La jueza Argentina que investiga los crímenes de franquismo viaja a España para recabar datos

Fuentes de la investigación afirman que ya se ha localizado a algunos de los torturadores denunciados.

Maria Servini de Cubria

 

farodevigo.es / CARMEN VILLAR / 26-04-2012


La causa contra los crímenes cometidos por el franquismo avanza. La juez argentina María Servini de Cubría recibió esta semana por primera vez la declaración, ya no de familiares, sino de un grupo de afectados directos por la dictadura, compuesto por cuatro expresos políticos, la familiar de un asesinado y una representante legal de uno de los últimos fusilados por el régimen. Todos ellos prestaron su testimonio ante el estrado el pasado lunes durante más de seis horas. No obstante, y pese a que varios de los denunciantes se han desplazado ya al país austral para ofrecer su testimonio personalmente y además la magistrada ha solicitado el envío por parte de las autoridades españolas de todos los datos concernientes a los altos cargos políticos y militares de la dictadura de Franco, esta semana ha anunciado que se desplazará a Madrid probablemente durante el mes de junio para recabar personalmente más información –pruebas y testimonios relacionados con el caso– para llevar adelante la causa.
Como confirma Darío Rivas, uno de los impulsores de la querella en Argentina, hijo de Severino Rivas, alcalde de Loentia (Castro de Rei, Lugo), fusilado en 1936, la magistrada se instalará durante aproximadamente una semana –debido a su apretada agenda, que incluye la presidencia del Tribunal de Buenos Aires– en las instalaciones de la embajada de Argentina en la capital española. "Se instalará allí como un detalle excepcional hacia quienes están en España. Recibirá a la gente que quiera presentarle sus problemas, porque muchos están esperándolo", explica Darío, un lucense de 91 años que promovió la querella en el país austral. A la querella, por "delitos de genocidio y/o de lesa humanidad", después se sumaron, entre otros, una veintena de familias represaliadas en Galicia, que presentaron una lista con más de 5.000 víctimas en la comunidad.