Zaragoza,
14 sep (EFE).-
La comisión de Educación, Cultura y Deporte ha rechazado
hoy dos iniciativas de IU relacionadas con la memoria histórica en las
que se pedía apoyo a la investigación de los crímenes del franquismo, se
rechazaba el enjuiciamiento del juez Baltasar Garzón y se solicitaba
impulso a la recuperación de la memoria histórica de las víctimas.
La
diputada de IU Patricia Luquín ha defendido ambas proposiciones, que han
sido respaldadas por PSOE y CHA y han recibido el voto en contra de PP y
PAR, cuyos portavoces han asegurado que el gobierno de Aragón está
cumpliendo “escrupulosamente la ley” en este asunto.
IU
pedía que las Cortes manifestaran su apoyo a la investigación judicial
de los crímenes cometidos por el franquismo, en la Guerra Civil y en la
Dictadura, y que rechazaran el mensaje que se traslada a la sociedad con
el enjuiciamiento de un juez por investigar los crímenes, así como que
el gobierno impulsara, promoviera y facilitara la recuperación de la
memoria histórica de las víctimas y ayudara a la recuperación de los
restos mortales de los represaliados.
En su
segunda iniciativa, reclamaba respaldo institucional, en virtud de la
ley de memoria histórica, para las iniciativas sociales tendentes a la
recuperación de la memoria colectiva de los represaliados en Aragón.
Luquín
ha lamentado que, en pleno año 2012, haya que seguir reclamando e
insistiendo en la recuperación de la memoria colectiva, y ha considerado
“inaceptable” e “intolerable” que el único juez que decidió investigar
estos crímenes haya pasado por el banquillo de los acusados.
Ha reclamado, de nuevo, reparación y justicia para quienes aún sufren el “calvario” de no saber dónde están sus seres queridos.
En la
misma línea, Ana Fernández (PSOE) ha recordado que miles de personas
aún no han conseguido “sacar a sus familiares del olvido” pero,
entonces, “ha llegado el PP y lo ha desmantelado todo”, incluso dejando
sin presupuesto el programa autonómico “Amarga Memoria”.
“No
se trata de abrir, sino de cerrar heridas con dignidad”, puesto que lo
que está en cuestión, ha añadido, no es el dinero, sino la sensibilidad
para “reparar derechos humanos lesionados”.
La
portavoz de CHA, Nieves Ibeas, ha coincidido en que el PP “ha echado el
freno” en este asunto en el que, además, se trabaja “contrarreloj”. El
gobierno de Aragón sabe que es cuestión “sólo de esperar” por la
avanzada edad de los informadores y de sus hijos, que cuando mueran
harán que todo “quede en el olvido”.
Sin
embargo, el diputado del PP Miguel Ángel Lafuente ha apuntado que hablar
de quienes sufrieron violencia en aquella época es hablar de todos los
españoles, porque todos la sufrieron.
Ha
añadido que un parlamento no tiene que denostar una investigación
judicial ni enmendar la actuación de ningún fiscal, y que la voluntad
del gobierno de Aragón es “cumplir la ley” y honrar a “todas las
víctimas de la guerra y de la posterior represión”.
Y
María Herrero, del PAR, ha coincidido en que la ley de la memoria
histórica se está cumpliendo, más allá de que “la disponibilidad
económica condiciona determinadas iniciativas”, y ha recordado que el
PAR apoyo “sin fisuras” el programa Amarga Memoria en épocas de bonanza.
No se
ha mostrado de acuerdo en apoyar la investigación de Garzón porque “hay
una clara separación de poderes” en democracia y cualquier persona,
además, está sujeta a la ley, sea “juez, duque o político”. EFE
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