Carlos Fernández Rodríguez
“Don Elio Díez Mato, Comandante Médico de Sanidad Militar, con destino en la Comandancia Militar de Ponferrada.
Certifico: Que he asistido al fusilamiento, en el día de la fecha, de los reos: Antonio
Fernández y Fernández, Antonio del Valle García, Blas San Miguel Casín,
César Fernández Santín, Diego Diñeiro Cuadrado, Dionisio Ferrero Aller,
José Iglesias Silva, Serafín Iglesias Silva, Eduardo García Castañón,
Vicente Franco Santín, Jesús Franco Santín, Julio Franco Santín, José
Álvarez Ares, José Fernández Campos, Juan García García, Juan González
Fernández y Rogelio Rallo Vega, y a presencia del Juez Instructor de la causa he reconocido a los fusilados que quedaron muertos a la primera descarga.
Y para que conste y para acreditar su
fallecimiento, cumpliendo lo ordenado, expido el presente que firmo en
Ponferrada a diez y siete de noviembre de mil novecientos treinta y
seis”.
El 17 de noviembre de 2011, a las 6:30h de la
madrugada, se cumple el 75 aniversario del fusilamiento en el paraje de
Montearenas (Ponferrada) de las 17 personas antes citadas. Funesto
desenlace del juicio militar iniciado dos meses antes.
En su mayoría eran vecinos de Toral, exceptuando
cuatro de Villadepalos (Diego Diñeiro, Juan González, Jesús Franco -de
origen toralense- y Antonio Fernández) y uno de Otero (Juan García). En
el cementerio de nuestro pueblo fueron inhumados doce cadáveres: los de
diez vecinos de Toral (excepto Blas San Miguel y Rogelio Rallo) más
Jesús Franco y Juan García.
Antonio Fernández- Antonio del Valle -César Fernández- Diego Diñeiro -Dionisio Ferrero
De todos los encausados detenidos (ya que otro
significativo número se encontraba en “paradero desconocido”), tan solo
uno se libró de ser fusilado, Bernabé García y García, vecino de Otero,
que fue condenado a cadena perpetua (pena que afortunadamente no
cumpliría). De los que habían optado por la huida, algunos serían
capturados con posterioridad, aplicándose también en algún caso la pena
capital.
A ninguno de ellos se le acusaba de “delitos de
sangre”. Ni en Toral (ni en los pueblos de su entorno) se produjeron
muertes de adictos al golpe militar durante los días posteriores al
mismo. Sin embargo, esto no fue contemplado por los golpistas a la hora
de instaurar un régimen de miedo, de terror, durante los días, meses y
años siguientes.
![Blas San Miguel [iPhone]](https://af2toral.files.wordpress.com/2011/11/blassanmigueliphone.jpg "Blas San Miguel [iPhone]")
José Iglesias- Serafín Iglesias -Vicente Franco -Jesús Franco-Blas San Miguel
El supuesto delito del que se hacía partícipes a nuestros vecinos, al igual que en otras causas de aquellos momentos, era el de “rebelión” (también enunciado como auxilio a la rebelión o incluso rebelión militar).
Sorprendentemente se les acusaba de haber permanecido fieles al orden
legalmente establecido frente a los que sí se habían rebelado, se les
culpaba de no haber apoyado el levantamiento militar, el típico “golpe
de estado” que tan poco cuesta repudiar y condenar… cuando sucede en
otros países. En todo caso, sí es cierto que se habían rebelado contra
las propuestas de los sediciosos.
El motivo inicial de este proceso judicial –el robo
de explosivos en el polvorín de la cantera de Cementos Cosmos tras la
sublevación militar de julio de 1936– pronto se convierte en una clara
escusa para perseguir a los dirigentes sindicales y políticos de la
izquierda toralense. Hay que reconocer la efectividad de Carlos Álvarez
Martínez, Juez Militar encargado de dirigir la causa, para llevar a
efecto los principios del golpe. El general Mola, en una de las Instrucciones reservadas dictadas a sus compañeros militares insurrectos con anterioridad a la fecha de la sublevación, indicaba de forma expresa:
“Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en
extremo violenta, para reducir lo antes posible a un enemigo fuerte y
bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los directivos de
partidos políticos, sociedades o sindicatos desafectos al movimiento,
aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los
movimientos de rebeldía o huelga”.
En nuestro caso, buena parte de los ejecutados (sin
duda el más ejemplarizante castigo) se identificaba con estos objetivos:
eran miembros de la Izquierda Republicana local (partido político
perseguido con especial ensañamiento), José Iglesias, Antonio del Valle,
Dionisio Ferrero y José Álvarez; formaban parte de la corporación
municipal republicana de tendencia frente populista, José Iglesias, Juan
García, Antonio del Valle y Dionisio Ferrero; ocupaba un cargo de
Justicia municipal César Fernández; y eran miembros del ugetista
Sindicato de Obreros del Cemento, Juan García, Vicente Franco, Diego
Diñeiro, Antonio Fernández y Julio Franco. A los restantes inculpados
también se les atribuyen vínculos con las organizaciones sindicales y/o
políticas.
Julio Franco- José Álvarez -José Fernández -Juan González
El análisis del proceso, sus antecedentes y los
hechos que acaecieron con posterioridad no pueden ser objeto de análisis
en una breve colaboración. Hoy únicamente he querido recordar a estas
personas, como pequeño homenaje a unas víctimas de la sinrazón, del
fanatismo y de la barbarie humana, a quienes ni se les permitió tener el
más mínimo reconocimiento durante su entierro:
“…sean trasladados los cadáveres de los
expresados individuos directamente al cementerio […] donde serán
inhumados, no debiendo celebrarse durante este acto manifestación
pública ni privada de ninguna clase”.
Recordar no es tener rencor, es una forma de intentar
que no vuelvan a suceder anteriores errores. Recordar es, en ocasiones,
enfrentarnos a fantasmas del pasado para, de una vez, vencerlos.
Recordar a estas personas para mí hoy es un acto de justicia, aunque de
ninguna manera sirva para pagar la deuda que el 17 de noviembre de 1936
se contrajo con ellos y con sus familias.
“La vida de los muertos perdura en la memoria de los vivos” (Cicerón)
Carlos Fernández Rodríguez
Ponferrada, Noviembre de 2011
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