Los Familiares de los Fusilados de San Lorenzo remitieron un escrito al alcalde de la capital
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| Familiares de los Fusilados de San Lorenzo |
Jueves, 31 de enero de 2013
La pasada semana, la Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzoreclamaba por escrito al alcalde de Las Palmas de G.C., Juan José Cardona, la
apertura de la fosa común del cementerio capitalino. Enterramiento en
el que se estima que podrían encontrarse los restos de entre 50 y 60
personas asesinadas por el franquismo. Entre ellas, el que fuera
alcalde del desaparecido municipio de San Lorenzo, Juan Santana Vega, y el sindicalista vinculado a dicho ayuntamiento Francisco González Santana. Otra de los “desaparecidos” que puede estar enterrado en la fosa común es el periodista Manuel Fernández, asesinado a golpes en el Campo de Concentración de La Isleta por haber escrito artículos contra los generales golpistas.
Los miembros de la plataforma efectúan esta reclamación después de que la jueza Ana Isabel De Vega Serrano,
titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Las Palmas, desestimara a
finales del 2012 la demanda presentada por el colectivo el 21 de
noviembre con idéntico objetivo.
“Aunque estamos pendientes de la resolución del Recurso de
Apelación presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias
para la apertura de dicha fosa común -manifestóFrancisco González, nieto del sindicalista fusilado- consideramos
muy importante que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se
implique y se posicione para recuperar unos restos con el objetivo de
darles una digna sepultura”.
“No podemos permitir -añadió González – que
en una democracia haya cuerpos de demócratas enterrados como perros en
fosas comunes, pozos o cunetas. Por ello pensamos que el municipio de
Las Palmas de Gran Canaria, tiene una deuda moral con un municipio donde
asesinaron a su alcalde, al secretario municipal, al inspector jefe de
la policía local y a otros miembros de su corporación”.
La Plataforma de Familiares de los Fusilados de San Lorenzo considera,
igualmente, que es competencia municipal autorizar y facilitar los
medios para proceder a la exhumación de los restos que se encuentran en
la fosa del citado cementerio.
Para justificar su solicitud, los miembros de este colectivo se remiten al Auto de Competencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que se refiere en su Fundamento Jurídico Tercero a que “los
derechos de las víctimas de violaciones de Derecho Internacional de los
Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario gozan hoy de
amplio reconocimiento”. Citando, entre otros, los “Principios y
directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones
manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de
violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer
recursos y obtener reparaciones”, donde “se proclama, como derecho de
los afectados por tal clase de acciones criminales, entre otros, el de
acceso a una reparación adecuada, que comprenda “la verificación de los
hechos y la revelación pública y completa de la verdad”, así como la
“búsqueda de […] los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda
para recuperarlos, identificarlos, si fuera necesario, y volver a
inhumarlos según el deseo explícito o presunto de las victimas…”, para
concluir que “huelga decir que esos derechos, según los mismos textos,
tienen como contrapartida, el deber de los Estados de procurar de manera
efectiva su satisfacción”.
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