Franco y otros dirigentes fascistas |
la
decisión de la jueza argentina María Servini de Cubría de exhortar a
las autoridades españolas para que aporten los nombres y actuales
paraderos de los ministros y jefes de seguridad del Estado entre el 17
de julio de 1936 -víspera del golpe militar- y el 15 de junio de 1977,
fecha en la que se celebraron las primeras elecciones tras el fin de la
dictadura, supone un aldabonazo ético y legal respecto a la actitud
por la que los poderes públicos han venido entorpeciendo la aplicación
de la ley a los responsables de los crímenes cometidos durante el
franquismo. La orden judicial argentina responde además al principio de
justicia universal y a la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa
humanidad definidos en el Estatuto de Roma, que dio origen a la Corte
Penal Internacional. Curiosamente, el mismo principio en el que se basó
el juez Baltasar Garzón para iniciar la persecución del dictador
chileno Augusto Pinochet y que, sin embargo, no ha permitido la
investigación judicial de los miles de crímenes franquistas. De hecho,
el exhorto argentino supone un paso inédito en los intentos de juzgar a
los criminales del franquismo y que en lo que respecta a la Justicia
del Estado español se encuentran pendientes de la resolución que el
Tribunal Supremo debe tomar aún, casi tres años después, sobre la
querella que acusó al juez Garzón de prevaricar al declararse
competente para investigar y juzgar los asesinatos y desapariciones de
la dictadura. Pero, además, la petición de la juez Servini avala la
actualidad de la exigencia de satisfacer la verdad, recuperar la
memoria histórica y resarcir a las víctimas a través de la identidad de
los propios querellantes: la viuda de Luis Sánchez Bravo (fusilado por
el régimen franquista el 27 de septiembre de 1975 junto a los también
activistas del FRAP José Humberto Baena y Ramón García Sanz, y los
miembros de ETA Txiki
Paredes y Ángel Otaegi), una sobrina de Elías García, asesinado en
1937, y los familiares de otras 17 víctimas documentadas en la
investigación. No se trata, por tanto, del pasado que algunos pretenden
dejar en el olvido, sino de la necesidad presente de quienes reclaman
por las injusticias sufridas y de las carencias de uno de los agujeros negros que todavía arrastra la democracia española.
ahaztuak 1936-1977
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