El deseo de Franco era, en realidad, hacerse enterrar sólo junto a los suyos. Pero la oposición de muchos familiares de los muertos del bando de nacional y la de un buen número de ayuntamientos, que temían que en los cementerios sólo quedaran rojos, determinó al entones ministro de la Gobernación, Camilo Alonso Vega, a ordenar a los gobernadores civiles la exhumación de aquellos a los que se había dado el paseíllo y el envío de sus restos a los columbarios de Cuelgamuros, donde se les catalogó como “desconocidos”. No deja de ser un sarcasmo que fuera Franco el primero en ocuparse de desenterrar a quienes él mismo había enviado a las cunetas.
La ley de la Memoria Histórica no ha reabierto heridas; ha echado sal sobre las que nunca se habían cerrado. Ha tratado de contentar a las víctimas de la dictadura con un certificado de buena conducta mientras permitía al Estado desentenderse de lo que era su obligación: encargarse directamente de la localización, identificación y entrega a sus familiares de los desaparecidos, tarea que ha subarrendado a las ONG.
El Gobierno ni tuvo valor entonces ni lo tiene ahora para cumplir lo que la propia norma establece sobre el Valle de los Caídos, un lugar de reconciliación en el que honrar la memoria de todos los fallecidos en la Guerra Civil. Ello es incompatible con la presencia de dos cuerpos perfectamente identificados, los de Franco y José Antonio, que deberían haberse devuelto ya a sus familias. En lugar de eso, se anuncia una comisión de expertos.
http://blogs.publico.es/escudier/772/lo-mas-barato-es-exhumar-a-franco/
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