El debate en la Sala del 61 sobre Sortu y Bildu retrasa aún más la vista oral de la causa abierta contra el juez por intentar investigar el franquismo
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| Juez Baltazar Garzón |
ÁNGELES VÁZQUEZ MADRID 16/05/2011
El juez Baltasar Garzón cumplió este fin de semana un año de suspensión cautelar de funciones. Fue cuando se le abrió juicio oral por incoar la primera causa penal para investigar los crímenes del franquismo.
Un año después todavía no hay siquiera fecha para la celebración del
juicio por la primera de las tres causas que el Tribunal Supremo abrió
contra él.
El principal escollo para que aún no se haya fijado una fecha es, paradójicamente, la recusación que el propio Garzón presentó
en diciembre contra cinco de los siete magistrados previstos para
juzgarle. Esto es así porque las recusaciones de los presidentes de Sala
o de dos o más magistrados de cada una de ellas son resueltas por la
Sala prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Pero esa Sala también se ocupa de la aplicación de la Ley de Partidos y,
en los últimos meses, ha estado de plena actualidad precisamente por
esa competencia. A ella le correspondió determinar si Sortu podía
inscribirse en el Registro de Partidos Políticos y, más recientemente,
si la coalición Bildu podía concurrir a las elecciones del próximo 22-M.
La Sala del 61 debe resolver la recusación que presentó Garzón
En ambos casos su respuesta fue
negativa para los que pretendían estar en las urnas, pero eso es
indiferente. La Sala del 61 debía resolver con urgencia, porque en juego
estaban los derechos de participación política tanto de los electores
que se decantaran por esa opción política como de los posibles electos
que conforman las listas cuestionadas.
De hecho, el Supremo sólo contaba
con un par de días para pronunciarse sobre los recursos
contencioso-electorales presentados por la Fiscalía y la Abogacía del
Estado contra las 254 listas de Bildu y otras 19 agrupaciones
electorales que también fueron impugnadas.
Y la resolución con la que Garzón
quiere apartar a cinco de los siete magistrados previstos para juzgarle
por los crímenes del franquismo no tiene esa perentoriedad. Sólo hay que
ver que el magistrado de la Audiencia Nacional la planteó en diciembre y
todavía la Sala del 61 no ha hecho ningún trámite.
El Supremo fijará el criterio sobre quién tiene que juzgar a los aforados
Ni informe al fiscal
El magistrado al que se designó
instructor el pasado 27 de enero, Julián Sánchez-Melgar, admitió a
trámite el incidente de recusación y lo elevó a la Sala del 61
prácticamente un mes después. Pese al tiempo transcurrido desde
entonces, la tramitación no ha comenzado. Ni siquiera se ha pedido
informe a la Fiscalía del Alto Tribunal.
La Sala del 61 es un pleno reducido
del Supremo compuesto por su presidente, Carlos Dívar, los presidentes
de las cinco Salas en que se divide el Alto Tribunal y los magistrados
más antiguos y más modernos de cada una de ellas.
La de las escuchas de la Gürtel’ es la causa contra el juez que más ha avanzado
No se reúne con una periodicidad
preestablecida, sino en función del calendario de los 16 magistrados que
la forman y, lógicamente, del de las Salas a las que pertenecen. Se
rige, además, por la máxima de no mezclar asuntos, sino centrarse en el
que entiende más relevante en cada momento hasta resolverlo. Es decir,
que mientras coleaban asuntos electorales esa fue su única ocupación.
Modificar la Sala
Y por si fuera poco, para resolver
la recusación planteada por Garzón, la Sala deberá variar su
composición, porque el presidente de la Sala Segunda, Juan Saavedra, es
uno de los que se pretende apartar del futuro juicio y tendrá que ser
sustituido por otro magistrado de lo Penal.
También forma parte de esta Sala el instructor de la causa de las escuchas de la Gürtel,
Alberto Jorge Barreiro. Y todavía sigue vivo el caso de Rafael
Gimeno-Bayón, cuyo nombramiento como magistrado del Supremo ha sido
anulado por la Sala Tercera del Alto Tribunal pero aún no se conoce la
sentencia, por lo que participó en las deliberaciones de Bildu, pero
podría esperarse a que sea sustituido antes de que la Sala del 61 vuelva
a reunirse.
El pronunciamiento que dictará esta
Sala no será baladí. De él dependerá el futuro criterio que aplicará el
Alto Tribunal a la hora de formar los tribunales que juzgarán a aforados
y, en concreto, de las otras dos causas abiertas a Garzón.
Después de la memoria histórica, la
causa que se encuentra más avanzada es la de las escuchas de la Gürtel,
en la que en los últimos meses se ha acelerado la instrucción y también
se le ha abierto juicio oral, lo que le ha supuesto una segunda suspensión de funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el magistrado ha recurrido ante el Tribunal Supremo.
Esta es también la única de las tres
causas abiertas contra Garzón en la que hay acusaciones particulares,
las que ejercen los principales imputados del caso Gürtel y un abogado.
Un dato que no deja de tener importancia, porque implica que será la
única en la que seguro que habrá juicio independientemente de lo que
decida el Tribunal Constitucional (TC) al revisar la doctrina Atutxa,
que condenó al expresidente del Parlamento vasco por desobediencia.
Si el TC la anulara antes de la
celebración de la vista por los crímenes del franquismo o por los cobros
en Nueva York, previsiblemente ninguno de esos juicios se consumaría,
al estar Garzón sólo acusado por asociaciones no perjudicadas
directamente por el delito investigado.
Posible división
Mientras la Sala del 61 no disponga
otra fórmula, el tribunal que juzga en el Supremo lo forman los
magistrados que han resuelto los recursos presentados durante la
instrucción, lo que la defensa de Garzón entiende que les contamina.
Sólo uno de los magistrados recusados por el juez de la Audiencia
decidió abstenerse: Joaquín Giménez.
Una decisión que fue muy tenida en
cuenta a la hora de que se admitiera a trámite el incidente de
recusación y que podría augurar una división en la Sala Especial,
parecida a la vivida con Sortu y Bildu.
Mientras los juicios esperan, Garzón
se prepara para un nuevo destino: Colombia. Trabajará con la OEA
(Organización de los Estados Americanos) en el proceso de paz.
Público.es
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