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sábado, 31 de agosto de 2013

Las Abuelas de la Plaza de Mayo apoyan la búsqueda de niños robados en España

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo apoyaron hoy a las familias españolas que luchan por recuperar a sus bebés robados durante la dictadura franquista (1939-1975).

Las Abuelas de la Plaza de Mayo apoyan la búsqueda de niños robados en España

lainformacion.com viernes, 30/08/13 

 La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo apoyaron hoy a las familias españolas que luchan por recuperar a sus bebés robados durante la dictadura franquista (1939-1975).
La presidenta de la asociación "Todos los niños robados son mis niños", la española Soledad Luque Delgado, se reunió hoy en Buenos Aires con representantes de Abuelas con el objetivo de constituir una plataforma en Argentina que respalde la querella integrada por organismos sociales y de derechos humanos de España.
Luque Delgado, que busca a su hermano mellizo desaparecido en 1965 del hospital español donde nació, explicó, en rueda de prensa, que "hay muchas familias que están en mi situación, por eso la organización de las víctimas crece".
La visita de Luque Delgado a Argentina coincide con la presencia de un grupo de españoles víctimas del franquismo que buscan dar un nuevo impulso en el país a la causa abierta a por los crímenes cometidos en España durante la dictadura.
"En Argentina es donde existe la única causa abierta contra los crímenes del franquismo y por ende, la única sobre la que tenemos esperanza, porque en España lo que se hace es muy poco", señaló a Efe, Luque Delgado.
La representante de asociaciones españolas de niños robados viajó a Buenos Aires para declarar en el marco de la investigación judicial que lleva a cabo la jueza argentina María Servini de Cubría, en la que se presentarán casos como el de la misma Luque y otros testimonios de víctimas de las organizaciones que representa.
Según Carlos Slepoy, uno de los abogados de los 150 querellantes españoles, desde el fin de la guerra civil (1936-1939), hasta inicios de la década del los 50 "alrededor de 30.000 niños fueron robados de sus familias"
Estela de Carlotto, presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, señaló hoy que piensan sumarse a la lucha de las organizaciones españolas en ambos casos.

viernes, 30 de agosto de 2013

"La Iglesia sabía del robo de niños durante el franquismo"

Soledad Luque Delgado, querellante en la causa abierta en Argentina por los crímenes franquistas, presentará este lunes la primera declaración particular sobre el robo de bebés durante la dictadura española. El martes se constituirá oficialmente una plataforma de apoyo a la querella contra los delitos de lesa humanidad del franquismo

Estela de Carlotto, Taty Almeida y Carlos Slepoy. -AD

Estela de Carlotto, Taty Almeida y Carlos Slepoy. -AD


ANA DELICADO Buenos Aires 30/08/2013 
 
Era la primera vez que desde la sede de Abuelas de Plaza de Mayo se realizaba una conferencia de prensa para impulsar el proceso judicial abierto en Argentina contra los crímenes del franquismo. Allí estaban no sólo su presidenta, Estela de Carlotto, sino también Taty Almeida, titular de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora, y Carlos Slepoy, abogado de las víctimas de la dictadura española.
Los acompañaba Darío Rivas, el primer querellante particular de esta causa, y Soledad Luque Delgado, que ha viajado a Argentina desde España para presentar este lunes la primera declaración sobre el robo de bebés ante de la jueza María Servini de Cubría.
"Por los casos que van saliendo sabemos que hay religiosas y curas que intervinieron como intermediarios, así que aunque todavía no se haya demostrado judicialmente, creemos que la Iglesia católica sabía", explicó a Público. "La prueba fue sor María Gómez de Balvuena, que admitió que siempre actuó con el conocimiento de sus superiores".
"Sabemos que hay religiosas y curas que intervinieron como intermediarios, creemos que la Iglesia sabía"Luque Delgado es presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños, y se presenta en este juicio como víctima del franquismo por el robo de su hermano mellizo, que ella sospecha que fue sustraído en la Maternidad de O'Donnell de Madrid al poco de haber nacido, en febrero de 1965. Durante su intervención, la querellante habló de los intentos de las autoridades en España por hacer pasar los crímenes franquistas como cuestiones particulares o circunscritos a una problemática familiar, "cuando esto fue parte de un plan sistemático de una dictadura".
La española explicó la evolución de los crímenes franquistas, debido a la impunidad vigente en aquella época, "que primero fueron por represión política, después ideológica y social, hasta que en los últimos años se consideró más el móvil económico". También valoró el proceso judicial abierto en Argentina como "la única causa que considera el robo de bebés en España como delito de lesa humanidad dentro de los crímenes que perpetró la dictadura hasta bien entrada la democracia".

Cuentas a la Iglesia

A finales de abril, Estela de Carlotto pudo encontrarse durante unos minutos con el Papa Francisco, y aprovechó el momento para solicitarle la colaboración del Vaticano en apertura de archivos. Ahora el abogado Carlos Slepoy, valorado como "el iniciador de los juicios de lesa humanidad en España junto a Baltasar Garzón" en palabras de Carloto, anunció que también ellos están realizando gestiones para pedir la cooperación de las autoridades eclesiásticas con los delitos franquistas.
"Les decimos que no abandonen, porque si lo tratan como simple venta de niños, el delito prescribe" En cualquier caso, y para darle aún mayor visibilidad a la causa, el próximo martes se constituirá de manera oficial la plataforma argentina de apoyo a la querella contra los crímenes del franquismo.
Es por eso que la titular de Abuelas ha animado a los querellantes en esta causa que ve muy parecida a la que inició Argentina para juzgar los delitos de su propia dictadura (1976-1983), y recordó que a ellas les llevó "16 años" el juicio por el plan sistemático de robo de bebés que finalmente comenzó a investigar a los represores argentinos por estos crímenes. "Les decimos que no abandonen, porque si lo tratan como casos aislados, como simple venta de niños, el delito prescribe", advirtió Carlotto. "Pero sabemos que en realidad no es así, porque los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca".
Este miércoles, algunos diputados de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso firmaron un proyecto en rechazo a los crímenes. Todo este respaldo es considerado imprescindible en una causa única que lleva abierta tres años, y en la que la querella ya ha presentado un pedido concreto de detención contra nueve españoles vinculados al régimen franquista.

viernes, 25 de enero de 2013

Muere sor María, la monja imputada por los bebés robados

El fallecimiento de sor María Gómez Valbuena, imputada por la sustracción de tres bebés, aboca dos causas al archivo salvo que aparezcan nuevos implicados

Purificación Betegón: "Solo espero que Dios la perdone, porque yo no la voy a perdonar nunca"


Sor María

  Madrid 24 ENE 2013

María Luisa Torres y Purificación Betegón, las dos madres que lograron la imputación de la monja María Gómez Valbuena por el robo de sus hijos, son creyentes. “He estado rezando para que no se muriera. Yo, mi madre y mi hija. Rezábamos para que sor María no muriera porque queríamos verla en un juicio. Yo tenía la esperanza de que al mirarme a la cara en un tribunal se derrumbara y confesara todo”, explicaba a EL PAÍS María Luisa, que en julio de 2011, 29 años después del parto, recuperó a su hija Pilar, el bebé que la religiosa le arrebató, según su denuncia, bajo amenaza de quitarle también a su otra hija y denunciarla por adulterio. “Yo solo espero que Dios la perdone, porque yo nunca la perdonaré”, declaraba Purificación Betegón, que la acusa de robarle a sus gemelas, nacidas un día imposible de olvidar: 23 de febrero de 1981.
 Sor María Gómez Valbuena falleció el martes, a los 88 años, sin haber sido juzgada por el robo de la hija de María Luisa y las gemelas de Purificación. Fue enterrada el miércoles en la intimidad. Su abogado, José María Calero, letrado de los padres de Marta del Castillo, no había notificado ayer la defunción de su cliente a los dos juzgados de Madrid en los que está imputada. Según declaró a este diario, planeaba hacerlo hoy o el lunes. El pasado viernes, cuando la monja estaba llamada a declarar como imputada por el robo de los bebés de Purificación, Calero entregó en el juzgado un informe médico excusando la ausencia de su cliente, que padecía insuficiencia cardiorrespiratoria. En cualquier caso, su intención era no responder a las preguntas del juez como ya había hecho el pasado 12 de abril, cuando fue citada por el presunto robo de la hija de María Luisa. Sor María no habló aquel día en los juzgados, pero esa misma tarde envió un mensaje a los medios de comunicación asegurando: “Me repugna en lo más profundo de mi ser la separación de un recién nacido de su madre biológica”.
La muerte de sor María aboca ambas causas al archivo, según apuntan varias fuentes jurídicas, salvo que aparezcan nuevos imputados. Alipio Barbero, el abogado de Purificación, asegura que los habrá. El juez que lleva el caso, Esteban Vega, ha encargado a la policía judicial que localice a los médicos y enfermeras (ocho personas en total) que aparecen en la documentación que Purificación ha aportado al juzgado. “Creo que al menos tres de esas personas pueden terminar imputadas”, asegura el letrado.
“Sor María se ha llevado el secreto a la tumba, pero ella no pudo hacer todo esto sola”, opina Purificación. “Yo di a luz el 23-F, es una fecha difícil de olvidar. Me gustaría hacer un llamamiento para que el camillero, el personal de la clínica, quién sea, acuda al juzgado y cuente lo que sabe”.
Aquella noche tan larga, Purificación tenía 25 años y un hijo de dos. Era madre soltera. “Sor María me dijo que era mejor que diera a mis gemelas en adopción. Que yo era muy joven y que ellas estarían mejor con una familia. Yo le respondí que no tenía ni idea de mi vida y ningún derecho a decirme aquello. A los dos días, me comunicaron que una de mis pequeñas había muerto y después, la otra. Que se había estropeado la incubadora. Bajé corriendo a verlas y seguían allí. Entonces una enfermera me dijo que estaban muertas cerebralmente, ¡pero se movían! Y entonces me llamó sor María a su despacho para preguntarme cómo quería llamar a las niñas. Yo le dije que qué locura era aquella de decirme que estaban muertas y me contestó: ‘No te preocupes. Ha sido un error’. Le dije que mis hijas se llamaban Sherezade y Desiré. ‘Esos no son nombres cristianos’, me contestó. Cuando volví a pasar por la incubadora, mis hijas ya no estaban. Insistían en que habían muerto. Tardé 30 años en conseguir que me dieran mi historia clínica”. Esa documentación resultó clave para reabrir su caso, que previamente había archivado la fiscalía. En el margen de su historia clínica se lee: ‘Avisar a sor María’. Como apellidos del padre y la madre de sus gemelas se lee solo un nombre: sor María.
La frustración entre los afectados por robo de bebés ante la muerte de la monja es tan grande como las esperanzas que tenían depositadas en estos dos casos, los más avanzados en los tribunales entre casi 2.000 denuncias. En los juzgados de plaza de Castilla de Madrid hay otros dos expedientes en los que aparece el nombre de sor María, aunque en uno de ellos, la madre afectada, Felisa Tomico, no puede asegurar que se trate de la misma religiosa que falleció el martes en Madrid llevándose a la tumba cuatro décadas de secretos. “Vamos a seguir peleando hasta el final porque sor María era solo una pieza del entramado”, promete Maricruz Rodrigo, presidenta de la asociación SOS Bebés robados en Madrid. El diputado de IU Gaspar Llamazares envió ayer una petición al ministro de Justicia, al fiscal general del Estado y al presidente del Consejo del Poder Judicial para que se incauten los documentos personales de sor María “antes de que se destruyan o desaparezcan”.

sábado, 19 de enero de 2013

Sor María no acude al juzgado a declarar como imputada por el robo de niños

La monja alega motivos de salud para no comparecer. De todas formas, su intención es no responder a las preguntas del juez  

Justicia presenta una guía para exhumaciones en casos de niños robados

 

Maria Gomez Valbuena saliendo del juzgado el pasado 12 de abril / PEDRO ARMESTRE (AFP)

 

Madrid 18 ENE 2013
Sor María Gómez Valbuena no ha acudido hoy al juzgado para declarar como imputada por el supuesto robo de dos gemelas en 1981. Su abogado, José María Calero, ha presentado hoy un informe médico para excusar a su cliente. Previamente, sin embargo, habían solicitado poder entrar al juzgado por el parking en silla de ruedas. En cualquier caso, su intención es no responder a las preguntas del juez como ya hizo el pasado 12 de abril, cuando fue citada también como imputada por otro caso de robo de bebé, en la misma clínica, Santa Cristina de Madrid, y el mismo año.
Un forense deberá comprobar ahora que sor María, de 87 años, no estaba en condiciones físicas para acudir al juzgado. Posteriormente se fijará una nueva fecha para la declaración. "Tarde o temprano tendrá que venir", ha dicho Alipio Barbero, el abogado de Purificación Betegón, la madre que acusa a la monja de robarle a sus dos gemelas por ser madre soltera y tener ya otro hijo.
Hoy también declaran en el juzgado María Luisa Torres, la madre que logró la primera imputación de sor María por robo de bebés y que logro reencontrarse con su hija, Pilar, 29 años después del parto.
Como en anteriores comparecencias, un grupo de afectados por el robo de bebés se ha acercado a las puertas del juzgado, pese a que la Delegación del Gobierno les prohibió concentrarse allí.

viernes, 18 de enero de 2013

Segunda imputación contra Sor María, en esta ocasión por la desaparición de dos niñas gemelas

La religiosa ha sido citada a declarar el 18 de enero ante un Juzgado de Madrid por este nuevo caso, que se remonta a 1981

Sor María



EFE 15 Enero 2013

La religiosa María Gómez Valbuena, conocida como "sor María", ha sido citada a declarar como imputada el 18 de enero en el Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid tras la denuncia de Purificación Betegón por la supuesta desaparición de dos gemelas nacidas en la clínica Santa Cristina en 1981.

Así lo ha asegurado a Efe la asociación madrileña SOS Bebés Robados y confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Gómez Valbuena fue citada a declarar como imputada por primera vez el pasado 12 de abril por el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid que investiga la denuncia de María Luisa Torres, una madre que la acusa de haberle arrebatado a la hija que alumbró en marzo de 1982 en la misma clínica madrileña.

Precisamente el mismo 18 de enero María Luisa Torres ha sido citada para ampliar su declaración en el Juzgado de Instrucción número 47, en el que también comparecerá su madre, que la acompañó a la maternidad el día que dio a luz, según la asociación madrileña SOS Bebés Robados.

Esta asociación ha convocado una concentración a las puertas de los Juzgados en protesta por la lentitud de la Justicia y contra la impunidad de los culpables en las investigaciones en curso.

Justicia presenta una guía para exhumaciones en casos de niños robados

La oficina de atención a los afectados y el banco de ADN se retrasan a febrero

Presentación de la guía esta mañana en el Ministerio / Ministerio Justicia

 

Madrid 17 ENE 2013

El ministerio de Justicia ha presentado hoy una guía de recomendaciones para la práctica de exhumaciones sobre sustracción de niños, después de que el pasado 26 de diciembre la Fiscalía General del Estado remitiese una circular ordenando a todas las fiscalías territoriales agotar todas las vías de investigación y practicar cuantas pruebas fueran necesarias, incluidas las exhumaciones, ante un posible caso de robo de bebés.
La guía, que recoge las conclusiones de un encuentro entre los directores de los institutos de medicina legal de toda España el pasado verano, incide en la importancia de la cadena de custodia y la elaboración de un análisis antropológico completo (especie, edad, estatura, patologías…) de los huesos hallados antes de remitirlos al Instituto Nacional de Toxicología para garantizar “la máxima calidad pericial” de cara a un juicio por robo de bebés. El documento se remitirá a todas las comunidades autónomas, al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía, ya que son jueces y fiscales quienes pueden ordenar la práctica de exhumaciones.
El Instituto Nacional de Toxicología ha recibido 104 peticiones de identificación genética
Desde mayo de 2011, el Instituto Nacional de Toxicología (INT), al que se remitirán todas las muestras obtenidas en esas exhumaciones, ha recibido 104 peticiones de identificación genética relacionadas con posibles bebés robados y ha analizado 52 casos judicializados donde se han practicado exhumaciones. “En la mayoría, los restos hallados se correspondían con el padre denunciante”, ha explicado la directora del INT, Gloria Vallejo.
Carlos Cubero, director del Instituto de Medicina Legal del País Vasco, cree muy difícil que los restos de un bebé “desaparezcan”. Incluso si el enterramiento no está en un nicho o panteón y los huesos están más expuestos a factores exógenos como la humedad o la acidez del suelo, es muy difícil que los restos se desintegren totalmente, especialmente, el germen dentario, opina este experto. No obstante, el deterioro de los restos sí puede hacer imposible la extracción de material genético para su identificación.
Retraso en la oficina y el banco de ADN
La puesta en funcionamiento de la oficina de atención a las víctimas y la base de datos y banco de ADN que el Ministerio de Justicia prometió el pasado octubre se retrasa. Según el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde, la oficina se abrirá “a lo largo del mes de febrero”. El banco de ADN es una prioridad para los afectados, porque permitirá incorporar los análisis genéticos que muchos se han hecho y pagado de su bolsillo (unos 150 euros de media) en laboratorios privados a un fichero común elaborado por el Ministerio de Justicia y confían en que de ese cruce de datos (de padres que creen que les robaron a sus hijos y personas que sospechan que pueden ser niños robados) surjan nuevos reencuentros.
Por otra parte, mañana está llamada a declarar ante el juez en calidad de imputada por un caso de niños robados sor María Gómez Valbuena, de 87 años. La monja, imputada ya por un delito de detención ilegal por el supuesto robo de la hija de María Luisa Torres en la clínica Santa Cristina de Madrid en 1982, deberá responder ahora por la denuncia de otra madre, Purificación Betegón, que la acusa de robarle a sus dos hijas gemelas en la misma clínica y en el mismo año. Sor María se acogió a su derecho a no declarar cuando el juez Adolfo Carretero la citó el pasado 12 de abril por el caso de María Luisa Torres. No respondió a las preguntas del magistrado, aunque esa misma tarde envió una nota a los medios de comunicación exculpándose y asegurando que le “repugnaba” la separación de un bebé de su madre.

 

 

jueves, 17 de enero de 2013

IU pide que se obligue por ley a las entidades religiosas a abrir sus registros a los afectados por adopciones ilegales

Ha registrado una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Congreso


Religiosas
 


El Diario, - 16 enero 2013


Izquierda Unida quiere se obligue por ley a las entidades religiosas a abrir sus registros a los afectados por las adopciones irregulares que tuvieron lugar en España entre 1940 y 1990 para que puedan tener acceso a los datos que faciliten la búsqueda de sus familiares.
Con este objetivo, la federación de izquierdas ha registrado una proposición no de ley para su debate en el Pleno del Congreso a la que ha tenido acceso Europa Press.
Según denuncia en la exposición de motivos, las personas que están buscando a bien a sus descendientes o a sus padres suelen chocar siempre contra el mismo “muro”: “la opacidad de las instituciones religiosas” que gestionaban los orfanatos, también llamados casas de cuna o de expósitos, que monopolizaban el sistema de adopciones en el franquismo.
A estas instituciones llegaban en aquellos años los hijos de mujeres sin medios que eran entregados en adopción diera o no permiso la progenitora. También se daban casos, apuntan desde IU, en los que los niños se dejaban durante un tiempo determinado, pero cuando sus madres iban a recogerlos les decían que habían muerto y en realidad habían sido cedidos a otras familias.
SON FICHEROS PRIVADOS
En los registros de estos orfanatos figuran los nombres de todas las madres biológicas y de los padres adoptivos, pero se trata de ficheros privados a los que las entidades religiosas no permiten el acceso.
Izquierda Unida pide “poner freno a esta situación” y para ello intentará que el Congreso inste al Gobierno a obligar por ley a que los afectados por adopciones ilegales puedan consultar esos registros.
Además, señalan que del conocimiento de esa información se pueden derivan implicaciones económicas, como el derecho a herencias, o para la salud de los menores que fueron dados en adopción sin autorización de sus madres.
http://www.eldiario.es/politica/IU-entidades-religiosas-afectados-adopciones_0_90991112.html

martes, 1 de enero de 2013

“El robo de niños fue generalizado”

La fiscalía general de España pide investigar el robo de bebés entre 1950 y 1990. Slepoy afirma que los delitos cometidos antes quedan impunes porque el Tribunal Supremo ha dicho que los crímenes del franquismo no se pueden investigar.

Slepoy afirma que el delito de robo de niños se sigue consumando hasta que éstos no recuperan su identidad.

Martes, 01 de enero de 2013 Página 12


El documento publicado el miércoles pasado por la Fiscalía General del Estado de España sacude las bases de su anquilosado sistema jurídico. La circular 2/2012, que pide investigar a fondo el robo de bebés, habilita a los fiscales a ordenar la exhumación de restos de recién nacidos fallecidos y practicar pruebas de ADN, sin necesidad de orden judicial, cuando medien denuncias por la sustracción de menores. La resolución fue empujada por un escrito del 27 de enero de 2011, elevado ante la Fiscalía por un grupo de personas afectadas para denunciar que esos hechos, provocados fundamentalmente entre 1950 y 1990, tuvieron lugar en distintos hospitales de la península. Esos delitos no prescriben hasta transcurridos 10 años desde que la víctima se entera de su condición.
En España no descartan que el documento abra un resquicio judicial para investigar los crímenes cometidos por la dictadura de Francisco Franco, que empujó al menos a 30 mil niños a perder su identidad. Desde Madrid, Carlos Slepoy, uno de los principales impulsores de las querellas contra el franquismo presentadas en los tribunales de Buenos Aires, afirma que los delitos de secuestro, apropiación y sustitución de identidad de niños, hasta que éstos no recuperan su identidad biológica, se siguen consumando.
–¿Qué particularidades conlleva el delito de desaparición de niños? –Del mismo modo que en la desaparición forzada de personas, la situación ilícita se prolonga en el tiempo y afecta tanto al menor como a su familia de origen. Reconocer el carácter permanente del delito impide que este tipo de prácticas clandestinas y mafiosas puedan obtener el beneficio de la prescripción.
–Esta decisión contempla algo reconocido en el derecho internacional y que hasta ahora se cuestiona en sectores de la Justicia española. –Aparece como una gran noticia en España pero en realidad está consagrado hace mucho tiempo a nivel internacional. Esto es revelador de la impunidad existente en relación con los crímenes cometidos por el franquismo.
–¿En qué etapas se dividen esas apropiaciones? –En España hay dos períodos en relación con la apropiación de niños. Un primer período de apropiación legalizada de bebés se produce cuando el franquismo derrota a la república y dicta decretos por los cuales los hijos de las madres republicanas que se encontraban presas, una vez que habían criado a sus hijos en las cárceles, y éstos tenían tres años de edad, eran separados de sus madres.
–¿Qué criterios se aplicaban en cuanto al destino de los bebés? –Si la familia de la mujer no estaba sospechada de compartir sus ideas políticas, podía mantener la guarda del niño. En el caso de que fueran republicanos o sospechosas de serlo había dos alternativas: eran entregadas a familias adeptas al régimen o bien a instituciones públicas (orfanatos). De este modo, muchos niños terminaron siendo curas o militares, por ejemplo, es decir, con una ideología distinta a la de sus padres. Se produce un proceso de despersonalización al quitársele al niño su identidad. Garzón calculó que en esta primera etapa hubo alrededor de 30 mil niños robados. La idea era destruir un grupo humano a través de la incorporación de los niños del grupo reprimido al grupo represor, conducta típica del accionar genocida.
–La Fiscalía General del Estado sugiere poner atención en los casos de robo de bebés producidos entre 1950 y 1990. ¿Qué sucede con los niños robados en anteriores etapas? –La circular no incluye a los menores del primer período, es decir, aquel que se encuentra entre 1939 y fines de 1950, porque el Tribunal Supremo ha dicho que los crímenes del franquismo no se pueden investigar, y por tanto quedan impunes, aunque se trate de crímenes de igual naturaleza. Sin embargo, la circular es importante porque, por un lado, refleja el éxito de una lucha desigual y denodada por parte de un importante sector de la sociedad española y, por otro, porque podría abrir una brecha para comenzar a investigar los crímenes del franquismo. Confiamos en todo caso en que haya fiscales que se atrevan también con ellos. Esto, que fue un plan legalizado de apropiación de menores, se convierte entre fines de la década del ’50 hasta principios de los ’90, bien entrada la democracia, en una práctica generalizada.
–¿Cuál se supone que fue el destino de los bebés? –Muchas instituciones públicas y privadas comienzan a hacer negocios con los niños. Las familias pudientes se apuntaban para tener niños que les quitaban a madres pobres o solteras con la complicidad de instituciones del franquismo. Los implicados son múltiples: médicos, monjas, parteras, funcionarios, abogados, enfermeras y un largo etcétera.
–Detrás de la circular también está el reclamo de familiares de víctimas del franquismo. –Desde hace algunos años, hermanos de esos chicos apropiados, que a través del relato familiar acerca de cómo sus hermanos habían muerto teóricamente al nacer, comienzan a descreer de esa historia oficial y se lanzan a investigar. Por otro lado, muchos padres dudaban sobre el futuro de sus hijos pero no se atrevían a investigar por miedo o desconocimiento. Surgen así las asociaciones de bebés robados. Hoy hay más de 20 entidades que reclaman por los niños apropiados.

viernes, 28 de diciembre de 2012

La fiscalía ordena agotar la investigación en los casos de bebés robados

Una circular considera que el plazo de prescripción arranca al enterarse la víctima
Bebés robados



 


NATALIA JUNQUERA Madrid 26 DIC 2012 el país



El fiscal general del Estado considera que las causas abiertas por el robo de bebés entre 1959 y 1990 en distintos hospitales y clínicas españolas no prescriben hasta pasados 10 años desde que la víctima se entera de su condición ni tampoco pueden archivarse inicialmente por falta de pruebas. En una circular, remitida a todos los fiscales, unifica los criterios en el tratamiento de estas causas dando así respuesta a una vieja reivindicación de los afectados y a una aún más vieja promesa de esta institución. La fiscalía ya había transmitido verbalmente, en reuniones con los fiscales territoriales, su postura sobre la prescripción en estos casos, pero al no haber una circular por escrito, es decir, una orden, cada fiscal ha actuado de forma distinta. Algunas asociaciones de víctimas ya planean recurrir casos sobreseídos.
“Transcurrido más de un año desde el inicio de las investigaciones”, dice la circular, “se han planteado divergencias en las vías de investigación, en la calificación de los hechos y en los plazos de prescripción aplicables. El análisis de las resoluciones que las audiencias provinciales han ido dictando en los asuntos judicializados no ha hecho sino confirmar la ausencia de unidad de criterio. Incluso se han producido discrepancias entre secciones de la misma Audiencia Provincial”. El escrito habla de tener “especialmente presente la necesidad de dar la máxima protección posible a todas las víctimas”.
La mayoría de los casos archivados se habían cerrado por falta de pruebas o aplicando el criterio de la prescripción. “Ahora lo que dice la Fiscalía del Estado es que los fiscales tienen que investigar hasta el final y tomar un papel activo, es decir, que no pueden archivar sin más por falta de pruebas sino que tienen que ir a buscarlas”, explica Guillermo Peña, abogado de SOS Bebés Robados en Madrid, que ahora planea volver a llevar a la justicia dos casos de Toledo que fueron archivados por este motivo. “La circular extiende el criterio que viene aplicando la Fiscalía de Madrid al resto de fiscales”.
Eduardo Esteban, fiscal jefe de Madrid, confirma que, pese a que la Fiscalía del Estado ya transmitió esas directrices en alguna reunión, hasta ahora no les había enviado la circular que ordena aplicarlas y “los criterios de los fiscales se habían dispersado a la hora de actuar”. “Nosotros siempre hemos mantenido esa tesis, la de que en estos casos se trataría de un delito de detención ilegal permanente y que el tiempo de prescripción, 10 años, no empieza a contar hasta que el afectado se entera de que es un niño robado. Hay que investigar hasta el final y luego decidir”.
La circular no supone que todos los casos que han sido archivados vayan a reabrirse, pero sí es “una ventana abierta”, en palabras de Guillermo Peña, que les facilitará el camino. Tendrán que recurrir caso a caso cada archivo. Algunos ya habían empezado a aplicar ese criterio y los recursos habían salido adelante. Por ejemplo, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó recientemente al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid reabrir el caso de Felisa Tomico y Juan Antonio Panadero, que buscan a su bebé nacido en abril de 1978, al entender que los posibles delitos no habían prescrito.
La circular explica, además, que los fiscales pueden ordenar la práctica de exhumaciones para comprobar si un bebé dado por muerto al nacer había fallecido realmente, así como practicar pruebas de ADN. La Fiscalía de Madrid ya ha practicado cuatro exhumaciones sin que ninguna pudiera ser considerada prueba de delito. También los fiscales de Albacete, Castellón, Alicante, Valencia o Gipuzkoa las habían ordenado. En esta última, una de las tres exhumaciones mostró un ataúd vacío en el panteón de la familia Losa-Ocáriz.
La investigación judicial de estos casos sigue siendo, no obstante, tremendamente difícil. Incluso en los casos donde ha aparecido la prueba más contundente: una tumba vacía. “Sí, en España se robaron niños, pero lamentablemente nos faltan pruebas para castigar a quienes los robaron. Las exhumaciones son muy elocuentes, demuestran que a los padres les mintieron, pero no aportan ninguna nueva pista sobre el paradero de ese niño”, explicaba a EL PAÍS un fiscal que prefirió ocultar su nombre tras la apertura de una de esas tumbas vacías.

Más declaraciones en el ‘caso sor María’
Adolfo Carretero, el juez que investiga y ha imputado a la monja María Gómez Valbuena, de 87 años, por el presunto robo de un bebé en1982, havuelto a llamar a declarar a la madre denunciante, María Luisa Torres, para hacerle nuevas preguntas sobre el caso. Será el próximo 18 de enero. “Ahora el juez ya lo sabe todo. Sor María merece el mayor castigo”, dijo al salir del juzgado, acompañada de su hija Pilar, el pasado 3 de abril. Se conocieron en 2011, 29 años después del parto.
El abogado de la religiosa también ha pedido al magistrado que localice y llame a declarar a una empleada de la Agencia Española para la Protección de la Adopción (AEPA) que tramitó la adopción de este supuesto bebé robado.
El juez que lleva el caso ya llamó a declarar, en calidad de imputada, a sor María Gómez Valbuena, a la madre denunciante, a su hija robada, a sus padres adoptivos y a una veintena de médicos en calidad de testigos.
La monja se acogió a su derecho a no declarar y no respondió a las preguntas del juez pero esa misma tarde envió a los medios de comunicación una nota en la que se declaraba inocente de los hechos que se le imputan: “Me repugna en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable en ninguna circunstancia y jamás he tenido conocimiento de la separación de un recién nacido de su madre biológica realizada bajo coacciones o amenazas”.
Isabel Vega, una de las testigos clave del caso, declaró al juez cuando la llamó a declarar como testigo que no recordaba nada de aquel bebé, aunque su firma estaba en el expediente de adopción.

Un drama que ha traspasado fronteras
- En España se han interpuesto más de 1.500 denuncias por supuestos robos de bebés. Muchas de ellas se archivaron por falta de pruebas o al considerar el juez que el caso había prescrito.
- Sor María Gómez Valbuena, de 87 años, es hasta el momento la única imputada por un magistrado por presunto robo de niños. Pertenece a la congregación Hijas de la Caridad y está procesada por el robo en marzo de 1982 de una niña en la maternidad Santa Cristina, situada en Madrid. Es la historia de María Luisa Torres y Pilar Alcalde. Madre e hija se encontraron en 2011, 29 años después del nacimiento de Pilar.
- El caso de los niños robados ha llegado a las autoridades europeas. El granadino Eduardo Raya se convirtió el 23 de marzo de 2010 en el primer denunciante de un caso de estas características en España y este verano presentó una queja formal ante el Parlamento Europeo por indefensión, irregularidades jurídicas y parálisis de la justicia española en su causa y en otras similares. Un juzgado de instrucción había archivado su caso y Raya comenzó a trabajar también en una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
- El Ministerio de Justicia va a poner en marcha una nueva oficina para atender a los afectados. Ubicada en la capital, en ella participarán también representantes de las asociaciones de víctimas. En esa oficina, los interesados en iniciar una investigación podrán acceder a la documentación e información que la Administración tenga en su poder “relativa a su filiación natural, como datos registrales y expedientes sanitarios”.
- El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado mes de octubre una orden del Ministerio de Justicia para la creación de dos ficheros de datos de carácter personal: uno con las solicitudes de suministro de información administrativa por parte de personas afectadaspor la sustracción de recién nacidos, y el otro, con los perfiles de ADN.

DESCARGABLE Consulta la circular enviada por la fiscalía
http://ep00.epimg.net/descargables/2012/12/26/9fd8f0e2744e04e5c0b937ef0fb317cc.pdf

http://politica.elpais.com/politica/2012/12/26/actualidad/1356533376_965961.html

miércoles, 10 de octubre de 2012

Cinco doctoras responsabilizan a sor María de las adopciones irregulares

Las testigos aseguran que la "poderosa" religiosa llevaba "casi en exclusiva" la administración de estos casos. Tres de ellas señalan también que "los directores debían saber lo que ocurría"

La doctora Olga Fadón, una de las cinco personas que han testificado hoy contra sor María, a la salida del juzgado, en Madrid. EFE

La doctora Olga Fadón, una de las cinco personas que han testificado hoy contra sor María, a la salida del juzgado, en Madrid. EF

 

EFE Madrid 09/10/2012

Cinco doctoras han confirmado hoy ante el juez que investiga el presunto robo de una niña en la Clínica Santa Cristina de Madrid, en 1982, que la religiosa María Gómez Valbuena, conocida como sor María, era la responsable de las adopciones casi en exclusiva y tenía un poder omnímodo. Las médicas han apuntado que en la clínica había una zona privada a la que se llevaba a las madres que presuntamente querían dar a sus hijos en adopción, según fuentes jurídicas.
Las doctoras Ana Elisa López Delgado, María Rosa Acero de Pablo, María Teresa del Olmo Mombiedro, Carmen Sánchez Calvo y Olga Fadón Pérez han comparecido hoy como testigos ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero. Las cinco han expuesto que "Sor María" era la responsable de la administración de las adopciones casi en exclusiva y tenía libertad y potestad para entrar y salir en la zona de los nidos y de las incubadoras, sin que nadie pudiera enmendarle la plana.
Además, tres de las cinco testigos han afirmado que la religiosa tenía una enorme autonomía dentro de la clínica, pero los directores y los jefes de departamento y de la administración debían saber lo que ocurría dentro de la cadena jerárquica de mando de una maternidad pública.
"Los directores debían saber lo que ocurría", señalaron tres testigos
El juez mantiene imputada a la religiosa por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público, tras la denuncia presentada por María Luisa Torres, que la acusa de haberle arrebatado a su hija recién nacida en la Clínica Santa Cristina en 1982.
El abogado de la denunciante, Guillermo Peña, ha indicado que hay "muchísimas contradicciones" entre personas que han sido compañeras de servicio que le llevan a pensar que "el consentimiento de la madre no aparece por ningún sitio y que es más que probable que María Luisa Torres pudiera haber permanecido en la zona privada sin haber sido atendida por nadie".
Durante el interrogatorio, el juez ha sido más incisivo con las neonatólogas que tenían la responsabilidad de saber de dónde venían los niños y a dónde iban, por la identificación que llevaban en la cuna.

"Nada extraño"

Después de prestar declaración ante el juez, Olga Fadón, que fue neonatóloga en la Clínica Santa Cristina durante treinta años, ha asegurado a los medios de comunicación que "nunca" notó nada "extraño", ni vio a ninguna madre llorar, ni vio a ningún matrimonio entrar sin hijos y salir con hijos.
Sor María

"Sor María"(en la imagen, en una foto de archivo de AFP) era "poderosa", ha resaltado Olga Fadón, antes de explicar que "lo que hacía ella estaba bien hecho", que "era la que atendía las adopciones única y exclusivamente" y que "lo de las adopciones siempre ha sido algo conflictivo".
La neonatóloga ha argumentado que "era otra España totalmente distinta, y las madres sabían muy poco de sus derechos", pero ha comentado que no cree que ninguna madre haya sido "coaccionada" para dar a su hijo en adopción.
Al ser preguntada por el supuesto robo de niños en la Clínica Santa Cristina, ha manifestado que no cree que fuera posible hacer eso porque "había muy buenos jefes y se funcionaba muy bien".
Mientras tanto, a las puertas de los juzgados de la Plaza de Castilla, se ha vuelto a concentrar un grupo de mujeres y hombres de la Asociación Sos Bebés Robados de Madrid con carteles y fotografías para pedir justicia.

jueves, 4 de octubre de 2012

Sentencia por el juicio por el robo de bebés en Argentina

Difundieron los fundamentos de la condena a Jorge Rafael Videla a 50 años de prisión por el robo de bebés
Junta Militar (Argentina)


Centro de Información Judicial-Gobierno de Argentina, - 2 octubre 2012


Se trata de la sentencia dictada, el 5 de julio pasado, por el Tribunal Oral Federal N° 6 de Capital. También resultaron condenados Reynaldo Bignone, Jorge “El Tigre” Acosta, Antonio Vañek, Santiago Riveros y Víctor Gallo, entre otros
El Tribunal Oral Federal Nº 6 de la Capital dará a conocer, este lunes a las 20, los fundamentos del fallo por el que se condenó a nueve personas en el marco de la causa conocida como “Plan Sistemático”, en donde se investigaron más de 30 hechos de apropiación de menores durante la última dictadura militar.
La sentencia, dictada el pasado 5 de julio, por el tribunal integrado por los por los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Panelo y Domingo Luis Altieri, impuso las siguientes penas:
Jorge Rafael Videla: 50 años de prisión
Antonio Vañek: 40 años de prisión
Jorge “El Tigre” Acosta: 30 años de prisión
Santiago Omar Riveros: 20 años de prisión
Reynaldo Benito Bignone: 15 años de prisión
Víctor Gallo: 15 años de prisión
Juan Antonio Azic: 14 años de prisión
Jorge Luis Magnacco: 10 años de prisión
Inés Susana Colombo: 5 años de prisión

En el veredicto, los magistrados consideraron que los hechos juzgados son “delitos de lesa humanidad, implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad, en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de estado durante los años1976 a1983 de la última dictadura militar”.
http://www.cij.gov.ar/nota-9856-Difundieron-los-fundamentos-de-la-condena-a-Jorge-Rafael-Videla-a-50-anos-de-prision-por-el-robo-de-bebes.html

jueves, 10 de mayo de 2012

Preparan diez nuevas denuncias en la Región, tres de ellas referidas al Rosell (Cartagena)


La Asociación Bebés Robados Región de Murcia (info@bebesrobadosrm.es) tiene previsto presentar, en las próximas semanas, ante la Fiscalía regional una decena de nuevas denuncias de familias que sospechan que su caso podría encuadrarse también en la supuesta trama de robos de bebés.
Preparan diez nuevas denuncias en la Región, tres de ellas referidas al Rosell
Vista del cementerio de Canteras, ayer por la tarde. :: ANTONIO GIL / AGM

10.05.12 - J. A. G. | CARTAGENA La Verdad. es
Tres de esos casos habrían tenido como escenario el Hospital Santa María del Rosell de Cartagena. Según explicó a 'La Verdad' la abogada Laura Plata, al igual que en el caso de la denuncia que da hoy lugar a la exhumación en el cementerio de Canteras, hay otros casos en los que los responsables del centro sanitario han asegurado que los archivos en papel sobre los nacimientos resultaron irreparablemente dañados por unas inundaciones en la década de 1980. No habría, en esos casos, dadas las fechas, archivos informatizados de donde poder extraer la información necesaria para tratar de validar el testimonio de los denunciantes.
La presidenta de la asociación, Inés Madrigal, ya señaló, durante la presentación en febrero de esta organización, que empezaban a aparecer supuestas coincidencias de médicos y hospitales en los casos denunciados en la Región. Madrigal no quiso dar nombres concretos de facultativos, pero no dudó en señalar a un conjunto de hospitales murcianos y colegios de adopción «irregulares» de los que han ido saliendo casos.

sábado, 14 de abril de 2012

Gallardón toma las riendas en la causa de los ‘niños robados’

El ministro de Justicia anuncia la creación de un censo de posibles afectados por el robo de niños y una base nacional de datos genéticos como primer paso para esclarecer un problema que, según dijo, “nos avergüenza” y en el que presuntamente está implicada la Iglesia.


Alberto Ruiz Gallardón (Ministro de Justicia)

12 Abril 2012
El Gobierno del PP ha dado un importante paso para esclarecer los casos de niños robados en España durante los años 40 e inicios de la década de los 90 y en los que presuntamente está implicada la Iglesia. La importancia de las medidas anunciadas quedó en buena manera reflejada por la ‘comitiva’ gubernamental que este jueves recibió a las asociaciones de víctimas. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón y los titulares de Interior y Sanidad, Jorge Fernández Díaz y Ana Mato, además del Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, conformaron la foto del Gobierno para la asunción de responsabilidades ante un problema de dimensión nacional.
Tras dos horas de reunión en el Ministerio de Justicia a la que acudieron algunos juristas como Miguel Ángel Rodríguez Arias, Gallardón anunció en una rueda de prensa la creación de un censo de posibles afectados –que permitirá concretar "la dimensión real del problema"- y una base nacional de datos de ADN que pueda servir para cotejar la filiación natural. "El Gobierno no va a desfallecer en ningún caso y va a llegar e insistir ahí hasta donde se pueda llegar", dijo Gallardón que subrayó la obligación que tienen los poderes públicos de aportar toda la ayuda que esté "en sus manos" para tratar de resolver el "drama humano" y "terrible" que han sufrido los afectados y que "provocan un efecto de angustia".
El titular de Justicia ha destacado el derecho fundamental de las víctimas de conocer su identidad y "desarrollar un proyecto vital con el entorno de su propia familia". Eso sí, ha apuntado que el camino será "largo" y "complejo" ya que no existen "fórmulas mágicas" que resuelvan "de un día para otro" un problema "tan extenso", "que nos avergüenza".
Hasta tres Ministerios están implicados en el catálogo de medidas anunciadas, además de la Fiscalía, comunidades autónomas y ayuntamientos. Gallardón explicó que se ha formado grupo de trabajo especializado, coordinado por Justicia, que asumirá las medidas necesarias para facilitar la obtención de datos del Registro Civil, como nacimientos y posibles fallecimientos de recién nacidos en los últimos 50 años. Asimismo, se diseñará un catálogo de servicios que prestará el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para cotejar los perfiles genéticos e incorporar los datos de los laboratorios privados, "previa valoración técnica". "Es la primera vez en la historia que el Instituto dejará de estar al servicio exclusivo de jueces y fiscales", dijo Gallardón. Sanida, por su parte, podrá cruzar los datos que constan en los historiales clínicos o en otros documentos de los centros sanitarios. El departamento de Ana Mato se comprometió a instar a los servicios autonómicos de salud y de los centros que dependan de ellos a colaborar en este asunto.
El Gobierno también incorporará al grupo de trabajo a la policía judicial y la designación de un fiscal específico sobre la causa. Hasta el momento se han presentado 1.800 denuncias en los juzgados y hay 300 diligencias previas abiertas en los tribunales. Solo en Canarias, hay 800 casos documentados, los mismos que en toda Argentina donde en los últimos quince años se han localizado un centenar de víctimas.
La decisión del Gobierno se ha dado a conocer el mismo día en que la monja Sor María, primera imputada en un caso de niños robados acudía a declarar al juzgado. La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Causa de los Niños Robados, Mar Soriano, afirmó que están de acuerdo en que "no solo una monja puede ser la causante de este desastre a nivel nacional" y reclamó que los fiscales y los jueces tomen "cartas en el asunto" para esclarecer todas las responsabilidades.

viernes, 13 de abril de 2012

“Sor María me dijo que la madre era una chica joven sin medios”

Alejandro Alcalde, el padre adoptivo de la niña supuestamente robada por la monja, declara ante el juez

La madre adoptiva no reconoce su firma en documentos del proceso de entrega del bebé

Sor María Gómez Valbuena

 



Alejandro Alcalde, el padre adoptivo de la supuesta bebé robada Pilar Alcalde, ha asegurado hoy que no dio dinero a la monja María Gómez Valbuena, imputada por la supuesta sustracción del bebé que Alcalde adoptó en 1982, cuando la religiosa le entregó a la niña. Según ha dicho, sor María le contó que la madre biológica “era una chica joven que no tenía medios” económicos para mantener a la pequeña, por lo que había decidido darla en adopción. Así lo ha manifestado Alcalde a los periodistas antes de entrar a declarar hoy en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ante el que ayer compareció la religiosa, quien se negó a hablar y sobre la que se mantiene la imputación por los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público. No obstante, poco después defendió su inocencia en una carta abierta a la opinión pública.
Junto a Alejandro Alcalde también ha declarado Juana Antonia, su exmujer y la madre adoptiva de Pilar Alcalde, quien ha asegurado ante el juez que no reconoce su firma en varios de los documentos del proceso de adopción de su hija en el que participó sor María. Así lo ha asegurado tras la comparecencia de Juana Antonia el abogado Guillermo Peña, que representa a la asociación SOS Bebés Robados. A preguntas de los periodistas sobre si se solicitará un informe caligráfico para comprobar a quién corresponde la letra, el abogado no lo ha descartado en aras de averiguar si sor María podría haber incurrido en un delito de falsedad documental.
Alejandro Alcalde
En declaraciones ayer a este periódico, Alejandro Alcalde relató que llegó hasta la monja tras un largo periplo, junto a la que entonces era su esposa, por las Diputaciones de Madrid, A Coruña, Lugo, Zaragoza, buscando un niño que adoptar. “La primera vez que nos vimos con ella nos lo puso muy difícil. Luego nos pidió todo tipo de datos. Nos preguntó si éramos católicos, me hizo llevar un documento de mi empresa acreditando que yo ocupaba el cargo que le había dicho que tenía y que ganaba lo que le había dicho que ganaba…”, recuerda.
“Era de una terrible frialdad”
“Sor María era una mujer muy fuerte. Ahora la veo y ni la reconozco, parece la mitad de su sombra y no solo por la edad. Era una mujer de una terrible frialdad, pero yo le estaba inmensamente agradecido porque me había dado una hija”, explica. “Recuerdo que en 1981 salió un reportaje que hablaba del tráfico de niños. Yo me peleé con todo el mundo defendiendo a sor María. Estaba convencido de que todo era mentira. Ahora no sé qué pensar”.
Alejandro recuerda que la monja le ofreció cambiar de bebé antes de la adopción. “Pilar nació muy malita. Estuvo 40 días hospitalizada y sor María nos ofreció echarnos para atrás y esperar a otro niño. Yo le dije que no. Aquella niña ya era mi hija”. También recuerda haberle pagado, en total, “unas 100.000 pesetas”, pero aclara: “Yo no compré una niña. Me pasaron facturas por la estancia de la madre, la anestesia, el quirófano, el papeleo… Las guardo todas y mañana [por hoy] se las enseñaré al juez”.
Está convencido de que lo que haya podido hacer sor María “lo hizo pensando que era lo mejor” para su hija, Pilar, a la que llevó con frecuencia cada año a visitar a la monja para que esta viera cómo iba creciendo la niña. Aunque aquella relación cordial se torció cuando Pilar cumplió 15 años y quiso conocer a su madre biológica, y Alejandro la acompañó a ver a la monja para que les diera información. “¿Pero por qué buscas a tu madre? Podría estar metida en drogas, o ser una prostituta, probablemente no quiera saber nada de ti”, recuerda Alejandro que sor María le dijo a su hija. Decidido a ayudarla a encontrar a su madre biológica, Alejandro contrató a un detective y a una abogada. No consiguió nada. Volvió muchas veces más a intentar sonsacarle algo a sor María. “Incluso le pedí a una monja con la que me llevaba muy bien que hablara con ella e intercediera por mí. ‘¡Es muy dura! Me ha dicho que no y que no!’, me dijo tras verse con ella. La última vez que vi a sor María fue hace tres años. Me acababan de diagnosticar una enfermedad y acudí a ella desesperado para intentar solucionar esto. Me dio una pista falsa. Comentó que la madre podía estar en Málaga. Y ya no me recibió más”.
“Yo no puedo decir que sor María le robó a Marisa a su hija porque no lo sé. Mañana [por hoy] le contaré al juez todo esto, mi verdad”. Alejandro añade algo más: “Los padres adoptivos deberían ayudar a sus hijos a buscar a sus padres biológicos. Tienen derecho a saber quiénes son”.

jueves, 12 de abril de 2012

Sor María se niega a declarar ante el juez

La religiosa, denunciada por una mujer por arrebatarle a su hija en 1982, permanece en los juzgados escoltada por la Policía

 

Sor María a su llegada al Juzgado

 

PÚBLICO.ES / EFE Madrid 12/04/2012

La religiosa María Gómez Valbuena, más conocida como Sor María, se ha acogido hoy a su derecho a no declarar en su comparecencia ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, que investiga la causa de los 'bebés robados', que tuvo lugar en España desde el franquismo hasta los años 90.
La monja, que estaba citada en calidad de imputada en los Juzgados de Plaza de Castilla, permanece aún en una sala del edificio custodiada por agentes policiales, encargados expresamente de que no se produzcan incidentes a su salida, dada la gran expectación mediática que ha producido su comparecencia.
Sor María, con el hábito de las Hermanas de la Caridad, acudió al Juzgado poco después de las ocho de la mañana acompañada por otra monja de la congregación.  Sor María está defendida por el abogado José María Calero, que llevó la acusación de la familia de Marta del Castillo.
A sor María, de 80 años y que vive en un convento de las hermanas de la Caridad de Madrid, se le imputan delitos de detención ilegal y falsedad en documento público después de que María Luisa Torres denunciara a la religiosa por haberle quitado a la hija que tuvo en marzo de 1982 en la cínica Santa Cristina.
El pasado 3 de abril, Torres compareció ante el juez como testigo y declaró que la monja le arrebató a su hija tras llamarla "adúltera", cuando ésta trabajaba como asistente social en la maternidad de la clínica madrileña.
Sor María es la primera persona a la que un juez abre diligencias por el caso de 'niños robados' . Por su parte, la Fiscalía está a la espera de obtener los resultados de ADN de dos exhumaciones realizadas en el cementerio de la Almudena y que podrían destapar posibles irregularidades.
Este jueves, además, es el día en que el el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce y los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; Interior, Jorge Fernández Díaz; y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, se reunirán con las asociaciones de afectados por estos casos. Los familiares de los 'niños robados' reclaman la apertura de archivos y la creación de una base de datos que recopile muestras de ADN para facilitar las investigaciones.

 

Sor María declara mañana como imputada por los 'niños robados'

La religiosa es la primera persona a la que un juez abre diligencias por este caso, después de que una mujer denunciara que le arrebató a su hija en 1982 

María Luisa Torres, con su madre y sus hijas, entre ellas Pilar, que según ella le arrebató la religiosa sor María en 1982. EFE

María Luisa Torres, con su madre y sus hijas, entre ellas Pilar, que según ella le arrebató la religiosa sor María en 1982. EFE

PÚBLICO.ES / EFE Madrid 11/04/2012

 

La religiosa sor María Gómez Valbuena declarará mañana ante el titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid como imputada en uno de los casos de 'niños robados' que tuvo lugar en España desde el franquismo hasta los años 90, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en un comunicado.
A sor María, de 80 años, se le imputan delitos de detención ilegal y falsedad en documento público después de que María Luisa Torres denunciara a la religiosa por haberle quitado a la hija que tuvo en marzo de 1982 en la cínica Santa Cristina.
El pasado 3 de abril, Torres compareció ante el juez como testigo y declaró que la monja le arrebató a su hija tras llamarla "adúltera", cuando ésta trabajaba en la maternidad de la clínica madrileña.
sor María, que actualmente vive en un convento de Madrid de las hermanas de la Caridad, es la primera persona a la que un juez abre diligencias por el caso de 'niños robados' . Por su parte, la Fiscalía está a la espera de obtener los resultados de ADN de dos exhumaciones realizadas en el cementerio de la Almudena y que podrían destapar posibles irregularidades.
Mañana, además, es el día en que el el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce y los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; Interior, Jorge Fernández Díaz; y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, se reunirán con las asociaciones de afectados por estos casos. Los familiares de los 'niños robados' reclaman la apertura de archivos y la creación de una base de datos que recopile muestras de ADN para facilitar las investigaciones.

sábado, 7 de abril de 2012

Tres ministros y el fiscal general se verán con afectados por el robo de niños

Los titulares de Interior y Sanidad y Eduardo Torres-Dulce se suman al encuentro de Gallardón con las víctimas la semana que viene

Miembros de SOS Bebés Robados se manifiestan en San Sebastián. / JESÚS URIARTE

 Natalia Junquera El País 2 Abril 2012

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha organizado una cumbre ministerial sobre los niños robados al invitar al encuentro que tenía previsto con afectados el próximo 12 de abril a los titulares de Interior, Jorge Fernández-Díaz y Sanidad, Ana Mato, así como al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
Por parte de los afectados, acudirán representantes de distintas asociaciones con el orden del día que ya llevaron a la reunión del pasado 10 de febrero con el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, para ver el grado y la intención de cumplimiento de aquellas peticiones. Entonces reclamaron, explica Guillermo Peña, abogado de SOS Bebés Robados, la creación de “un grupo especial de investigación, con policía judicial y especialistas en rastreo de datos”; una base de datos que incluya los nombres de las madres que buscan por un lado, los adoptados por el otro, fechas y hospitales; un banco de ADN en el Instituto Nacional de Toxicología sin que haga falta que una autoridad judicial ordene las pruebas; acceso a los archivos de Diputaciones y centros religiosos que actualmente no pueden ver por la ley de Protección de Datos, y atención psicológica.
Acuden escépticos al encuentro porque ya el anterior Gobierno socialista se comprometió a darles facilidades que luego nunca llegaron. “No queremos más brindis al sol. Necesitamos hechos”, exige Mabel Escuer, a la que una prueba de ADN ha demostrado que la mujer que la crió y que aparece en su documentación como su madre, no lo es.
Diputados y senadores han instado al Gobierno a impulsar la investigación del robo de niños, algo que el ministro de Justicia asumió como “un deber de Gobierno”. “Estaríamos enfermos como sociedad si no fuéramos solidarios con ese dolor inimaginable”, dijo Gallardón, que ha encargado a la Agencia de Protección de Datos un informe para dar acceso a los archivos. Eso sí, cada vez que el Gobierno se ha referido al asunto ha apostillado que cualquier medida tendrá en cuenta “las limitaciones presupuestarias”.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, pedirá a Gallardón que se reúna también con familiares de desaparecidos del franquismo. “Merecen el mismo trato. Aquí hay una doble moral. El delito, desaparición forzada, es el mismo”.
Mientras, la vía judicial avanza a trompicones, con decenas de casos archivados y uno que da esperanza a muchas familias: el de María Luisa Torres, que conoció a su hija 29 años después de dar a luz. Hoy admitía estar “muy nerviosa” porque este martes tiene que ratificar ante el juez la denuncia contra sor María Gómez Valbuena, la monja a la que ella acusa de robarle a su hija y la fiscalía de detención ilegal. “Tengo ganas de que pase todo para poder seguir con mi vida y comenzar una nueva etapa con todas mis hijas juntas”.

 

viernes, 6 de abril de 2012

El juez imputa a sor María por detención ilegal

La monja declarará el día 12 por haber arrebatado una niña a María Luisa Torres

Este es el primer caso en España en el que un magistrado abre diligencias

"Ahora el juez lo sabe todo. Sor María merece el mayor castigo

 

Sor María (trafico de niños robados)

 El País 4 Abril 2012

El titular del Juzgado de Instrucción 47 de Madrid, Adolfo Carretero, ha citado en calidad de imputada para el día 12, jueves próximo, a sor María Gómez Valbuena, religiosa de 80 años, en relación con un caso de robo de niños en España en los años ochenta, según fuentes de la investigación.
El magistrado atribuye a sor María los delitos de detención ilegal y falsedad en documento público por haber arrebatado un bebé a su madre en el año 1982, en la madrileña y hoy extinta clínica de Santa Cristina, donde trabajaba como asistente social, para entregárselo a una pareja sin hijos. Aquel bebé es hoy una chica que acaba de cumplir 30 años y se llama Pilar. Y logró hallar a su madre biológica, María Luisa Torres, hace apenas seis meses, tras una intensa búsqueda en la que contó con la ayuda de su padre adoptivo, Álvaro.
Este es el primer caso en España de niños robados en el que un juez abre diligencias y cita como imputado al presunto autor de la detención ilegal; en este caso la religiosa sor María. El magistrado la ha citado para la próxima semana. Si la religiosa alegase que se halla enferma para comparecer dada su avanzada edad, la ley permite a los jueces desplazarse hasta su domicilio o donde se halle y tomarle declaración, según fuentes de la investigación.

Fuentes de la Fiscalía descartan que el juez haga una causa general
Fuentes conocedoras de este caso señalan que, pese a que la detención ilegal aconteció en 1982, el delito no ha prescrito y jurídicamente es factible actuar contra su autor. El artículo 132, párrafo segundo, del Código Penal establece que, cuando la víctima es un menor, la prescripción del delito contra la libertad de las personas empieza a computar a partir de que aquel alcance los 18 años, mayoría de edad.


María Luisa Torres y su hija, antes de declarar ante el juez. / CLAUDIO ÁLVAREZ

El juez Carretero, considerado por sus colegas como un avezado instructor, y de talante conservador, interrogó este martes a María Luisa y a su hija Pilar. Esta última explicó al magistrado, adscrito a la moderada Asociación Francisco de Vitoria, que desde que tuvo uso de razón siempre le dijeron que su madre biológica la abandonó al nacer y que se “dedicaba a la mala vida”. Al menos eso es lo que le transmitieron a ella sus padres adoptivos porque esa fue la única referencia que les dio a ellos sor María de la madre biológica.
Sobre sor María recaen indicios de que en aquellas fechas arrebató este y otros bebés a sus madres para darlos en adopción. Otras madres madrileñas que denuncian el robo de sus bebés coinciden en haber dado a luz en la antigua maternidad de Santa Cristina, en calle de O’Donnell de Madrid, y señalan a sor María como la monja que también les quitó sus bebés a ellas y nunca más volvieron a verles.


La madre aseguró que
nunca buscó a su bebé
por miedo a la religiosa

Estas madres demandan que el juez Carretero interrogue ampliamente a la religiosa sobre otros niños que dio en adopción y así obtener pistas para su localización. Fuentes de la fiscalía no creen que el magistrado acceda a realizar una causa general sobre el tema de los niños robados y sostienen que lo más probable es que se centre en este caso concreto, donde víctima y supuesto autor existen y están localizados.
En su interrogatorio del martes ante el juez, María Luisa Torres explicó que si ella no había dado ningún paso para encontrar a su hija es porque siempre sintió miedo de que le pudiera ocurrir algo si la religiosa se enteraba de que ella estaba escarbando.
María Luisa ha contado que, en 1982, estando embarazada, acudió a sor María para solicitar ayuda. Entonces tenía otra niña pequeña y se acababa de separar. Si bien inicialmente la religiosa le prometió que le conseguiría una guardería para el bebé que se avecinaba, tras el parto le robó a la recién nacida al tiempo que le espetaba que era “una adúltera” por haber tenido una hija sin marido. Según María Luisa, horas después del parto, la monja entró a su habitación y se llevó a su bebé.
La religiosa estuvo durante más de 30 años como asistente social en la maternidad de Santa Cristina. Allí recibía a matrimonios que querían adoptar niños. Por entonces, sor María regentaba además centros de acogida para embarazadas a las que trataba de convencer para que le entregaran a sus bebés. E incluso engañó a algunas madres diciéndoles que sus hijos habían muerto. La religiosa pertenece a las Hermanas de la Caridad, orden en la que aparecen acusadas más religiosas por desaparición de bebés en otros puntos del Estado español, según las denuncias.

viernes, 23 de marzo de 2012

Gallardón se reunirá con afectados por el robo de niños el 12 de abril

El ministro de Justicia asegura que dará "prioridad absoluta" al asunto.- El ministerio estudia dar acceso a los archivos a las víctimas

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón
Natalia Junquera, El País 21 Marzo 2012

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se reunirá el próximo 12 de abril con los afectados por el robo de niños, según informa una portavoz del ministerio. A la última reunión con los representantes de las asociaciones de víctimas no pudo asistir por problemas de agenda y acudió en su lugar el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román.
Con el archivo de sus casos en las fiscalías, muchas de las familias que sospechan que su hijo fue robado al nacer esperan ahora que sea la Administración quien les ayude a resolver esa insoportable duda. El ministro aseguró el pasado 6 de marzo en el Senado, interpelado por el senador del PNV José María Cazalis, que pensaba dar "prioridad absoluta" a este asunto en su departamento. "El problema de los niños robados no es solo de los afectados, sino de toda la sociedad española. Y estaríamos enfermos como sociedad si no fuéramos solidarios con ese dolor inimaginable", dijo.
El Ministerio de Justicia ha encargado un informe a la Agencia de Protección de Datos para analizar las posibilidades de acceso a los archivos, una de las principales reivindicaciones de los afectados, a los que la ley de protección de datos impide muchas veces el acceso a información que podría ser fundamental en sus búsquedas.