domingo, 9 de diciembre de 2012

LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO EMPUJAN LA CAUSA JUDICIAL ABIERTA EN ARGENTINA

Esta causa se inició en 2010, poco antes del juicio en España que condenó y destituyó al juez Garzón, clausurando a las víctimas del franquismo y sus familiares el camino iniciado por este magistrado para investigar y dar lugar a las reparaciones judiciales que correspondieren.


Contra la Impunidad del franquismo




nuevatribuna.es / Ana Inés López Accotto / 08-12-2012
Bajo el amparo de los principios de la Justicia Universal, esta semana se sumaron más de cinco mil adhesiones a la causa abierta por crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por el franquismo (1936-1977) y el pedido de que la jueza a cargo, María Servini de Cubría, empiece a tomar testimonio a las víctimas a través de videoconferencia, antes de que termine el año.
Esta causa se inició en 2010, poco antes del juicio en España que condenó y destituyó al juez Garzón, clausurando a las víctimas del franquismo y sus familiares el camino iniciado por este magistrado para investigar y dar lugar a las reparaciones judiciales que correspondieren, poniendo fin al pacto de impunidad en el que se cimentó la transición democrática.
Pero desde aquella incierta y discutida transición a hoy ha corrido mucha agua bajo el puente: los principios de Justicia Universal han ido, poco a poco y con mucho esfuerzo, ganando terreno. Y en ello, la contribución de personas como el juez Garzón, el fiscal Castresana, abogados europeos y latinoamericanos, organismos de derechos humanos y militancia de base, comprometidos en la lucha contra la impunidad, fue de enorme importancia.
Sustentada en los mismos principios jurídicos que aplicó el juez Garzón para investigar los delitos cometidos por las dictaduras cívico-militares en Argentina y Chile, que posibilitó la detención de Augusto Pinochet en Londres (octubre 1998) y mantuvo abierta la lucha contra la impunidad que imperaba entonces en estos países, la causa abierta en Argentina constituye una ventana para las víctimas y militantes de derechos humanos españoles.
La querella a cargo de la jueza Servini de Cubría, titular del Juzgado Federal Criminal y Correccional N°1, incluye en la actualidad 40 demandas individuales y 15 de organismos sociales, a las que están por sumarse 50 demandas más, según informaron los abogados.
En abril viajaron a Buenos Aires para presentarse como querellantes y prestar testimonio Josu Ibargutxi San Pedro (62), Sabín Arana Bilbao (67), José María Galante Serrano (64) y Manuel Blanco Chivite (67), ex presos políticos que sufrieron torturas en las cárceles franquistas, en representación propia y de los colectivos por la memoria Goldatu (Euskadi) y la Asociación de ex presos La Comuna (Madrid); Gema Carretero (49), hija del dirigente sindical Federico Carretero López (44), asesinado por sicarios franquistas que atribuyeron el hecho a “un accidente”; y la abogada Doris Benegas, en representación de Flor Baena, hermana de José Humberto Baena, fusilado a los 24 años por orden del dictador Franco, el 27 de septiembre de 1975, en las últimas ejecuciones que ordenó poco antes de morir.
En esa oportunidad, la jueza Servini de Cubría se comprometió a viajar a España a tomar testimonio a más de un centenar de testigos y víctimas de la represión franquista. Pero el viaje se suspendió porque el presupuesto asignado por la Corte Suprema fue inferior al solicitado y se lo consideró insuficiente para la tarea.

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