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jueves, 25 de octubre de 2012

Familiares de niños robados piden amparo a la Defensora del Pueblo ante la violación de sus derechos constitucionales

Los afectados por el 'robo de bebés' han acudido a la institución, dirigida por Soledad Becerril, para reclamar que proteja su derecho a la vida familiar y su derecho a no recibir un "trato inhumano", recogidos ambos en los artículos 15 y 18.1 de la Constitución Española.

 

Familiares de niños robados durante la dictadura y hasta los primeros años de la democracia




| 22 Octubre 2012
Familiares de niños robados durante la dictadura y hasta los primeros años de la democracia han pedido por primera vez amparo a la Defensora del Pueblo ante la violación "continuada" de sus derechos constitucionales.
El escrito ha sido registrado por el 'Colectivo Sin Identidad', que reúne a decenas de afectados en Canarias y que ya llevó el caso de los 'niños robados' a la ONU.
Ahora, piden la implicación de la Defensora del Pueblo con el objeto de acabar con el "anómalo" funcionamiento de las instituciones en la búsqueda de sus seres queridos. A su juicio, es "completamente injustificable" la "omisión" del Estado a la hora de localizar y restituir a sus desaparecidos.
Solicitan a Becerril que actúe en defensa de sus derechos constitucionales en una iniciativa que, recalcan, es independiente a la vía penal y a la acción llevada a cabo ante instancias internacionales.
"EL ESTADO NO HACE NADA POR BUSCARLOS"
"Existe un cuadro persistente de trato inhumano y degradante hacia los propios niños robados que, sabiéndolo algunos o todavía sin saberlo muchos otros, fueron víctimas en su niñez de desaparición forzada infantil y que a día de hoy continúan privados de su derecho a la identidad, al propio nombre, al libre desarrollo de su personalidad y a sus relaciones y vida familiar", advierte el escrito.
"Son nuestros desaparecidos en vida, viven entre nosotros y no saben ni como se llaman en realidad sin que nuestro Estado haga nada por buscarlos", argumenta el abogado Miguel Ángel Rodríguez Arias, autor del libro 'El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad' y uno de los autores de las alegaciones de la petición junto con el historiador Francisco González de Tena.
El colectivo da cuenta del "sufrimiento continuado" de muchas familias y pide el amparo de la Defensora del Pueblo ante la "nula" acción de búsqueda de los niños desaparecidos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Los afectados lamentan así que ninguna unidad policial haya buscado, a día de hoy, a los niños robados y remarcan que, "en ningún caso", es aceptable que el impulso de las acciones recaiga sobre las propias familias. "Resulta una omisión flagrante de los más elementales deberes del Estado", critican.
"En ningún otro supuesto que conozca ésta parte se requiere una previa condena penal de los autores para que los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado procedan a la búsqueda y localización de las personas desaparecidas, y a su pronta restitución a las familias", concluye el 'Colectivo sin Identidad'.

domingo, 14 de octubre de 2012

Piden la intervención de la ONU para buscar a los niños robados en España

Colectivo Sin Identidad interpone una denuncia ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas


Desaparición masiva de niños durante el franquismo


Periodismo Humano, 10.10.2012
 
Colectivo Sin Identidad interpone una denuncia ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas por la “pasividad” del Gobierno en la investigación de los miles de casos, que pueden constituir crímenes contra la humanidad
La investigación por la desaparición masiva de niños durante el franquismo y buena parte de la democracia va camino de convertirse en un conflicto internacional. Primero fueron los afectados andaluces los que anunciaron que llevarían sus casos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por considerarlos delitos de lesa humanidad. Ahora son los canarios Colectivo Sin Identidad quienes han acudido a la ONU pidiéndole que obligue al Estado español a buscar a los niños dados en adopción irregular, posiblemente robados, y los restituya a sus familias y acaben así con su actual “sufrimiento”.
La denuncia fue interpuesta el pasado lunes 8 de octubre en Ginebra (Suiza) ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas pidiéndole su intervención “a la mayor brevedad posible” dado el “incumplimiento” por parte del Estado español de su “deber” de buscar, localizar y restituir a sus seres queridos a los niños y bebés sustraídos a sus familias y dados en adopción irregular entre los años 1938 y 1990. El autor de la denuncia, el jurista Miguel Ángel Rodríguez Arias, explica que la inmensa mayoría de esos desaparecidos están vivos, y por tanto el Estado español está obligado a identificarlos y ponerlos en contacto con sus verdaderas familias, en cumplimiento de los distintos tratados y convenciones internacionales que España ha firmado.
Rodríguez Arias es profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad de Castilla-La Mancha y autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad, pero aclara que con esta acción ante la ONU no se pretende la persecución de estos delitos. Se trata más bien de seguir el ejemplo de las Abuelas de la Plaza de Mayo de Argentina, sobre todo cuando el número de niños desaparecidos en España podría ser hasta diez veces mayor que el caso argentino. Este grupo de trabajo actúa precisamente como cauce de comunicación con los gobiernos para averiguar la suerte y paradero de los desaparecidos.
Por eso, en la denuncia se pide a la ONU que ordene al Gobierno español la creación de una Comisión Nacional de Desaparecidos, un banco de datos genéticos, un grupo de fiscales especializados y una unidad de Policía judicial dedicada solamente a este asunto. “Es el Estado el que tiene que intervenir, no se puede dejar esta cuestión a iniciativa de los parientes”, cuando la legislación obliga a “una investigación oficial efectiva e independiente”. Así lo establece, según señala Rodríguez Arias, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que España ratificó en 2006 y debe transponer a la normativa nacional antes del próximo 23 de diciembre.
Sin embargo, hasta ahora se están encontrando con la “pasividad” del Gobierno. La denuncia ante la ONU, firmada también por el sociólogo Francisco González de Tena, afirma que las víctimas españolas están recibiendo “un trato inhumano y degradante” vinculado a “la angustia y el destrozo psicológico” derivados de no poder encontrar a los hijos, madres, padres y hermanos que buscan. En los juzgados se han interpuesto ya unas 1.500 denuncias, y varias miles más se están investigando de forma privada, pero hasta el momento no han redundado en la averiguación de la identidad actual de los desaparecidos, ningún médico, funcionario o religioso implicado ha sido condenado y sólo se ha imputado a la monja madrileña sor María Gómez Valbuena.
Los afectados invitan a la ONU a enviar una delegación a España para comprobar “la situación profundamente dramática” que viven las familias y piden ser recibidos en Ginebra para explicar los casos. Un portavoz de Colectivo Sin Identidad y víctima también de esta trama ha declarado a Periodismo Humano que se están encontrando en todas las instancias judiciales e institucionales con “una ruta de silencio muy dura, el bastón de la ansiedad es tan cruel que es difícil resistir”, y “el tiempo juega en nuestra contra” puesto que la esperanza de vida de muchos niños criados en orfanatos, como es el caso de bastantes desaparecidos, es menor que la del resto de la población, “es parte de la masacre que han hecho con nosotros”.
Este afectado relata como en las Islas Canarias, desde 1938 hasta bien entrados los años ochenta, funcionaron centros de Falange Española, colegios infantiles y orfanatos de los que salían hasta doscientos niños al año, entregados a familias o con certificados de muerte “más que dudosas”. “La adopción era el botín de guerra”, afirma sin ambages, a la vez que denuncia los “métodos nazis” usados en esos orfanatos, que llevaban a algunos de esos niños “a la oligofrenia y a otras enfermedades mentales”. Por eso, “la responsabilidad la va a asumir quiera o no quiera el propio Estado, yo no voy a denunciar a ninguna monja en particular, nos dejamos de pamplinas y vamos a la investigación global”, concluye.
En este mismo ámbito internacional, el denunciante pionero de robo de bebés en nuestro país, el abogado granadino Eduardo Raya, anunció el pasado mes de septiembre que llevaría el caso de la presunta sustracción de su hija, ocurrida en 1990, ante el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, con sede en Estrasburgo, por considerar que se trata de delitos de lesa humanidad, al constituir un “ataque sistemático contra la población civil”. Raya anunció que otros afectados están en la misma tesitura de que sus casos, una vez agotado el recorrido judicial español, acaben también en Estrasburgo.
http://periodismohumano.com/sociedad/memoria/piden-a-la-onu-que-obligue-a-espana-a-buscar-a-los-ninos-robados-para-acabar-con-el-sufrimiento-de-sus-familias.html

lunes, 8 de octubre de 2012

El robo de recién nacidos no prescribe, según la Audiencia Provincial de Madrid

Así lo establece una resolución de la Audiencia Provincial que sienta precedente en casos como el que se sigue en Madrid contra Sor María
CONTINÚAN LAS DECLARACIONES DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SANTA CRISTINA EN LOS AÑOS 80


Niños robados durante el franquismo


Antena 3, 05/10/2012
Así lo establece una resolución de la Audiencia Provincial que sienta precedente en casos como el que se sigue en Madrid contra la monja Sor María. Continúan las declaraciones del caso.

Soledad Arroyo | Madrid | Médicos y empleados que trabajaban en la clínica Santa Cristina en los años 80 han declarado este viernes ante el juez. El magistrado ha sido especialmente incisivo con la administradora de Santa Cristina, que ha negado su participación en las adopciones, de las que ha dicho que sólo se ocupaba Sor María.
La doctora Freire, que aparece en los documentos del parto, ha asegurado que no participaba en los nacimientos que, como el de la denuncia, se producían en la zona de privados, y también que no tuvo trato con la religiosa.
También ha negado su vinculación con los hechos la doctora Martín, neonatóloga, que ha sido increpada por víctimas del robo de recién nacidos a la salida de su declaración.
La investigación sigue adelante tras conocerse que la Audiencia Provincial de Madrid considera no prescritos los delitos de robo de recién nacidos.
El auto se refiere a la denuncia de Felisa Tomico por la desaparición de su hijo en la maternidad ‘La casa de la Madre’. En el relato de su parto también aparece una monja llamada Sor María. A Felisa y su marido no les dejaron ver al recién nacido supuestamente muerto. El matrimonio ya no pudo tener hijos.
http://www.antena3.com/especiales/noticias/bebes-robados/robo-recien-nacidos-prescribe-segun-audiencia-provincial-madrid_2012100500164.html

miércoles, 26 de septiembre de 2012

Tensión en los juzgados por el caso de los niños robados

Sor María imputada en el robo de bebes


Radio BCN Estación Mediterránea ABF 18 Septiembre 2012
El caso de María Luisa Torres y de su hija Pilar. Un caso de robo donde está implicada Sor María, la única imputada en este país por la trama de tráfico de bebés. Hoy han ido a declarar, en calidad de testigos, dos ginecólogos que estaban en el lugar y momento precisos en que se cometieron los hechos relacionados con este caso. Aprovechando la declaración de hoy, se han reunido muchas víctimas que buscan a sus hijos y hermanos en la Plaza de Castilla, frente a los Juzgados, para "recibirlos". A la salida se han producido ciertos incidentes que podéis ver en este vídeo.
Lo que no sale en el vídeo y sí ha salido en las noticias de las tres es cómo uno de estos médicos amenaza a una de las madres que estaban allí protestando diciéndole: "señora no me toque, cállese que le doy una torta". Este ginecólogo tan valiente es Ignacio Villa Elízaga. Para más señas es el padre de Nacho Villa, antigua figura en los informativos de la COPE y que actualmente es el Director de RTV de Castilla La Mancha, Comunidad Autónoma presidida por Dolores de Cospedal.
Este ginecólogo es el que firmó la supuesta muerte de mi hermano gemelo en la incubadora. Verle hoy por televisión (no he podido ir a los Juzgados), diciendo eso a esta madre, ha sido como si la torta me la diera realmente a mí. Esa imagen que he recibido tanprepotente, segura y altiva ha sido un eficaz y repugnante vomitivo. La mezcla de rabia, dolor, impotencia e infinita tristeza ha sido demasiado para mí.
Sé que podría considerarse un gran paso que estas personas hoy hayan entrado en el Juzgado a testificar pero también tengo muchas dudas sobre la actuación de nuestra Justicia, esta Justicia española, que difícilmente pondrá en la cárcel a los culpables del tráfico de bebés si es que algún día se descubren.
Y me he acordado de vosotros, de la RED, de Carlos, de Ana, de Servini y de algo que tenemos en los labios cada día desde hace meses, Justicia Universal. Y entonces, todo ha vuelto, aunque sea por un momento, a ser medianamente soportable.

martes, 18 de septiembre de 2012

El juez que imputó a sor María cita a 20 médicos por el robo del bebé

Personal de la agencia de adopción y el juez del registro civil serán interrogados

Sor María Gómez Valbuena, en los juzgados de Madrid el pasado 12 de abril. / Cristobal Manuel (EL PAÍS)




Madrid 16 SEP 2012 El País
 Adolfo Carretero, el juez que investiga y ha imputado a la monja María Gómez Valbuena, de 87 años, por el presunto robo de un bebé en 1982, va a interrogar, entre mañana y el 11 de octubre a 24 personas, la mayoría médicos, que cree que pueden aportar más información sobre el caso.
En una providencia del pasado 5 de septiembre cita como testigos a 19 médicos y a la exdirectora de la maternidad donde se produjeron los hechos, la clínica Santa Cristina de Madrid, María Antonia García Alonso. Esa providencia se une a otra del 26 de junio en la que el juez citaba como testigos a otras seis personas, entre ellas el director del centro, el doctor José Zamarriego, el jefe de neonatología, Ignacio Villa Elizaga, y la asistente social de la Agencia Española para la Protección de la Adopción (AEPA), que derivó al matrimonio que finalmente adoptó a aquel bebé supuestamente robado directamente a sor María Gómez Valbuena.
Antes de citarles, el juez había pedido a la policía judicial que los localizara de forma “urgente” y que remitiera al juzgado un informe sobre su estado físico y mental para poder ser interrogados dada la avanzada edad de la mayoría de ellos, entre 70 y 80 años.
Todos están citados en calidad de testigos y a petición de las partes, Guillermo Peña, abogado de Marisa Torres, la madre que denunció en la Fiscalía de Madrid el robo de su hija en 1982, y José María Calero, letrado de la imputada, sor María Gómez Valbuena.


Además de a esos médicos, el juez también ha citado a declarar como testigo al juez del Registro Civil en aquel momento, que, a petición de sor María, según fuentes del caso, inscribió a aquel bebé fuera de plazo.
A petición de Guillermo Peña, abogado de Marisa Torres, el juez también ha solicitado los libros de la contabilidad de la clínica Santa Cristina para ver si el centro ingresó el dinero que sor María cobró a los padres adoptivos de la supuesta niña robada. Alejandro Alcalde, padre adoptivo de Pilar, relató a este diario que la monja le hizo pagar casi 100.000 pesetas en concepto de estancia de la madre biológica en el hospital, anestesia, quirófanos y papeleo. Aún conserva las facturas.
Marisa Torres dio a luz en la clínica Santa Cristina el 31 de marzo de 1982. El pasado 2 de abril relató al juez que admitió su denuncia —derivada desde la Fiscalía de Madrid— que acudió a sor María tras ver un anuncio en una revista en la que la monja, que trabajaba como asistente social en la clínica, prometía ayuda para madres en apuros. Ella lo estaba. Acababa de separarse de su marido, con el que tenía otra niña de dos años, y su nuevo novio no quiso saber nada cuando le dijo que estaba embarazada. Cuando fue a verla, sor María la tranquilizó, y le habló de unas guarderías donde podría dejar a su bebé mientras trabajaba. María Luisa contó al juez que tras el parto, la monja la amenazó con denunciarla por adulterio y quitarle a su otra hija. Le explicó que se asustó. Que salió de la clínica sin su bebé. Y que conoció a su hija, Pilar, 29 años después, gracias, sobre todo, al tesón de Alejandro, padre adoptivo de Pilar, y a la investigación de Pilar Gómiz, periodista de Antena 3.
Marisa y su hija acudieron al juzgado a contar su historia el pasado 3 de abril. Al día siguiente, el juez decidió imputar y citar para un interrogatorio a sor María Gómez Valbuena. Llegado el momento, y por consejo de su abogado, José María Calero, letrado de los padres de la menor asesinada Marta del Castillo, la monja se acogió a su derecho a no declarar. Sor María, perteneciente a la congregación de las Hijas de la Caridad, no respondió a las preguntas del juez, pero esa misma tarde envió una nota a los medios de comunicación exculpándose: “Me repugna, en lo más hondo de mi ser, considero inadmisible e injustificable la separación de un recién nacido de su madre biológica realizada bajo coacciones y amenazas”.
Sor María está imputada por los supuestos delitos de detención ilegal permanente —penado con hasta 20 años de prisión— y falsedad documental. “Hay dos documentos firmados por ella y por el director de la clínica Santa Cristina certificando que aquel bebé tenía padres desconocidos, pero Marisa Torres nunca firmó un documento de renuncia a su hija”, explica su abogado.
La asociación SOS Bebés Robados tiene otras siete denuncias en los juzgados de Madrid por robo de niños. Tres de ellas apuntan a sor María.

Protección de Datos certifica que un hospital destruyó sus archivos anteriores a 1990

Natalia Junquera
La Agencia de Protección de Datos ha cerrado su primera investigación relacionada con un posible caso de bebé robado. Acaba de contestar a Vicente González Olaya que el hospital Nuestra Señora del Rosario, de Madrid, donde cree que fue sustraída su hermana en 1961, comenzó a destruir sus archivos en 1990. Cinco años antes, en 1985, este diario denunciaba adopciones irregulares de bebés nacidos en esa clínica gestionadas a través de sor Pura, la monja que dirigía entonces una residencia para madres solteras en Carabanchel. Directivos del Consejo Superior de Menores y la Diputación de Madrid mediaron para apartarla de la dirección del centro por las numerosas denuncias de mujeres que la acusaban de coaccionarlas para que entregaran a sus futuros hijos.
Cuando González Olaya, periodista de este diario, acudió al hospital Nuestra Señora del Rosario para pedir la historia clínica de su madre y tratar de averiguar algo más, le dijeron que habían destruido los archivos. La Agencia de Protección de Datos abrió una investigación de oficio para comprobarlo. La ley de autonomía del paciente permite la destrucción de esa documentación pasados cinco años, pero en el momento del parto aún no había entrado en vigor esa normativa así que decidió acudir para certificarlo.
En la resolución que ha enviado a González Olaya, de 16 páginas, explica que el pasado 20 de junio “se realizó inspección en el centro hospitalario” y se comprobó que el centro no tenía tal documento. El personal aseguró, según recoge la resolución, que “desconocen los procedimientos establecidos para el registro de pacientes y custodia de historias clínicas por parte del hospital hasta el año 1990”. La resolución añade que, según ha podido comprobar, desde 2006 el hospital conserva las historias clínicas durante 15 años, y que antes de esa fecha solo se conservaban durante cinco.
No obstante, el funcionario de la Agencia de Protección de Datos pudo comprobar durante su inspección, que el hospital conserva un archivo de “varios contenedores” de historias clínicas en papel “cerrado con llave”. Al pedir una historia clínica del año 2006 se la facilitaron sin problemas.
Finalmente, la Agencia de Protección de Datos recuerda a González Olaya que puede acudir a los tribunales. Él ya ha decidido que lo hará. “Quiero acceder a los varios contenedores de historias clínicas del hospital. Los datos están allí”, insiste. Está convencido de que su hermana es una niña robada. Tras el parto, a su madre le comunicaron que el bebé había muerto “ahogado por el cordón umbilical”, pero no hay rastro en ningún registro. Ni como viva ni como muerta. En el Archivo Regional de Madrid no consta el parto. En el libro de familia tampoco. No está enterrada en ninguno de los 15 cementerios de Madrid. Y el hospital donde nació dice que destruyó los archivos.
La resolución que la Agencia de Protección de Datos ha enviado a González Olaya incluye 12 páginas con extractos del informe que emitió el organismo para responder a una consulta del secretario de Estado de Justicia sobre las posibilidades legales de acceso a los archivos que están planteando los afectados por robo de niños. Recuerda que el acceso a la documentación sanitaria por parte de terceros podría ser posible “con fines judiciales”.
Las asociaciones de afectados por robo de niños han pedido en reiteradas ocasiones, también en las reuniones que han mantenido con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, que se cree un equipo de trabajo en la policía judicial para que acceda a los registros de nacidos y fallecidos de los hospitales denunciados y los cruce con los datos del registro de adopciones.

lunes, 10 de septiembre de 2012

Familias de bebés robados se unen a la querella por los crímenes del franquismo (Málaga)


 Los afectados malagueños apoyarán la iniciativa de una juez argentina contra el Estado español

Miembros de la Asociación Aberoa de Bebes Robados


Laopinióndemalaga.es, - 10 septiembre 2012
Las más de doscientas familias que buscan a los bebés robados en la provincia, agrupadas en la asociación Aberoa, se adherirán a la querella que prepara contra el Estado español una juez federal argentina por los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura del general Francisco Franco, tal y como confirmó la asesora jurídica del colectivo, Marina Palomo, a este periódico.
«Nos reunimos a mediados de agosto con varios afectados y les transmitimos la información que nos hicieron llegar desde Argentina; creemos que puede sernos útil», dijo. No es una frivolidad. Estas familias siempre han querido despolitizar la lucha emprendida hace años, pero los jueces han archivado, una tras otra, la mayor parte de las denuncias al no existir autor conocido de la sustracción dado el tiempo transcurrido o al entender que no hay delito, según ha denunciado el colectivo.
Esa catarata de archivos ha hecho mella en la moral de las familias, que ahora ven en la querella de la juez argentina Servini de Cubria, que instruye el caso en un juzgado federal, una oportunidad de perseverar en su intención última: la aparición de sus seres queridos, y hay argumentos jurídicos que avalan su postura.
«No nos perjudica, y es algo paralelo a la lucha emprendida: la justicia española nos hace poco caso y nos han archivado muchos procesos, y entendemos que aquí existió una trama organizada de la que formaron parte algunos funcionarios del Estado español, y por tanto del franquismo», recalca la letrada Palomo.
La querella está en instrucción desde2010 ainstancias de varias familias cuyos allegados fueron ejecutados en las primeras horas del alzamiento nacional contra la II República española. La tesis de la juez es básicamente la misma que utilizó Baltasar Garzón para actuar contra el dictador chileno Augusto Pinochet.
La forma más directa de participar en la querella es como querellante, para lo que hay que tener parentesco con la víctima, firmar un poder notarial a nombre de los abogados argentinos y presentar todas las pruebas que se puedan reunir.
Otra forma es presentar una denuncia, y por último apoyar la causa con un escrito de adhesión. En el caso de Aberoa, la asociación se adherirá una vez que avance la querella argentina contra el Estado, muy criticada, por cierto, en determinados sectores de la judicatura local, tal y como ocurrió cuando el juez Baltasar Garzón, ahora inhabilitado, puso en jaque a Pinochet en el otoño londinense de 1998.
Pasos para denunciar en España Hay más de 200 fectados en la provincia, y la presidenta de Aberoa, Isabel Agüera, recibe una media de 50 llamadas semanales de personas que se interesan por su trabajo. Para todos ellos, la asociación recomienda seguir una serie de pasos si se sospecha que un familiar fue robado, entre los años cuarenta y principios de los noventa, a su madre poco después del parto.
En primer lugar, el colectivo reclama que, si hay sospechas, se dirija la familia al centro hospitalario afectado para pedir la documentación clínica existente en el archivo.
Luego, hay que acudir al Registro Civil para solicitar el legajo de aborto, si el bebé murió a las 24 horas; o, por el contrario, el certificado de nacimiento y el de defunción, si vivió más de un día.
Como tercer paso, hay que acudir al camposanto en el que se produjo la inhumación del familiar fallecido, para solicitar el certificado de enterramiento. Por último, se ha de interponer una denuncia ante la Fiscalía, la policía o el juzgado de guardia. Seguidamente, la maquinaria judicial se pone en marcha. En Málaga hay casi 100 denuncias en marcha.
http://www.laopiniondemalaga.es/malaga/2012/09/10/familias-bebes-robados-unen-querella-crimenes-franquismo/532587.html?utm_source=rss

El problema de los niños robados es «tremendamente más grave que el terrorismo»

Los afectados denuncian errores de Toxicología y exigen ayuda al ministro Gallardón






   
10 septiembre 2012

Un centenar de familiares afectados por los casos de los «niños robados» se manifestó este sábado en el centro de Madrid para denunciar «errores» en los estudios del Instituto Nacional de Toxicología y solicitar la ayuda y que «tome cartas en el asunto» el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
La marcha, convocada por la asociación ADN-D, comenzó a las 11.30 horas frente a la Fiscalía General del Estado y concluyó dos horas más tarde frente a la sede del Ministerio de Justicia. A ella asistieron afectados, procedentes de diferentes comunidades autónomas como Andalucía, Cataluña y Madrid, que han gritado lemas como: «Justicia ya», «¿Dónde están nuestro niños?», «Los niños viven, las causas no prescriben» o «No más errores, basta ya».
Los manifestantes han portado una gran pancarta en la cabecera en la que se podía leer: «Niños robados. Basta ya de errores. Toxicología se equivoca», además de otros carteles en los que habían escrito: «Recordando a nuestros niños robados. Queremos saber la verdad» y «Si dudas de tu identidad, únete a nosotros».
«Errores monstruosos»
Esta asociación organizó la marcha especialmente en protesta por los «errores» que, a su juicio, ha cometido el Instituto de Toxicología en el caso del supuesto robo de la hija de Eduardo Raya y Gloria Rodríguez, nacida en 1990 en el Hospital Clínico de Granada y enterrada tres días después. Raya y Rodríguez, primeros padres que llevaron ante los tribunales el supuesto robo de su hija, han trasladado al Parlamento Europeo su caso tras el archivo judicial del mismo.
Esta familia mantiene que le cambiaron a su hija después del nacimiento y se basan en diferentes pruebas de ADN que encargaron a varios laboratorios que dictaminaron que los restos no pertenecían a su bebé. Raya declara que se han manifestado porque se están cometiendo «errores monstruosos» por parte del Instituto de Toxicología.
Al concluir la marcha, se leyó un manifiesto en el que solicitaron al titular de Justicia que cumpla sus «promesas» y actúe en estos casos, además de prestar «ayuda» de inmediato a los afectados. «Señor Gallardón, se avecinan multitud de movilizaciones, entre ellas una que tanto preocupa a su Gobierno como es una huelga de hambre de muchos afectados», dijo Raya ante el Ministerio en la calle de San Bernardo, donde apuntó también que el problema de los «niños robados» es «tremendamente más grave que el terrorismo tanto cuantitativamente, como cualitativamente».
«Por eso queremos decirle que tome cartas en el asunto», dijo. Raya aseguró en nombre de los concentrados que si el ministro no lo hace, en la próxima manifestación pedirán su dimisió
http://www.abc.es/20120909/espana/abci-ninos-robados-manifestacion-201209082003.html

miércoles, 22 de agosto de 2012

El negocio de los bebés robados empezó en las cárceles franquistas y continuó durante la democracia

Familias que buscan a sus niños posiblemente sustraídos en maternidades españolas, se personan en la querella que instruye la jueza María Servini de Cubría
Manifestación de asociaciones de bebés robados.- EFE



A. DEL CAMPO | 19/agosto/2012

A sus padres les dijeron tras unas horas o incluso unos días después del nacimiento, que el niño, la niña, había muerto. Pero no les permitieron ver el cuerpo. O les mostraron el cadáver de un bebe que no parecía neonato. Después, dificultades para obtener los restos y enterrarlos, o la negativa a entregarlos. Miles de familias se quedaron con la sensación extraña de que algo no estaba bien y la convicción profunda de que sus hijos vivían. Ahora, nueve colectivos de distintos lugares de España, se incorporan a la querella de la jueza argentina María Servini de Cubría. Buscan a nacidos en los años 50, 60 y más adelante, hasta ya mediados los 80. El drama de los niños robados empezó en la guerra con los que fueron arrebatados a sus madres presas en las cárceles, se consolidó como negocio durante la dictadura… y continuó incluso durante la democracia.
“Para mí, mi hermano es la presencia de una ausencia”, explicaba a EL PLURAL.COM Soledad Luque fundadora junto a ocho de sus hermanos de la asociación “Todos los niños robados son también mis niños”, que se persona en la querella de Argentina por las víctimas del franquismo. Busca a su hermano Francisco, gemelo de Soledad. Los niños nacieron el 25 de enero de 1965 en la maternidad madrileña de O´Donnell y el varón tuvo que ser trasladado a la incubadora. Según los doctores, se iba reponiendo hasta que por fin, la madre recibió la buena noticia de que en dos días, se lo podría llevar a casa. “Cuando mi padre fue a la mañana siguiente, un médico le comunicó que Francisco había muerto. No le dejaron ver el cuerpo”, relata Soledad. El padre y su hijo mayor de 21 años fueron a recoger al bebé para enterrarlo. Les dijeron que le habían incinerado pero ignoraban donde estaban las cenizas. Como suele ser común en estos relatos de niños presuntamente robados, una monja fue la que negó la posibilidad de recoger los restos, una monja bajita, regordeta y con gafas redondas.

Jueza  María Servini de Cubría

Ni historial médico ni partida de bautismo
Los padres de Soledad vivieron hasta su fallecimiento un duelo permanente inquieto y desconfiado. De fondo la sensación de irrealidad. Los hermanos de Soledad compartieron esa carga hasta que hace dos años se lo comentaron a ella, ignorante hasta entonces de todo y que de golpe se encontró con la desazón de saber que había dudas razonables sobre la muerte de su gemelo. Dudas que se fueron profundizando en las indagaciones: la Maternidad Provincial de O´Donell desapareció en 1965 y el hospital Gregorio Marañón que heredaría sus historiales no entró en funcionamiento hasta 1968. Nadie sabía nada. Sol consiguió una pista: Los documentos podían estar en los sótanos. Se lo comunicó a la Fiscalía… que aún no se conoce que haya actuado. No consta bautizo alguno de Francisco Luque Delgado en los libros de bautismo de la citada maternidad ni en la parroquia aneja. Las indagaciones en el tanatorio y el cementerio arrojan similar oscuridad.
“Puede que seas nuestra hermana…”
La historia de esta familia es muy parecida a la que en toda España protagonizan miles de personas que buscan a sus hijos y hermanos nacidos y “fallecidos” entre 1950 (y aún antes) y finales de los ochenta. Entrar en cualquier portal de Internet relacionado con el tema de niños robados es un rosario de narraciones similares: “Pensamos que mi hermano nacido en Santa Cristina fue adoptado. Dijeron que había muerto, mis padres nunca lo han creído” “Busco a mi hijo/a que nació en Cinco Llagas Sevilla en septiembre de 1968, por favor necesito saber como pedir los papeles …” “Hermanas que buscan a su hermana robada en la década de los 60, si eres adoptada, tienes 47 años, naciste en Granada en el Hospital de San Juan de Dios…. Si crees tener un parecido de pequeña con las niñas de estas fotografías puede que seas nuestra hermana…”
Los adoptados indagan
“A partir del año 2008 se produce un auténtico boom de búsquedas porque además del auto del juez Baltasar Garzón sobre memoria histórica en el que entran también casos de niños robados, los adoptados salen a la busca de sus padres biológicos. Ellos reactivan la situación y hacen que el caso adquiera otras dimensiones. Asociaciones de familias y de adoptados en todo el Estado exigen saber qué pasó, hasta el punto de que el Ministerio de Justicia se ve forzado a dar respuestas justo cuando comparece ante los tribunales una religiosa, Sor María, a la que muchos señalan como presunta intermediaria en adopciones. Desde la Secretaría de Estado se anunció a estos colectivos algunas medidas que pasarían por considerar los casos como de detención ilegal, el nombramiento de un fiscal coordinador o la creación de una unidad especializada en rastreo de personas desaparecidas. En ello están, se supone.
Miedo por los padres adoptivos
Del mismo modo que los adoptados han impulsado la esperanza de las familias de encontrar a sus desaparecidos, también ocurre que en ocasiones los hijos guardan silencio sobre el encuentro con sus progenitores, porque temen que sus padres adoptivos puedan encontrarse con algún problema al haber realizado la adopción de esa manera. Si bien, en la mayor parte de los casos los adoptantes actuaron de buena fe y creyendo a pies juntillas lo que alguien revestido de la suficiente autoridad les dijo. Cosas como: “Es una madre soltera, no puede cuidarle, lo cede en adopción, sólo hay que pagar una cantidad por los gastos médicos porque no tiene posibilidades…” Muchos pagaron y recibieron a su hijo sin sospechar nada.
Tráfico de miles de niños
Las asociaciones que se adhieren a la querella son hoy por hoy: Aberoa, Alumbra, Colectivo sin identidad, Todos los niños son también mis niños, Origens (Associació de nens robats i adoptats irregularment de Balears) y con el decidido propósito de hacerlo pero aún pendientes de celebrar una asamblea, según explica Soledad Luque, se encuentran Bebes robados Región de Murcia, SOS bebés robados Almería, SOS bebés robados de Cádiz y SOS bebés robados Euskadi. Concluye Soledad Luque: “Nos querellamos por la desaparición de nuestros familiares. Por la desaparición y el tráfico de miles de niños que ha causado un gran dolor a la sociedad española, a miles de familias cuyos hijos les fueron arrebatados y a miles de personas desconocedoras, todavía hoy día, de su verdadera identidad. Por todos nosotros, por que cada pequeña historia nuestra pueda reformular en términos apropiados y correctos la verdadera historia”.
http://www.elplural.com/2012/08/19/el-negocio-de-los-bebes-robados-empezo-en-las-carceles-franquistas-y-continuo-durante-la-democracia/

sábado, 11 de agosto de 2012

La doble represión de las mujeres en las cárceles franquistas

Fue en las prisiones del régimen tras la guerra donde se creó el "hábito" del robo de bebés, según sostiene en historiador Javier Rodríguez en la ponencia de presentación de la muestra fotográfica 'Presas de Franco' en el Museo de León

Una de las fotografías que forman parte de la exposición 'Presas de Franco'. Centro Cultural Conde Duque.

Una de las fotografías que forman parte de la exposición 'Presas de Franco'. Centro Cultural Conde Duque.

PÚBLICO / EFE Madrid 09/08/2012 

Entre los castigos que el régimen de Franco impuso a aquéllos que habían permanecido fieles a la República las mujeres tuvieron que soportar además el sufrimiento añadido que suponía el robo de sus hijos. Esta práctica, cuyas tramas se están destapando aún a día de hoy, fueron puestas en marcha en las cárceles de mujeres, y es en ellas donde se creó este oscuro "hábito" que se extendió a lo largo de los años durante la dictadura.
Sobre este tema habla el profesor de la Universidad de León Javier Rodríguez esta tarde en una conferencia sobre ‘La represión de las mujeres en el franquismo' en el Museo de León como actividad paralela a la exposición fotográfica 'Presas de Franco'. Y es que, a juicio del profesor leonés, la mujer sufrió una doble represión durante este periodo, la ejercida sobre cualquier persona a la que se le atribuyeran ideas contrarias al régimen, pero también una represión "de género" que se aplicaba en el componente ideológico colocando a las mujeres en un plano de desigualdad y subordinación al hombre.
Eran reprimidas doblemente: por rojas y por mujeres
Fue una generación de mujeres que vieron como perdían los derechos adquiridos durante la II República y pasaban a ser reprimidas doblemente, por "rojas" y por mujeres. Y la mayor parte de ellas terminaron entre rejas o frente al pelotón de fusilamiento.
Rodríguez ha señalado, que muchas fueron separadas de sus hijos durante la década de los cuarenta y los primeros años de los cincuenta. "A partir de mediados de los años cincuenta, los casos de estos niños perdidos se siguen produciendo con mentiras y falsificaciones" a través de lo que considera un "hábito" derivado de la práctica de los centros penitenciarios que se amparaba en las facilidades que otorgaba la estructura de la dictadura.
Sí ha considerado más sorprendente que en los primeros años de las Transición se continuase registrando casos de bebés robados y ha aprovechado para reclamar "un poco de justicia" en el esclarecimiento de estos casos a través de la facilitación de documentación.
El machismo franquista "no se puede borrar de un plumazo"
Sin embargo, no sólo la práctica de los bebés robados trascendió, desde su punto de vista, más allá de la dictadura, pues también encuentra un vínculo entre la represión de género ejercida sobre la mujer y la violencia machista de las primeras décadas de la democracia.
A día de hoy hay más instrumentos para acercarse a la igualdad, "pero cuando a una persona se la educa durante cuarenta años en unos comportamientos, estos no se pueden borrar de un plumazo".

viernes, 27 de julio de 2012

Afectados por el robo de bebés denunciarán a España por crímenes contra la humanidad

Anuncian que acudirán al Tribunal Europeo de Derecho Humanos porque en nuestro país existen “presiones políticas” para no investigar los posibles delitos

De izquierda a derecha, Celia Maldonado, Angustias Rodríguez, Eduardo Raya y Gloria Rodríguez muestran pruebas aportadas a los juzgados sobre sus casos de supuesto robo de bebés (J.L.G.)

Periodismo humano, 25.07.2012
Un tercer análisis de ADN insiste en que el cadáver que enterraron Eduardo y Nuria no es el de su hija, pero su caso ha sido cerrado
· periodismohumano · José Luis Gordillo · (Granada)
Se les ha agotado la paciencia. Representantes de dos de las asociaciones de afectados por el robo de bebés en nuestro país entre 1940 y 1992 han anunciado que denunciarán el reino de España ante el Tribunal Europeo de Derecho Humanos de Estrasburgo por crímenes contra la humanidad, y ante las “presiones políticas” que dicen se están produciendo para que la justicia nacional no investigue estos posibles delitos. Como caso más flagrante exponen el de los denunciantes pioneros, Eduardo Raya y Gloria Rodríguez, que esta semana han obtenido un tercer análisis de ADN del cadáver del bebé que enterraron en 1990. Como en los dos anteriores, el test acredita que esos restos no pertenecen a su hija, pero su caso ha sido archivado por un juzgado de Granada. y a la luna si hace falta. Y todas las asociaciones estamos en ello”. Con esa contundencia se expresa el abogado granadino Eduardo Raya, el primero que denunció en nuestro país un presunto caso de robo de bebés. Eduardo es a su vez presidente de la asociación Afectados por Desaparición de Niños en Democracia (ADN-D), pero en su comparecencia pública le secundaron dos representantes de la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa), Angustias Rodríguez y Celia Maldonado, y además Raya aseguró tener además el apoyo explícito de los otros dos colectivos de nuestro país, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) y SOS Bebés Robados, que están en la misma tesitura respecto a acudir al Tribunal Europeo de Derecho Humanos una vez agoten aquí la vía judicial.
“Si no en España, esto va a salir fuera, porque son los crímenes más espeluznantes cometidos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial”, ya que son “decenas, tal vez centenares de miles”, los damnificados “porque una serie de señores decidieron que nuestros hijos crecieran con quienes ellos dijeran”, explica Raya. Por lo pronto, él ha sido además el primero en presentar una queja formal ante el Parlamento europeo, “y van a venir más” de otros afectados, porque “el reino de España está vulnerando los derechos fundamentales más elementales”. El dictamen del Parlamento no es vinculante, pero otra cosa muy distinta será el Tribunal de Estrasburgo, cuyas decisiones sí son de obligado cumplimiento para los estados.
Según el criterio de los juristas que asesoran a estos colectivos, el robo sistemático de niños, investigados incipientemente por la Audiencia Nacional para el periodo 1940-1955, y con miles de denuncias más presentadas sobre hechos ocurridos hasta 1992, constituyen delitos de lesa humanidad tipificados en el artículo 607 bis de nuestro Código Penal y en el derecho internacional, por tratarse de un ataque sistemático y organizado contra la población civil, en este caso las madres y sus hijos, con grave sufrimiento para la salud mental o física de quien los padece.
“Son madres que han llorado un entierro y ahora están llorando porque las tumbas están vacías y no saben dónde y cómo se están criando sus hijos”, apostilla Angustias Rodríguez, quien asegura haber hablado los últimos días “con madres que fueron internadas en manicomios para que dejaran de preguntar” y con “hijos que incluso han sido desheredados por empeñarse en buscar a sus padres verdaderos”. Ella misma busca a su hermana, nacida en 1963 en Loja (Granada), pero cuya tumba no ha logrado encontrar en ningún cementerio de la provincia. No existe la menor referencia de ese entierro. Algo parecido a lo que le sucede a Celia Maldonado, cuyo hermano nació en 1967 y fue dado por muerto tras el parto, pero ahora, al querer desenterrarlo, se encuentran con que no está en el nicho que les dijeron, sino que presuntamente se encontraría en una fosa común cuya apertura se le niega por estar los cuerpos “todos revueltos” y ser “demasiado costosa” su identificación.
Hasta ahora, el caso paradigmático ha sido el de Eduardo y Gloria no sólo por constituir la denuncia pionera en España, sino porque, al haber ocurrido los hechos en 1990, acumularon suficientes pruebas como para que la causa fuera asumida en primera instancia por la propia Fiscalía. De hecho, Raya revela que, de los cinco médicos involucrados, tres siguen ejerciendo y otros dos se han jubilado “con todos los honores”, a pesar de que uno de ellos ya fue condenado por la Audiencia de Granada en 1993 por la adopción irregular de un recién nacido.
Antes incluso de acudir a la justicia, Eduardo y Gloria consiguieron desenterrar el cadáver de la que creían su hija y hacerse pruebas de ADN con los laboratorios Tecnogen y Genómica, los cuales dictaminaron que los restos no podían pertenecer a una hija suya. Sin embargo, posteriormente el Instituto Nacional de Toxicología dijo no poder encontrar ADN en esos restos. “Y lo dijo cuarenta días antes de que se le enviaran las muestras, de lo cual se deduce que el resultado estaba predeterminado”, denuncian. Esta misma semana Eduardo y Gloria han recibido un tercer análisis, esta vez del laboratorio Labgenetics, sobre las mismas muestras que se mandaron a Toxicología, unos cabellos, y “sorprendentemente se nos informa que esos pelos están en bastante buen estado, habiéndose podido extraer ADN mitocondrial, y que en base al mismo se puede concluir que dichos restos no pertenecen a una hija nuestra”.
Raya apunta directamente al departamento toxicológico dependiente del Ministerio de Justicia, que dirige Alberto Ruíz Gallardón, porque hasta ahora en los dos únicos casos que se ha pronunciado fueron los de Albacete y Zaragoza, para decir que los restos desenterrados se correspondían con los hijos de los denunciantes, pero en cambio en el resto de exhumaciones practicadas por el presunto robo de bebés, más de una veintena ya, siempre argumentan que no hallan ADN. “Lo encuentran de dinosaurios del jurásico, del hombre de Orce o de los antiguos egipcios, pero no de enterramientos de hace unas décadas”, lamenta son sorna.
Por eso, “yo aquí veo presión política para no investigar”, para que el Estado no asuma la responsabilidad patrimonial “descomunal” derivada de posibles delitos cometidos en centros públicos, como son los hospitales, y para que “no se airee el descrédito que supone la relación de hasta primer grado de algunos implicados con políticos de primera fila de nuestro país”. Preguntado sobre este extremo por los periodistas, Raya apuntó en su comparecencia a la denominada “trama vasca” de robo de bebés, en la que, según ha publicado la revista Interviú, podría estar involucrado el padre de Jaime Mayor Oreja.
En este sentido, Raya dice expresar la opinión unánime de las asociaciones de afectados al apuntar que el ministro Gallardón “tiene que ponerse las pilas, basta ya de brindis al sol que sólo es palabrería, puro teatro. Dice que nos prestará apoyo psicológico y que ha creado cien oficinas, y yo no he visto ninguna, porque lo que quiere es lavarse la cara”.
En su caso particular, Eduardo y Gloria denuncian que tanto la jueza como la Fiscalía de Granada “están obsesionadas con el archivo de la causa”, y por eso lo han hecho en base a una “prueba falsa” que “milagrosamente, veinte años después, el Hospital Clínico se sacó de la manga”. Se trata de un trozo de hígado conservado en parafina que dijeron pertenecía a su hija, y al cual las instancias judiciales han otorgado credibilidad a pesar de que el propio Instituto de Toxicología dice que es de “un niño con hepatitis”, no de un bebé, y en contra además del criterio del director del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Clínico de Barcelona, doctor Bruguera, que tras analizarlo ha dictaminado que en ningún caso puede pertenecer a un recién nacido de corta edad.
Por éstas y muchas otras “irregularidades” que ha detectado en su expediente, Eduardo y Gloria han recurrido el archivo de su causa ante la Audiencia de Granada, y además han presentado una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra el departamento de Policía Nacional de Granada. “Me siento presionado y amenazado, se me ha imputado en un delito de falsedad documental de otro señor, que yo no he cometido” y curiosamente “ha sido el mismo grupo policial y el mismo juzgado” que llevaba el caso del presunto robo de su hija. Eduardo ya ha demostrado que no tenía nada que ver con ese otro delito, pero “se me ha infligido un daño moral y económico, la policía tenía datos míos que no debía poseer, me siento investigado y amenazado, porque son demasiados errores policiales ya”, sospecha.
Raya pidió la imputación de 15 personas, pero ni siquiera han sido interrogadas. “¿Cuántas pruebas necesitan para tomar declaración a los médicos y demás personal sanitario? ¿Por qué tanto miedo a interrogarlos, con la multitud de contradicciones que se recogen en el expediente? ¿Hemos de encontrar nosotros a nuestra hija y ponerla encima de la mesa de la juez para que continúe la investigación o ni tan siquiera así se atrevería a interrogar a los médicos y matronas intervinientes?”, concluye.
http://periodismohumano.com/sociedad/libertad-y-justicia/afectados-por-el-robo-de-bebes-denunciaran-a-espana-por-crimenes-contra-la-humanidad.html

domingo, 22 de julio de 2012

Secuestro de niños: la condena en Argentina y la impunidad del franquismo en España

El autor intelectual de tal atrocidad fue el psiquiatra militar Antonio Vallejo-Nájera

Psiquiatra militar Antonio Vallejo-Najera


Fèlix Martínez. El Diario.es, 19 de julio de 2012
La condena a 50 años de prisión del dictador argentino Jorge Rafael Videla por el programa de secuestro de los hijos de las disidentes políticas torturadas o asesinadas en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) durante los gobiernos de la junta militar entre 1976 y1983, havuelto a poner de manifiesto la existencia de un pacto en España para dejar impunes los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo.
Desde el golpe militar del Francisco Franco y su dictadura, que se extendió hasta su muerte en 1975, fueron robados a las presas políticas más de 30.000 niños, por las mismas razones y con las mismas técnicas utilizadas por la junta militar argentina.
Mientras en Argentina, la derogación de las leyes de punto final por el anterior presidente, el fallecido Néstor Kichner, ha permitido el proceso de los responsables de crímenes contra la Humanidad durante la dictadura, en España donde el programa de desaparición de niños sobrevivió a Franco y llegó a prolongarse hasta la década de 1990, el pacto para ocultar y no perseguir a los responsables de aquellos crímenes sigue vigente.
El único intento de perseguir los crímenes del franquismo que se ha producido en España, el del ex juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, acabó provocando la suspensión del magistrado, a pesar de que había abandonado ya el caso por las presiones de la Fiscalía y del Gobierno, a raíz de una querella presentada por el grupo ultraderechista Manos Limpias. Garzón no volvería a ejercer la magistratura porque, mientras estaba suspendido por el caso del franquismo, fue condenado a una pena de inhabilitación absoluta por lo que el Tribunal Supremo juzgó como vulneración de derechos fundamentales durante la instrucción del caso Gürtel. Días después de esta condena, la acusación contra Garzón por perseguir los crímenes del franquismo fue archivada. Pero el magistrado ya había pagado el precio de intentar sentar en el banquillo a los responsables de crímenes contra la Humanidad cometidos durante la dictadura.
El pasado 26 de junio todo el mundo pudo asistir en sesión televisada a la comunicación in voce, es decir a la lectura pública de la sentencia de la Corte Suprema argentina que condenó a Videla a 50 años por el secuestro de niños. Ya cumplía cadena perpetua por los otros crímenes cometidos durante la última dictadura.
Jorge Rafael Videla

Videla asistió impasible a la lectura del fallo. Otro de los acusados, Reynaldo Bignone, que también presidió la junta militar, se derrumbó al escuchar cómo la presidenta del tribunal le declaraba también culpable.
A él sólo se le impuso una pena de 15 años de prisión porque el número de niños secuestrados, era mucho menor que el atribuido a Videla, al que sólo se le pudieron imputar 34 secuestros. Tanto en la sala como en las calles de Buenos Aires hubo una explosión generalizada de júbilo cuando la magistrada leyó el fallo contra Videla. La sentencia fue acogida como un reconocimiento y una reparación a las víctimas y fue especialmente celebrado por las Madres y, sobre todo, por las Abuelas de la Plaza de Mayo.
En el caso español, el de los niños robados del franquismo es un episodio prácticamente desconocido hasta el año 2000. Ese año, TV3, la televisión pública catalana, emitió en el espacio 30 minuts un documental de producción propia titulado Els nens perduts del franquisme –Los niños perdidos del franquismo–, realizado por los periodistas Ricard Belis y Montse Armengou, y por el historiador Ricard Vinyes.
El documental más tarde dio lugar al libro Los niños perdidos del franquismo, editado por Plaza & Janés. Recogía las investigaciones y la documentación que probaban las tesis de Vinyes: el franquismo, desde el primer momento había llevado a cabo un plan sistemático de exterminio de los marxistas, a los que consideraba seres inferiores, que no se limitó a la guerra y que se extendió durante toda la dictadura.
El autor intelectual de tal atrocidad fue el psiquiatra militar Antonio Vallejo-Nájera, un filonazi convencido de la necesidad de exterminar a la “subespecie” compuesta por los rojos, con un gran ascendente sobre Franco, que le permitió implantar su plan tras nombrarle jefe de los Servicios de Psiquiatría del Ejército.
En 1938, Vallejo-Nájera había dirigido un estudio sobre los prisioneros de guerra republicanos para determinar qué malformación llevaba al marxismo. Según las investigaciones de Vinyes, el plan estuvo en vigor durante toda la dictadura, a pesar de que Vallejo-Nájera murió en 1960. E incluso sobrevivió al propio Franco, aunque tras los primeros años de la transición sólo tenía fines económicos.
El trabajo fundamental de Belis y Armengou en el documental fue lograr el testimonio de mujeres vivas que habían sido víctimas del plan de Vallejo-Nájera. Lo lograron al localizar a varias mujeres cuyos neonatos habían sido secuestrados con la complicidad de Falange y de la Iglesia católica, que, hasta la fecha se han venido negando sistemáticamente a entregar la información que consta en sus archivos sobre el caso. El resultado fue una serie de testimonios desgarradores.
Hasta tal punto tuvieron impacto los testimonios recogidos en el documental, que el juez Garzón citaba abundantemente el libro Los niños perdidos del franquismo en el auto en el que rechazó las alegaciones tanto de algunas defensas y de la Fiscalía contra su decisión de investigar todos los casos de detención ilegal de recién nacidos en el franquismo, con la complicidad de la Iglesia Católica y de la Falange.
El auto de Garzón no es nada lejano en el tiempo. Lo dictó el 11 de noviembre de 2008, y en el extenso documento adjunto –consta de 152 folios– argumenta que, aunque hubieran fallecido los supuestos responsables de los delitos, el caso debía investigarse no sólo para determinar quiénes colaboraron, en qué grado y si queda alguien con vida, sino para recuperar la información retenida por Falange y la Iglesia y poder reparar parcialmente así el daño causado a las víctimas.
El propio Ricard Viyes, que, con posterioridad a Los niños perdidos del franquismo publicó un ensayo titulado Irredentas sobre el secuestro de niños , también citado de manera abundante por Garzón en su auto de 18 de noviembre de 2008, fue uno de los más entusiastas defensores del intento del ya ex magistrado de esclarecer por la vía judicial aquella siniestra conjura.
Finalmente, las presiones se hicieron insoportables para Garzón y se vio obligado a abandonar el caso, aunque lo remitió a los juzgados ordinarios de las diferentes localidades donde le constaba que se habían producido los delitos. A pesar de desistir, los poderes fácticos que estaban detrás de las presiones para que abandonara el caso, y que abarcan la mayor parte del arco parlamentario español, decidieron que el magistrado no podía quedar sin castigo.
Fue suspendido por el caso del franquismo, pero condenado por una causa menos vergonzante internacionalmente, aunque igualmente escandalosa. El juez que inició el caso Gürtel de corrupción generalizada en las administraciones controladas por el PP, esencialmente la Comunidad de Madrid y la de Valencia, fue condenado mucho antes que los imputados, contra los que existen indicios más que fundamentados de criminalidad.
Sin embargo, las represalias contra Garzón parecen haber tenido el efecto contrario al pretendido. De entrada, los ensayos e investigaciones históricas bien documentadas sobre el secuestro de recién nacidos de las presas políticas del franquismo han proliferado. Hasta culminar en la que parece ser la obra que prueba de manera definitiva el carácter de plan sistemático de exterminio de la disidencia política, El Holocausto español, publicado el año pasado por el prestigioso hispanista de la London School of Economics, Paul Preston.
El conocido biógrafo de Franco expone cómo, desde el primer momento del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, los militares rebeldes ya estaban determinados a exterminar a los militantes de izquierdas a los que consideraban subhumanos. El plan de Vallejo-Nájera para el secuestro de recién nacidos de las prisioneras rojas formaba parte del experimento general para erradicar el marxismo, el obrerismo y a todos aquellos que defendieran tales ideas.
Las víctimas del robo de niños también parece haber reunido el coraje suficiente para reclamar ante los tribunales que esclarezcan definitivamente el caso. Y, aunque las víctimas políticas del franquismo saben que no prosperará la investigación, aquellos que vieron cómo les sustraían a sus recién nacidos con posterioridad al fallecimiento del dictador y por razones económicas y religiosas ya han conseguido la imputación de un médico y de una monja en los juzgados.
Pero, lo que definitivamente cierra el círculo del paralelismo entre el caso argentino y el español es un término: “Plan sistemático”. Lo han empleado los historiadores, desde Vinyes a Preston, lo empleó el juez Garzón, y lo han empleado tanto la Corte Suprema argentina como los ahora condenados.
En Argentina tienen muy clara la vinculación entre el franquismo y la dictadura argentina. Franco fue un modelo para Juan Domingo Perón mientras estuvo exiliado en Madrid. Cuando regresó a Argentina y se alzó con la victoria en las presidenciales de 1973 ya tenía claro que su modelo de Estado era el franquismo. De hecho, la brutal represión contra la izquierda empezó bajo su mandato, a manos del oscurantista José López Rega, encargado de organizar el terrorismo de Estado a través de la Alianza Anticomunista Argentina, o Triple A.
Lo que precipitó el golpe de 1976 fue precisamente la descofianza de los militares en López Rega e Isabel Martínez de Perón, que sucedió al general en la presidencia cuando falleció en 1975. La junta militar consideraba que la paranoia de López Rega y su aparato paraestatal no hacían sino retrasar los planes de Perón. Planes que debían ser llevados a cabo directamente por la estructura del Estado.
http://www.eldiario.es/zonacritica/2012/07/19/secuestro-de-ninos-la-condena-en-argentina-y-la-impunidad-del-franquismo-en-espana/

lunes, 9 de julio de 2012

“Frente a Argentina, España no ha logrado quebrar la impunidad de cuarenta años de dictadura y olvido”

El abogado Carlos Slepoy considera una paradoja sangrante que fueran las resoluciones de Baltasar Garzón las que han llevado a combatir los crímenes contra la humanidad
Carlos Slepoy
A. DEL CAMPO | 06/julio/2012
La sentencia que condena a 50 años de cárcel al dictador Jorge Videla por el robo sistemático de bebés durante la dictadura militar junto con las condenas a Reynaldo Bignone y otros ocho represores para el abogado argentino y luchador por los derechos humanos Carlos Slepoy, tiene ante todo la importancia de ratificar de nuevo el hecho de que los crímenes contra la humanidad no prescriben, según declaró a EL PLURAL.COM, pero, recuerda también la paradoja de que fueran las resoluciones de un juez español, Baltasar Garzón, las que abrieran este camino cuando en España no se pueden investigar los crímenes pendientes de la dictadura.
"Esta sentencia que condena a Videla (lea el fallo aquí) es una más aunque especialmente relevante de las múltiples sentencias emitidas en relación con los diversos delitos que se cometieron durante la dictadura militar argentina por la que hay ya aproximadamente 300 condenados y 900 procesados. En todas ellas se pone de manifiesto que todos estos crímenes son imprescriptibles porque son delitos contra la Humanidad. En la que se acaba de dictar se señala que el delito de sustracción, retención y ocultamiento de menores es un delito de carácter permanente. Según la sentencia se implementó una práctica sistemática de sustracción de menores y de prisión, tortura y, en casi todas las ocasiones, muerte de sus madres en el contexto de un plan de aniquilamiento de la población”, explicó Slepoy. Garzón, sangrante paradoja
Para el abogado es “una paradoja sangrante” que las resoluciones de Baltasar Garzón sean antecedentes de otras como la que lleva a la condena de Videla  “Las resoluciones que se vienen adoptando tienen antecedentes en otras resoluciones judiciales y en concreto en las que adoptó la Justicia española cuando planteó que estos crímenes no prescriben y no se pueden dictar normas o establecer prácticas que exoneren a los responsables”.
En España 30.000 niños sustraídos
La sentencia evoca inmediatamente una situación similar y aún más grave en España, añade. “Si en Argentina hablamos de 500 niños sustraídos, en España desde el inicio de la guerra civil hasta 1951, estamos hablando de 30.000 niños, como puso de manifiesto Baltasar Garzón en sus resoluciones. Y en España, a diferencia de Argentina, sí existía un plan sistemático plasmado en disposiciones en las que se establecía que los niños permanecerían hasta los tres años con sus madres presas pero a partir de esa edad, se entregarían a familias adeptas al régimen o serían ingresados en instituciones del Estado. Son evidentes las radicales diferencias entre la justicia española y la justicia argentina en la forma de enfrentar estos hechos”.
Ni siquiera investigados los responsables
Considera el abogado que esta sentencia es fruto por una parte de un trabajo incesante durante muchas décadas por parte de las asociaciones y  las ONG y “sobre todo de las Abuelas de la Plaza de Mayo que han realizado una búsqueda incesante. Y han conseguido no solo esta sentencia sino que en el registro civil se modifiquen los nombres falsos y aquellos niños vuelvan a recuperar sus apellidos auténticos. En España en cambio, ni una solo de estas miles de personas ha logrado esa recuperación, ni siquiera han sido investigados los responsables”.
Quebrar la impunidad
En Argentina este largo proceso se ha hecho realidad desde su punto de vista  porque se ha quebrado la impunidad con múltiples sentencias y con el acuerdo del Congreso que ha establecido diversas disposiciones que lo han permitido, “que han llevado a conseguir el procesamiento no solo de los responsables militares, sino también de los responsables civiles, de médicos, jueces, de personas de todo tipo dentro de la trama”.
Responsables españoles vivos
“Lo que ocurre en España es que el país está en la fase anterior a la que vivió Argentina en el 2001, cuando un juez argentino dijo que las leyes de la impunidad eran contrarias a las leyes internacionales. En España la interpretación que se hace de  la Ley de Amnistía lleva a obviar estos crímenes y se plantean una serie de prescripciones que no son más que falacias y excusas. Muchos de los condenados en Argentina tienen entre 80 y 90 años de edad. En España, muchos de los responsables de estos crímenes, tienen la misma edad y también están vivos. En España se están dictando resoluciones contrarias al derecho internacional y al derecho de las víctimas a recibir justicia. Los crímenes de esta naturaleza cometidos mediante una planificación del Estado no prescriben, entran en la categoría de genocidio”-manifestó.
El olvido, institucionalizado
“Lamentablemente, una reciente sentencia del Tribunal Supremo español absolvió del delito de  prevaricación a Baltasar Garzón pero afirmó que los crímenes de la dictadura no se pueden investigar. Son nuevas excusas contrarias además al derecho internacional y a la propia doctrina del Supremo que en un caso como el de Scilingo le condenó aduciendo este mismo derecho que condena los crímenes contra la humanidad. El problema es que en España no se ha logrado quebrar la impunidad de cuarenta años de dictadura y de más de treinta y cinco en que se ha promovido el olvido. Pero estoy seguro, de que soló será circunstancialmente”, concluyó.

jueves, 14 de junio de 2012

La Asociación de Memoria Histórica da una lección de leyes a Gallardón

Ante la afirmación de ministro de Justicia de que el robo de bebés ha prescrito, la asociación contesta que se trata de un crimen de lesa humanidad y según el derecho internacional es imprescriptible.

Manifestación de asociaciones de bebés robados.- EFE


PÚBLICO.ES Madrid 13/06/2012

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, ha respondido a la pregunta al diputado del PNV Emilio Olabarría en la sesión de control al Gobierno en el Congreso que el caso del robo de bebés durante la dictadura de Franco y hasta finales de los años 80 ya ha prescrito y no puede investigarse.
Ante esta afirmación, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha manifestado que Gallardón “parece ignorar que el robo sistemático de bebés se considera por el Derecho Penal Internacional un crimen de lesa humanidad, como recoge la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, ratificada por el gobierno español en septiembre de 2009″. 
Según establece la ley en el artículo 25 “los Estados Partes (España lo es) tomarán medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente: a) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada”. De este modo, la desaparición sistemática de personas es un delito de lesa humanidad y eso le proporciona al crimen, por considerarlo de extrema gravedad, un estatus de imprescriptibilidad. Por esta razón, según denuncia la asociación, el Estado tiene la obligación de perseguir penalmente esos crímenes porque para el Derecho Penal se continúan cometiendo cada día que pasa.
Ante las afirmaciones del titular de Justicia, la Asociación ha anunciado que le va a enviar a él personalmente una copia de la convención contra la desaparición forzada de Naciones Unida, además de ofrecerle asesoramiento por parte de juristas que han trabajado en la aplicación de la legalización internacional contra la desaparición forzada.
A su juicio, con la negativa de modificar la prescripción de este delito, el Gobierno “está intentando trasladar al ámbito administrativo las consecuencias de un crimen que requiere una actuación penal”. Así, ha considerado que la reunión que mantuvieron el pasado mes de abril los ministros de Justicia, Interior y Sanidad con las asociaciones de afectados por el robo de bebés supuso una “sobreactuación del Ejecutivo”, pero “con el objetivo de apartar el caso de los Juzgados”.
Por eso, la Asociación asegura que “en el gobierno existe una clara intención de‘desjudicializar’ este grave crimen cometido contra miles de familias y llevarlo al terreno administrativo.”

miércoles, 30 de mayo de 2012

La "Lista de Seixas". El Shindler portugués.





"Yo no soy fascista, yo no soy de izquierda, pero veo que lo que Franco viene haciendo es una injusticia".

Fotografía de portada y cita del Teniente Antonio Augusto de Seixas. La foto está tomada de la web Tenente Seixas


Finales de agosto de 1936. La columna de la muerte de Yagüe ha dejado sus huellas en Almendralejo, Mérida, Zafra y otras localidades de la Vía de la Plata donde, según el dirigente socialista Julián Zugazagoitia, dicen que "les han dado a los campesinos la reforma agraria, proporcionándoles un pedazo de tierra sin renta y para siempre".

Entrada de las tropas de Yagüe en Guareña (Badajoz).
Tras el horror de la doble matanza en Badajoz, la columna de la muerte de Yagüe marcha hacia Madrid, pues ha conseguido unirse a las tropas de Mola que bajaban desde el norte. Pero aún queda una bolsa republicana en la zona de Llerena, Jerez de los Caballeros y Villanueva del Fresno, entre otras localidades, hasta la frontera portuguesa.Las tropas franquistas que se han quedado, unidas a las patrullas paramilitares falangistas, comienzan a dedicarse a la conquista de esta zona y a la represión de sus gentes. Las gentes de estos pueblos deben huir para intentar salvar sus vidas y las de sus familiares. Sólo tienen dos posibilidades: atravesar la zona franquista e ir hacia levante a zona republicana, o atravesar la frontera e internarse en el vecino Portugal.

Ya en septiembre, se forman dos columnas. La primera, de unas 8000 personas, decide la primera opción. Pasarán tristemente a la historia con el nombre de “La Columna de los 8000”, con trágico final para la gran mayoría de ellos, pues fueron masacrados cuando estaban cerca de la libertad, a pesar de no ser más que civiles con un exiguo armamento. Fue una
encerrona sólo comparable a las de las carreteras de Málaga a Almería y de Barcelona hacia Francia. Esta tragedia olvidada merece una entrada propia que escribiré después de ésta. (*)


Columna de refugiados extremeños. No me ha sido posible averiguar si pertenecen a la Columna de los 8000 o a quienes fueron a refugiarse a Barrancos.

Otra columna de unos 1.000 extremeños y algunos andaluces deciden cruzar la frontera portuguesa. Portugal entonces se encontraba bajo la dictadura de Salazar y apoyaba tanto moral como económica y militarmente el alzamiento franquista. Su frontera era muy vigilada, ya que la temible PIDE (policía fronteriza) acampaba en los pasos fronterizos para evitar el asentamiento de “bandas de comunistas”.Todo republicano español detenido en dicho país era inmediatamente entregado a la policía española que, sin necesidad de juicio, aplicaba normalmente la pena capital.
Postal propagandística franquista, exaltando la amistad con los regímenes fascistas europeos, entre ellos el portugués, que les ayudaron a derrotar a la República.
Estas mil personas son perseguidas y disparadas por los franquistas. A su llegada a la frontera les esperan los guardias de frontera portugueses que, en principio, no les dejan traspasarla, aunque tras ver el peligro que estas personas corren, les dejan atravesar el pequeño río Ardilas, frontera natural entre los dos países, dejando que se sitúen en su ribera portuguesa.
Meandro del río Ardila en el entorno del castillo de Noudar. La parte española se corresponde con la parte interior del meandro y la portuguesa con la exterior. La zona de Coitadinha se sitúa en la parte derecha del meandro en la zona llana que se ve al lado del río. La fotografía y el texto que la acompaña están tomadas de la web "Vegas Brujas".
La comarca pertenecía a la administración militar comandada por el Teniente Augusto de Seixas y por el Teniente Oliveira Soares de la Guardia Nacional Republicana. Los falangistas y los soldados franquistas siguen disparando desde lado español contra el lado portugués. Los refugiados extremeños y andaluces tienen que refugiarse tras las piedras para no ser alcanzados por las balas disparadas desde el lado español.

En ese momento, el teniente Oliveira Soares monta en su caballo y se dirige al galope a las posiciones españolas para asegurar a los soldados y a los falangistas que, si se vuelven a repetir los disparos desde el otro lado de la frontera, responderán abriendo fuego con sus ametralladoras.
El fuego cesa. Algunos supervivientes recuerdan que hubo mujeres que se acercaron al teniente Oliveira Soares y querían besarle las botas, llorando agradecidas por haberles salvado.

El abrazo de dos dictadores, Franco y Salazar, agradeciéndose mutuamente la guardia de la frontera común frente a "rojos y comunistas".
Hasta ese momento, la práctica habitual en Portugal es la de devolver a España a los refugiados civiles que cruzan la frontera, lo que en realidad es como condenarlos a muerte, ya que, en su mayor parte son fusilados de inmediato. A que los refugiados no sean devueltos a España contribuye en buena medida la repercusión internacional que, gracias a los periodistas extranjeros, tiene el conocimiento de los sucesos acaecidos durante la toma de Badajoz.

Así, la columna de unas mil personas llega hasta el pueblo portugués de Barrancos, que los acoge como si fueran sus hermanos y a los que diariamente llevan víveres. Además, muchas familias esconden en su propia casa a varios de los perseguidos para evitar que los militares españoles los detengan y, muy probablemente, los fusilen.
Además están protegidos por el teniente Antonio Augusto de Seixas y los seis hombres que tiene a su mando. Tienen incluso que defender con sus armas a sus protegidos extremeños de las incursiones en Portugal de grupos de pistoleros fascistas españoles.
Edificio del ayuntamiento de Barrancos. Esta población portuguesa, fronteriza con Extremadura, tiene 2000 habitantes. En 1936 tenía alrededor de 3000.
Durante varias semanas son alojados en dos campos de refugiados improvisados, pues la única estructura que tenían era una especie de casa de baño, construida con chapas de cinc y trozos de encina, dividida en dos partes para separar a mujeres y hombres. Ambos se ubican en un paraje de singular belleza y que, paradójicamente, ha sido convertido en Parque Nacional.

El primero, el Campo de Refugiados de Coitadinha, es “legal” y conocido por las autoridades portuguesas, mientras que el segundo es un invento del teniente Seixas, responsable técnico de las operaciones de control de frontera, para seguir dando cobijo a los españoles sin que el Gobierno del dictador Salazar, que apoya a Franco, tenga conocimiento. La razón es que siguen llegando refugiados extremeños aterrorizados. En la finca de Coitadinha no caben más, por lo que el teniente teme que las autoridades los devuelvan y crea un segundo campo de refugiados clandestino en otra finca, la de Russianas, donde llegarán mas de cuatrocientos.




Situación de los campos de refugiados en las fincas barranqueñas de Coitadinha y Russianas que cobijaron a 1.020 refugiados extremeños y andaluces hasta que fueron repatriados por el gobierno portugués. Foto tomada de la web Gazeta de Antropología.
El mantenimiento del clandestino Campo de Refugiados de Russianas, sólo es posible gracias a los barranqueños, que durante más de un mes intentan hacer más humana y cómoda la estancia de los refugiados españoles, llevándoles comida y mantas, sin apenas tener incluso para ellos.Mientras, en octubre de 1936, las presiones internacionales contra Salazar consiguen que el gobierno portugués termine acatando las medidas del Comité de No Intervención y decide trasladar a los 614 españoles del campo de Coitadinha, negociando su repatriación con el Gobierno Republicano español sin saber que Seixas controla el campo de Russianas, que alberga a casi la mitad de la totalidad de los refugiados.Seixas, que hasta entonces aún pensaba que la paz llegaría pronto y que podrían volver a Oliva de la Frontera, se da cuenta de que eso no va a ocurrir, y visto que la negociación deja al margen a los refugiados de Russianas, se las tiene que apañar para mezclarlos con los de Coitadinhas y permitirles así subir al barco que les llevará desde Lisboa a Tarragona, puerto en poder de los Republicanos.

El buque Nyassa, en el que fueron embarcados y repatriados a Tarragona los refugiados extremeños y andaluces, junto con algunos militares republicanos que pasaron a Portugal tras la toma de Badajoz.
Como no se cuenta con ellos y no hay transporte, el propio teniente Seixas y su hijo mayor y otros familiares, tienen que conducir sendas camionetas arrendadas, corriendo él con todos los gastos, para poder trasladar a Lisboa a los refugiados de Russianas. Así, aparecen en el puerto de Lisboa los 411 refugiados de la "Lista de Seixas".

El teniente se justifica argumentando que se trata de antiguos escapados de Coitadinha que han decidido volver. El empeño de Seixas logra que los 411 extremeños de su lista también sean embarcados en el buque Nyassa, que les llevará a la ciudad de Tarragona, en la España Republicana.

Más adelante, como castigo por lo sucedido, Seixas es sometido a un interrogatorio militar, suspendido dos meses y obligado a pasar a la reserva. Acusado de traición, esto supone el fin de su carrera militar, Pero todos “sus” refugiados han conseguido salvar la vida.El 22 de octubre Salazar rompe relaciones con las autoridades Republicanas. Desaparecido Seixas, los extremeños huidos que cruzan la frontera portuguesa de Barrancos son devueltos a los españoles que matan inmediatamente a sus compatriotas, teniendo que ser muchas veces los propios portugueses quienes los entierren.
Fotografía probablemente de los refugiados extremeños ya embarcados en el Nyassa, pero sin haberse podido confirmar.
Este capítulo de la contienda española vive en la memoria de los que estuvieron allí, pero es casi desconocido para las nuevas generaciones de ambos lados de La Raya.

La historia del teniente Seixas y de sus valientes soldados la conocemos gracias a las Memorias que escribió su hijo, Gentil de Valadares y más recientemente al libro “Barrancos en la encrucijada de la Guerra Civil Española. Memorias y testimonio, 1936” de la antropóloga Maria Dulce Antunes Simôes. Seixas puso su conciencia por encima de las órdenes de sus superiores, comprometiendo así su carrera. Hizo “lo que tenía que hacer”.

La antropóloga Maria Dulce Antunes Simôes, con la colaboración de Francisco Espinosa y Gentil de Valadares, estudia en su contexto este suceso, sus protagonistas individuales y colectivos, insistiendo en el fenómeno de comprensión y cercanía que, ante la violencia de la guerra, une a portugueses y españoles.
Esto le costó el puesto. Pero el teniente Antonio Augusto de Seixas, cuenta también con el agradecimiento de aquellos republicanos, de sus familias, sus pueblos y de aquellos que tanto tiempo después conocemos dicha historia.En cuanto a la villa alentejana de Barrancos, que se volcó con los españoles, ofreciéndoles ayuda y alimentos, siempre le agradeceremos el enorme esfuerzo de generosidad y de valentía que consiguió salvar la vida, hace ya 73 años, a más de 1.000 extremeños que, de lo contrario, hubieran estado abocados a una muerte más que segura.


Medalla de la Comunidad de Extremadura. Solicitada, entre otros muchos colectivos, por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, ARMHEX, para que sea concedida al pueblo luso de Barrancos como muestra de gratitud por la solidaridad mostrada al acoger a un millar de refugiados extremeños, que huían de la guerra civil y ponerlos a salvo.
Esperemos que muy en breve el agradecimiento del pueblo de Extremadura se materialice en la entrega, solicitada por varios colectivos, del mayor de sus símbolos: la Medalla de Extremadura.Moito obrigado, Irmãos



(*) Aunque sólo había previsto narrar la matanza de Badajoz en dos partes, me he dado cuenta de que el tema de la entrada de hoy y el de la “Columna de los 8000”, el próximo domingo, son consecuencias de la misma. Además, he llegado a saber de ellas investigando sobre Badajoz y, al tratarse de episodios muy graves y prácticamente desconocidos por la mayoría, no me parecía justo dejarlos de lado sin intentar darlos a conocer. Bastante tiempo han estado en el olvido…


La consulta de las siguientes webs y blogs me han ayudado en la realización de esta entrada: A la sombra del Tomate, "La medalla de Extremadura para Barrancos"; el periódico digital Hoy.es, "Barrancos, los héroes anónimos de la guerra" y "Barrancos, tierra de asilo"; Portal de la Codosera, " Carta desde la Raya"; Parque de Natureza de Noudar, "La guerra civil de España en el municipio de Barrancos"; Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo, "Más de mil vidas en una medalla"; Anarquía y Misticismo, "La hazaña olvidada de Barrancos" y las citadas en las fotografías que ilustran la entrada.