Paralizada la apertura de una fosa en Salamanca porque los propietarios del terreno quieren dinero.
Finca en Pedrotoro (Ciudad Real) donde se encuentra la fosa |
El País / NATALIA JUNQUERA / 16-08-2012
Hay fosas abiertas —casi 300 desde el año 2000—, fosas pendientes de exhumar —al menos 1.200—, y una cerrada con un candado. Está en Pedrotoro (Ciudad Rodrigo, Salamanca) y es la propietaria del terreno quien lo ha puesto. Exige a la Asociación Salamanca por la Memoria y la Justicia, que busca allí los restos de entre 15 y 20 fusilados, una fianza de 600 euros. El arrendatario de la finca, de la misma familia, otros 1.000 como indemnización por daños. Los arqueólogos empezaron a cavar, pero no les dio tiempo a encontrar la fosa. Ahora la exhumación está paralizada. El subdelegado del Gobierno en Salamanca, Javier Galán (PP), ha pedido a la Abogacía del Estado que le diga “qué procede hacer” después de que el juez de Ciudad Rodrigo, al que acudieron los familiares de las víctimas, dijese en un auto que eran “las autoridades administrativas” quienes deben resolver el problema.
La asociación tiene ingresada en su cuenta la subvención de 7.200 euros que recibió del Gobierno anterior para realizar esta y otras exhumaciones en la zona. “Ese dinero es para pagar a los siete arqueólogos, su alojamiento en un pueblo cercano, que por cierto, se llama Águeda del Caudillo, las herramientas y el alquiler de la pala excavadora, que cuesta 30 euros la hora”, explica Severiano Delgado, su presidente. “Esto no es una actividad mercantil, sino humanitaria. Por supuesto, no ganamos dinero con esto, ni nos parece bien que nadie pretenda ganarlo. A esta señora y al arrendatario del terreno, que es su hijo, les hemos ofrecido 800 euros como indemnización y dejarlo todo como estaba en 15 días. El terreno no vale ni eso. Es un pastizal de secano”.
N. M., la propietaria, se enfada cuando este diario le pide su versión. “¡Le he pedido a un técnico agrario que me evalúe los daños y los he denunciado a la Guardia Civil!”.
El subdelegado del Gobierno en Salamanca, que se reunió con la asociación, sigue aconsejando a las partes que lleguen a un acuerdo. “Da un poco de vergüenza el asunto del dinero en un tema tan sensible”, admite.
Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, no recuerda un caso así. “Es de una falta de humanidad brutal. No están buscando oro, sino restos de fusilados. Y lo que pide esta señora es como un rescate. Tiene secuestrado a un grupo de desaparecidos del franquismo”. De hecho, explica, para la mayoría de propietarios de fincas en las que hay fosas de la Guerra Civil, "es un alivio que vayamos a exhumarlos". Así ocurrió recientemente en Espinosa de los Monteros (Burgos), donde el comprador de un chalé en cuyo jardín yacían los restos de 12 fusilados en 1936, permitió a los arqueólogos trabajar durante varios días.
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