viernes, 4 de abril de 2014

La querella argentina pide la imputación de otros 15 franquistas

Los abogados piden prisión perpetua para cinco ex ministros del régimen de Franco, y para el resto, entre 8 y 25 años de cárcel. Entre ellos, figuran los tres ministros que dictaron la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich y el jurista que la redactó.

Licinio de la Fuente, Alfonso Osorio y Antonio Carro.

Licinio de la Fuente, Alfonso Osorio y Antonio Carro.

ANA DELICADO Buenos Aires 04/04/2014

Fueron ministros de Franco, y ahora encabezan el listado de imputaciones que este viernes presentan los abogados de las víctimas del franquismo ante la Justicia argentina. Antonio Carro, Licinio de la Fuente, Antonio Barrera, José María Sánchez-Ventura y Alfonso Osorio, son, en realidad, parte de un elenco que incluye también a dos ex miembros de la Judicatura militar y a ocho policías.
El abogado de la querella Carlos Slepoy presenta este viernes, junto con Máximo Castex, este elenco de nombres ante el juzgado de María Servini de Cubría, instructora de la causa que investiga los crímenes del franquismo. Lo hace un día después de la vista pública que celebró la Audiencia Nacional para estudiar el reclamo argentino de extradición sobre el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, y a seis de la que se celebrará para dilucidar lo mismo con respecto al ex inspector Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño.
Público ha tenido acceso en exclusiva al escrito, en el que se pide a la jueza que "dicte órdenes internacionales de detención respecto de Antonio Carro Martínez [ex ministro], Licinio de la Fuente de la Fuente [ex ministro], Antonio Barrera de Irimo [ex ministro], José María Sánchez-Ventura Pascual [ex ministro], Alfonso Osorio García [ex ministro], Jesús Quintana Saracíbar [policía], Carlos Rey González [ex miembro de la Judicatura], Antonio Troncoso de Castro [ex miembro de la Judicatura], Jesús González Reglero [policía], Ricardo Algar Barrón [policía], Félix Criado Sanz [policía], Pascual Honrado de la Fuente [policía], Jesús Martínez Torres [policía], Benjamín Solsona Cortés [policía]  y Atilano del Valle Oter [policía], a efectos de que sean detenidos por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) y luego sean extraditados".
En total son cinco ex ministros franquistas, ocho policías, y dos ex miembros de la Judicatura militar de la dictadura: 15 acusados que se suman a los nueve presentados el año pasado. Sobre dos de estos últimos, Muñecas y Billy el Niño (más otros dos que en realidad habían fallecido), la jueza solicitó en septiembre del año pasado la detención internacional y la consecuente extradición.
 Los cinco ex ministros, el ex miembro de la Judicatura Carlos Rey y el policía Jesús Quintana Saracíbar podrían enfrentar penas de reclusión perpetua, según los abogados, por "homicidio con la circunstancia agravante de haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas". Troncoso de Castro, por tentativa de homicidio agravado, podría ser condenado a entre 15 y 20 años de prisión, mientras que a los otros siete policías les correspondería la pena de entre 8 y 25 de cárcel por los delitos de torturas. "A Atilano del Valle Oter le resulta asimismo aplicable la pena de 15 a 20 años de reclusión por tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas", sostiene el texto.
Para todos ellos se pide la fijación de audiencias indagatorias, órdenes de detención internacional por medio de Interpol, y la solicitud a España de que curse prisión preventiva contra los acusados como paso previo a la extradición diplomática. "Los delitos han sido instrumentales para la comisión de un genocidio o, subsidiariamente, constituyen crímenes de lesa humanidad", concluye el escrito, "por lo que, en uno u otro caso, la acción y la pena son imprescriptibles y sus responsables están sujetos a persecución a través de la aplicación del principio de justicia universal". Con la información que se presenta en el nuevo escrito, quedan representados, entre otros, el Proceso de Burgos y el caso Puig Antich, muy significativos en la causa que se impulsa desde Argentina.

Más pedidos de captura internacional

El juzgado de Servini de Cubría, mientras tanto, trabaja todavía en posibles pedidos de extradición, como el de los ex ministros franquistas Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina (suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), que fueron los primeros miembros del Ejecutivo franquista en ser denunciados ante la Justicia argentina.
Entre los pedidos de procesamiento hay ocho policías, como ya adelantó este diario, entre los que se encuentra Jesús Martínez Torres, jefe de policía en San Sebastián, y desde 1982 y hasta 1994, comisario General de Información (a cargo del espionaje policial) durante el Gobierno del PSOE. En 2013 le fue concedido el título comisario honorario del Cuerpo Nacional de Policía.

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