Esteban Beltrán, en una foto de archivo // LAURA LEÓN |
Manuel aún se emociona cuando cuenta la historia de su abuelo. Ya han pasado 78 años. Un tiempo que no ha bastado a las víctimas para conseguir sus tres grandes objetivos: justicia, verdad y reparación. “La impunidad ha sido favorecida por los tres poderes del Estado”, criticaba ayer Esteban Beltrán, director de la sección española de Amnistía Internacional, en el marco de unas jornadas sobre memoria histórica y justicia universal organizadas por el grupo universitario de AI en Sevilla. Han ahogado, dice Beltrán, las reclamaciones de los familiares de las víctimas. El Ejecutivo, por no promover ninguna medida en este sentido más allá de tímidos pasos, siempre de carácter administrativo -subvenciones, certificados, exenciones fiscales…- ; el legislativo, por mantener la ley de Amnistía de 1977 y el judicial, por haber cerrado “con siete llaves” cualquier reclamación tras la decisión del Tribunal Supremo. Ninguno ha sabido, por tanto, solventar la indefensión de las víctimas.
Beltrán repasó ayer la situación de la causa memorialista en los últimos años. “Las cosas no han ido bien”, advertía antes de iniciar su intervención. Mucho menos tras la irrupción de la crisis, cuyos efectos han sepultado cualquier exigencia de verdad, justicia y reparación. Primero fue, en la transición, la amenaza de la involución y la sombra de un golpe de estado; después, una sociedad rica que crecía y ahora, los problemas económicos. ”Parece que nunca es el momento adecuado para que el Estado cumpla con sus obligaciones e investigue”, denunció.
La situación ha provocado que la comunidad internacional haya avergonzado a las autoridades españolas, dice Beltrán. Ha tenido que ser una jueza argentina, María Servini, la que abra una causa para arrojar algo de luz sobre nuestro pasado. Manuel Galante es uno de los firmantes de esa querella. TambiénVirtudes Águila, que solo tenía 14 meses cuando el régimen fascista asesinó a su padre en Fuentes de Andalucía (Sevilla). Poco después perdió a su madre, embarazada de ocho meses, y a su abuela materna. Huérfana, ingresó en un internado religioso, donde le cambiaron el nombre. Desde entonces fue Angelita, por Sor Ángela de la Cruz. Todavía no ha encontrado a su padre, cuyos restos creen que están debajo de una autovía. Ante la inoperancia de los poderes estatales, Servini les abre una puerta. Más allá de la sentencia, dice Beltrán, la causa podría favorecer que en España se investiguen los hechos, objetivo para el que sería útil que se abrieran otros procesos en más países.
No es el único proceso que saca los colores al país. En los últimos meses, Naciones Unidas ha censurado la actitud de España con respecto a las víctimas: el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, criticó en su visita del pasado febrero la “inmensa distancia” entre los familiares de represaliados y Estado español, instando a las autoridades españoles a dedicar más recursos para su reparación. La conclusión es clara para el director de Amnistía Internacional: España no cumple con sus obligaciones internacionales. “Lo que no está haciendo con respecto a las víctimas del franquismo y la Guerra Civil son acciones ilegales desde el punto de vista del derecho internacional”. Esteban Beltrán reconoce, eso sí, coherencia a los poderes del estado en sus últimas actuaciones. Hasta ahora, se producía una dicotomía en la justicia: se avanzaba en asuntos internacionales, con causas que implicaban a China o Israel, mientras los 114.000 desparecidos forzados en España esperaban justicia. Ahora, dice Beltrán, ni se investiga fuera ni se investiga dentro, tras la reforma de la jurisdicción internacional.
El director de Amnistía España apuesta por seguir documentando la impunidad e implicar a la opinión pública en la causa: “uno de los elementos clave es que entienda que es una injusticia. Hubo crímenes de todo tipo durante la Guerra Civil, pero las víctimas del franquismo son las que han quedado completamente indefensas. Es algo que no nos podemos permitir como país”. En ese camino, Beltrán valora el intento andaluz con el anteproyecto de ley de Memoria Democrática: “Se ha intentado soslayar la impunidad absoluta con leyes autonómica que al menos mantengan una parte de la verdad de lo que ocurrió”, explicaba ayer, “lo que hacen algunas administraciones es intentar al menos que haya una participación del Estado en cuanto a conseguir la verdad”.
Perseguir verdad, justicia y reparación no es una utopía. De hecho, hay muchos países en los que se han desarrollado procesos para la consecución de esos objetivos. Naciones ricas y pobres, recuerda Beltrán, como Alemania, Japón o Sierra Leona. “Es necesario para el futuro”, defiende el activista, “es una inversión”. No solo se trata de víctimas: los países que han afrontado los demonios de su pasado tienen mejor futuro, sostiene, y es esencial que en España nos enfrentemos a lo que ocurrió.
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