Pozuelo
de Alarcón (Madrid) evoca la detención de los líderes del sindicato
clandestino condenados en el proceso 1.001 hace cuatro décadas
Proceso 1001. Tiempos de clandestinidad. Espacio cultural Volturno. Volturno, 2. Pozuelo de Alarcón. Hasta el 28 de junio.
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| Detenidos proceso 1001 CCOO |
El País, 25-06-2013
Cuatro décadas atrás, el sindicalismo clandestino sufrió en un
entonces pueblecito del oeste madrileño uno de los golpes más duros de
su historia: la detención de sus diez principales líderes. Año y medio
después, un histórico 20 de diciembre de 1973, serían condenados por el
Tribunal de Orden Público a 162 años de prisión con penas de hasta 20
años y un día, sin precedentes en Europa para dirigentes obreros. El
sindicato Comisiones Obreras ha recordado aquel episodio con cuatro de
sus diez protagonistas, precisamente sobre el mismo escenario donde
sucedieron los hechos pero, en esta ocasión, con un régimen de
libertades de reunión, asociación, manifestación e imprenta por el que
aquellos luchadores pugnaron con tesón y éxito. Tres de los 10 detenidos
entonces han muerto: Marcelino Camacho, Juan Muñiz Zapico y José Luis
Fernández Costilla.
Pozuelo de Alarcón, era entonces sólo una pequeña localidad de la
periferia madrileña; en aquellas fechas de junio, se aprestaba a recibir
a los primeros veraneantes procedentes de Madrid. Allí acostumbraban
pasar los meses estivales familias que poseían o alquilaban casitas o
chalés, como los que jalonaban las inmediaciones de la calle de
Eustaquio Soler.
En los aledaños de aquella tranquila calle, en un edificio de
ladrillo vallado por una cerca de más de dos metros, tenían un convento
los Oblatos, una congregación religiosa misionera. Allí se celebraban
algunos ejercicios espirituales como los que dirigía el sacerdote
jesuita Carlos Giner, director de la revista progresista Mundo Social.
El jesuita le había pedido días atrás a Marcelino Camacho, obrero
fresador de la Perkins-Hispania y dirigente reiteradamente represaliado
de las entonces clandestinas Comisiones Obreras, un artículo sobre el
sindicalismo, cuyas actividades estaban a la sazón fuertemente
perseguidas por la policía política del régimen franquista, la temible
Brigada Político Social.
Fresador, sacerdote, periodista
Al convento de los Oblatos había acudido Marcelino Camacho, soriano
de 55 años, aquella mañana de San Juan de 1972. Viajaba junto al cura
obrero de la construcción, el aragonés Francisco García Salve, de 43
años, a quien llamaban Paco el Cura y con el periodista y abogado
donostiarra Nicolás Sartorius, de 35 años. Camacho llevaba apenas 105
días en libertad, tras salir de uno de los numerosos encarcelamientos
sufridos por su militancia sindical como representante de sus
compañeros. Con ellos asistía a una reunión de la Coordinadora Nacional
de Comisiones Obreras. La reunión, clandestina, cuidadosamente
preparada, iba a celebrarse en el interior del tranquilo convento. Otros
representantes sindicales de toda España acudirían a la importante cita
procedentes de Andalucía, Asturias, Cataluña y el País Vasco.
Sin embargo, los sindicalistas procedentes de Barcelona habían
detectado ya seguimientos policiales, que se encargaron de comunicar
velozmente a los enlaces que habían acudido a la estación de ferrocarril
a recogerles, para llevarles hasta Pozuelo de Alarcón. Marcelino
Camacho, Nicolas Sartorius y Paco el Cura llevaban desde tiempo atrás
sospechando de un supuesto sindicalista, de nombre Diego Marcos Cruz,
que no estaba invitado a la reunión estatal pero sí sabía la fecha en
que iba a celebrarse aquel encuentro. Tras las alertas de los
sindicalistas catalanes, que se confirmaron a las 12.30 de aquella
mañana, Camacho decidió suspender la reunión, pese a que buena parte de
sus asistentes ya se hallaba dentro del recinto conventual. Una pequeña
discusión sobre un problema logístico presupuestario retuvo a los
reunidos en el centro religioso y, cuando ya se aprestaban a salir,
Camacho y Sartorius fueron abordados en una escalera por policías de
paisano que, entre gritos de ¡Policía, Policía! les empujaron
furiosamente peldaños abajo. Conducidos a un garaje, se encontraron allí
esposado y sangrando por la nariz, tumbado en el suelo, al cura
Francisco García Salve que se había resistido a la detención y fue
brutalmente golpeado hasta su reducción. También el andaluz Fernando
Soto fue tumbado al suelo abatido por tres policías.
“Portaban metralletas”
“Portaban metralletas”, recuerda Eduardo Saborido, trabajador
sevillano de Hispano Aviación. El convento se llenó de sociales,
guardias civiles y miembros de la policía armada: todos los sacerdotes
del convento fueron violentamente congregados en un patio, entre quejas
por la brutalidad que les fue aplicada; mientras, en varios vehículos
Land Rover, diez dirigentes sindicales de toda España quedaron retenidos
en su interior hasta que el convoy policial se puso en marcha hacia las
cuatro de la tarde. La plana mayor de la Brigada Político-Social acudió
al “festín represivo”, del cual comenzaba a alardear Al poco, los
trabajadores detenidos fueron conducidos a la Dirección General de
Seguridad -sede hoy del Gobierno regional en la Puerta del Sol- donde
serían interrogados por Saturnino Yague, jefe de la Social y sus
adjuntos Delso y González Pacheco, alias Billy el Niño. Poco después les
fueron requisados relojes y cinturones para entregarles una manta a
cada uno de ellos, que fueron encerrados en celdas sin ventanas del
sótano. Antes de ser apresados, se habían puesto de acuerdo en decir la
verdad: “la reunión no se ha celebrado”, dijeron muchos de ellos. Otros
enunciaron coartadas tan singulares como la del sevillano Fernando Soto,
chapista de Hispano Aviación, que invocó el nombre del sacerdote
franquista Venancio Marcos, a quien dijo venir a visitar a Madrid para
pedirle trabajo.
De nada les sirvió: tres días después serían todos ellos procesados y
posteriormente condenados en total a 162 años de prisión, con condenas
de entre 20 años y un día para Marcelino Camacho y Eduardo Saborido, al
que le sumaron 6 meses más por utilizar un DNI falso, hasta los 19 años y
un día para Nicolás Sartorius y el Cura Paco; los 17 y 12 años para el
resto de los asistentes.
Tanto Eduardo Saborido, como el andaluz Fernando Soto, el vasco Pedro
Santisteban, entonces de 29 años, y Francisco Acosta, de 28 años, han
evocado en Pozuelo de Alarcón aquella detención masiva de dirigentes
obreros, preludio del llamado “Proceso 1001″. Las dimensiones de las
condenas rabiosamente pedidas por los jueces fascistas el 20 de
diciembre de 1973, generó una movilización interna e internacional de
dimensiones sorprendentes. Sus ecos llegaron hasta Hollywood, donde
hasta Marlon Brando se ofreció en un principio a asistir al juicio,
considerado ya por los historiadores como la expresión suprema de la
arbitrariedad judicial más flagrante perpetrada por el franquismo contra
la libertad sindical y contra cualquier atisbo de organización libre de
los trabajadores españoles.
Solo la muerte de Franco y la llegada de la democracia pudo detener
aquella muestra suprema de barbarie judicial contra quienes se
propusieron defender sindicalmente los derechos de los trabajadores.
Poco tiempo después el súbito enriquecimiento del supuesto sindicalista
Diego Marcos Cruz, que montó un establecimiento de cabaré, permitió
confirmar que era un topo de la policía secreta franquista. Para
perpetrar su delación se había introducido en una familia de izquierdas
que, tras lo ocurrido, quedó destrozada y desunida para siempre.
Valor, tenacidad e inteligencia
Ante Josefina, esposa de Marcelino Camacho, Vicenta, hermana de
aquel, Marcel y Yenia, hijos del líder de Comisiones Obreras y Paloma
Adrados, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Jaime Cedrún, Secretario
general de CCOO Madrid, evocó “el valor, la inteligencia y la tenacidad
de Camacho y sus compañeros”, virtudes que reclamó para afrontar los
retos que encaran hoy los trabajadores; su antecesor, Javier López,
mentó la frase de Paul Eluard “si el eco de su voz se debilita,
pereceremos”; Francisco Naranjo, vicepresidente de la Fundación Abogados
de Atocha, recordó el sacrificio heroico de los letrados asesinados en
Atocha 55, y Paloma López, en nombre de la Confederación de Comisiones
Obreras, citando a Luis García Montero, señaló que “el olvido es una
forma drástica de falsificación de la historia”.
Cerró las intervenciones Eduardo Saborido quien calificó al régimen
franquista de liberticida y subrayó que “el primer decreto del general
fascista Queipo de Llano fue la supresión del derecho de huelga”. Más
delante dijo que el franquismo creó “una profunda fosa de división entre
los españoles, que sólo actitudes hacia la reconciliación nacional,
como la seguida por las Comisiones Obreras, fueron capaces de cerrar”.
Saborido concluyó que, hoy como entonces, “necesitamos mucha fuerza,
mucha rabia y mucho cariño para proseguir la lucha por la defensa de los
trabajadores”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/24/madrid/1372102459_675327.html
