La
jueza Servini de Cubría solicita también datos sobre desaparecidos,
asesinados y torturados de la dictadura, en el marco de la investigación
abierta por los crímenes cometidos durante el franquismo
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| Silvia Carretero y uno de sus abogados, Máximo Castex. EFE |
EFE Buenos Aires 27/12/2011
Una jueza federal argentina pidió a
España aportar información sobre ministros y responsables de las fuerzas
de seguridad de la dictadura franquista en el marco de la investigación abierta por crímenes cometidos durante el régimen franquista, informaron fuentes judiciales.
El exhorto de la jueza federal María
Servini de Cubría solicita nombres y domicilios de los ministros y jefes
de las fuerzas de seguridad en el periodo comprendido entre el 17 julio
de 1936 y 15 junio de 1977.
El exhorto incluye a los mandos de las
Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y
dirigentes de la Falange Española y solicita el certificado
correspondiente en caso de fallecimiento.
Asimismo, la jueza pidió información
sobre personas desaparecidas, asesinadas y torturadas durante la
dictadura franquista, niños apropiados y datos de empresas que
utilizaron a presos políticos para hacer trabajo esclavo, según las
mismas fuentes.
La solicitud de Servini de Cubría se
enmarca en la causa que investiga los crímenes del franquismo iniciada a
instancias de un grupo de familiares de víctimas bajo el principio de
justicia universal, por el que se pueden investigar crímenes de lesa
humanidad ocurridos en terceros países.
Servini de Cubría había archivado las
actuaciones de acuerdo con un dictamen de la Fiscalía según el cual
tales crímenes han sido o son investigados por la justicia española, lo
que dio lugar a una apelación de la parte querellante. En septiembre del
pasado año, la Cámara Federal declaró nula la decisión de la magistrada
y aceptó la petición de la querella.
Entre las demandas presentadas ante los
tribunales de Buenos Aires figuran las de Silvia Carretero, viuda de
Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados por el franquismo, y las de Darío Rivas, hijo de Severino Rivas, fusilado en 1936, e Inés García, sobrina de Elías García, asesinado en 1937.
Rivas y García encabezaron la querella
presentada en abril de 2010 ante los tribunales federales argentinos por
genocidio con el auspicio de organismos humanitarios locales, entre
ellos el Servicio de Paz y Justicia que dirige Adolfo Pérez Esquivel,
Premio Nobel de la Paz en 1980.
La demanda fue ampliada después con 17 nuevos casos de víctimas gallegas, de un total de casi 5.000 represaliados por la dictadura en Galicia, identificados en una investigación realizada por universidades gallegas durante los últimos cuatro años.
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