El máximo tribunal le limitó la estancía y restringió el trámite solamente a la ciudad de Madrid. Sorpresa de los abogados
Tercera Información 09-09-2012
Las
familias de las víctimas ya se estaban ilusionando, el ex juez español
Baltasar Garzón lo consideraba “una buena noticia”. La jueza María
Romilda Servini de Cubría, titular del Juzgado Federal Nº 1 de la
Capital, tenía previsto viajar este lunes a España para tomar 91
declaraciones testimoniales de las familias de las víctimas del
franquismo. El plan de la jueza era trasladarse por tres ciudades
ibéricas –Madrid, Vigo y Barcelona– para escuchar los testimonios en el
marco de la causa 4591/2010, que investiga delitos de lesa humanidad
cometidos por el régimen de Francisco Franco entre la Guerra Civil
Española y las primeras elecciones tras el final de la dictadura. Bajo
el principio de la jurisdicción universal y de la imprescriptibilidad
del delito de genocidio, Servini había programado su viaje a Madrid para
el inicio de la semana. En España la esperaban ex presos políticos y
familiares de fusilados por el franquismo que, tras 35 años de silencio,
empezaban a esperanzarse con la posibilidad de la justicia. Sin
embargo, a último momento, y cuando los abogados de la querella ni se lo
imaginaban, la Corte Suprema le impuso un plazo muy acotado para el
viaje (“no mayor a diez días”), con un solo destino (Madrid), y apenas
un colaborador (“un secretario del juzgado a su cargo”) para toda la
tarea que tenían por delante. La reacción de Servini fue categórica.
Suspendió el viaje a España. Eso implica que las audiencias
testimoniales solicitadas por la querella –en las que iban a declarar
testigos de edad muy avanzada– no se concretarán nunca. La noticia de la
suspensión del viaje de Servini de Cubría sorprendió a los abogados que
representan a las familias querellantes. La causa, caratulada “NN s/
genocidio”, fue iniciada en abril de 2010 por los descendientes de dos
fusilados por la dictadura del Generalísimo. A principios de este año,
tras un viaje a la Argentina, un grupo de cincuenta ex presos políticos
españoles dio su testimonio ante la jueza federal. Habían sido
torturados en los últimos años del franquismo, habían presenciado
ejecuciones. En sus testimonios, los ex presos contaron cómo les habían
aplicado tormentos que, por entonces, según la jerga de los captores
franquistas, eran llamados la “barra”, la “bañera” o el “garrote vil”.
Los
delitos cometidos durante la dictadura franquista entre 1936 y 1977
están amparados por una Ley de Amnistía dictada al iniciarse la
transición hacia la democracia. En 2008, bajo el principio de
“jurisdicción universal” que había utilizado para apresar a Augusto
Pinochet, Garzón inició una causa para investigar las desapariciones de
100 mil personas. Esa decisión terminó con su carrera como juez. El
Tribunal Supremo español (el equivalente de la Corte) lo inhabilitó para
seguir actuando y le inició un juicio por el presunto delito de
prevaricato, del cual fue absuelto. Su trayectoria judicial, eso sí,
pasó a ser historia.
Hace
unos días, Garzón expresó su satisfacción por el viaje, finalmente
frustrado, de Servini a España. “Que la jueza Servini de Cubría se
desplace a España es una buena noticia. Es bueno que se investigue en
España cuando en España es imposible hacerlo, porque el Tribunal Supremo
ha decidido que no cabe la investigación sobre los crímenes
franquistas. Es necesario porque las víctimas necesitan justicia”,
aseguró. La expectativa de Garzón no había previsto las discusiones
reglamentarias que caracterizan al Poder Judicial argentino.
La
suspensión del viaje de la jueza tuvo su detonante en la resolución
2282/2012 de la Corte, a la que tuvo acceso Tiempo Argentino. Fechada el
4 de septiembre, y con las firmas de Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt,
Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Raúl
Zaffaroni, la resolución autoriza a Servini a viajar a Madrid, “por un
plazo no mayor a los 10 días” y “acompañada por un secretario del
juzgado a su cargo”. La respuesta de Servini llegó a los dos días. Le
comunicó al máximo tribunal que desistía del viaje porque “resulta
materialmente imposible, para quien suscribe, en compañía de un solo
funcionario, formalizar las 91 declaraciones testimoniales que
solicitara la querella”. La jueza aclaró que había organizado el viaje
alrededor de la ciudades de Madrid, Vigo y Barcelona –las tres cuentan
con consulado argentino– pero con el criterio de “reducir al máximo la
estadía y los viajes de la comitiva por el interior de España” (ver
facsímil). Anoche, Tiempo se comunicó con el abogado David Baigún, uno
de los patrocinantes de la querella, quien contó que el grupo de
profesionales se reunirá la semana entrante para analizar qué hacer a
partir de esta decisión.
No hay comentarios:
Publicar un comentario