El Supremo ha aplazado a la semana que viene su decisión sobre quién es competente para exhumar las fosas de los represalidos del franquismo
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| Fosa del cementerio de San Mamede do Río (Lugo) |
PILAR VELASCO / DIEGO SUÁREZ / GRANADA GÓMEZ / MONTSE RIART 14-03-2012
Hasta
ahora, ¿cuál ha sido la situación de las fosas? ¿qué causas permanecen
abiertas y cuáles se archivaron? Tras la deliberación del alto tribunal,
seguirán quedando en este país más de 2.200 fosas y alrededor de
114.000 víctimas sin exhumar, según estimó el auto de Garzón. La
estimación de los peritos dispara la cifra a 150.000 cuerpos enterrados.
Desde
que Garzón se inhibió en noviembre de 2008 a favor de los 46juzgados
territoriales más cercanos a las fosas del Franquismo y la Guerra Civil,
la mayoría de los expedientes – 46 de 60 -han sido archivados, no se
han instruido ni se ha llamado a declarar a las víctimas. Sólo dos
juzgados, enGranada y El Escorial, en las fosas que afectan a García Lorca y el Valle de los Caídos, remitieron la causa a la Audiencia Nacionala la espera del pronunciamiento del Supremo. Pero, ¿qué hay del mapa judicial del resto de fosas?
La
primera que se abrió con tutela judicial fue en Santa Marta de Tera, en
Zamora. El día de la exhumación, el sobrino de uno de los asesinados,
comentaba: “Es un día muy especial, muy esperado por todos los
familiares. y que todas las investigaciones y el esfuerzo de tantos
satisfaga el deseo de todos”. Sería la primera y no le seguirían muchas
más.
En Extremadura se
archivaron las causas a pesar de que se abren fosas desde 1979.
Amparados por la Ley de la Memoria Histórica recurren al procedimiento
administrativo. Desde 2003 cruzan listados de víctimas, contrastan
nombres, buscan en registros civiles, prisiones, en documentos
relacionados con consejos de guerra… La Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica de la región ya cuenta con financiación para
abrir dos trincheras en Puebla de Alcócer y una fosa en el cementerio de Frenegal de la Sierra.
Siguen pendientes las fosas en Valdecaballeros, Zarza la Mayor, Cuacos
de Yuste (Cáceres). El problema son las fosas en fincas particulares
cuyos propietarios se niegan a autorizar la excavación en sus terrenos.
Son los casos, por ejemplo, de Arroyo de San Serván y en Valencia de
Alcántara.
En Andalucía podría
haber más de 42.000 victimas. La asociación de la memoria histórica en
Huelva presentó dos denuncias en la Audiencia Provincial. Una por amparo
judicial y otra por apertura de fosas y se las echó para atrás la
audiencia onubense y están pendientes de la deliberación del Supremo.
Almería representa
la cara y la cruz en lo que a la exhumación de represaliados del
franquismo se refiere. Por un lado, fueron recuperados los restos de los
guerrilleros antifascistas Indalecio Fuentes y Rafael Jiménez, en
diciembre de 2010 en el camposanto de Sierro, donde fueron enterrados en
una fosa tras ser fusilados en el año 47. Por otro, los restos del ex
alcalde republicano de Cuevas del Almanzora Martín Márquez, fusilado en
1939, continúan en una fosa común en el cementerio de San José. Su caso
se encuentra en tierra de nadie. Tras un encuentro en abril de 2010
entre sus nietas; el comisario de la Memoria Histórica, Juan Gallo; y el
Ayuntamiento de Almería, todavía no se ha dado luz verde a la cata
arqueológica que permita localizar sus restos. Un hecho que el
Comisariado interpreta cómo una forma de obstaculizar el proceso de
exhumación. Según el Ayuntamiento, el procedimiento constituye un modo
de cumplir con los requisitos legales pertinentes, teniendo en cuenta lo
delicado del terreno en que se ubican los restos, un cementerio.
En Córdoba,
siguen abiertos los trabajos de la Asociación Aremehisa, en Aguilar de
la Frontera, para la búsqueda, localización y exhumación de las fosas
del entorno.
Los trabajos de exhumación de restos en la fosa de Gerena,
donde fueron enterradas 17 mujeres de la vecina localidad de Guillena
tras ser vejadas y asesinadas por los franquistas, han terminado. Quedan
por concluir las labores de identificación de ADN y determinar qué se
hace con los restos hallados. Pero el éxito de esta campaña, tras más de
una década de lucha persiguiendo la verdad, deja una consecuencia más
importante: el grupo Recuperando la Memoria de la Historia Social de
Andalucía (REMHSA), de la Confederación General del Trabajo, ha avanzado
que promoverán la búsqueda de mujeres muertas en similares
circunstancias en Fuentes de Andalucía (Sevilla) y la Puebla de Guzmán
(Huelva). Las conocidas como las 17 rosas de Guillena fueron mujeres de
entre 20 y 70 años secuestradas, violadas, rapadas, encarceladas,
intoxicadas con aceite de ricino y expuestas al escarnio de sus vecinos
antes de ser asesinadas. Sus descendientes, agrupados en la asociación
19 Mujeres (dos de las víctimas sobrevivieron), no han parado hasta
desenterrar la verdad y pese a las presiones sociales y políticas
sufridas.
El
artículo 13 de la Ley de la Memoria Histórica obliga a comunicar al juez
la apertura de una fosa, por si decide personarse. En la Comunidad Valenciana ningún
juez lo ha hecho. De momento, en Paterna, una mujer quiere recuperar a
su padre y otras dos familias han solicitado la apertura de fosas por
esta misma vía, el ayuntamiento no ha contestado.
En Catalunya,
con más de 3.000 peticiones de familiares, los procesos no se llevan
por la vía judicial, sino por la administrativa, a raíz de la Ley de
Fosas, Localización e Identificación de Personas desaparecidas durante
la Guerra Civil y la Dictadura por parte de la Generalitat. Por esta ley
se realiza un censo de personas desaparecidas (una lista con los
nombres que proporcionan los familiares sobre un pariente del que no
tuvieron nunca más noticia, sea durante la Guerra o en Dictadura) y un
mapa de fosas: Por los datos que me han proporcionado, ahora mismo, en
este censo hay 4.410 casos inscritos, 1.879 de los cuales ya se han
resuelto (la mayoría se han archivado por falta de datos y sólo en 380
casos se han podido determinar las causas de la muerte y el sitio dónde
se enterró a la persona).
En el caso de las Fosas, en Catalunya la
exhumación la coordina el gobierno y se lleva por la vía
administrativa, excepto en casos en que se sospeche que puedan
pertenecer a crímenes no prescritos, aunque de este tipo de proceso en
Catalunya no tenemos ninguno. Por la vía administrativa se han inhumado
13 fosas, donde se han encontrado un total de 50 cuerpos, de los cuales
sólo se han podido identificar 5.
Tampoco
hay ningún proceso en marcha para revisar alguna sentencia de un
Tribunal Franquista. En el único caso en el que lo intentó la
Generalitat fue el 2009 con Lluís Companys. Después de la petición de un
familiar, el ministro de Justicia aprobó una Declaración de reparación y
reconocimiento personal e instó al Fiscal General del Estado a
interponer un recurso de revisión ante el Supremo, pero este lo
desestimó porque consideró que no se podía revisar una sentencia que en
su momento ya se expulsó del ordenamiento jurídico actual y se declaró
nula de derecho.
En Castilla León, en la localidad burgalesa de Aranda de Duero,
se abrió la fosa de Campo de Aviación. Desde el mismo lugar de la fosa,
Francisco Echevarría, forense, explicaba lo ocurrido:?La mayoria de las
veces, salvo en cuatro o cinco ocasiones, teniendo en cuenta que se han
exhumado unas 200 fosas, la mayoria de las veces los jueces no
aparecen. Reciben la notificación y luego se abstienen bajo el argumento
de que los hechos han prescrito”.
En Mallorca las dos causas abiertas fueron desestimadas por la fiscalía. En Aragón se
archivó la causa, a pesar de los numerosos muertos enterrados en el
barranco de la Bartolina, por citar uno de los muchos casos de la
comunidad. Y en Galicia… así en cada comunidad autónoma. El auto de Garzón daba una cifra aproximada de 114.266 muertos y el último mapa del Gobierno repartía por España más de 2.600 fosas.
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