La asociación La Comuna reivindica la investigación de las torturas del franquismo
Cárcel de carabanchel |
DIEGO BARCALA MADRID 08/01/2012
Tan sólo dos años después de la caída
del muro de Berlín, el escritor alemán Georg Dreyman acude a los
archivos de la Stasi, la poderosa policía secreta de la antigua RDA, a
comprobar quién era el policía encargado de espiarle, qué escribió sobre
él, qué sabía de su vida… La conocida escena pertenece a la película La vida de los otros
(Florian Henckel von Donnersmarck, 2006) y representa la ruptura con el
pasado que España no hizo en su transición. Los expresos políticos
españoles no sólo desconocen qué fue de sus informes policiales sino que
los que ordenaron su elaboración, los utilizaron para condenarlos, los
encarcelaron y hasta les torturaron siguieron en sus puestos o incluso
fueron condecorados por el nuevo régimen democrático.
El próximo 21 de enero se presenta la
asociación de expresos del franquismo La Comuna. Militantes de la Liga
Comunista Revolucionaria, el FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y
Patriota), el PCE o la prehistórica ETA VI Asamblea que
reclaman la nulidad de sus juicios y sentencias como un hecho que va más
allá de un simple reconocimiento moral a su lucha por la democracia.
“Los tres presidentes que tuvo el TOP (Tribunal espacial de Orden
Público o represión en vigor desde 1963 a 1977) se reintegraron en el
Tribunal Supremo y los 11 jueces acabaron haciendo sus carreras en la
Audiencia Nacional y en las Audiencias Provinciales”, ejemplifica José
María Galante, militante de la Liga Comunista Revolucionaria que fue
detenido cuatro veces entre 1968 y 1973.
“Los presidentes del TOP se reintegraron en el Supremo”, denuncia Galante
Como asociación tienen un símbolo. No es
otro que la desaparecida cárcel de Carabanchel, por donde pasaron miles
de presos políticos y ahora mismo no hay una simple placa que los
recuerde. “Hace tres años apareció por ahí Rubalcaba diciendo que corría
mucha prisa construir sobre la cárcel. Y hoy sigue siendo un solar.
Tenían mucha prisa por hacer desaparecer los muros”, explica Galante,
conocido por todos como Chato.
“Lo mejor es que en la puerta del edificio una pancarta dice: Bienvenidos”, recuerda sobre la sede de la Stasi de La vida de los otros
Luis Roncero, de 69 años, exmilitante del FRAP y que pasó cuatro años
detenido en la cárcel de Carabanchel. Miles de militantes
antifranquistas como Roncero, condenados por los tribunales ilegales e
ilegítimos durante los años sesenta y setenta, nunca han confiado en la
Justicia española para reclamar responsabilidades por las tropelías
franquistas. “Estamos encandilados con la querella de Argentina porque
es la única vía donde puede haber justicia. Aquí ya sabemos que no la va
a haber. Y ya se ha visto en casos como el de Grimau o Humberto Baena
que se da por causa juzgada”, opina Galante.
Las torturas sufridas por esta
generación de entonces jóvenes que heredaron de sus padres derrotados en
la Guerra Civil la dignidad, el coraje y la persistencia han quedado
impunes. “Yo caí en Santander y me libré de las palizas porque me
pusieron contra un muro y me pegaron un tiro en la espalda que me
atravesó los pulmones. Como le gustaba decir a Franco, no hay mal que
por bien no venga”, ironiza el exmilitante de ETA de 68 años, Enrique
Guesalaga.
“Me libré de las palizas porque me pegaron un tiro”, recuerda Guesalaga
“En mi pueblo, en Eibar, donde todo el
mundo hablaba en euskera, te castigaban si lo hablabas y antes de cada
partido de pelota en el frontón te hacían cantar el Cara al sol.
Esa es nuestra generación”, explica Guesalaga, condenado en el proceso
de Burgos a 50 años de prisión por un delito de terrorismo. Con la Ley
de Amnistía de 1977 salió en libertad. “La gran trampa de la
Transición”, califica a esta norma su compañero Josu Ibargutxi, de 62
años. “Por 800 presos que había entonces en las cárceles, consiguieron
aprobar una ley de punto final”, añade Ibargutxi.
El dirigente comunista Sánchez Montero
saluda al salir de la cárcel de Carabanchel |
Detenido en coma
Una selección de expresos reunidos en un
bar irlandés junto a la antigua sede del TOP, ahora Tribunal Supremo,
en Madrid, describen a Público cómo fueron sus detenciones. “Yo
caí detenido como activista en abril de 1968, antes incluso del mayo
francés, por acudir a desactivar un artefacto que la organización había
decidido poner en la delegación de uno de los aparatos de propaganda
franquista más importante de entonces, que era el periódico El correo español. Fui
a desactivarlo para evitar que hiriera a alguna persona que pudiera
pasar y me explotó en el morro. Me quedé malherido y en coma. Por eso
evité las torturas de la comisaría”, describe Ibargutxi.
“La trampa de la Transición fue que el sistema perduró”, opina Puig
Cuando recuperó sus facultades, Josu fue
sometido a los temidos interrogatorios. “Como no cantaba todo lo que
querían, me amenazaban con hacerme pasar por las manos de Melitón
Manzanas, el temido torturador franquista, que en agosto la organización
decidió ejecutar”, recuerda. El Gobierno de José María Aznar condecoró
en 2001 a Manzanas con la Medalla de Oro al Mérito Civil.
El grado de las palizas dependía del
momento de la detención. Valentín García, de 68 años, fue detenido el 29
de enero de 1969, en pleno estado de excepción por la muerte días antes
del estudiante antifranquista Enrique Ruano. “Estuve 15 días detenido e
incomunicado. Me ataban a la silla y me desnudaban por el efecto
psicológico. Me pegaron noche y día, aunque ni me acuerdo de qué horas
eran”, recuerda.
Los expresos del tardofranquismo se
reconocen a sí mismos como una organización huérfana de padres
políticos. El PSOE apenas contó con presos en la Transición y el PCE “se
olvidó de los suyos”, como destaca Galante. “La frase que define ese
olvido es la de Santiago Carrillo cuando dice que el PCE ya ha enterrado
a sus muertos”, explica (Marcelino Camacho aseguró en 1977 que el PCE
había “enterrado sus muertos y sus rencores”). “¡Con todos los que
todavía tienen desaparecidos en cunetas!”, exclama Guesalaga.
Aznar condecoró al torturador Manzanas en 2001 como víctima de ETA
Tres décadas después de la Ley de
Amnistía, los expresos se preguntan por qué no la han debatido hasta
ahora. “Cuando salimos, pensábamos en el futuro. Éramos gente joven,
nuestra generación no es la que vivió la guerra y teníamos muchos
proyectos por hacer. El objetivo era derrocar a la dictadura. Queríamos
romper con el sistema y transformarlo. Buscábamos la emancipación
social. La Transición fue una trampa que hizo perdurar el sistema”,
analiza Acacio Puig, de 63 años, exmilitante de la Liga Comunista
Revolucionaria.
Puig pide un té y sonríe a Chato al
recordar sus tiempos entre rejas. “Tomábamos siempre té. Era como un
ritual”, recuerda de sus días en Carabanchel. Acacio cayó en 1973 en un
piso de Vallecas donde su organización tenía un almacén de propaganda
electoral. Tras pasar por los calabozos de la Dirección General de
Seguridad en la Puerta del Sol, tuvo un juicio militar. “Me metieron 13
años por asociación ilícita, propaganda ilegal y añadieron terrorismo
porque les interesaba por haber sido un juicio militar”, concluye.
Si hay algún personaje de los calabozos
que todos recuerdan es Saturnino Yagüe, jefe de la Brigada Político
Social, excombatiente de la División Azul que falleció en 1978 después
de haber recibido una medalla al mérito policial, entre otras
condecoraciones. “Fue el que refinó las torturas. Hasta entonces eran
muy borricos y este refina los métodos”, añade Puig.
“Yagüe refinó las torturas en la Brigada Político-Social”, dice un ex preso
Perfil del funcionario
“El perfil del jefe de las prisiones
cambia. Ya no son gente acostumbrada a sacar a fusilar cada día a un
puñado de presos. A partir de los setenta saben que no se puede hacer
eso. Por ejemplo, el jefe de la prisión en Segovia nos permitía tener
equipos de música. Bueno, y además, con tal de que no hiciéramos ruido,
nos dejaba en paz hasta tal punto de que preparamos dos fugas
consecutivas”, apunta Chato. “Nuestra gran reclamación era el estatuto
del preso político. Nunca lo conseguimos, pero éramos tratados como
presos políticos”, matiza Ibargutxi.
Con un proceso de anulación de una
sentencia, los expresos aspirarían a tirar de la manta de miembros de la
brigada político social, guardias civiles o incluso de jefes de
prisiones. Acacio apunta a alguno de esos funcionarios de prisiones como
represores: “Javier Cabezudo Hernández, director de Carabanchel, José
Manuel de la Fuente, de Soria, Antonio Rodríguez Alonso, del Puerto de
Santamaría, o Prudencio de la Fuente, de Burgos”.
“El PSOE no tenía presos y el PCE se olvidó de ellos”, denuncia Chato
Todos coinciden en señalar que las
peores experiencias que se vivieron en las cárceles fueron sufridas por
los jóvenes. “Éramos unos 15 presos políticos de menos de 20 años. Nos
juntaron con el resto de presos comunes que nos hicieron la vida
imposible dirigidos por los funcionarios. No podíamos mantener ni la
comida por la mafias que se formaban. Cómo sería que, cuando me
trasladaron al módulo de adultos, creía que eso era la libertad”,
recuerda Ramiro, ex del reformatorio de Carabanchel.
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