aportarse ante el consejo de guerra; ni pruebas balísticas, ni huellas dactilares y, por no haber, tampoco había testigos, pese a que la propia policía política, una vez más, había dicho que sí, que los había, pero no, no los hubo. En realidad, no hubo nada. Ninguna prueba. Nada. Las armas no existían más que en los papeles, en las informaciones facilitadas por la BPS a la prensa y en las palabras de los fiscales. No estaban en ningún sitio. Nadie vio ni oyó a los supuestos testigos ni nunca se supo nada de ellos. Todo eran palabras y supuestas declaraciones, sumamente contradictorias en más de un caso, más palabras, conseguidas a palos y bajo tortura. Nada más.
Christian Grobet, abogado de Ginebra y Zurich, observador de la Liga Internacional de los derechos del Hombre, estuvo presente en el primero de los consejos de guerra, celebrado el 11 y 12 de septiembre. Su informe respecto a lo que vio y oyó da idea de cómo se desarrollaron las cosas:
«El que suscribe no puede por menos que comprobar una vez mas que los derechos elementales de la defensa, es decir, el derecho que tiene el acusado a ser juzgado con equidad … ha sido menospreciado en España de la manera más grosera.»
«El proceso de los cinco militantes del FRAP ha constituido un simulacro…»
«El que suscribe nunca ha tenido, desde que asiste a procesos políticos en España, un sentimiento tan acusado de asistir a tal simulacro de proceso, en definitiva una farsa siniestra, sobre todo si pensamos en la suerte que se reserva a los acusados».
Las condiciones en que se celebró el segundo Consejo de Guerra, el 17 del mismo mes, fueron aun peores, pues los abogados civiles fueron expulsados de la sala, en algún caso nada menos que a punta de pistola (tales eran las formas jurídicas de la época).

De esta manera y tras tales simulacros fueron fusilados en Hoyo de Manzanares, el 27 de septiembre del 75, José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez-Bravo Solla y Ramón García Sanz.
Los presidentes de los Consejos de Guerra, (consérvense sus nombres para la Historia de la Infamia en este país) fueron respectivamente el entonces coronel Francisco Carbonell Cadenas de Llano y el también por entonces coronel Ricardo Oñate de Pedro.
Señalar, por último que las farsas tuvieron lugar en el acuartelamiento de la División Acorazada Brunete, columna vertebral del ejército español al mando por entonces del hoy conocido delincuente golpista general Milán del Bosch.

Los fusilaron al alba. Por Mercedes Arancibia

Hoy velaré toda la noche
solo y en silencio
Hoy velaré toda la noche
Mañana matarán a Daniel
Mi camarada.
(Manuel Blanco Chivite. Víspera del fusilamiento, escrito en la noche del 26 al 27 de septiembre de 1975).
El 27 de septiembre de 1975 la dictadura gastó sus últimas balas en fusilar a cinco militantes antifranquistas, dos de ETA y tres del FRAP. En cuatro Consejos de Guerra celebrados ese mismo mes de septiembre en Barcelona, Burgos y dos en Madrid, y en juicios sumarísimos, se dictaron once penas de muerte de las que cinco se ejecutaron aquel sábado 27 (las otras seis las conmutaron por penas de reclusión): a Angel Otaegi le fusilaron en Burgos, al Txiki (Juan Paredes Manot) en Burgos, y a José Humberto Baena Alonso (el Daniel del poema ), Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo, al lado de Madrid, en Hoyo de Manzanares. El único paisano autorizado a presenciar la ejecución de estos tres, el párroco de la localidad, hizo después un escalofriante relato de lo que presenció: «Además de los oficias y guardias civiles que participaron en los piquetes, había otros que llegaron en autobuses para jalear las ejecuciones. Muchos estaban borrachos. Cuando fui a dar la extremaunción a uno de los fusilados, aún respiraba. Se acercó el teniente del pelotón y le dio el tiro de gracia, sin dar tiempo a que me separara del cuerpo. La sangre me salpicó».
El dictador, al que apenas quedaban dos meses de vida, ignoró como había hecho siempre todas las peticiones de clemencia (lo mismo que todos los ministros de su gobierno que aprobaron por unanimidad el fusilamiento) que le transmitieron desde el papa Pablo VI (que siempre fue tan cómplice de la dictadura) hasta su hermano Nicolás Franco, pasando por el primer ministro sueco Olof Palme. Los países de la entonces todavía Comunidad Económica Europea pidieron oficialmente el indulto de lo once condenados, lo mismo que Naciones Unidas. Hubo protestas populares en casi todas las capitales europeas, se llegó a asaltar, o intentar asaltar, embajadas y consulados españoles (la de Lisboa ardió) y en Francia se boicotearon los intereses españoles. Los gobiernos de Noruega, Reino Unido y Holanda, llamaron a su embajador en Madrid; en Copenhague, la Alianza Atlántica hizo una moción de protesta y exhortó a los países a impedir la entrada de España en el organismo. Luis Echeverría, presidente de México, pidió la exclusión de España de la ONU, expulsó al embajador español y suspendió todo contacto con el régimen.
En el País Vasco, hubo una huelga general, seguida mayoritariamente, en pleno Estado de Excepción; en diferentes ciudades españolas se multiplicaron paros y protestas. El clamor mundial contra las ejecuciones no cesaba. El abogado suizo Chistian Grobet que asistió como observador al consejo de guerra de Txiki, en nombre de la Federación Internacional de Derechos del Hombre y de la Liga Suiza de Derechos del Hombre, dijo en su informe del 12 de septiembre: «Jamás el abajo firmante… ha tenido un impresión tan clara de asistir a un tal simulacro de proceso, en definitiva a una siniestra farsa…».
La respuesta del régimen fue convocar una manifestación de adhesión en la madrileña Plaza de Oriente que el dictador, en muy mal estado físico, presidió acompañado del entonces príncipe Juan Carlos. Fue la última aparición pública del sátrapa.
Les fusilaron al alba, rodeados de una soledad incomprensible, sin nadie cerca que pudiera regalarles una última palabra de aliento, el último beso. Más tarde le puso música Aute; había escrito la letra en aquellos días tan desolados y con ambas cosas compuso una canción de amor:
Miles de buitres callados
van extendiendo sus alas
no te destroza amor mío
esta silenciosa danza.
maldito baile de muertos
pólvora de la mañana.
(Luis Eduardo Aute. Al Alba. Madrid 1975).

Homenaje a los cinco últimos represaliados por la dictadura franquista

Es un deber moral recordarlos, no olvidar la historia, ni silenciar sus voces


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 El Poder de la Calle, - 27 septiembre 2013 

Desde este espacio, mi pequeño homenaje a los cinco últimos represaliados por la dictadura franquista. Es un deber moral recordarlos, no olvidar la historia, ni silenciar sus voces. Aún hoy quedan miles de historias por conocer, vidas sesgadas por un régimen que goza de impunidad y del que parece que muchos tienen memoria selectiva.
Desde aquí me uno a la petición de sus familias porque de una vez se cuente la verdadera historia, de que se cambie por fin de los archivos policiales las fichas que aún dicen: asesinos por ASESINADOS.
1. El 27 de septiembre de 1975 cinco antifascistas eran fusilados en distintos lugares del estado. En Hoyo de Manzanares (Madrid), los militantes del PCE (m-l) y del FRAP: Xosé Humberto Baena, José Luís Sánchez-Bravo Solla y Ramón García Sanz. En Cerdanyola del Vallès (Barcelona), el militante de ETA: Juan Paredes “Txiki”. Y en el Penal de Villalón (Burgos), el también militante de ETA: Ángel Otaegi.
2. Las sentencias se dictaron en consejos de guerra sumarísimos, sin pruebas, sin garantías judiciales, con expulsión de abogados, sin tener en cuenta las torturas a que fueron sometidos los detenidos. La violencia fascista de la dictadura mostró, una vez más, su rostro más feroz.
3. El Consejo de Ministros del día 26 de septiembre de 1975, por unanimidad y pronunciamiento personal, ratificó las cinco sentencias de muerte y se conmutaron las de los militantes del PCE (m-l) y el FRAP: Manuel Blanco Chivite, VIadimiro Fernández, Concepción Tristán, María Jesús Dasca y Manuel Cañaveras.
4. Ante la ola de manifestaciones y protestas estatales e internacionales, de repulsa de estos crímenes, el 1 de Octubre 1975 un Franco balbuceante junto a Juan Carlos de Borbón salían al balcón del Palacio de Oriente a recibir los aplausos de los fascistas allí congregados. El dictador moría cuarenta días después y Juan Carlos era proclamado rey de la monarquía instaurada por Franco.
5. El Comité pro-Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) y posteriormente el FRAP, presido por Julio Álvarez del Vayo, era ante todo un marco político de carácter frentista, antifascista y republicano, que adecuó sus formas de lucha y autodefensa popular a las ofensivas represivas de la dictadura.
6. La llamada Ley de Amnistía de 1977, es la base sobre la que construyó el modelo de impunidad español de los crímenes de lesa humanidad y la vulneración permanente de los derechos humanos del nacional-catolicismo fascista español, y que pone en el mismo plano de igualdad a víctimas y verdugos.
7. El fascismo español ha sido denunciado en los procesos de Núremberg, en Naciones Unidas y por toda la legislación internacional sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Ratificado todo ello recientemente, por primera vez en sede judicial, por el juez Garzón.
8. La llamada Ley de la Memoria Histórica, la 52/07, es un simple maquillaje del modelo de impunidad construido en 1977. Una ley que deja fuera de la “memoria oficial” a los guerrilleros, luchadores por la Libertad y la República, a los niños secuestrados, robados a sus madres en las cárceles fascistas y entregadas a familias del régimen, a los que resistieron legítimamente al fascismo por todos los medios, que no anula las farsas de juicios de los tribunales ilegales del franquismo y otros aspectos no menos importantes de 40 años de violencia fascista.
9. Que es inadmisible que en 2009, todavía, la policía del estado español siga ratificándose en el carácter terrorista del FRAP basándose en una sentencia franquista y por tanto concediendo toda legalidad al sistema judicial de la dictadura.
Más allá de nuestros aciertos y errores, no renunciamos a nuestro pasado y presente antifascista y republicano. Ni aceptamos, ni nos resignamos a ser tratados de “terroristas”. Seguiremos, en el marco de esta democracia de baja intensidad y/o a nivel internacional, luchando por los principios democráticos de Verdad, Justicia y Reparación, contra la vulneración de los derechos humanos, contra las injustas sentencias de los tribunales militares y civiles, los crímenes de estado, las limitaciones de los derechos civiles, contra la tortura… aquí y en cualquier parte del mundo.
Estos actos, más allá de ser homenajes particulares lo son universales porque constituyen un reconocimiento a todos y todas las antifascistas del estado español, a todos y todas aquellas que dieron su vida por la libertad, a los asesinados en juicios farsa, a los esclavos y esclavas del fascismo, a los maquis, a los inmolados e inmoladas en los campos de exterminio nazis, a los que lucharon en las duras condiciones de clandestinidad contra el fascismo, en las cárceles, el exilio…, hasta la muerte del dictador y durante los “años de plomo” de la llamada Transición del régimen y sus cómplices “demócratas”. Y, desde luego, la denuncia de esa pirueta jurídica que califica a los militantes antifascistas que utilizaron todos los medios posibles para luchar contra la dictadura de “terroristas”.
En momentos como los actuales, donde un fascismo adaptado a las nuevas necesidades del capital, sigue siendo culpable de convulsiones económicas y políticas y retrocesos, gravísimos retrocesos, en los derechos sociales y democráticos conseguidos a través de la lucha, no sería vano recordar, que, pese a la “Transición” y a los “Pactos de la Moncloa”, los treinta y cinco años trascurridos, no nos han dado ni una sociedad más justa, ni los derechos de decisión, ni mayor grado de democracia, ni la ampliación substancial de los derechos participativos, ni la restitución de la legalidad republicana. Por tanto, la lucha por la ruptura democrática, bajo otras circunstancias políticas y organizativas, sigue vigente junto a su carácter antifascista.
Otro septiembre más, pese a los intentos de inducción a la amnesia colectiva y a la criminalización de la memoria de los últimas víctimas del franquismo, no olvidamos.
http://elpoderdelacalle.blogspot.com.es/2011/09/desde-este-espacio-mi-pequeno-homenaje.html?spref=fb

Ruz citará a 'Billy el Niño' en la Audiencia Nacional

Comunicará la petición de extradición de Argentina a González Pacheco y Jesús Muñecas
Los otros dos presuntos torturadores murieron en 2007 y 2009

El juez Pablo Ruz


‘Billy el Niño’ pasará por la actual sede de la Audiencia Nacional. Según informaron hoy fuentes jurídicas, el juez Pablo Ruz tiene previsto citar a Juan Carlos González Pacheco y al ex guardia civil Jesús Muñecas por la petición de extradición de la magistrada argentina María Servini. Ruz aguarda a que el Gobierno argentino tramite la extradición vía diplomática o directamente al Ministerio de Justicia español.
Los otros reclamados por la jueza Servini, José Ignacio Giralte y Celso Galván, fallecieron en 2007 y 2009, respectivamente, según ha comunicado a la Audiencia Nacional el Cuerpo Nacional de Policía, al que pertenecieron. Ruz trasladará estos datos a la Justicia argentina a través de Interpol, señalaron las mismas fuentes. 
Ruz citará a González Pacheco y Muñecas en condición de "reclamados" por la Justicia argentina. Se les designará un abogado de oficio por si ellos acudieran a la citación sin letrado. Según las citadas fuentes también podrán comparecer con los documentos que quieran aportar al expediente de extradición.
Ayer, la Fiscalía informó al juez en contra de la detención de los cuatro ex agentes de las Fuerzas de Seguridad franquistas. El Ministerio Público alegó falta de concreción de los hechos que motivan la petición de extradición en la “noticia roja” que le remitió Interpol, que en la misma se alude a delitos que no figuran en el Código Penal español y que son tan antiguos que la Ley de Amnistía actúa contra la persecución de los mismos.
Juan Carlos González Pacheco "Billy el Niño"

Con ese informe en sus manos, Ruz incoó un expediente de extradición y solicitó a las Fuerzas de Seguridad que informaran del paradero de los cuatro reclamados. Después de que Argentina tramite la petición de extradición, el juez citará en su despacho a González Pacheco y a Jesús Muñecas.
Pero todo el trámite en la Audiencia Nacional no concluirá con la extradición sin el acuerdo del Gobierno del Partido Popular que tiene capacidad. En esta y cualquier otra demanda de extradición procedente del extranjero, la Audiencia Nacional puede acordar la entrega y el Gobierno no concederla.

martes, 24 de septiembre de 2013

“Esto no es memoria histórica, es historia. Y vamos a contar la historia de verdad de este país de una puñetera vez”

Una vez al mes, desde hace cinco años, familiares de víctimas del franquismo, historiadores y defensores en general de los derechos humanos se reúnen frente al antiguo cuartel de Queipo de Llano, en Sevilla, para escucharse, para entenderse, para seguir sumando fuerzas, para pedir justicia. Es una necesidad, una terapia, un foro en el que "cuatro pirados" han conseguido hacerse oír en Argentina. "Esto no es memoria histórica. Es historia. Y vamos a contar la historia de verdad de este país de una puñetera vez", cuentan a Andalucesdiario.es.

Andaluces.es septiembre 2013

-”¿De lo de Argentina se sabe algo?”, pregunta un hombre.
-”Los abogados han solicitado a la jueza que pida también que se enjuicie a los que están implicados”, responde Paqui.
-”En Público venía que se habían a admitido a 12 personas para que declarasen”, añade Santi.
-”¿Doce testigos?”, pregunta Paqui.
-”Sí, sí. Venía en Memoria Pública. Serán doce las personas que declaren ante la justicia argentina”.
Esta conversación se produjo el pasado marzo en la Plaza de la Gavidia, en Sevilla. Como todos los últimos sábados de todos los meses desde hace cinco años, familiares de víctimas del franquismo, historiadores y defensores en general de los derechos humanos se reúnen frente al antiguo cuartel de Queipo de Llano -desde donde hacía los llamamientos a la represión- para escucharse, para entenderse, para seguir sumando fuerzas, para pedir justicia. Medio año después, hay un auto dictado por una jueza argentina que pide la extradición de cuatro altos funcionarios franquistas. Aquel sábado llovía a cántaros. Y en el huequito de la acera, con los paraguas abiertos, Juan recordó a Virtudes, una mujer a la que le mataron a su padre, a su madre, a la hermana de su abuela… Y recomendó ver la obra de teatro de las mujeres del Aguaucho, supuestamente arrojadas a un pozo en Fuentes de Andalucía. Y Eduardo propuso los actos para conmemorar el 14 de abril, que estaba ya a la vuelta de la esquina. Y Paqui, incansable, avisó de una próxima reunión de la Comisión para la Verdad a la que no sabían aún si acudiría Garzón. Y Cecilio, tan anárquico como siempre, contó que hubo quien se comió con papas algún que otro monumento.
Y así enlazan unas historias con otras. Hasta que llega la hora de comer, y Antonio, de Marchena, que ya tiene los años y el dolor de toda una vida machacada por quienes quisieron reeducarlo, abandona la plaza con su mujer, hasta el siguiente sábado. Varios de ellos cuentan a Andalucesdiario.es la importancia de estos encuentros en la Gavidia, que hoy más que nunca en estos cinco años, se ha convertido en la particular Plaza de Mayo de Andalucía.
Concentración en la Plaza de la Gavidia.
Concentración en la Plaza de la Gavidia.


CECILIO GORDILLO: Vernos en un sitio para hablar de estos temas surge como una necesidad imperiosa. Por un lado, porque en Andalucía no existía ningún tipo de apoyo a la exhumación y pruebas relacionadas con los restos de las fosas. Y decidimos, desde algunas asociaciones, plantear ante el Gobierno andaluz que existía esta demanda social, que no era el antojo de alguien que se veía reflejado en algún medio de comunicación, como en algunas ocasiones se solía decir. Ah, estos son cuatro pirados que están intentando poner entre la espada y la pared la modélica transición. Pues no. Simplemente queríamos hacer hincapié en esa necesidad. Había una necesidad de verse, de encontrarse, de romper el tabú, porque había mucha gente que tenía ese problema. Y el problema era que nunca se había hablado con los demás de ese problema. Esto nos sirvió para romper la intimidad o el sufrimiento personal que había dentro de la casa, compartiéndolo con otros que tenían ese mismo problema. Había que ponerlo en común y que saltara a la calle. Esto no era un descubrimiento. Lo habían hecho las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina.
Los familiares tenían necesidad de verse, de encontrarse. La reunión de todos los meses es como una terapia
PAQUI MAQUEDA: Aquí no importa quién convoca, sino a quiénes se convoca. La información es poder y aquí se da información. Hemos conseguido que esta reunión sea un núcleo donde se pueda hablar, valorar lo que se ha hecho y tomar decisiones entre todos. Aquí los familiares nos sentimos como en un grupo de terapia. Tenemos un hueco donde podemos vernos cara a cara, donde podemos hablar de las historias que después de 75 años nadie ha querido escuchar en nuestro país. Hasta ahora en Argentina.
CECILIO: Hemos aprendido una hartá, hemos aprendido a ser más tolerantes, a afinar el oído, a escuchar los problemas de los demás con mucho respeto.
PAQUI: Ha habido gente que ha venido preguntando por un familiar en concreto y, como aquí vienen historiadores, como Paco Espinosa, Fernando Romero, José Luis Gutiérrez, José María García Márquez…, pues se le ha dado información para poner en marcha su proceso de búsqueda.
MAYI AGUILAR:  Yo he visto desde niña llorar a mi abuela, mi madre, mis tíos. He escuchado esas pequeñas historias que se escuchan en la mesa camilla, que son ciertas, que son reales, como el caso de las mujeres del Aguaucho y las mujeres rapadas de Fuentes de Andalucía. Eso se comentaba en mi casa. Y la primera vez que yo leí esa historia en el periódico me emocioné, porque llegué a pensar que era una historia que se contaba en mi familia por ese odio natural que se tenía que tener a la persona que había matado a mi abuelo, de manera totalmente injusta. Pero cuando vi que esas historias eran ciertas, para mí fue muy fuerte. Yo empecé a venir aquí porque aquí escucho lo que no se escucha en ningún lado.
SANTIAGO FERNÁNDEZ: Efectivamente es una terapia, porque podríamos cruzarnos correos, pero es importante tener esa socialización, vernos y tomarnos algo luego, contarnos cosas sobre lo que hacemos cada uno. Yo vengo porque es una forma de sumarte a un movimiento que te da más cosas de las que das. Mi familia tenía el anhelo de encontrar a familiares que están en la cuneta y mi padre, que es el que ha tirado del carro, los ha encontrado gracias a Cecilio y a unos arqueólogos que vinieron sin cobrar nada… Te sumas porque es de justicia dar aunque sea un grano de arena, incomparable a la montaña que a mí me vino.
“He escuchado esas pequeñas historias que se escuchan en la mesa camilla. Aquí escucho lo que no se escucha en ningún lado”
MANUEL CAMACHO: Yo encuentro en esta plaza el foro de personas que te permiten afrontar situaciones que, en muchas ocasiones, son un trauma familiar. Yo reclamo la memoria de mi familia y, sobre todo, de mi abuelo, en un proceso de búsqueda en el que me estoy encontrando muchas dificultades no sólo a nivel social sino familiar. Porque hay miedo, hay ocultación de la información, hay cosas que no se quieren remover, muy dolorosas. Muy complicado.
NOELIA RODRÍGUEZ: Yo empecé a venir para reivindicar que la Junta de Andalucía se pringara más. Por eso se eligió también este sitio, donde antes estaba la Consejería de Justicia. Aquí hemos ido viendo los pasitos que se han ido dando, desde lo de Garzón hasta ahora, un momento en el que estábamos totalmente abandonados.
MARÍA LUISA LÓPEZ: De esta reunión es también importante la simbología del espacio público. No estamos en un sitio cerrado, en la Universidad o en la Casa de la Provincia. Estamos en la calle, para que la gente lo visualice. Yo he observado desde cómo unos padres que pasaban por aquí con su hijo le explicaban el significado de la bandera republicana hasta gente que nos insulta.
“No estamos en un sitio cerrado, en la Universidad o en la Casa de la Provincia. Estamos en la calle, para que la gente lo visualice”
CECILIO: Al final la Plaza de la Gavidia se ha convertido en una referencia. Ha venido gente de Órgiva, en Granada, de Chiclana, en Cádiz, de Castuera, en Badajoz… y de muchos pueblos de la provincia de Sevilla. Además, ocurre que desde el ámbito de la izquierda, al que pertenecemos todos, no estaban acostumbrados a que se criticara la inactividad de la propia izquierda. Y eso a más de uno lo ha dejado fuera de juego. Antes, cuando gobernaba el PSOE y ahora con PSOE e IU. Aquí hay mucha falta de formación política de gobierno y de oposición y de sociedad. Si gobiernas, tienes que cargar con todas las consecuencias, seas quien seas. No es fácil que la izquierda se manifieste contra la izquierda cuando está gobernando y en muchos casos se paga una factura por atreverse a hacer eso. Mucha gente se dará cuenta de la importancia que ha tenido este proceso.
Los nombres de desaparecidos, en la Plaza de la Gavidia.
Los nombres de desaparecidos, en la Plaza de la Gavidia.

NOELIA: También es importante el tema de las fotos, que traigamos las fotos de nuestros familiares desaparecidos y las pongamos en la calle. Que se vean. Porque son desaparecidos, asesinados.
SANTI: No se puede comprender el presente sin comprender el pasado. Muchas cosas de las que pasan son consecuencia de lo que ocurrió en España antes, consecuencia de la exterminación y genocidio de la izquierda en España. La izquierda quedó muy debilitada y parte de la izquierda que sobrevivió está asustada para el resto de su existencia. Aquí se han hecho trágalas en eso que llaman transición y se siguen haciendo por un miedo congénito de la izquierda a lo que pasó. Ocurren cosas que en el resto del planeta serían inconcebibles, como que un dictador fascista tenga un mausoleo pagado con dinero público. En la práctica hay cuestiones políticas que aquí la derecha se atreve a hacer porque en su constitución fundacional como grupo de presión dejaron claro lo que pasaba si no se hacía lo que ellos querían.
“Desde el ámbito de la izquierda, al que pertenecemos todos, no estaban acostumbrados a que se criticara la inactividad de la propia izquierda”
CECILIO: Si la memoria es una parte más de todos los problemas que tenemos, estupendo. Nadie está pidiendo que esto sea la principal preocupación. Los medios también tienen mucha culpa, que establecen una escala de preferencias y el que no baile esa escala que se vaya olvidando de salir en la prensa. Hace tres años la memoria estaba en la parte alta de las escalas de preferencia y desde hace año y medio, a lo mejor coincidiendo con que el PP ganó, ha bajado en esa escalera. Ojo, que mucha gente de izquierda ha respirado también… El tema de las hipotecas es tan importante y cruel… Pero eso no quiere decir que tengas que aparcar este otro problema. Al  revés, vamos aumentando.
PAQUI: Suelen decirte que con la crisis es normal que este tema baje. Pero es que los hombres y las mujeres que están en las cunetas formaron parte hace 75 años de un movimiento ciudadano de lucha. Ellos están ahí porque los echaron por reivindicar un modelo de sociedad igualitario, de reparto de riqueza, laico, y ahora es lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros estamos en las calles también con las mareas, la marea verde, la marea naranja… reivindicando lo mismo que ellos reivindicaron en cuanto a derechos, derechos que ellos no tuvieron y que ahora nos quieren quitar. Ellos dieron su vida o se la quitaron por su lucha por un modelo de sociedad justo. Por lo tanto, el movimiento de memoria, que hace diez años que nació, tiene como bandera un mensaje muy actual. Hay que estar en las plazas, en las calles, con los nuestros.
“Nosotros estamos en las calles también con las mareas, la marea verde, la marea naranja… reivindicando lo mismo que ellos reivindicaron hace 75 años” 

La Fiscalía esgrime la Ley de Amnistía para no detener a torturadores franquistas

Señala que las cuatro detenciones instadas por una jueza argentina no son "necesarias" por la antigüedad de los hechos y la probable prescripción de los delitos. La pelota pasa al juez Ruz

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza


ANDRÉS MUÑIZ Madrid 24/09/2013 
 
La orden de la jueza María Servini para que España detenga y le entregue a cuatro policías acusados de graves torturas a detenidos durante el franquismo, ha tropezado con el primer escollo en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, a quien trasladó la petición la oficina de Interpol en España.
En cuatro informes de igual contenido, referidos a cada uno de los reclamados, la Fiscalía no considera necesaria la "detención preventiva" de los presuntos torturadores instada por la jueza Servini, alegando cuatro razones: la antigüedad de los hechos, la prescripción de los delitos,  lo dispuesto en la Ley de Amnistía española de 1977, y la falta de un relato pormenorizado de los hechos atribuidos a cada uno de los reclamados, con concreciónde fechas y lugar de comisión.
Los informes, firmados por el fiscal Carlos Bautista, han sido entregados al juez de la Audiencia Pablo Ruz, por encontrarse de guardia, quien tendrá la última palabra sobre si proceden o no las detenciones.
La Policía tiene indicios de que dos de los reclamados pueden haber fallecido
Aunque no comparta que deban producirse los arrestos, la Fiscalía sí insta al juez a incoar el correspondiente expediente de extradición a Argentina de los cuatro reclamados, que son los expolicías Juan Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño", Celso Galván Abascal y José Ignacio Giralte González, y el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar. En este sentido, la Policía tiene indicios de que Galván y Giralte pueden haber fallecido, por lo que el caso se ceñiría a González Pacheco y Muñecas, mientras la juez no pida más entregas.
El procedimiento que la Fiscalía insta a comenzar es la comunicación al Ministerio de Justicia español de la incoación del expediente de extradición, para que informe al Ministerio homólogo argentino y le requiera la solicitud formal de extradición y la documentación adicional --como la concreción de los hechos imputados a cada uno--.
Argentina tendrá un plazo de 40 días para contestar, y a partir de ahí, según fuentes de la Fiscalía, el Ministerio de Justicia puede continuar el proceso judicial de extradición o archivarlo, siempre de forma motivada. En caso de acordar proseguir, se instruiría en la Audiencia Nacional el proceso de extradición, que puede alargarse durante meses.
Si la Audiencia Nacional aprueba la extradición, la última palabra la tendría de nuevo el Gobierno, a quien no vincularía esa decisión, mientras que si el tribunal español la deniega, el Ejecutivo podrá o no seguir su criterio.
En su informe, la Fiscalía señala que la juez Servini califica los hechos que imputa a los reclamados como delitos de homicidio agravado, privación ilegal de libertad calificada por la aplicación de torturas y sustracción de menores. El Ministerio Público adelanta que en el caso concurre "la probable causa de denegación" de la extradición prevista en la Ley y en el convenio bilateral que regula estas entregas, y que es la prescripción de los delitos.
Fuentes de la Fiscalía indicaron que habían recibido la petición de detención de los cuatro presuntos torturadores de la oficina de Interpol en España, que en ocasiones detiene a los reclamados sin pasar previamente el caso a la Fiscalía o los tribunales. Las mismas fuentes indicaron que no es extraño, sin embargo, que actúen como en este caso, pasando el caso primero a la Fiscalía, cuando se trata de reclamaciones por delitos antiguos o que planteen dudas. Recordaron que recientemente se ha obrado igual con un ciudadano estadounidense reclamado por su país.
"Esas órdenes han llegado a España y están trasladadas a la Audiencia Nacional a través de su Fiscalía, como corresponde", ha señalado este martes el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras presentar en Madrid las pruebas del proyecto Perseus sobre vigilancia de las fronteras.
Preguntado sobre estas órdenes de busca y captura de cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad franquistas reclamados por la juez argentina María Servini, el ministro ha subrayado que su departamento y la Policía Nacional estarán "a lo que diga la Audiencia Nacional".
El portavoz del PP en el Congreso avala la decisión del fiscal de no apoyar las detenciones
Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Alfonso Alonso, está convencido de que la decisión del fiscal de la Audiencia Nacional de rechazar la detención "preventiva" los cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas reclamados por la justicia argentina por su supuesta implicación en los crímenes del franquismo se ajusta a la ley.
Tras recordar que el PP siempre ha expresado su respeto por las decisiones judiciales, Alonso ha señalado que, en este caso concreto, entienden que la Fiscalía ha actuado "de manera profesional y con acuerdo al principio de legalidad". "Ellos tienen que tomar sus resoluciones y hacer sus proposciones de acuerdo con la ley. Y en este caso estamos convencidos de que ha sido así", ha indicado.
El juzgado que se encuentra de guardia esta semana es el Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, a cuyo frente se encuentra actualmente Pablo Ruz tras la inhabilitación de Baltasar Garzón, quien ya trató de investigar sin éxito los crímenes del franquismo y que fue juzgado por un delito de prevaricación por intentarlo, aunque finalmente resultó absuelto.
En octubre de 2008, la Fiscalía ya se opuso a la investigación que desarrollaba el juez Baltasar Garzón alegando, entre otras razones, la Ley de Amnistía de 1977.
Con la presentación de este escrito, la Fiscalía deja en manos de un juzgado español el procedimiento puesto en marcha por la juez Servini al cursar el pasado 18 de septiembre una orden de busca y captura contra cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas supuestamente involucrados en delitos de represión durante el franquismo.
La resolución de la juez, de 200 páginas, reclamaba su detención para tomarles declaración indagatoria e incluía un exhorto al Gobierno español para colaborar en su localización.
Entre los argumentos de su decisión, adoptada en el marco de la causa abierta en Argentina en 2010 por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, la juez retomaba informes de Amnistía Internacional sobre los crímenes del franquismo, el testimonio del exjuez español Baltasar Garzón y las declaraciones de las víctimas y de sus familiares.

La ONU escucha hoy a las víctimas del franquismo

El grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas del organismo internacional se reúne la tarde de este martes con víctimas de la dictadura de Franco. Ayer, lunes, la delegación se reunió con juristas relacionados con la memoria histórica

Reunión, este lunes, de los querellantes argentinos con la ONU.

Reunión, este lunes, de los querellantes argentinos con la ONU.


ALEJANDRO TORRÚS Madrid 24/09/2013 
 
Semana histórica para las víctimas de la dictadura de Franco y el movimiento memorialista en el Estado español. A la orden de detención de cuatro presuntos torturadores del régimen franquista en Argentina se suma este martes la reunión que mantendrán víctimas de la dictadura y asociaciones por la recuperación de la memoria histórica con el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU que visita España. La reunión servirá para que la delegación internacional escuche de viva voz el "desamparo y olvido histórico del Estado".
"Es importante que este grupo de trabajo haya venido a España para que quede demostrado que la marca España de la que algunos quieren hacer gala va unida a un Estado marcado por la impunidad de los asesinos", explica a Público Arturo Peinado, de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, que acudirá este martes a la reunión.
Además de la Federación Estatal de Foros por la Memoria, también acudirá a la reunión la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que aglutina a decenas de asociaciones, y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, presidida por Emilio Silva. "En nombre de la Federación, voy a trasmitir nuestra lucha contra el modelo de impunidad que impera en España. Nosotros no queremos una declaración internacional que diga que Franco era malo. Eso ya lo sabemos. Queremos que la impunidad sea llevada al ámbito de lo penal", asegura Peinado.
En este sentido, Emilio Silva, presidente de la ARMH, ha explicado a este diario que durante la reunión que mantendrá con el grupo tratará de mostrarles las dificultades que tienen y el desamparo que sufren a la hora de realizar las exhumaciones de las fosas comunes donde permanecen más de entre 88.000 y 112.000 víctimas de la dictadura. Cabe recordar que en España aún quedan 2.888 fosas con restos de personas no identificadas.
La Plataforma por una Comisión de la Verdad, por su parte, ha convocado a víctimas y ciudadanos a una concentración a las 17:30 horas frente al Hotel NH Paseo del Prado, donde se celebran las reuniones, para mostrar el "desamparo y olvido histórico" del Estado con las víctimas del franquismo y la no reparación de la memoria.

Reunión con juristas

Por otra parte, el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU mantuvo durante todo el día de ayer diversas reuniones con juristas y expertos que han representado bien a víctimas de la dictadura ante los tribunales o tienen experiencia en el ámbito de la memoria histórica por su desarrollo profesional. Así, entre otros, acudieron a la reunión con el grupo de trabajo Carlos Slepoy y Ana Messuti, abogados de la querella argentina; Fernando Magán, abogado de las víctimas en la causa contra el franquismo instruida por Garzón, abogados de la Fundación RIS; y Miguel Ángel Rodríguez, jurista y autor de El Caso de los niños perdidos del franquismo: Crimen contra la humanidad.
"He tratado de explicar a la delegación que España no cumple con su obligación de buscar a los niños desaparecidos durante la dictadura. De esta manera, el propio Estado está perpetuando una situación de violación de los derechos humanos", ha explicado Rodríguez a Público, que ha acudido a la reunión como representante de la asociación Colectivo Sin Identidad.
Por su parte, los abogados de la querella argentina, Slepoy y Messuti, han acudido a la cita con el grupo de trabajo para explicar el trabajo que están realizando en Argentina para tratar de poner fin a la impunidad judicial del franquismo y resolver las posibles dudas que puedan plantear desde la delegación. Por último, Fernando Magan ha querido destacar que esta visita es de una "importancia vital". "Un informe negativo sobre la actuación del Estado español en relación a su actuación con las víctimas, sería muy favorable para que se impulsara un cambio de actitud y legislación", ha sentenciado.

Argentina pone sus consulados a disposición de víctimas del franquismo

Las delegaciones diplomáticas recibirán las declaraciones de las víctimas, para que no tengan que desplazarse a Buenos Aires o utilizar videoconferencia y se las remitirán a la jueza Servini de Cubría

Dos personas observan en Buenos Aires la portada del diario 'Página 12', el pasado jueves, que tiene en su titular principal el pedido de la jueza argentina María Servini de Cubría sobre los crímenes del franquismo.

Dos personas observan en Buenos Aires la portada del diario 'Página 12', el pasado jueves, que tiene en su titular principal el pedido de la jueza argentina María Servini de Cubría sobre los crímenes del franquismo.EFE/Enrique García Medina


EFE Buenos Aires 24/09/2013 

El Gobierno argentino ha habilitado a sus consulados a admitir denuncias por supuestos delitos cometidos durante la dictadura franquista y a sumarse así a la causa abierta por la Justicia del país, confirmaron  fuentes judiciales.
La Cancillería argentina informó la semana pasada al juzgado de María Servini de Cubría, que lleva la causa abierta por delitos cometidos durante el franquismo, que había habilitado la posibilidad de que las víctimas prestasen declaración ante los cónsules argentinos en el extranjero, evitando así desplazarse hasta Buenos Aires o declarar mediante videoconferencia, informaron las fuentes. Servini de Cubría resolvió en marzo atender a la petición de los abogados querellantes y solicitar a la Cancillería que habilitara esta vía de denuncia, pero el Ministerio de Exteriores no abrió la posibilidad hasta la pasada semana, cuando, según las citadas fuentes, notificó al juzgado.
La notificación de la Cancillería fue posterior a las órdenes de búsqueda y captura dictadas por la jueza contra cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas por supuesta participación en delitos de represión durante la dictadura. "Por ahora no hay constancia de que ninguna demanda haya sido presentada ni rechazada", detallaron las fuentes.
Los cónsules argentinos actuarán como notarios y tomarán declaración a los denunciantes, que después será remitida a la jueza
En declaraciones a Efe, el abogado de la querella Máximo Castex subrayó que "es muy importante que exista esta posibilidad, para quienes no pueden viajar o hacer una videoconferencia". Según el letrado, no se han presentado aún denuncias en los consulados porque hasta ahora "no había una instrucción clara" sobre cómo sería el procedimiento. Los cónsules argentinos actuarán como notarios y tomarán declaración a los denunciantes, que después será remitida a la jueza y se sumará a la causa, especificó Castex.
La semana pasada, María Servini de Cubría ordenó la detención de los antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal, José Ignacio Giralte y Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, por supuestos delitos de represión durante la dictadura franquista. Servini adoptó esta decisión en el marco de la causa abierta en Argentina en 2010 por "delitos de genocidio y/o lesa humanidad" cometidos durante la Guerra Civil española y la dictadura de Franco.

viernes, 20 de septiembre de 2013

Garzón, a la jueza argentina: "En España no hay ninguna posibilidad de investigar el franquismo"

La instructora de la causa contra los crímenes de la dictadura española acoge las tesis del juez español y su actuación extraterritorial contra Pinochet

El exmagistrado Baltasar Garzón.

El exmagistrado Baltasar Garzón.


ANDRÉS MUÑIZ Madrid 20/09/2013 
 
La jueza argentina María Servini ha tomado el testigo en la investigación de los crímenes franquistas de Baltasar Garzón, después de que, el pasado mes de mayo, el exjuez español declarase como testigo ante la magistrada que "en España no hay posibilidad alguna de investigar dichos crímenes, y así ha sido reconocido en diferentes resoluciones judiciales dejando a las víctimas sin ningún amparo judicial de justicia penal". "La impunidad respecto de estas acciones es y sigue siendo total", añadió.
En el auto judicial dictado esta semana, en el que reclama a España la detención de cuatro policías franquistas denunciados por torturas, la jueza Servini reproduce textualmente la declaración que prestó ante ella Garzón el pasado 27 de mayo, que refuerza su tesis de que en España no hay una 'investigación eficaz' de estos hechos, justificando con ello la actuación de un tribunal argentino.
Asimismo, la jueza subraya en sus razonamientos que Garzón, cuando era juez de la Audiencia Nacional española, solicitó a Reino Unido la extradición del dictador chileno Augusto Pinochet en aplicación de la jurisdicción universal que la Ley Orgánica del PoderJudicial española establece, sober la base de una acusación fundada en genocidio, tortura y terrorismo".
Como ha hecho la jueza, Garzón consideró que en la causa contra los crímenes cometidos durante el franquismo examinaba "la ejecución sistemática" de delitos contra la vida, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales. ataques contra bienes, y sustracción de menores de edad.
En su comparecencia ante la jueza Servini, Garzón explicó que hasta el comienzo de sus indagaciones, "no se había producido ninguna investigación durante los años de la dictadura franquista hasta el 20 de noviembre de 1975 fecha de la muerte de Francisco Franco, ni en la transión hasta la fecha de la aprobación de la Constitución el 6 de diciembre de 1978, ni con posterioridad durante la democracia. De esta forma quedó constancia que las víctimas no habían recibido ninguna reparación por vía judicial penal".
A continuación relataba cómo las víctimas habían fijado su cifra en 114.000, y cómo dictó un auto declarando la competencia del caso de su Juzgado, el Central número 5 de la Audiencia Nacional, al considerar que los delitos examinados eran crímenes de lesa humanidad, por lo que mantenían sus efectos como delitos permanentes. Al número de damnificados sumó los 30.000 menores de edad sustraidos a sus familias, los conocidos como "niños robados del franquismo".
Garzón confesó a la jueza que, según su criterio, la investigación "debería haber continuado", pero en el mes de marzo de 2012, el Tribunal Supremo --que procesó por prevaricación al propio Garzón por la instrucción de este caso, aunque finalmente le absolvió-- dejó "manifiestamente claro que no podían investigarse los crímenes franquistas".
"A partir de ese momento, y partiendo del contenido de esa resolución, en España no hay posibilidad alguna de investigar dichos crímenes, y así ha sido reconocido en diferentes resoluciones judiciales dejando a las víctimas sin ningún amparo judicial de justicia penal", destacó el exjuez español.
Después recordó que en la Audiencia de Barcelona se ha calificado como delito de guerra un ataque de las fuerzas italianas en un bombardeo en la ciudad condal, por lo que procede investigarse, de modo que es el único tribunal que investiga estos crímenes de naturaleza internacional.
Sin embargo, según Garzón, "a día de hoy --27 de mayo de 2013-- no existe ninguna causa abierta en España que investigue ningún crimen cometido por el régimen franquista o por cualesquiera de sus aparatos ni tampoco lo ha habido antes"
En ese sentido, el exmagistrado recordó que la Ley de Amnistía de 1977, pese a que no aludía a crímenes de genocidio, lesa humanidad u otros de naturaleza internacional, "se ha aplicado indefectiblemente a todos, por lo que la impunidad respecto de las acciones presuntamente cometidas o imputadas a los actores del régimen franquista ha sido y sigue siendo total".
A preguntas de la instructora, el juez insistió en negar la afirmación de la Fiscalía española de que había investigaciones en España de los crímenes del franquismo: "Radicalmente, no. En España no se ha investigado en ningún momento, al margen del intento hecho por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el plan sistemático de eliminación, de detención, desaparición, iniciado con el alzamiento nacional en 1936. Sï existe investigación sobre el robo de niños que en los años 60 y 70 se produjeron y que son ajenos a esa causa".

Decapitan una estatua de Franco

La obra estaba retirada en un almacén del Ayuntamiento de Barcelona


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Estatua del dictador Franco en un almacén en Barcelons




ÀLEX GUBERN / BARCELONA. Día 19/09/2013

Desde la recuperación de la democracia, la simbología franquista en Cataluña, y en Barcelona en particular, ha sido compleamente apartada de calles y plazas. La sustitución en el nomenclator de todos aquellos nombres que aludiesen a la Dictadura ha sido generalizada, así como la retirada de estatatuas, placas y otros motivos, todos aparcados en el almacén de la historia aunque allí, literalmente y en sentido físico, la suerte del dictador ha sido diversa.
El caso más chocante se refiere a la famosa estatua ecuestre de Francisco Franco que durante años presidió el patio de armas del castillo de Montjuïc de Barcelona, y que desde marzo de 2008 dormía retirada, aparentemente tranquila, en un depósito municipal en la Vía Favencia, en el distrito de Nou Barris, junto a otras reliquias de la dictadura. La sorpresa fue mayúscula para la brigada municipal de mantenimiento y conservación de monumentos cuando el pasado 8 de agosto, en una visita rutinaria, comprobaron que a la estatua le habían arrancado la cabeza, según ha podido saber ABC. El Ayuntamiento de Barcelona denunció de inmediato el acto vandálico a los Mossos d’Esquadra, que investigan los hechos.
El suceso está rodeado de cierto misterio, en tanto que la cerradura del almacén no estaba forzada, con lo que se especula con un sabotaje interior. Lo que sí se sabe es que el autor o autores del ataque tuvieron que tomarse su tiempo. Actuaron bien con un soplete, bien con una sierra radial, efectuando «un corte limpio», según el Consistorio. La cabeza no ha aparecido.
Ataques a la escultura
Ciertamente, la estatua ecuestre de Franco, obra en bronce del escultor Josep Viladomat, ha sido siempre objeto de polémica. Se inauguró en el patio de armas del castillo de Montjuïc el 17 de junio de 1963, el mismo día en que abría sus puertas el Museo Militar, y fue un encargo del entonces alcalde de Barcelona, José María Porcioles, como reconocimiento al General por la cesión de la fortaleza a la ciudad.
Ocupó su emplazamiento original hasta 1986, no sin antes sufrir un atentado simbólico con pintura rosa. Del patio de armas pasó a una estancia interior del Museo Militar, lo que obligó a cortar una pierna a la escultura al no pasar por una puerta. En 2001 fue definitivamente retirada de la vista del público. Finalmente, y con el cierre del Museo Militar en 2008, la estatua se trasladó al depósito de Vía Favencia, donde ahora ha sido decapitada.
http://www.abc.es/espana/20130919/abci-decapitar-estatua-franco-201309182159.html

"A estas imputaciones desde Argentina van a seguir otras"


El abogado de los querellantes en la causa del franquismo analiza el dictamen histórico que insta a capturar a cuatro exmiembros de seguridad acusados de tortura.


Carlos Sleploy


 Público.es / ANA DELICADO / 20-09-2013

La resolución de la jueza argentina María Servini de Cubría, en la que ordena la captura de cuatro ex miembros de seguridad del franquismo acusados de torturas, ha trascendido fronteras. Portada en los medios de comunicación españoles y argentinos, el dictamen de 209 páginas marca un hito sin precedentes que puede resquebrajar la impunidad que hasta ahora ha tenido la dictadura.
Una de las personas que más ha luchado por que ese dictamen sea un precedente histórico es el argentino Carlos Slepoy, representante de las víctimas querellantes. El abogado también impulsó, en su día, los juicios que instruyó el juez Baltasar Garzón para procesar a represores argentinos como el dictador Jorge Videla.
"Por  primera vez en la historia se produce la imputación de responsables de crímenes del franquismo", comenta Slepoy tras dar a conocer la resolución de la jueza que compartió en primicia con este diario. Sobre Jesús Muñecas Aguilar (ex guardia civil de 74 años), Celso Galván Abascal (ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real, de 78 años), José Ignacio Giralte González (ex miembro de la Brigada Político Social de Franco y ex comisario, de 71) y José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño (ex inspector de 67) pesa ya una orden de captura internacional para que sean extraditados a Argentina y así recibir declaración indagatoria.
¿Cuál es la trascendencia de esta resolución judicial?
Estamos en una realidad en España en que ni uno solo de los responsables de uno de los mayores genocidios cometidos en el siglo XX ha sido siquiera llamado a prestar declaración. No existe ninguna comisión de la verdad, ni ninguna medida pendiente a hacer justicia y reparar a las víctimas. Por tanto, esta resolución se convierte en un precedente extraordinario de primer orden.
¿Qué precedente establece?
De entrada, consolida la idea de la justicia universal, es decir, que cualquier tribunal del mundo puede investigar crímenes contra la humanidad, cualquiera sea el lugar del mundo donde se cometan y cualquiera sea el tiempo en que se hayan cometido.
"Por primera vez en la historia se ha imputado a responsables de crímenes del franquismo"
¿Qué otros efectos tiene?
La resolución constituye una reparación enorme para las víctimas, que, impedidas de que se haga justicia en España, han tenido que recurrir a una jurisdicción extranjera, en este caso la argentina, del mismo modo que las víctimas del genocidio argentino recurrieron en su día a la jurisdicción española. Hay una consigna que está recorriendo todo esto, que sería la de: "ayer por nosotros, hoy por vosotros". Ésta es una idea muy fuerte, porque establece que la solidaridad de los pueblos también se puede organizar a través de acciones judiciales como ésta.
¿Qué dice, en concreto, la resolución?
Se dicta una orden internacional de detención que determina que los imputados podrán ser detenidos, en cualquier lugar del mundo en que se encuentren, y extraditados a Argentina. Además, se va a cursar una orden internacional de detención a la propia España a efecto de arrestarlos y, en ese caso, proceder  a su extradición para que sean juzgados aquí.
Ante esto, ¿qué alternativas tiene el Gobierno español?
Tiene dos, conforme a las normas del derecho internacional: o entregarlos, o juzgarlos en España.
Es difícil que eso ocurra.
Sabemos que es previsible que ninguna de las dos suceda en estos momentos en que se está protegiendo a los victimarios. Sin embargo, la presión que va a ejercer esto sobre quienes forjan la impunidad, y el estímulo que va a dar a las víctimas, van a permitir que se produzca una acción envolvente en la que esperamos que se sumen otros tribunales del mundo para poner fin a la impunidad del franquismo. Yo no descarto que jueces y fiscales españoles se hagan cargo de esta investigación judicial. Es una verdadera vergüenza que por parte de la justicia española se dé impunidad a estos crímenes.
"El Gobierno tiene dos opciones: entregarlos o juzgarlos en España"
¿La INTERPOL puede entrar en España?
No. En principio, la INTERPOL va a detenerlos en cualquier lugar del mundo en que se encuentren. Como sucedió cuando Garzón dictó las órdenes de detención respecto de los genocidas argentinos, son las autoridades españolas las que tendrían que proceder al arresto.
España no ha colaborado por ahora.
Sí. Hasta ahora, la jueza había enviado dos comisiones rogatorias que merecieron por parte de la Fiscalía General del Estado español una contestación negativa a sus peticiones, así que es previsible que esto por ahora no funcione. Pero esto va a ir creciendo cada vez más, y no hay que descartar que alguno sea detenido y juzgado en Argentina. Es importante enfatizar que a estas imputaciones van a seguir otras.
"Los imputados tienen aún una larga vida para rendir cuentas ante la justicia"
Pero la jueza accedió a cuatro imputaciones de las nueve que ustedes solicitaron.
Sí, están pendientes las de tres ex ministros franquistas (José Utrera Molina, suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez) y dos ex jueces (Rafael Gómez Chaparro Aguado y Jesús Cejas Mohedano).
¿Qué da a entender eso?
La resolución de la jueza nada dice respecto de las otras cinco imputaciones, pero creemos que en cualquier momento puede resolver acerca de ellas. Nosotros vamos a presentar nuevos escritos de procesamientos, porque se han sumado más víctimas y cada vez hay más denuncias y más pruebas.
El dictamen de Servini de Cubría es extenso. ¿Qué abarca?
Por un lado, la resolución es una historia de todo lo que ha venido sucediendo desde el 14 de abril de 2010, cuando comenzó la causa. Por otra parte, se citan los informes de Amnistía Internacional, de la sección española para el derecho internacional de los derechos humanos, de juristas argentinos, y además, sentencias dictadas por tribunales argentinos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y por tribunales internacionales, que fundamentan por qué Argentina tiene competencia para juzgar al franquismo. Al reafirmarse la jurisdicción argentina, se deja la puerta abierta a nuevas imputaciones.
¿Qué dice la resolución sobre los querellantes?
Con precisión, destaca quiénes han presentado sus testimonios para que estas órdenes de imputación se hayan producido.
Habrá quien piense que los acusados son ya muy mayores y no podrá hacerse justicia con la mayoría.
El militar alemán Rudolf Hess murió en la cárcel de Spandau con más de 90 años. Varios criminales están siendo perseguidos en este momento y tienen más de 90 años. Billy el Niño tiene 67 años y el resto tiene poco más de 70, por lo tanto, tienen todavía una larga vida para rendir cuentas ante la Justicia.
http://www.publico.es/internacional/469449/a-estas-imputaciones-desde-argentina-van-a-seguir-otras

jueves, 19 de septiembre de 2013

La democracia española no puede ser un manto protector de torturadores

La mezcla de emociones ha invadido la sala, abarrotada de periodistas, en la que la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) ha presentado la resolución de María Servini de Cubría, la jueza argentina que lleva el caso de los crímenes contra el franquismo, quien ha dictado orden de detención internacional contra cuatro responsables de la represión durante la dictadura.


Ana Messutiy Carlos Sleploy



 La Marea / EDUARDO MURIEL / 19-09-2013

Las sonrisas de oreja a oreja de las víctimas y las lágrimas de emoción no han sido incompatibles con las de cierta tristeza. “Es un paso importantísimo, aunque también me da pena por los que ya no están aquí y no pueden verlo”, lamentaba Elsa Osaba, hija de refugiados españoles en Francia. Y es que la carrera contra la impunidad es también una carrera contra el tiempo, en la que no sólo mueren los responsables de la tortura sino también las víctimas. La última, el euskaltzale Sabin Arana, que falleció hace dos semanas.
Por eso la decisión de la jueza argentina es una “puerta abierta a un futuro esperanzador”, en palabras de Bonifacio Sánchez, miembro de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). A su lado, Manuel Blanco, miembro de la asociación La Comuna Presxs del Franquismo, señalaba también la importancia del hecho: “Es la primera vez que un país extraeuropeo hace suyo el principio de jurisdicción universal e interviene en un caos que ha agotado los cauces judiciales en España. Desde Nuremberg no se había dado una iniciativa como esta contra el nazi-fascismo“.
Una de las abogadas que lleva el caso, Ana Messuti, ha resaltado que la jueza ha dictado una resolución extensa y muy argumentada, “con toda la historia de la querella, todo lo que la precede, incluso el intento del juez Garzón” [aquí se puede consultar el documento completo en .pdf]. Ahora, la pelota está sobre el tejado del Gobierno de España y, concretamente, en la del Ministerio del Interior, que debería procesar la detención de los imputados en base al acuerdo de colaboración judicial con Argentina. Interpol ya ha dictado orden de detención, por lo que los cuatro imputados no podrían salir de España sin arriesgarse a ser detenidos, explica Messuti.
Pese a todo, recuerdan que es una victoria parcial. La causa de las víctimas del franquismo es enorme, de hasta 113.000 desaparecidos y cientos de torturados, y los cuatro imputados por la jueza argentina son responsables solamente de la represión de los últimos años de la dictadura. Aún así, puede ser el hilo mediante el cual desenmarañar la madeja, que incluye también actos brutales de represión durante la guerra civil como bombardeos a civiles -Gernika y la carretera de la muerte (de Málaga a Almería)- o el robo masivo de bebés.
Si España está obligada sobre el papel a detener a los cuatro imputados, la última palabra la tendrá el Gobierno. “Nadie puede obligar al país a cumplir las leyes internacionales, pero quedar como refugio de gente buscada a nivel internacional por tortura no es una posición sencilla”, explica Messuti. “La dictadura fue un refugio de nazis, así que sería muy triste que la democracia también fuera un manto protector para torturadores buscados internacionalmente”, añade Blanco.

Los artículos del Código Penal argentino en los que se apoya la querella
ARTICULO 79. - Se aplicará reclusión o prisión de ocho a veinticinco años, al que matare a otro siempre que en este código no se estableciere otra pena.
ARTICULO 142. - Se aplicará prisión o reclusión de dos a seis años, al que privare a otro de su libertad personal, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
1. Si el hecho se cometiere con violencias o amenazas o con fines religiosos o de venganza;
2. Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba respeto particular;
3. Si resultare grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importare otro delito por el cual la ley imponga pena mayor;
4. Si el hecho se cometiere simulando autoridad pública u orden de autoridad pública;
5. Si la privación de la libertad durare más de un mes.
ARTICULO 144 ter.- 1. Será reprimido con reclusión o prisión de ocho a veinticinco años e inhabilitación absoluta y perpetua el funcionario público que impusiere a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, cualquier clase de tortura.
Es indiferente que la víctima se encuentre jurídicamente a cargo del funcionario, bastando que éste tenga sobre aquélla poder de hecho.
Igual pena se impondrá a particulares que ejecutaren los hechos descritos.
2. Si con motivo u ocasión de la tortura resultare la muerte de la víctima, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión perpetua. Si se causare alguna de las lesiones previstas en el artículo 91, la pena privativa de libertad será de reclusión o prisión de diez a veinticinco años.
3. Por tortura se entenderá no solamente los tormentos físicos, sino también la imposición de sufrimientos psíquicos, cuando éstos tengan gravedad suficiente.
http://www.lamarea.com/2013/09/19/la-dictadura-fue-un-refugio-de-nazis-pero-la-democracia-no-puede-serlo-de-torturadores/

La jueza argentina afirma que es "deber de todos los Estados" castigar a los criminales franquistas

Considera una"evidencia histórica" que los sublevados del 36 "aplicaron un plan sistemático para destruir y eliminar a sus adversarios". Reclama su competencia como lo hizo España contra Pinochet

La juez María Servini
Jueza María Servini de Cubría

ANDRÉS MUÑIZ Madrid 19/09/2013 
 
"Es tal el agravio a la conciencia de la humanidad, que el castigo de los responsables es un deber de todos los Estados, como agentes que son de la comunidad internacional, con independencia del lugar de comisión de los hechos". Es uno de los principales argumentos de la jueza argentina María Servini para aceptar la investigación de los crímenes del franquismo y ordenar la detención de cuatro agentes denunciados como torturadores de detenidos en la época de Franco en España.
En el extenso auto, de más de 200 folios, la jueza Servini destaca que informes aportados a la causa, y la propia "evidencia histórica", destacan que los sublevados en 1936 mediante un golpe de Estado contra el Gobierno constitucional, se convirtieron "de facto" en gobierno de un nuevo régimen político, desde el cual"organizaron y comenzaron a aplicar un plan sistemático concebido para destruir y eliminar a sus adversarios, incluidos los opositores políticos y todos aquellos que legítimamente respaldaron la legalidad del régimen constitucional hasta entonces vigente, lo que ocasionó víctimas también entre sus familiares"
Añade la jueza que, para realizar dicho plan, se ejecutaron y produjeron, entre 1936 y mucho después, "actos y omisiones que comportaron la violación masiva y flagrante de derechos humanos y libertades básicas de miles de personas".
Afirma que de manera sistemática, los insurrectos y los nuevos dirigentes políticos, "o quienes actuaban con su connivencia, su tolerancia o su permisividad ejerciendo funciones estatales", planificaron y/o llevaron a cabo: detenciones ilegale y arbitrarias; torturas; juicios sumarísimos sin garantías; ejecuciones sumarias, arbitrarias y extrajudiciales, "con o sin proceso judicial previo"; castigos colectivos; violaciones de domicilios, saqueos y confiscaciones de bienes; y desapariciones forzadas.
Por estos hechos, constitutivos de delitos de homicidio; privación ilegal de libertad agravada por torturas; y sustracción de menores; afirma la magistrada que no se está llevando en España una "investigación eficaz".
La jueza Servini señala que es aplicable al caso el principio de jurisdicción universal, fundado en la necesidad de que "crímenes particularmente horrendos, practicados de manera sistemática o generalizada, puedan quedar impunes por aplicación de un riguroso criterio territorialista".
Expone la instructora, citando al especialista Hugo Adrián Relva, que la práctica de las naciones demuestra que un genocidio perpetrado en el territorio de un Estado difícilmente puede ser objeto de un proceso judicial en el mismo Estado. La jueza recuerda, como ejemplo de esa teoría, el genocidio armenio realizado por las autoridades turcas; o las masacres de Camboya, Vietnam, Guatemala, El Salvador o Sierra Leona.
Recuerda además el propio ejemplo español al respecto, cuando el entonces jueza de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón solicitó al Reino Unido la extradición del exdictador chileno Augusto Pinochet, "aplicando la jurisdicción universal que la Ley Orgánica del Poder Judicial español establece, sober la base de una acusación fundada en genocidio, tortura y terrorismo".
La jueza concluye su exposición indicando que Argentina es competente y tiene jurisdicción para juzgar los hechos denunciados en la querella que dió origen al caso contra los crímenes del franquismo.

La ONU visita España para investigar las "desapariciones forzadas" del franquismo

Una delegación de la Comisión de Derechos Humanos del organismo internacional llega el lunes a Madrid para esclarecer si el Estado español cumple con su obligación de investigar los crímenes cometidos por la dictadura franquista y de reparar a las víctimas


Víctimas del franquismo y sus descendientes participan en una manifestación de apoyo al juez Baltasar Garzón el 24 de abril de 2010.

Víctimas del franquismo y sus descendientes participan en una manifestación de apoyo al juez Baltasar Garzón el 24 de abril de 2010.

ALEJANDRO TORRÚS Madrid 17/09/2013 

El pasado 30 de agosto, el Gobierno de Mariano Rajoy, coincidiendo con el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, emitió un comunicado en el que resaltaba el compromiso del Ejecutivo por "la promoción y el respeto de los derechos humanos, la lucha por erradicar toda violación de los mismos y, muy específicamente, las desapariciones forzadas". En el comunicado, el Gobierno insistía en su voluntad de esclarecer "cualquier caso de desaparición forzada" y aseguraba desplegar "año tras año más esfuerzos en esta esfera".
Sus palabras, sin embargo, no han debido convencer al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU, que este lunes viaja a España para determinar si el Estado español cumple con su obligación de investigar las desapariciones forzadas acaecidas durante la dictadura franquista y la Guerra Civil, el establecimiento de una verdad histórica sobre la violación de derechos humanos durante el mismo período histórico y la reparación de las víctimas, que a día de hoy, casi 38 después de la muerte del dictador, continúan batallando para poder encontrar y dar sepultura a sus familiares desaparecidos.
Motivos para la incredulidad no le faltan al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Nada más llegar al poder, Mariano Rajoy cerró la oficina de Víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura que fue creada para coordinar la exhumación de desaparecidos; eliminó la partida de los Presupuestos destinada a la memoria histórica; y obstaculizó la investigación de los crímenes cometidos durante el régimen de Franco iniciada por la Justicia argentina.
Todo ello, en un país, España, donde hay entre 88.000 y 130.000 personas enterradas en cualquier cuneta, 30.000 niños robados, una cantidad de fusilamientos llevados a cabo en nombre de la ley franquista imposible de determinar y donde la única persona que salió malparada de la causa judicial abierta contra la dictadura franquista fue el propio juez que instruyó la causa.

"Investigar, al menos por vergüenza"

Por ello, con el fin de determinar si el Estado español cumple con sus obligaciones en materia internacional de respeto por los derechos humanos y de esclarecimiento del pasado, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU visitará durante una semana Madrid, Barcelona, Sevilla y Vitoria, donde mantendrá diversas reuniones con autoridades, víctimas de la dictadura, familiares de desaparecidos, asociaciones civiles, abogados, académicos y otros actores pertinentes.
"Las víctimas de la dictadura están siendo desatendidas por los tres poderes del Estado"
"Esta visita es fundamental para nosotros. Las víctimas de la dictadura están siendo desatendidas por los tres poderes del Estado: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Ante esta situación, la llegada de la ONU sirve denunciar internacionalmente que España incumple sus obligaciones y esperamos que sirva para que, al menos por vergüenza, el Estado actúe", explica a Público Jordi Gordon, portavoz de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que se reunirá con el Grupo de Trabajo este lunes.
Otra de las asociaciones que ha confirmado su presencia a Público en la reunión con el Grupo de Trabajo ha sido la Asociación Recuerdo y Dignidad, cuyo presidente, Iván Aparicio, ha explicado a este diario que expondrán al grupo el incumplimiento sistemático de la Ley de Memoria Histórica por parte de ayuntamientos, comunidades y Gobierno central.
La delegación del Grupo de Trabajo, integrada por los expertos Ariel Dulitzky y Jasminka Dzumhur acompañados por los funcionarios del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) Ugo Cedrangolo (Secretario del Grupo de Trabajo) y Yiyao Zhang, visitará en su visita a España las ciudades de Madrid, Barcelona, Sevilla y Vitoria.
A su llegada a Madrid, la delegación será recibida por familiares de víctimas del franquismo que acudirán al aeropuerto de Barajas con una gran foto de víctimas de la dictadura bajo la leyenda: "España: 130.000 desaparecidos, dos mil fosas comunes con miles de víctimas sin identificar y decenas de miles de niños robados esperan una solución que el Estado español niega a las víctimas del franquismo".

Desde 2002 reclamando una investigación

La investigación por parte de la ONU de la impunidad de los crímenes franquistas y del incumplimiento por parte de España de la legalidad internacional, no obstante, no se limita al período de Gobierno de Mariano Rajoy. Las víctimas acudieron al Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU por primera vez en el año 2002. Concretamente, las víctimas denunciaron el caso de tres ciudadanos desaparecidos en 1947, 1949 y 1950.
En su informe anual de 2004, el Grupo de Trabajo reflejó la imposibilidad de informar sobre las tres denuncias ante la falta de información aportada por las autoridades españolas. Estas afirmaciones se han sucedido hasta la actualidad con la peculiaridad de que en el año 2008 el Grupo de Trabajo recomendó a España derogar la Ley de Amnistía recordando al Estado español que los crímenes contra la humanidad no prescriben nunca y que una ley nacional no puede jamás borrarlos de la memoria colectiva.

miércoles, 18 de septiembre de 2013

Argentina dicta orden de detención internacional contra cuatro torturadores del franquismo

La jueza María Servini pide, a través de la Interpol, la extradición de altos funcionario policiales y de la Guardia Civil

Jueza María Servini de Cubría

 

Público, - 18 septiembre 2013 
 ANA DELICADO Buenos Aires
 
En una decisión sin precedentes, la jueza María Servini de Cubría pide, a través de la Interpol, la extradición de altos funcionario policiales y de la Guardia Civil, en la causa abierta en ese país para juzgar los crímenes del franquismo


En un día histórico para las víctimas del franquismo, la magistrada María Servini de Cubría ha dictado una una resolución por la que dicta orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para cuatro ex funcionarios de seguridad acusados de torturas imputados: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González; y ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño.

Es decir, que en la causa abierta en Argentina para juzgar los crímenes del franquismo, han pasado a ser imputados estos cuatro ex funcionarios, que deben ser extraditados “a efectos de recibir declaración indagatoria”. “Se procede que esta magistratura curse específicamente a las autoridades españolas esta orden de detención”, dice textual la resolución de la magistrada. El texto especifica que se debe comunicar “el arresto preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL)”.
Ésta es la victoria más importante de las víctimas del franquismo en causa que comenzó hace más de tres años
La resolución, entonces, será enviada tanto a INTERPOL como a las autoridades españolas para proceder a la detención de los primeros cuatro procesados de la causa, abierta en abril de 2010, tal y como acaba de confirmar a Público uno de los abogados que ha recibido en mano la resolución de la jueza, el argentino Carlos Slepoy.
Los abogados solicitaron por escrito a la jueza, en marzo de este año, que emitiera órdenes de captura internacional contra nueve responsables del régimen franquista: tres ex ministros, José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez; y dos ex jueces, además de los cuatro exfuncionarios de seguridad que ahora han pasado a estar procesados en la causa. La magistrada ha decidido proceder, por ahora, contra estos últimos.
La ley procesal argentina prevé que, si existen indicios de criminalidad en una persona, se la llame para que preste declaración indagatoria, cuyo efecto es la orden internacional de detención si el acusado se encuentra fuera del país. Ésta es la victoria más importante que consiguen las víctimas del franquismo en el marco de una causa que comenzó hace más de tres años. El proceso ha sufrido varios escollos que ahora comienzan a disiparse.
Siguientes pasos
La jueza recibirá el próximo 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Francisco Franco, a víctimas de la dictadura y a funcionarios españoles para que presten su testimonio en el marco de la causa. Se espera la llegada de parlamentarios de BNG, IU, Amaiur, y quizás alguno del PSOE. Es probable que se adelante el diputado de ERC Joan Tardà, para interponer en octubre una querella por el asesinato durante la dictadura de Lluis Companys, presidente de la Generalitat durante la II República, y que también lo acompañen  varios concejales y alcaldes de su partido.
Diputados de BNG, IU, Aralar y PSOE irán con las víctimas que testificarán en Buenos Aires el 20-N
A ello se le suma el creciente apoyo institucional que en Argentina otorga cada vez más relevancia a la causa. Además de la resolución de apoyo del Congreso Nacional a la causa judicial, el alcalde de de la ciudad de La Plata ha declarado de interés municipal la querella argentina contra los crímenes del franquismo, y lo mismo está estudiando la legislatura provincial de Buenos Aires. La última en mostrar su respaldo ha sido la legislatura porteña (el Parlamento de la ciudad de Buenos Aires), que acaba de aprobar por unanimidad una declaración de apoyo a la querella y de condena al franquismo. Hace unos días, se constituyó la Plataforma Argentina de Apoyo a la Querella contra los Crímenes del Franquismo, a la que se adhirieron casi 100 organizaciones, y uno de sus objetivos es el de sumar el apoyo de más instituciones a la qerella, en sintonía con lo que está sucediendo en España con la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).
“Este apoyo es fundamental”, resalta Slepoy.  Los abogados se han reunido con prácticamente todas las fuerzas del Congreso, y con el director de Derechos Humanos de la Cancillería, Federico Villegas Beltrán, para garantizar que las próximas videoconferencias que realice la jueza con víctimas del franquismo no vuelvan suspenderse, como ya sucedió en tres ocasiones. Los querellantes también estuvieron con Mario Fera, presidente de Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la tramitación técnica de las querellas, para dejar asegurado nuevos problemas.
Estado de la causa
Hasta ahora, la jueza había enviado a España dos comisiones rogatorias. En la primera, solicitaba que le informaran sobre si había investigaciones en curso sobre el franquismo, en qué juzgado estaban, en qué estado se encontraban. También pedía información sobre el plan sistemático de exterminio de la dictadura, y en específico, sobre el plan deliberado, planificado y legalizado del secuestro de niños. Varios meses después, contestó la Fiscalía General de Estado que encabezaba Cándido Conde-Pumpido, cuando por entonces el PSOE estaba en el Gobierno. La Fiscalía alegó que en España estaba investigando el franquismo, y advertía que el principio de jurisdicción universal es subsidiario, es decir, que podía aplicarse cuando no había investigaciones en el país donde se cometió el crimen, por lo se entendía que Argentina no tenía competencia para investigar.
La única causa judicial abierta en el mundo sobre los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina
Los abogados de la querella replicaron con un escrito, aclarando que todos los procesos abiertos en distintos juzgados del país a raíz de los testimonios que había enviado el juez Baltasar Garzón, habían sido archivados en su inmensa mayoría, y que sólo quedaban tres abiertos, pero relacionados con la existencia de fosas comunes y exhumación de cuerpos, sin que hubiera una investigación penal. La jueza reaccionó inmediatamente y mandó una segunda comisión rogatoria a España, pidiendo la identificación de muchos responsables. La Fiscalía General volvió a contestar cuando ya estaba el PP en el Gobierno,  con Eduardo Torres-Dulce como nuevo fiscal general, en donde reiteraban que Servini de Cubría no tenía competencia para juzgar los crímenes franquistas. Para entonces, Garzón ya había sido condenado en febrero de 2012 por el Tribunal Supremo.
La magistrada decidió entonces viajar a España, pero el viaje fue cancelado porque la Corte limitó el número de funcionarios con los que podía viajar. Para su llegada se había creado un movimiento con una lista de 100 declarantes. La suspensión de su viaje generó una enorme frustración.
Pero con la actual resolución de la jueza, con la que dicta la primera orden internacional de detención contra los primeros representantes del franquismo, la magistrada ha dado un paso que puede marcar un hito en la historia española.
La única causa judicial que hay abierta en el mundo en relación a los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina. La Constitución argentina reconoce desde 1853 el principio de justicia universal, por el que este país tiene jurisdicción para perseguir los crímenes franquistas al haberse negado España a investigar por sí misma los crímenes cometidos entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Según los autos de Garzón, la represión franquista dejó al menos113.000 desaparecidos y unos 30.000 niños apropiados por el régimen que fueron sustraídos a las familias republicanas.
http://www.publico.es/469209/argentina-dicta-orden-de-detencion-internacional-contra-cuatro-torturadores-del-franquismo