Las Juntas de Gipuzkoa se personarán en los juicios como acusación particular
Concentración de SOS Bebés Robados en San Sebastián. / JAVIER HERNÁNDEZ |
Las tres exhumaciones en Bizkaia y Gipuzkoa han supuesto un salto
cualitativo en los casos de los bebés robados, tanto en las sospechas de
las familias como en el plano institucional. A la comisión
interdepartamental recientemente creada en el Gobierno vasco se sumarán
ahora una comisión de estudio en el Parlamento vasco y otra en las
Juntas Generales de Gipuzkoa.
La comisión parlamentaria se convertirá en el escenario para que lleguen a la Cámara los testimonios de afectados, expertos, funcionarios o responsables de instituciones. Los trabajos y el dictamen con el que finalizarán tienen un margen de maniobra limitado, ya que el Parlamento únicamente puede dilucidar si hay responsabilidades políticas cuyos indicios, al menos por el momento, no han salido a la luz. Su función será la de servir de altavoz para las familias afectadas y la de estudio de la normativa, y discurrirá de forma paralela a los trabajos que se están realizando por la vía judicial, que ya ha registrado más de 220 denuncias.
La iniciativa nace con cierta pugna por quién puede atribuiurse el título de impulsor. Ayer, el PP anunciaba en un comunicado que había alcanzado un acuerdo con el PSE, el PNV y Ezker Anitza para crear una comisión de estudio. EA recordó inmediatamente después que ya había presentado en septiembre otra iniciativa muy similar, en la que planteaba la posibilidad de cambios legales y reparación de las víctimas. PNV, PSE y PP presentaron enmiendas a la totalidad a esta propuesta en las que descartaban la creación de una comisión en la Cámara y se ceñía la cuestión al ámbito judicial.
Los nuevos datos en torno a los supuestos casos de bebés robados y el especial interés mostrado por el PP vasco, por impulso de su propio presidente, Antonio Basagoiti, han impulsado la creación de una comisión que cinco meses atrás los principales grupos de la Cámara descartaban. El PP quiere que se cree otra comisión más en las Juntas de Bizkaia.
Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron ayer por unanimidad crear un grupo de trabajo en el plazo de un mes con la idea de realizar reuniones trimestrales para hacer un seguimiento de las investigaciones de presuntos casos. La resolución aprobada incluye la personación del Legislativo provincial como acusación particular en posibles futuros juicios.
Al tiempo que se anunciaban estas iniciativas, la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, reclamaba más implicación al resto de instituciones vascas. “¿Dónde están las Diputaciones? ¿Dónde están los Ayuntamientos?” se preguntó en el pleno de control parlamentario, después de que la peneuvista Ane Urkiola le reclamara más medidas, aparte de la comisión creada entre Justicia, Interior y Sanidad, y le plantease que hay otras maneras para ofrecer dinero a las asociaciones al margen de las líneas de subvenciones que están cerradas.
El lehendakari, Patxi López, recibirá la próxima semana a la asociación SOS Bebés Robados.
La comisión parlamentaria se convertirá en el escenario para que lleguen a la Cámara los testimonios de afectados, expertos, funcionarios o responsables de instituciones. Los trabajos y el dictamen con el que finalizarán tienen un margen de maniobra limitado, ya que el Parlamento únicamente puede dilucidar si hay responsabilidades políticas cuyos indicios, al menos por el momento, no han salido a la luz. Su función será la de servir de altavoz para las familias afectadas y la de estudio de la normativa, y discurrirá de forma paralela a los trabajos que se están realizando por la vía judicial, que ya ha registrado más de 220 denuncias.
La iniciativa nace con cierta pugna por quién puede atribuiurse el título de impulsor. Ayer, el PP anunciaba en un comunicado que había alcanzado un acuerdo con el PSE, el PNV y Ezker Anitza para crear una comisión de estudio. EA recordó inmediatamente después que ya había presentado en septiembre otra iniciativa muy similar, en la que planteaba la posibilidad de cambios legales y reparación de las víctimas. PNV, PSE y PP presentaron enmiendas a la totalidad a esta propuesta en las que descartaban la creación de una comisión en la Cámara y se ceñía la cuestión al ámbito judicial.
Los nuevos datos en torno a los supuestos casos de bebés robados y el especial interés mostrado por el PP vasco, por impulso de su propio presidente, Antonio Basagoiti, han impulsado la creación de una comisión que cinco meses atrás los principales grupos de la Cámara descartaban. El PP quiere que se cree otra comisión más en las Juntas de Bizkaia.
Las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron ayer por unanimidad crear un grupo de trabajo en el plazo de un mes con la idea de realizar reuniones trimestrales para hacer un seguimiento de las investigaciones de presuntos casos. La resolución aprobada incluye la personación del Legislativo provincial como acusación particular en posibles futuros juicios.
Al tiempo que se anunciaban estas iniciativas, la portavoz del Gobierno, Idoia Mendia, reclamaba más implicación al resto de instituciones vascas. “¿Dónde están las Diputaciones? ¿Dónde están los Ayuntamientos?” se preguntó en el pleno de control parlamentario, después de que la peneuvista Ane Urkiola le reclamara más medidas, aparte de la comisión creada entre Justicia, Interior y Sanidad, y le plantease que hay otras maneras para ofrecer dinero a las asociaciones al margen de las líneas de subvenciones que están cerradas.
El lehendakari, Patxi López, recibirá la próxima semana a la asociación SOS Bebés Robados.
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