lunes, 7 de julio de 2014

LOS 1.600 NOMBRES DEL OLVIDO


MEMÒRIA DE MALLORCA DOCUMENTA 49 FOSAS COMUNES DE LA GUERRA CIVIL EN LA ISLA
SÓLO EN LA DE LA PLAYA DE SA COMA DESCANSAN 500 PERSONAS
EXISTEN 759 VÍCTIMAS IDENTIFICADAS
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Manel Suárez en la zona donde se ubicaba la fosa común del cementerio de Palma. JORDI AVELLÀ

LAURA JURADO – PALMA - 05/07/2014
Allí estaban. En una tumba de apenas dos metros cuadrados descansaban los restos de Joan, Miquel y Jaume. Con su hallazgo, la asociación Memòria de Mallorca ponía final feliz a la historia de tres de las 1.646 víctimas de la Guerra Civil documentadas en la Isla. El desenlace a cuatro años de investigación que comenzaron con un estudio aún hoy inédito: el de las 49 fosas comunes. Aquéllas que el Govern debía señalizar y proteger pero que hoy siguen a la intemperie del olvido.
Manel Suárez camina por el corredor lateral de Son Valentí. Allí donde el Muro de la Memoria llama siempre al recuerdo. Allí donde una silla envecejecida recuerda el fusilamiento de Emili Darder. Donde un clavel rojo sobresale en el listado infinito de víctimas de la Guerra Civil en Mallorca. Algunas, unas 759, con nombre y apellidos. Otras 887 con la única certeza de su muerte y aún por rescatar del anonimato.
Cerca, junto a una de las entradas, se abre el pasillo que antaño fue la parte más oscura del cementerio. La inmensa fosa común de Palma en la que se calcula que enterraron a unas 500 personas. «Los fusilados quedaban registrados por número de hoyo, y llegaron a existir diez», explica Manel Suárez, de Memòria de Mallorca. Diez inmensos agujeros en los que acabaron, también, indigentes y pacientes del psiquiátrico que no tenían recursos y a los que llegaban a lanzarse, en plena desesperación, los familiares en busca de su ser querido.
Con la alegría del desenlace de la fosa de Sant Joan hace apenas unos días, Manel echa la vista atrás. Hace cuatro años su asociación se embarcó en una de las misiones más complejas: trazar el mapa de las fosas comunes de Mallorca. La Ley de Memoria Histórica de Zapatero aceleró entonces un proceso que llevó al Govern del Pacte a firmar un convenio con la entidad.
La institución pagaba 36.000 euros para los trabajos. «A cambio, se comprometía a señalizar las fosas y protegerlas, así como a iniciar los estudios arqueológicos para analizar su posible apertura», recuerda. El Govern se haría cargo, también, de los análisis de ADN para devolver los restos a sus familias y publicaría el estudio para divulgarlo.
«A día de hoy, el Govern sólo ha cumplido con el dinero. Del resto, nada. Y deja a las familias sin protección, porque la gente que está en esas fosas son ciudadanos españoles asesinados», destaca Manel. Memòria de Mallorca, en colaboración con voluntarios, las familias de las víctimas y con el Ayuntamiento de Sant Joan, fue la encargada de exhumar la fosa de dicho municipio hace unas semanas. La primera que se abría en toda Baleares. «Creo que habría sido muy digno que alguien del Govern hubiera estado allí. Es una cuestión de normalidad democrática y de compasión», asegura.
Su estudio -el que el ejecutivo aún no ha autorizado a publicar sin su intervención- recoge 49 fosas en unos 29 municipios de la Isla. ¿Por qué en algunas localidades no hay? «Bien porque aún no se han encontrado o bien porque sus habitantes eran llevados a otro pueblo. De hecho, creo que eso formaba parte del terror, un sufrimiento intencionado para las familias porque se hacía aún más difícil que pudieran encontrar a las víctimas», aclara.
La mayoría de fosas están situadas en los cementerios municipales. No obstante, también hay varias en pozos -como el de S’Àguila en Llucmajor-, junto a carreteras o bajo la arena de la playa, como ocurre en Sa Coma. Allí descansan unas 500 personas fallecidas durante la marcha de Bayo. «Hasta finales de 1936, la orden era dejar a los fusilados a la vista, como una forma de aleccionar. A partir de entonces la estrategia cambió y se les llevaba a Porreres para asesinarlos», relata. Razón que explica que la fosa porrerenca sea otra de las más numerosas, con hasta 300 personas enterradas.
Otro de los casos más cruentos estuvo en Manacor, donde, según sostienen desde la asociación, se llegó a quemar a más de 200 personas tras darles muerte. «Una quema que se realizaba en un cementerio que existió hasta los 60 junto al actual teatro y que cesó por las quejas de los vecinos debido al olor», señalan. Aún más oscuros son los episodios en los que se lanzó a víctimas al mar desde los acantilados de Formentor o Deià, o desde el muelle de Palma.
Según el portavoz de Memòria de Mallorca, aproximadamente el 80% de las víctimas identificadas eran fusiladas tras ser detenidas en sus domicilios. Como ocurrió en el caso de los tres payeses encontrados en Sant Joan. Y sólo un 20% tenían un juicio, «que en realidad era una pantomima con pruebas falseadas». En el caso de los condenados a muerte, se han documentado casos de familias que pagaron 500 pesetas por librar a su familiar de dicha pena.
Aún existió una vía más: la de quienes procedían de la cárcel no por condena sino por una «treta». «Leían un listado de personas y decían que les iban a liberar e incluso les enseñaban cartas que así lo decían. Pero en realidad les subían a camiones y los fusilaban. Así murieron a centenares», afirma. Una práctica que, según Manel, fue más habitual a partir del nombramiento de Mateu Torres como gobernador civil y de Francisco Barrado como director de la policía.
En mitad del sendero de Son Valentí, una cruz indica la osera en la que acabaron los restos de la fosa común cuando en los 60 una aseguradora reformó la zona para su uso. Sin nombres, ni pistas, ni análisis. «Es como un almacén», se lamenta Manel, mientras explica que algunas víctimas descansan en nichos particulares, lo que dificulta el recuento. «La exhumación de Sant Joan demuestra que es posible hacerlo dentro de una normalidad absoluta y que es una gran inversión», insiste mientras espera la llamada que hace dos años no suena.
14045498861506_464x0Fusilados en la Guerra Civil en una calle de Porto Cristo. FOTOS ANTIGUAS M.
Archivos desaparecidos
Testimonios orales, memorias de prisioneros y captores, publicaciones de Falange, o el ‘Diccionari vermell’ de Llorenç Capellà han servido para construir este completo informe finalizado en 2012. Fuentes a las que se sumó la digitalización, en 400.000 imágenes, de los archivos militares de Palma, de donde provino gran parte de la información. «La prensa de la época explicó, por ejemplo, cómo en Son Carrió se enterró a 700 personas», apunta Manel Suárez. Durante la investigación, la asociación descubrió que en cementerios como el de Bunyola, Calvià, Porreres o Llucmajor se han perdido los archivos desde 1936 a 1950. «Lo mismo ocurrió con los de la prisión de Can Mir tras su cierre en 1942, que se llevó un cura, o con los de Falange. Nadie sabe dónde están», asegura. Una laguna que ha dificultado aún más su estudio y los resultados hoy conocidos.

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