"EL FRANQUISMO SIGUE PRESENTE EN EL PODER JUDICIAL"

Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate, fiscal y juez, analizan en un libro la ideología de los magistrados españoles desde los años sesenta hasta hoy.

Opinan que “el franquismo y sus fundamentos autoritarios y antidemocráticos continúan estando presentes en una parte del poder judicial”, y ven con preocupación medidas del Gobierno del PP “tendentes a restringir gravemente y hasta suprimir, derechos civiles democráticos que nos parecían irreversibles, recurriendo incluso a un incremento de la penalización de ciertas conductas consistentes en el ejercicio de aquellos derechos…”. Así lo exponen Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate exfiscal y exmagistrado respectivamente, en su libro “Jueces pero parciales. La pervivencia del franquismo en el poder judicial” en cuyas páginas se citan los casos más duros de nuestra historia reciente, Agustín Rueda, Arturo Ruiz, la matanza de Atocha, El Papus, las desapariciones forzosas… entre muchos otros, hasta la actualidad.

Carlos Jiménez Villarejo

El Plural / A.Del Campo / 05-11-2012

Afirma el editor  Gonzalo Pontón que “entregar doncellas a los dragones siempre ha sido una cobardía. Los monstruos parecen aquietarse porque dejan de echar llamaradas por la boca, pero su fuego no se apaga. Las fuerzas políticas que no se atrevieron a enfrentarse a los dragones y les sacrificaron nuevas vírgenes –han llamado a eso “transición”—son responsables de que todavía estén entre nosotros”. Así presenta el libro de Carlos Jiménez Villarejo y Antonio Doñate. Y continúa Pontón, responsable de la editorial Pasado&Presente: “En el seno del Poder judicial habitan dragones que no están, precisamente, aletargados. Algunas prácticas judiciales de la dictadura mantienen su vigencia de forma encubierta dejando un margen para la opresión, la injusticia y la falta de garantías”.

Indignación y horror
Por las páginas de esta obra que trata de la persistencia del franquismo en la judicatura,  y se basa  en una larga y exhaustiva investigación de sumarios y  sentencias del Tribunal de Orden Público, de decisiones de distintas instancias judiciales y del propio Tribunal Supremo, se asoman algunos de los sucesos más dolorosos de nuestra historia reciente. Los resume así Gonzalo Pontón: “Indignación y horror cuando se pasa revista a la connivencia de muchos jueces con las fuerzas represivas heredadas del franquismo. Así, al principio de la transición, con los casos de Agustín Rueda, Arturo Ruiz, la matanza de Atocha, el caso Papus, Enrique Ruano, José Arregui, Yolanda González, los atentados de la calle del Correo… examinados aquí a la luz de los hechos, las sentencias y la práctica forense”.
La muerte de Arregui
“A José Arregui, por ejemplo, le torturaron durante nueve días en la Dirección General de Seguridad, en Madrid. Murió a consecuencia de las palizas. La Audiencia Provincial absolvió, por dos veces, a los funcionarios implicados del delito de torturas. Dice la sentencia constar como hecho probado que Arregui “se mareó” en el despacho de la DGS donde se encontraba. Trasladado al Hospital de Carabanchel, el facultativo de turno observó derrames en la cara, hematomas por todo el cuerpo y quemaduras en la planta de los pies. Arregui murió al día siguiente. Sin embargo, la Audiencia declara la ausencia de responsabilidad penal de los policías y los absuelve”.
Agustín Rueda, molido a palos
Continua el editor: “O el caso de Agustín Rueda, molido a palos por ocho funcionarios de la cárcel de Carabanchel. La autopsia dice que Rueda presenta “innumerables huellas de contusiones inmediatamente anteriores a la muerte” y grandes equimosis y hematomas por todo el cuerpo “consecuencias de un apaleamiento generalizado, prolongado, intenso y ‘técnico’”. Fallece por shock traumático debido a la pérdida de sangre. Diez años después de los hechos, en 1988, el tribunal excluye “el dolo de matar” y condena a los acusados por “imprudencia temeraria” (calificación propia de un accidente de tráfico con resultado de muerte). En 1990, el Supremo confirma la sentencia”.
“Suaves sentencias” para criminales
Villarejo y Oñate no han dejado nada en el tintero. Sobre la matanza de Atocha analizan como el Supremo “entiende” el permiso penitenciario que el juez Gómez Chaparro concedió  al principal imputado, Lerdo de Tejada, permiso que hizo posible su huida. Del atentado contra la revista EL PAPUS cometido por ultraderechistas el 20 de septiembre de 1977 que produjo la muerte de una persona y heridas a otras diecisiete, los autores del libro denuncian  que la  sentencia de la Audiencia Nacional de 1983 “representa la incapacidad de la  Justicia para enfrentarse eficazmente a la delincuencia terrorista de extrema derecha todavía con apoyos en ciertas esferas del poder”.