El hijo de un desaparecido en 1936 lleva el caso al Tribunal de Estrasburgo
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| Fausto Canales muestra una foto de su padre. / ÁLVARO GARCÍA |
NATALIA JUNQUERA Madrid 21 OCT 2012
Un grupo de hombres armados irrumpe a
las dos de la madrugada en un hogar de Pajares de Adaja (Ávila). Dentro,
Valerico, su mujer, Virgilia y sus dos hijos, Victorico y Fausto, de
cuatro y dos años, duermen. El grupo saca violentamente a Valerico de la
cama, le ata las manos, lo introduce en una camioneta y se lo lleva.
Virgilia, Victorico y Fausto no volverán a verle. Ninguna autoridad
investigó este secuestro. Nadie intentó buscar a los responsables ni al
desaparecido.
Nadie lo investigó entonces porque
ocurrió en 1936; los hombres armados eran falangistas y a aquella
detención ilegal sucedieron 40 años de dictadura. Pero nadie lo
investigó tampoco cuando llegó la democracia y se consolidó y eso es lo
que ha llevado a Fasuto Canales, el niño de dos años que dormía aquella
madrugada del 36 en la habitación de sus padres, a demandar a España
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo por
“la violación continuada de su obligación de llevar a cabo una
investigación efectiva de la desaparición” de su padre e inclumplir así,
según la demanda, de 97 páginas, el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
“Mi padre, jornalero, tenía 29 años
cuando nos lo arrancaron de un hogar al que nunca volvimos”, explica
Fausto. “Esa misma noche, mi madre nos llevó a mi hermano y a mí a casa
de mis abuelos, que eran pastores, y después se puso a servir en casas
para sacarnos adelante. Apenas la veíamos. Estuvo 30 años de luto. No
cobró pensión de viuda hasta 1979 y durante toda su vida fue incapaz de
hablar de él sin llorar. Yo siempre estoy pensando en mi padre. Para mí
ha sido muy frustrante que las autoridades de mi país no me hayan
ayudado. Me entra envidia cuando veo que en Argentina, en Chile, en
Yugoslavia… sí ha sido posible”.
Fausto ha acudido a Estrasburgo tras
agotar todas las vías judiciales y administrativas en España. El pasado
27 de febrero el Tribunal Supremo le cerraba la última puerta con una
sentencia sobre la competencia para investigar los crímenes del
franquismo que establece que “la búsqueda de la verdad” sobre unos
hechos “con apariencia de delictivos” es “una pretensión tan legítima
como necesaria”, pero en este caso no es posible “una indagación
judicial” por concurrir “una causa de extinción de la responsabilidad
penal, muerte, prescripción o amnistía”.
El fiscal del Supremo Carlos Castresana, impulsor, junto a Baltasar Garzón, de los procesos abiertos en España contra las juntas militares argentinas y el dictador chileno Augusto Pinochet, ha
incorporado a la demanda de Fausto, realizada por el equipo de Rights
International Spain, un informe pericial en el que explica la
“indefensión” que han sufrido los represaliados del franquismo. “Las
víctimas no ejercen las acciones legales cuando quieren, sino cuando
pueden”, afirma el informe. “El incumplimiento por parte del Estado de
su deber de restablecer la verdad histórica ha condicionado severamente
el accionar de las víctimas españolas. Estas se han encontrado frente a
la indiferencia general, cuando no ante la abierta animadversión de una
parte de la opinión pública, espoleada por algunos medios de
comunicación y por algunos representantes políticos conservadores
simplemente porque la mayoría de la sociedad española desconoce su
pasado. Y se han encontrado, lo que es aún peor, con la incomprensión y
el rechazo de las autoridades gubernativas, que han negado autorización o
colaboración para las exhumaciones, y de los jueces, que han rehusado
cumplir con sus obligaciones tanto del derecho interno como del
internacional”.
Castresana explica cómo en Argentina,
las demandas de justicia por parte de las víctimas, se reactivaron
precisamente tras los procesos abiertos en España en aplicación del
principio de jurisdicción universal y la derogación de las leyes
argentinas de punto final y obediencia debida, equivalentes a la ley de
amnistía española. Y que cuando vieron que los tribunales españoles
abrían procesos para proteger a las víctimas de las dictaduras del cono
sur latinoamericano, los represaliados del franquismo pensaron que “con
mayor razón deberían hacer otro tanto con las víctimas de su propio
país. Sin embargo, la realidad que se han encontrado es que los
tribunales españoles no han podido, sabido o querido amparar hasta ahora
a las víctimas españolas”. Para Castresana la detención ilegal del
padre de Fausto es un delito que no prescribe y que el Estado español
“está obligado a investigar”.
La demanda incluye también un informe
pericial realizado por los antropólogos Francisco Ferrándiz -que
investiga para el CSIC desde el año 2002 las políticas de la memoria en
España-, Julián López, María García Alonso, Pedro Tomé y Juan Antonio
Flores. El documento expone “la marginación sistemática” de las víctimas
del franquismo, frente al “tratamiento privilegiado” de las víctimas
del bando de los vendedores de la Guerra Civil (“investigados, exhumados
y homenajeados”); la “cultura del miedo” a hablar y reclamar que
instauraron 40 años de férrea dictadura y las “limitaciones a medio y
largo plazo de los pactos políticos de élite, como el caso de la
transición española” a la hora de reparar a las víctimas.
Y finalmente, la demanda incluye un
tercer informe pericial realizado por los psicólogos Guillermo Fouce,
Conchi San Martín, Ernolando Parra y Luis Muiño, que explica “los
efectos de la traumatización que se dieron en España durante la guerra y
la posterior dictadura militar”.
Desde que llegó la democracia, y en
especial, desde que se jubiló, en 1999, Fausto ha dedicado cada jornada
de su vida a intentar averiguar qué le ocurrió a su padre. Se ha reunido
con ministros, como Ramón Jáuregui, con representantes de casi todos
los partidos políticos; acudió a la Audiencia Nacional —su denuncia fue
una de las que animó al juez Garzón a abrir la frustrada causa contra los crímenes del franquismo—,
a los juzgados territoriales… y mientras pedía ayuda a las autoridades
administrativas y judiciales, inició una investigación privada que le
permitió averiguar que aquella madrugada de 1936, en la puerta de su
casa esperaban vecinos que habían facilitado a los falangistas una lista
con nombres de simpatizantes republicanos, y que aquella noche,
aportaron, además, las cuerdas que sirvieron para atar las manos de su
padre, de 29 años. Que después, se los llevaron en una camioneta con
otros cinco hombres y una mujer y que los fusilaron en una cuneta en
Aldeaseca, a 25 kilómetros. Y que en 1959 , por orden del Régimen,
aquella fosa común fue abierta para trasladar en secreto los restos al
Valle de los Caídos. “Todo eso he averiguado, pero no lo sé con certeza.
Quiero que se aclaren los hechos en sede judicial. Que Estrasburgo
obligue a España a localizar y si es posible, devolverme, los restos de
mi padre. No estoy obsesionado con esto, pero sí determinado a seguir”,
asegura Fausto. “Y cuando yo muera, si no lo he conseguido, seguirán mis
hijos”.
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