Un informe forense descarta la exhumación de los restos de Cuelgamuros, la primera fosa que iba a abrir el Ejecutivo
Valle de los Caídos |
DIEGO BARCALA Madrid 04/05/2011
El vicepresidente del Gobierno, Alfredo
Pérez Rubalcaba, hizo en el Congreso de los Diputados una “evaluación”
de todo el trabajo impulsado por el Ejecutivo en memoria histórica en
los últimos tres años sin poder citar cuántos desaparecidos por la
violencia franquista han sido recuperados. El ministro del Interior
enumeró las indemnizaciones otorgadas a las víctimas, los certificados
de reparación a los condenados y la documentación recuperada desde que
se aprobó la Ley de Memoria en diciembre de 2007. Pero ni siquiera pudo
garantizar la apertura de la que iba a ser la primera fosa abierta por
orden de la Administración: el Valle de los Caídos.
El Gobierno se comprometió el 30 de
noviembre de 2009 en el Parlamento a emprender la búsqueda de los
republicanos cuyos cuerpos fueron robados por el Estado franquista para
rellenar nichos del Valle de los Caídos tras su inauguración en 1959.
Iba a ser la primera fosa de víctimas del franquismo abierta
directamente por el Gobierno. Sin embargo, un informe forense que hoy
será mostrado a los familiares solicitantes de la apertura de la fosa,
considera “prácticamente imposible” la identificación de los restos
acumulados, según dijo el portavoz del Ejecutivo.
El deterioro por el paso de los años y
las condiciones de conservación de los huesos impiden su identificación
por métodos genéticos, según fuentes del Ministerio de Presidencia.
Aunque Rubalcaba llegó a añadir que las dificultades de la búsqueda de
los restos se debían a la falta de información. “Basta recordar cómo se
creó el Valle de los Caídos. Hay unos identificados y otros que no
pueden ser identificados porque no nos podemos basar únicamente en la
tradición oral que dice que están en algún sitio”, explicó.
El hijo de uno de los fusilados que
fueron enterrados junto a Francisco Franco y José Antonio Primo de
Rivera se manifestó en la puerta del Congreso de los Diputados en
protesta contra la Ley de Memoria. Fausto Canales, que busca a su padre
Valerico Canales, llevado al mausoleo franquista sin el consentimiento
familiar, conoce y puede documentar el lugar exacto donde están ubicados
los restos de su padre, en una caja con el nombre de Aldeaseca, el
pueblo donde fue desenterrado.
Una ley limitada
La criticada, por insuficiente, ley
52/2007 “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen
medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante
la Guerra Civil y la dictadura” mostró toda su timidez en el balance
llevado a cabo por Rubalcaba. “Ningún ser humano debería estar enterrado
en una cuneta”, argumentó el vicepresidente para justificar la creación
de la ley. Sin embargo, aparte de las ayudas otorgadas a los familiares
a través de subvenciones del Ministerio de Presidencia -nunca
superiores a 60.000 euros-, el ministro no pudo hacer balance de los
cuerpos dignificados.
La diputada de ICV Núria Buenaventura
reprochó este aspecto al Gobierno y anunció que presentará una moción
parlamentaria que otorgue un “acompañamiento más claro a las familias”
que busquen a sus familiares. Quizá consciente de que el tiempo del
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se acaba, la diputada pidió
“celeridad” en esta tarea.
El vicepresidente anunció dos
iniciativas para profundizar en los objetivos de la ley. Por un lado, el
estreno hoy de un portal web en el que podrá verse un mapa de fosas que
estará incompleto por la falta de colaboración de las comunidades
autónomas gobernadas por el PP. Y, por otro, un protocolo científico de
exhumación, que está terminado desde hace meses, según fuentes que han
contribuido en su elaboración, pero que no puede ratificarse porque
precisa de la aprobación de las comunidades autónomas, incluidas las
conservadoras.
El diputado del PP Jorge Fernández Díaz,
criticó la “división” social que, a su juicio, ha supuesto la
aprobación de la Ley de Memoria y recordó que el único punto que
consensuó con el Gobierno fue el artículo 16º que define al Valle de los
Caídos como un cementerio o lugar de culto que tiene entre sus fines
“la reconciliación”.
Rubalcaba anunció la próxima formación
de una comisión de expertos propuestos por los grupos parlamentarios que
creen un centro de la memoria en el lugar para que “realmente sea un
lugar de reconciliación”.
Sin embargo, Rubalcaba no explicó si
entre los objetivos de la comisión estará la exhumación de Franco y
Primo de Rivera o su salida de la abadía benedictina, como le exigieron
el diputado de CiU Jordi Xuclá y el de ERC Joan Ridao, respectivamente.
“No olvidemos que allí hay más de 33.000 personas a mi juicio mal
enterradas”, respondió el ministro para enfatizar la “complejidad” que
conlleva abordar el futuro del mayor símbolo de la dictadura.
Cuatro millones de represaliados por el franquismo
Reparación moral de los condenados
El vicepresidente del Gobierno anunció
la entrega de 1.011 declaraciones de reparación moral a los familiares
de los que fueron condenados por los tribunales franquistas. ERC e ICV
reclamaron que ese certificado no satisface a las familias que reclaman
la nulidad de las sentencias. Rubalcaba, como el Tribunal Supremo,
insistió en que “no hay mayor nulidad que la ilegitimidad”.
Fichas de represaliados durante la dictadura
El Ministerio de Cultura, a través de
los archivos de la Guerra Civil investigados, ha hecho un listado con
750.000 nombres de personas que padecieron la persecución durante
la dictadura. Rubalcaba aseguró que esa cifra, cuando acaben las
investigaciones, ascenderá a los cuatro millones.
Pasaportes para los familiares de exiliados
Gracias al derecho a la nacionalidad
para los hijos y nietos de exiliados, el Gobierno ha expedido 125.609
pasaportes a los familiares de las familiares del exilio que comenzó en
1939.
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