Investigadores,
familiares y asociaciones de recuperación de la memoria histórica
tratan de seguir adelante con la apertura de fosas pese al inmovilismo
de la Justicia El Supremo ha delegado cuatro casos en juzgados de la
región
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| Voluntarios y arqueólogos participan en la recuperación de restos de una fosa común en Llerena, en el año 2005.Foto:PREMHEX |
AITOR FERNANDEZ 22/04/2012
A
Alvaro López Ruiz lo ejecutaron hace 73 años, junto a cinco vecinos más
de Valdecaballeros. Fue a su regreso del frente de la guerra, donde
combatió del lado republicano. Ahora el Proyecto de Recuperación de la
Memoria Histórica de Extremadura (Premhex), formado por científicos e
investigadores y auspiciado por la universidad y las administraciones
públicas de la región, espera acometer la excavación de la fosa donde
presuntamente fueron depositados sus cuerpos, a ocho kilómetros de la
localidad, en la finca La Cabezuela, ya en Castilblanco. Es una de las
nueve prospecciones y exhumaciones previstas en la comunidad autónoma
este año. Casi con toda seguridad en ninguna de ellas se personará un
juez para investigar los hechos pese a que el Tribunal Supremo ratificó
hace un mes que la competencia en esta materia es de los juzgados
territoriales.
La
participación de la Justicia en los procesos de apertura de fosas de
víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo ha sido nula en Extremadura.
Se han realizado 22 exhumaciones en la última década, según los datos
oficiales del Ministerio de Presidencia. La mayoría, acometidas por
Premhex. “Nosotros ya ni se lo notificamos. Lo hacíamos al principio,
pero los jueces no nos hacían ningún caso argumentando que todo esto
había prescrito. Escuchaban hablar de la Guerra Civil y lo
desestimaban”, explica Cayetano Ibarra, coordinador del proyecto
regional.
Premhex
tiene previsto realizar casi una decena de excavaciones y exhumaciones.
Cuenta ya con financiación, a través de las ayudas del Ministerio de
Presidencia, para acometer las de Puebla de Alcócer y Fregenal de la
Sierra. También la tienen las de Valencia de Alcántara y Arroyo de San
Serván, pero en estos casos el problema es que los propietarios de las
fincas donde están las fosas no dan permiso para sacar los restos. Por
contra, dinero es precisamente lo que falta para las de Feria y Zarza la
Mayor. En Valdecaballeros, donde esta semana se han realizado sondeos
sin que se han localizado los restos, los recursos económicos proceden
de los fondos propios de Premhex. Sus investigadores también contemplan
la posibilidad de realizar otra exhumación más en Feria y otra pendiente
desde el año pasado en Cuacos. La Asociación para la Recuperación de la
Memoria Histórica de Extremadura (Armhex) colabora para poder exhumar
las fosas de Valencia de Alcántara y Arroyo de San Serván.
No ha
habido jueces en las exhumaciones realizadas en Extremadura. Pero José
Manuel Corbacho, abogado y portavoz de la asociación, explica que los
juzgados de instrucción “deberían intervenir al menos para practicar
unas mínimas diligencias, como se hace en caso de otros hallazgos de
restos humanos”. Así lo estipula, según recuerda, la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo el argumento de la prescripción ha
servido de excusa a la mayoría de los magistrados.
Con
la aprobación en 2007 de la Ley sobre Memoria Histórica y la decisión
del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de declarase, en 2008,
competente para investigar las desapariciones registradas durante la
Guerra Civil y la dictadura pareció abrirse un nuevo horizonte en la
implicación de la Justicia en este ámbito. Pero no ha sido así. Garzón
terminó inhibiéndose en favor de los juzgados territoriales en la
instrucción de diligencias en la apertura de una veintena de fosas
comunes. Todas procedían de denuncias de familiares ante el propio
magistrado. Entre ellas estaban, según Armhex, cuatro casos que fueron
remitidos a los juzgados de Trujillo, Herrera del Duque, Mérida y Don
Benito. Estas causas no han avanzado en los últimos tres años, mientras
Garzón ha sido procesado –y absuelto– por presunta prevaricación al
querer investigar estas desapariciones. Hace un mes el Supremo ratificó
que los posibles delitos han prescrito, pero ratificó que la competencia
sobre la apertura de fosas es de los tribunales territoriales. Los
cuatro juzgados extremeños afectados no han facilitado a este diario
información sobre la situación de los casos que les corresponden.
Pese
al inmovilismo de los jueces, Premhex y Armhex seguirán adelante con sus
trabajos. “Venimos realizando exhumaciones sin su colaboración desde
2003 y ahora no vamos a dejar de hacerlo porque sigan sin interesarse”,
explica Cayetano Ibarra. José Antonio Martín Pallín, magistrado retirado
del Tribunal Supremo, ha instado a presentar querellas por
prevaricación contra todos los jueces territoriales que no acudan a
abrir diligencias en las exhumaciones de restos de víctimas de la Guerra
Civil y la dictadura.
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