Miembros de AHAZTUAK 1936-1977 |
La
llamada “Comisión de Valoración de Sufrimientos Injustos y Abusos
Policiales”, dependiente del Departamento de Derechos Humanos del
Gobierno de Lakua, hacia público en el día de ayer su informe favorable
al reconocimiento oficial como “victimas” y a la concesión de una
reparación económica para ocho personas de las consideradas “victimas
del tardofranquismo”, entre ellas Antón Fernández, vecino de Erandio
muerto por disparos policiales en Octubre de 1969, y Jon Paredes Manot, Txiki,
y Angel Otaegi, militantes de ETA y luchadores antifascistas fusilados
por los piquetes de ejecución franquistas el 27 de Septiembre de 1975.
Ante
esto desde Ahaztuak 1936-1977, asociación de victimas del golpe de
estado, de la represión y del régimen franquista, queremos realizar una
primera valoración de urgencia de este hecho expresando nuestra
satisfacción al ver que la persistencia en la denuncia del modelo de
impunidad mantenido hasta ahora para para estas victimas, tambien
conocidas como “victimas del tardofranquismo”, ha conseguido abrir una
nueva brecha en dicho modelo, obligando a la “máxima institución” de la
CAV a reconocer como victimas a personas que hasta ahora han estado
absolutamente excluidas de tal consideración e incluso algunas de ellas
absolutamente vetadas y anatemizadas, siendo consideradas como
“terroristas”. Debemos señalar que es aqui donde más se muestra la
validez y los resultados de la constante pelea que desde nuestra
asociación junto con los familiares de algunos de los asesinados hemos
mantenido durante estos ultimos años en defensa de su condición de
victimas del franquismo, pero tambien de luchadores antifascistas. Este
es el caso de Antón Fernández o en 1969 en Erandio y de Jon Paredes
Manot “Txiki” y
Angel Otaegi a los cuales se les ha venido denegando dicha condición,
quitando por orden judicial su nombre a las calles a ellos dedicados,
enviandonos a la Ertzaintza al cementerio de Zarautz para impedir el
homenaje que cada 27 de Septiembre les venimos tributando en el
aniversario de su fusilamiento, haciendonos acreedores de dos autos en
la Audiencia Nacional por presunta “apologia del terrorismo”... Ha sido
esa persistencia la que permitió que algunas de estas victimas accedieran a algunos elementos de reconocimiento y reparación a traves del artículo
10 y de la disposición adicional cuarta de la Ley 52/2007, la conocida
como “Ley de Memoria Histórica” y ha sido esa misma persistencia que
hemos mantenido durante años la que ha hecho que desde el Gobierno de la
CAV se vean hoy tambien en la necesidad de reconocer “de alguna manera”
por parca que esta sea la realidad de dichas victimas. Ha sido esa
persistencia la que ha hecho que representes del Gobierno de Lakua, el
mismo Gobierno cuyas fuerzas policiales nos desalojaron por la fuerza
del cementerio de Zarautz el 27 de Septiembre de 2010 este año se hayan
visto obligados el pasado 27 de Septiembre a tomar parte en el Homenaje a
Txiki y Otaegi.
Sin
embargo, tras conocer el reconocimiento a estas personas y
trascendiendo lo mediáticamente llamativo del mísmo desde Ahaztuak
1936-1977 seguimos señalando que no es sino un reconocimiento a la medida, pero no a la medida de las victimas sino del modelo de impunidad vigente, lo mísmo que lo es el Decreto del que este reconocimiento es
parte y es resultado. Y esto es asi fundamentalmente por dos motivos
que tienen que ver con la negación de los conceptos de Verdad,
Reparación y Justicia cuyo cumplimiento en toda su extensión y
profundidad venimos demandando una y otra vez las victimas del
franquismo.
El
primer motivo es el desconocimiento del concepto de “Verdad” al menos
para dos de las victimas reconcocidas toda vez que solamente se les
reconoce su condición de victimas ”por razones humanitarias” y por el
hecho de haber sido dos de los últimos fusilados por el régimen
franquista, y no se les reconoce su condición de luchadores
antifranquistas o antifascistas. Cualquiera percibirá enseguida la
maniobra que bajo este “reconocimiento” se esconde, al intentar anular
con una concesión “humanitaria” el carácter politico y resistente de Txiki y
Otaegi, intentando hacer de ese reconocimiento la base para la
continuidad del desconocimiento hacia decenas de personas tan victimas,
tan luchadores antifascistas y tan resistentes armados, como Txiki
y Otaegi cuya única diferencia con estos es ser menos conocidos al no
ser dos de los ultimos fusilados por el regimen franquista.
El
segundo motivo es que, certificando lo anterior, vemos que ninguna
persona que resultara herida o muerta en enfrentamiento armado con el
régimen franquista ha sido objeto de reconocimiento. Entendemos que esto
es consecuencia de la aplicación del decreto que marca las pautas de
evaluación y donde se plantea la no consideración como sufrimientos
injustos de “aquellos sufridos en el desarrollo de cualquier actividad
violenta de motivación política por parte de quienes la realizaran o
pretendieran realizarla”, algo que directamente otorga un caracter
legitimo tanto a las fuerzas represivas del regimen franquista, como a
sus actuaciones y por tanto al propio régimen y la consideración de
“terroristas” a quienes lucharon contra él, consideración que fué la
base sobre la que fueron condenados a muerte Txiki y Otaegi. Esa
negación de su caracter de victimas y luchadores para tantas personas
que resistieron al régimen franquista como consideraron que debian
hacerlo deja sin embargo paso sin ningun tipo de complejo a la
“presunción de inocencia y se salvaguardarn los derechos a la defensa y
al honor de quienes aparezcan como sus victimarios”, esto es los
responsables politicos, policlaes, militares, judiciales... del reǵimen
franquista.
En
base a los dos puntos anteriormente mencionados dicho se excluye una
vez más como vemos a todas aquellas posibles victimas relacionadas con
cualquiera de las organizaciones político-militares que en Araba,
Bizkaia y Gipuzkoa y en el periodo temporal que va desde 1960 a 1978
enfrentaban de forma armada al régimen dictatorial franquista, algo que
tambien hizo en su momento la “Ley de Memoria Histórica”, cercenando asi
su condición de victimas y luchadores y anulando por tanto su derecho a
la Verdad, la Reparación y la Justicia.
El
tercero es constatar como en estos reconocimientos -que son plasmación
práctica de la aplicación del Decreto- se contempla como único parámetro
de reparación real la percepción de una determinada cantidad económica,
no planteando ningúna medida contra la impunidad de las personas
-cargos políticos, policiales, judiciales, militares- que tuvieran
alguna reponsabilidad en los hechos que convirtieron a las victimas en
tales. Esto además en un momento en el que la denuncia del modelo
español de impunidad y la constatación de la gravedad de la persistencia
de dicho modelo esta más presente que nunca y cuando la aplicación de
los parámetros de justicia universal y de los de persecución de los
crimenes cometidos por cualquier régimen fascista, el franquista
incluido, deberían ser -tal y como viene recomendado la ONU al Estado
español- la base de cualquier normativa que desde cualquier institución
pretenda ofrecer verdad, reparación y justicia a las victimas del
franquismo, algo que desgraciadamente el Gobierno de Lakua sigue como
vemos empeñado en desconocer.
Por
ello desde Ahaztuak 1936-1977 alegrándonos del hecho de este
“reconocimiento” queremos señalar que este se dá -al menos en tres de
los casos admitidos- no cómo una concesión del Gobierno de Lakua sino
como resultado de una dinámica de denuncia y confrontación realizada y
mantenida como es público y notorio desde nuestra asociación en conjunto
con los familiares. Asimismo queremos remarcar tambien que con este
reconocimiento no quedan en absoluto resueltas las demandas de Verdad,
Reparación y Justicia para ninguno de los “reconocidos”, tal y como
explicitan los motivos antes señalados.
Algo
que nos señala que dichas demandas y nuestra dinámica de denuncia y
confrontación con el modelo de impunidad para con los crímenes y
criminales del franquismo que en esencia se sigue manteniendo en versión
del Gobierno de Madrid -Ley de Memoria Histórica- o en versión del
Gobierno de Lakua -Decreto de Victimas Policiales- habrá de continuar y
reforzarse.
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