El jurista Baltasar Garzón defiende en este artículo que se mantenga la investigación de
los
crímenes franquistas, la creación de una Comisión de la Verdad para
lograr la reparación histórica de las víctimas y el logro de 500.000
firmas para hacer la petición al Congreso
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| Esqueleto de una fosa común en La Puebla de Cazalla (Sevilla). |
Están
frescas aún las palabras del Tribunal Supremo por las que, en forma de
sentencia, se me “absolvía”, después de casi dos años de suspensión de
funciones debido en gran parte a injustificadas paralizaciones del
proceso, de un supuesto delito de prevaricación por haber intentado
investigar, y que lo hicieran otros jueces territorialmente competentes,
los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad. Esta
investigación no debería quedar enterrada como lo están más de 100.000
personas desaparecidas en los campos españoles, cuyos restos recuerdan
la dignidad de quienes exigen justicia, frente a la indignidad de
quienes lo hicieron y la indiferencia de quienes permiten que la
justicia siga ausente, asumiendo la vergüenza internacional del olvido y
el silencio.
Aquella
sentencia, en alguno de sus renglones, alude a la legítima aspiración
de las víctimas a saber lo que sucedió, cómo y por qué, pero considera
que la verdad histórica no es del mundo de la justicia y con ello
desconoce el derecho humano de las mismas a la verdad, la justicia y la
reparación, y da la espalda a la comunidad internacional que, en materia
de derechos humanos, establece exactamente el principio contrario. Con
esta decisión, de hecho, tales derechos han quedado arrinconados y
destruidos, y las víctimas escasamente compensadas al permitírseles
algunos testimonios conmovedores en el juicio seguido contra mí; pero
incluso eso ha tenido que ser cuestionado por un voto particular ejemplo
de lo que la justicia no puede ni debe ser en un marco democrático y de
derecho.
El
auto de la misma sala del pasado 29 de marzo (dictado, entre otros, por
el magistrado Luciano Varela y el presidente Juan Saavedra, que
mantuvieron, insistentemente, mi supuesto actuar delictivo por intentar
investigar los crímenes del franquismo y proteger a las víctimas)
resuelve la competencia en favor de los jueces de instrucción
territoriales para la apertura de las fosas y recuperación de los
cuerpos, algo que quedó perfectamente claro y diáfano en mi resolución
de inhibición de 26 de diciembre de 2008, que ni siquiera mencionan.
Visto el tenor de aquella resolución (“… en presencia de indicios
objetivables de la existencia de restos de posibles víctimas de delitos
susceptibles de localización (sic) —salvo cuando de la propia
noticia contenida en la denuncia o querella se derive la inexistencia de
responsabilidad penal actualmente exigible (sic)— pueda
instarse del juez de instrucción competente, según el artículo 14,2 de
la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la práctica de las diligencias
dirigidas a datar aquellas acciones criminales y, si fuera necesario, a
la identificación de los afectados”), no garantizan, ni siquiera el
supuesto mínimo de reparación al no exigir, como deberían, la
realización de aquel derecho indiscutible y universal de las víctimas,
limitándose a citar normas internacionales que, de hecho, no aplican.
En
todo caso, quedan otras vías para que se reconozca el derecho actual a
la justicia a las víctimas, como son las del Comité de Derechos Humanos
de Naciones Unidas y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ningún
caso el olvido puede ser el resultado. No mientras queden fuerzas a
quienes consideramos que la respuesta judicial es un derecho de las
víctimas que no puede eliminarse por razones de oportunidad o un mal
entendido principio de legalidad que obligaría exactamente a lo
contrario, es decir, a satisfacer mínimamente aquel derecho.
Tampoco
debe olvidarse que en nuestra Constitución está regulado el derecho de
iniciativa legislativa en el artículo 87 que prevé la posibilidad de que
los ciudadanos/as puedan impulsar la aprobación de leyes, como sería la
que regulara la creación y desarrollo de una Comisión de la Verdad, por
encima de las opiniones de los predicadores de la intolerancia y el
desastre y asumiendo una realidad a todas luces imposible de ocultar: la
falta de respuesta desde el Estado por la desaparición de más de
150.000 personas entre 1936 y 1951 en España como consecuencia directa
de la represión franquista, hiciera un trabajo serio y exhaustivo y
diera respuesta a todos los interrogantes que aún penden sobre ese
periodo de nuestra historia reciente.
La
Transición no abordó ninguno de los temas relacionados con los crímenes
franquistas y su sanción, ni se habló de verdad, justicia o reparación.
La falsedad en la que vivimos respecto de aquellos crímenes ha sido
potenciada ahora por la sentencia del Tribunal Supremo que habla de la
dificultad de compaginar los principios del sistema penal de
enjuiciamiento con “la declaración de la verdad histórica de un hecho
tan poliédrico como el de la Guerra Civil y la subsiguiente posguerra”.
Realmente
es difícil asumir que la dictadura franquista fuera algo diferente de
una pura y dura dictadura, y que a la falta de derechos, la persecución,
el asesinato, la desaparición, la sustracción de menores a sus
legítimas familias y la tortura contra miles de personas, se les
denomine “hecho poliédrico”, pero más difícil todavía es, tratar de
explicarlo fuera de España. Ni los más benevolentes lo entienden. ¿Acaso
se investigaron aquellos crímenes o ha existido voluntad de
investigarlos después, hasta el intento frustrado del juez que fue
formalmente acusado y juzgado por ello? ¿Acaso una ley de amnistía se
puede aplicar genéricamente sin determinación de autores ni de hechos y
hacerlo además para amparar crímenes contra la humanidad? ¿Acaso se ha
permitido la investigación que se proponía sobre los perpetradores
vivos? ¿Acaso el actual Gobierno ha mostrado algún interés en aplicar
hasta sus últimas consecuencias la raquítica Ley de Memoria Histórica?
¿Acaso tiene alguna justificación que se persiga a las víctimas por
manifestarse ante el Tribunal Supremo en demanda de justicia? Son
cuestiones, cuyo simple planteamiento demuestra que la epidermis de
muchos políticos españoles y de una parte considerable de la sociedad es
gruesa e impermeable para estos “temas menores”.
Después
de lo sucedido en noviembre de 2011, el panorama conservador de España,
las opiniones y decisiones que cuestionan avances democráticos
evidentes y que van en contra de una opción vertebradora de la sociedad
civil, son abundantes e inquietantes.
Bajo
el paraguas de la crisis y la necesidad de salir de ella, se están
orillando intencionadamente cuestiones cuyo planteamiento y solución
afectan a la propia esencia de la convivencia democrática. La tendencia,
claramente manifiesta ya, de obviar fórmulas alternativas de salida de
la propia crisis, basadas en el crecimiento y no en los recortes;
permitir el deterioro de la enseñanza y la cobardía institucional para
afrontar una reforma que todos demandan; asumir la vaciedad del discurso
político, que, huyendo del análisis de fondo, se queda en la
descalificación y el insulto; huir de la reforma en profundidad de la
justicia, que la haga verdaderamente transparente y eficaz; renunciar al
cambio de modelo de participación ciudadana, que obligue a los
representantes a ganarse el puesto más allá de las estructuras
burocráticas de los partidos; amparar la lenidad en la persecución de la
corrupción, que ha hecho, junto con la falta de compromiso de la clase
política, que nos encontremos en una situación económica comatosa;
destruir la cooperación internacional que aleja a España de lo que
siempre le dio fuerza en el mundo; imponer un modelo económico que hunde
a los trabajadores y exige demasiado poco a los causantes del desastre;
o propiciar la negación de la memoria, la justicia y la reparación a
las víctimas, que coloca a España en el furgón de cola de los países
democráticos, son ejemplos que demuestran la degradación del nivel ético
en un pueblo, auspiciado desde las propias instituciones con discursos
fatuos y engañosos y que evidencian la necesidad de que un verdadero y
definitivo cambio de paradigmas se produzca.
Es
hora de dinamizar a todos los/as que todavía sienten la necesidad de
comprometerse en la legítima lucha para superar el modelo de sociedad
adormecida en favor del que representa una sociedad dinámica, solidaria y
comprometida con la consolidación de aquellos valores de transparencia,
participación, recuperación ética y defensa de los débiles, combatiendo
a quienes, desde la soberbia y la negación, quieren imponer un modelo
fracasado y obligar a mantener el más ominoso silencio.
La
Comisión de la Verdad sobre los crímenes franquistas, que se propone,
debería, con un carácter integrador e independiente, acoger los
testimonios no solo de las víctimas que aún viven y que arrastran sus
maltrechos cuerpos reivindicando con entereza y valor su derecho a ser
oídas, en demanda de una respuesta del Estado, hasta ahora inexistente,
sino también los testimonios de los que causaron el dolor y de los
expertos. Y, con todo ello, contribuir, a través de sus conclusiones, a
fijar, no solo la verdad histórica, sino la reparación personal y
colectiva que se debe a las víctimas. Con ello se conseguiría cerrar
definitivamente la herida que aún sigue abierta y divide a los
españoles/as.
Una
sociedad se fortalece a sí misma reconociendo lo que aconteció en un
momento dramático de su historia, así como los hechos que propiciaron su
ruptura y la sumisión a la voluntad del dictador. Y, en este sentido,
no son el silencio y el olvido, ni la impunidad surgida de esa impúdica
unión, los que deben prevalecer en la memoria de un pueblo, sino las
decisiones que hicieron posible, la verdad, la justicia y la reparación
de quienes sufrieron la represión y el dolor por parte de quienes tenían
la obligación de protegerles y no lo hicieron.
La
búsqueda de 500.000 firmas para hacer la petición al Congreso es el
mínimo ético que debe mover a un pueblo para reencontrarse con la
dignidad que otros le robaron y debe ser la piedra de toque para
comprobar hasta dónde estamos preparados para afrontar con firmeza los
tiempos difíciles que nos han tocado vivir, en forma diferente a la del
seguidismo que otros nos marcan. Las generaciones que vivimos, en todo o
en parte, el franquismo, le debemos este esfuerzo a los que no lo
conocieron y que aún no saben el precio que se pagó, ni pueden valorar
la pérdida de dignidad que supone la indiferencia de la que se hace gala
con demasiada frecuencia.
El
juez sudafricano Richard Goldstone, que en 1991 firmó el informe sobre
la violencia en su país, declaró en 1999, en referencia a la Comisión de
la Verdad y Reconciliación de Sudáfrica. Una Comisión de la Verdad en
España es necesaria y si quienes tienen la obligación de construirla y
desarrollarla no lo hacen, tendrá que ser la misma sociedad la que la
impulse para recuperar esa dignidad que las víctimas nunca perdieron y
poder construir un futuro que se sienta en paz con el pasado y que no se
apoyé en decenas de miles de cadáveres a la espera de que la historia
se repita.
Cuando
la presentación de firmas en el Congreso se produzca, espero y deseo
que su presidente, que tanto boato y trascendencia dio a la propuesta
taurina de hace unos días, reciba con honores de Estado a las víctimas
que acudan a depositar aquella iniciativa y les ofrezca su apoyo
incondicional como representante de la soberanía popular, para dar
prioridad a una demanda, cuya realización, amén de ser justa, nos
reconciliaría verdaderamente a todos.
“Hay que derribar el silencio”
BALTASAR GARZÓN
Decía Nelson Mandela, en una carta fechada el 1 de abril de 1985 y dirigida a la activista antiapartheid de
mujeres blancas en Sudáfrica: “Puede que los ideales que albergamos,
nuestros sueños más anhelados y nuestras más fervientes esperanzas no
lleguen a cumplirse mientras vivimos. Pero eso no importa. Saber que en
tu día cumpliste con tu deber y estuviste a la altura de las
expectativas de tus congéneres es por sí misma una experiencia
gratificante y un logro magnífico”. Esta cita viene al caso, porque la
semana pasada, en el programa Parlamento de TVE, vi a un grupo de
personas, representando a los toreros, aficionados y empresarios
taurinos que presentaba una iniciativa legislativa, avalada por 590.000
firmas, para que los diputados discutan y aprueben una ley que regule de
forma global a nivel nacional, la fiesta taurina, como forma de
proteger las tradiciones populares y el patrimonio cultural patrio. El
presidente del Congreso, los recibió con todo el protocolo y, sonriente,
dijo que le parecía una iniciativa magnífica. No sé bien, porque
mecanismo mental recordé el artículo recientemente publicado en este
diario de Reyes Mate, en el que comparando el caso israelí y el español
decía: “En España también hay que derribar un muro de silencio, pero
desde una sensibilidad decididamente opuesta, en el caso de los
herederos del franquismo, o prudencialmente distanciada, en el caso de
los protagonistas de la transición. Ahora bien, lo que piden los
testigos es ser escuchados y que se les haga justicia, aunque sea bajo
la forma modesta del reconocimiento de una injusticia. No venganza, sino
piedad. Pero ni eso”.
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