Recomiendan un plan nacional de búsqueda de desaparecidos, apoyo económico y una base de datos para las víctimas
Homenaje a las víctimas del franquismo |
El Plural, 30/07/2014 - 31 julio 2014
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas ha emplazado al Gobierno de Mariano Rajoy a presentar, en el plazo de 90 días, un cronograma en el que se indique las medidas que se llevarán a cabo para implementar sus recomendaciones, las fechas previstas para aplicar cada una de las medidas y las fechas en las que se tenga previsto concluir con el cumplimiento de las mismas. Para empezar, recomiendan un plan nacional de búsqueda de desaparecidos.
Así lo ha informado la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), dedicada a la observancia y cumplimiento de los Derechos Humanos, que ha mostrado su satisfacción sobre este informe final de la ONU tras la visita en septiembre de 2013 del grupo de expertos en esta materia.
Profunda frustración
Los especialistas de Naciones Unidas destacaron “la profunda frustración de las víctimas de desapariciones forzadas españolas frente a los obstáculos administrativos y las dificultades para acceder a la información necesaria para esclarecer la suerte y el paradero de sus seres queridos”.
Obstáculos sin fin
Entre los obstáculos con los que las víctimas se encuentran para ver reconocidos sus derechos, el grupo de trabajo menciona el limitado alcance de la Ley de Memoria Histórica; la carencia de presupuesto para la implementación de ésta y la vigencia de la Ley de Amnistía tal como ha sido interpretada por las autoridades judiciales.
Impunidad y dificultades
Continúan resaltando la impunidad para todos los casos de desapariciones forzadas; la ausencia de un delito autónomo de desaparición forzada; la falta de una ley de acceso a la información; la dificultad para acceder a los archivos; y la carencia de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, entre otros.
Recomendaciones y plazos
El grupo de trabajo concede un máximo de 90 días para que el Gobierno de Rajoy fije un calendario que estipule la forma de resolver estos temas en base a las recomendaciones que el propio grupo ha comunicado.
Plan nacional de búsqueda de desaparecidos
Los temas que debe abordar el Estado comienzan por un plan nacional de búsqueda de desaparecidos. Como norma general, la ONU recomienda a España que proporcione “mayor apoyo institucional y financiero” a las asociaciones y familiares de las víctimas del franquismo.
Entidad estatal con base de datos
Debería crear, consideran “una entidad estatal dotada de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros que se encargue de todas las cuestiones relativas a las desapariciones forzadas, incluyendo el establecimiento una base de datos central sobre desapariciones”.
A la mayor brevedad posible
Naciones Unidas pide al Gobierno que ponga en marcha estas medidas “a la mayor brevedad posible”, informa FIBGAR. Hasta la fecha, el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy se ha distinguido por todo lo contrario, ya que ha eliminado todas las partidas previstas en la ley de Memoria Histórica (derogada de facto) para ayudar a los familiares a localizar a las víctimas.
Investigaciones de oficio
En lo referente a acción judicial se recomienda “investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas a la luz de las obligaciones internacionales, de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas”.
Eliminar obstáculos jurídicos
Para ello, reclaman “eliminar todos los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones judiciales”, como la ley de amnistía de 1977, el principal argumento esgrimido hasta ahora para no llevarlas a cabo.
El único juez que investigó, procesado
Hasta la fecha, el único juez que abrió una investigación sobre los crímenes del franquismo, Baltasar Garzón, fue procesado por ello, acusado de prevaricación, aunque finalmente fue absuelto pero en la sentencia que fijó dicha absolución se cerró todo camino de investigación penal hacia estos delitos.
Retirada de símbolos franquistas
La ONU pide también a España que proporcione “los fondos adecuados” para que la Ley de Memoria Histórica pueda aplicarse” y que se cumplan, entre otros, los artículos relativos a la retirada de símbolos y vestigios del franquismo, reseña FIBGAR.
No exaltar la sublevación militar
En este sentido, el grupo de trabajo de Naciones Unidas contra las desapariciones forzadas solicita al Gobierno que “vele por el respeto a la disposición de la ley que dispone la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura” .
Retirar a Franco del Valle de los Caídos
Destaca el grupo la necesidad de implementar las recomendaciones de la comisión de expertos nombrada durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que proponía retirar del Valle de los Caídos los restos del dictador Francisco Franco y convertir el lugar en un museo de la memoria similar al que acoge en la actualidad la Escuela de Mecánica de la Armada Argentina (ESMA).
Buscar e identificar a los niños robados
En cuanto a los niños robados, La ONU propone a España “fortalecer los esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de apropiación” y garantizar un banco nacional de ADN que integre “muestras genéticas de todos los casos denunciados”.
Visita de comprobación
El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitó España en septiembre de 2013 con el objetivo de examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado español sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas de personas, y analizar en particular los aspectos concernientes a la justicia, la verdad, la reparación y la memoria para las víctimas.
Violaciones de los Derechos Humanos
El Grupo de Trabajo se reunió con autoridades y cientos de familiares y organizaciones de familiares de personas desaparecidas, así como con otras organizaciones de la sociedad civil, y concluyó que en se cometieron graves y masivas violaciones a los derechos humanos durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975) sin existir hasta la fecha una cifra oficial – y por tanto un censo estatal de víctimas- del número de personas desaparecidas.
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