“Frente a Argentina, España no ha logrado quebrar la impunidad de cuarenta años de dictadura y olvido”

El abogado Carlos Slepoy considera una paradoja sangrante que fueran las resoluciones de Baltasar Garzón las que han llevado a combatir los crímenes contra la humanidad

Carlos Slepoy

A. DEL CAMPO | 06/julio/2012

La sentencia que condena a 50 años de cárcel al dictador Jorge Videla por el robo sistemático de bebés durante la dictadura militar junto con las condenas a Reynaldo Bignone y otros ocho represores para el abogado argentino y luchador por los derechos humanos Carlos Slepoy, tiene ante todo la importancia de ratificar de nuevo el hecho de que los crímenes contra la humanidad no prescriben, según declaró a EL PLURAL.COM, pero, recuerda también la paradoja de que fueran las resoluciones de un juez español, Baltasar Garzón, las que abrieran este camino cuando en España no se pueden investigar los crímenes pendientes de la dictadura.

"Esta sentencia que condena a Videla (lea el fallo aquí) es una más aunque especialmente relevante de las múltiples sentencias emitidas en relación con los diversos delitos que se cometieron durante la dictadura militar argentina por la que hay ya aproximadamente 300 condenados y 900 procesados. En todas ellas se pone de manifiesto que todos estos crímenes son imprescriptibles porque son delitos contra la Humanidad. En la que se acaba de dictar se señala que el delito de sustracción, retención y ocultamiento de menores es un delito de carácter permanente. Según la sentencia se implementó una práctica sistemática de sustracción de menores y de prisión, tortura y, en casi todas las ocasiones, muerte de sus madres en el contexto de un plan de aniquilamiento de la población”, explicó Slepoy. Garzón, sangrante paradoja
Para el abogado es “una paradoja sangrante” que las resoluciones de Baltasar Garzón sean antecedentes de otras como la que lleva a la condena de Videla  “Las resoluciones que se vienen adoptando tienen antecedentes en otras resoluciones judiciales y en concreto en las que adoptó la Justicia española cuando planteó que estos crímenes no prescriben y no se pueden dictar normas o establecer prácticas que exoneren a los responsables”.
En España 30.000 niños sustraídos
La sentencia evoca inmediatamente una situación similar y aún más grave en España, añade. “Si en Argentina hablamos de 500 niños sustraídos, en España desde el inicio de la guerra civil hasta 1951, estamos hablando de 30.000 niños, como puso de manifiesto Baltasar Garzón en sus resoluciones. Y en España, a diferencia de Argentina, sí existía un plan sistemático plasmado en disposiciones en las que se establecía que los niños permanecerían hasta los tres años con sus madres presas pero a partir de esa edad, se entregarían a familias adeptas al régimen o serían ingresados en instituciones del Estado. Son evidentes las radicales diferencias entre la justicia española y la justicia argentina en la forma de enfrentar estos hechos”.
Ni siquiera investigados los responsables
Considera el abogado que esta sentencia es fruto por una parte de un trabajo incesante durante muchas décadas por parte de las asociaciones y  las ONG y “sobre todo de las Abuelas de la Plaza de Mayo que han realizado una búsqueda incesante. Y han conseguido no solo esta sentencia sino que en el registro civil se modifiquen los nombres falsos y aquellos niños vuelvan a recuperar sus apellidos auténticos. En España en cambio, ni una solo de estas miles de personas ha logrado esa recuperación, ni siquiera han sido investigados los responsables”.
Quebrar la impunidad
En Argentina este largo proceso se ha hecho realidad desde su punto de vista  porque se ha quebrado la impunidad con múltiples sentencias y con el acuerdo del Congreso que ha establecido diversas disposiciones que lo han permitido, “que han llevado a conseguir el procesamiento no solo de los responsables militares, sino también de los responsables civiles, de médicos, jueces, de personas de todo tipo dentro de la trama”.
Responsables españoles vivos
“Lo que ocurre en España es que el país está en la fase anterior a la que vivió Argentina en el 2001, cuando un juez argentino dijo que las leyes de la impunidad eran contrarias a las leyes internacionales. En España la interpretación que se hace de  la Ley de Amnistía lleva a obviar estos crímenes y se plantean una serie de prescripciones que no son más que falacias y excusas. Muchos de los condenados en Argentina tienen entre 80 y 90 años de edad. En España, muchos de los responsables de estos crímenes, tienen la misma edad y también están vivos. En España se están dictando resoluciones contrarias al derecho internacional y al derecho de las víctimas a recibir justicia. Los crímenes de esta naturaleza cometidos mediante una planificación del Estado no prescriben, entran en la categoría de genocidio”-manifestó.
El olvido, institucionalizado
“Lamentablemente, una reciente sentencia del Tribunal Supremo español absolvió del delito de  prevaricación a Baltasar Garzón pero afirmó que los crímenes de la dictadura no se pueden investigar. Son nuevas excusas contrarias además al derecho internacional y a la propia doctrina del Supremo que en un caso como el de Scilingo le condenó aduciendo este mismo derecho que condena los crímenes contra la humanidad. El problema es que en España no se ha logrado quebrar la impunidad de cuarenta años de dictadura y de más de treinta y cinco en que se ha promovido el olvido. Pero estoy seguro, de que soló será circunstancialmente”, concluyó.