
Asociación Salamanca Memoria y Justicia
Los
trabajos de organización del fondo histórico del Gobierno Civil que
está llevando a cabo el Archivo Histórico Provincial de Salamanca han
permitido a la Junta de Castilla y León identificar los documentos
gubernativos de 1936 relacionados con la muerte del que fue alcalde de
Salamanca Casto Prieto Carrasco, y con la depuración de Filiberto
Villalobos González, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes en
la II Republica. La documentación se encontraba en un legajo
identificado o rotulado como 'Peritos calígrafos y varios despachados
años 1939-1941".
Los
documentos relacionados con Casto Prieto Carrasco dan cuenta del
hallazgo, el día 29 de julio de 1936, de los cadáveres del entonces
alcalde y de José Andrés Manso en el punto kilométrico 89,9 de la
carretera de Valladolid a Salamanca, en el término de La Orbada. En el
mismo expediente hay una nota manuscrita de Filiberto Villalobos al
gobernador civil relacionando los nombres de la familia Prieto Carrasco
al objeto de que fuera autorizado su viaje a Valverde del Fresno, de
donde era natural Ana Carrasco, su mujer.
El Adelanto, 13 de diciembre de 2012
NOTA
de la ASMJ. - Casto Prieto Carrasco y José Andrés y Manso fueron
sacados de la prisión provincial de Salamanca en la noche del 28 al 29
de julio, y entregados a un piquete que acudió a recogerlos en virtud de
una orden escrita del comandante militar de Salamanca, general Manuel
García Álvarez, para trasladarlos a la prisión provincial de Valladolid a
disposición del capitán general de la VII División Orgánica, general
Andrés Saliquet Zumeta. La ASMJ tiene copia de esa orden, que figura en
el expediente penitenciario de Casto Prieto y de Pepe Manso.
El hallazgo de este oficio pone en evidencia dos cosas.
Una,
el pésimo trabajo desempeñado por la anterior directora del AHP, que
durante años negó a los investigadores la consulta de los fondos del
Gobierno Civil, alegando que estaban en proceso técnico, cuando lo
cierto es que esos expedientes han llegado a nuestros días exactamente
en el mismo estado en que los funcionarios los agruparon hace décadas.
Y
dos, que el asesinato de los presos políticos de la prisión provincial
era organizado desde la comandancia militar y el gobierno civil, dado
que del hallazgo de los cadáveres no se siguió investigación alguna. Más
bien al contrario. El 6 de agosto de 1936, el general Mola, jefe del
ejército sublevado del Norte, emitió una orden por la cual todos los
cadáveres encontrados en los campos y caminos, con signos de muerte
violenta -que eran miles en todo el territorio controlado por Mola-,
debían ser enterrados sin más averiguaciones, como producto de "hechos
de guerra" o "enfrentamiento con la fuerza pública." La legalización del
asesinato, en definitiva, pero también la ocultación de la represión.
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