Andalucía sancionará a los ayuntamientos que no retiren símbolos franquistas

El Vicepresidente del Gobierno andaluz ha considerado "injustificable" que aún permanezcan símbolos franquistas en algunas localidades, "30 años después de la democracia"

Oficinas de Correos y Telégrafos (Córdoba)

04/octubre/2012 el plural.com

La Junta se presentará como denunciante en los casos que se estimen necesarios para la salvaguarda de los derechos individuales y colectivos de los andaluces y las andaluzas, tal y como refleja el artículo 9 del Estatuto de Autonomía, cumpliendo así los objetivos de la norma básica (Ley de Amnistía de 1977 y Ley 52/2007 de Memoria Histórica).

El vicepresidente de la Junta y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, ha advertido este miércoles de que los ayuntamientos que no retiren los símbolos franquistas que aún permanecen en sus municipios serán sancionados y no recibirán subvenciones por parte del Gobierno andaluz.
“Injustificable”
En respuesta a una pregunta oral formulada por IULV-CA en comisión parlamentaria, Valderas ha considerado “injustificable” que aún permanezcan símbolos franquistas en algunas localidades, “30 años después de que se haya implantado la democracia”, y ha asegurado que el Gobierno andaluz velará por que se cumpla la ley. Diego Valderas ha informado a la comisión que este nuevo texto legal tiene como objetivos, entre otros, lograr el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura.
Garante de la defensa de los derechos
De otro lado, ha subrayado que, a través de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, que tras los trámites preceptivos verá la luz antes del verano de 2013, la Administración andaluza pretende ser garante de la defensa de los derechos fundamentales de la ciudadanía, no permaneciendo “impasible” ante los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra tierra durante la Dictadura.
La Junta denunciante de los casos
Asimismo, ha señalado que la Junta se presentará como denunciante en los casos que se estimen necesarios para la salvaguarda de los derechos individuales y colectivos de los andaluces y las andaluzas, tal y como refleja el artículo 9 del Estatuto de Autonomía, cumpliendo así los objetivos de la norma básica (Ley de Amnistía de 1977 y Ley 52/2007 de Memoria Histórica).
Objetivos
Valderas ha informado a la comisión que este nuevo texto legal tiene como objetivos, entre otros, lograr el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura; la colaboración de las Administraciones Públicas con los particulares y entidades sin ánimo de lucro para la localización e identificación de víctimas; el facilitar las autorizaciones administrativas para actividades de localización e identificación; el acceso a terrenos afectados por trabajos de localización e identificación y la retirada de símbolos, escudos y monumentos públicos que hagan referencia al antiguo régimen.
La socialización es fundamental
El vicepresidente ha resaltado la importancia de contar con las opiniones y recomendaciones de los distintos agentes sociales a la hora de elaborar el nuevo texto normativo, y ha destacado que “la socialización de la propuesta de esta Consejería es fundamental para su elaboración”. En este orden de cosas, ha comentado que ya se han celebrado reuniones con las asociaciones memorialistas de Almería, Córdoba, Granada Huelva, Sevilla y Málaga, y que en los próximos días se mantendrán encuentros con las de Jaén y Cádiz.
Un proceso de consultas
Asimismo, ha comentado, que “con el fin de conseguir el máximo consenso social” se ha iniciado un proceso de consultas, en el que ya se ha trasladado la propuesta legislativa a las reuniones mantenidas con los grupos parlamentarios del PSOE-A e IULV-CA, quedando pendiente la del PP-A.
Ayuntamientos del PP boicotean la Ley
Esta iniciativa de la Junta se produce tras comprobar que numerosos ayuntamientos andaluces del PP se resisten a cumplir la Ley de Memoria histórica o simplemente la ignoran. Es el caso reciente del ayuntamiento almeriense de Berja gobernado por el PP que ha cambiado el nombre de la Plaza Federico García Lorca y de la calle 28 de Febrero por los de calle Faura y Placetilla de Las Monjas. Estos nombres que se van a sustituir regían desde los años 80 por acuerdo plenario. También en el municipio malagueño de Cómpeta, gobernado por un ex cura del PP, mantiene un monumento falangista existente en una carretera de acceso al pueblo. Todo ello a pesar de que la oposición socialista lo ha solicitado tanto en Diputación como en el propio pleno del Ayuntamiento malagueño.