La jueza Servini pidió a España datos de represores franquistas
Reclamó también información sobre personas asesinadas y desaparecidas, así como sobre niños apropiados.
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| La jueza federal María Servini de Cubría |
27/12/2011 00:01 | Agencia DyN
Buenos Aires. La
jueza federal María Servini de Cubría libró un exhorto a España en el
que solicitó nombres y domicilios de los integrantes del Consejo de
Ministros y de los jefes de las fuerzas de seguridad que integraron el
gobierno de facto del general Francisco Franco entre julio de 1936 y junio de 1977 y si se encuentran vivos, en el marco de una investigación de los crímenes del franquismo.
También
requirió información sobre la cantidad de personas desaparecidas,
asesinadas y torturadas durante la represión franquista, el número de
niños apropiados y las empresas que utilizaron a presos políticos para
hacer trabajo esclavo, entre otros datos. Así lo informaron fuentes de
la Justicia.
El
exhorto se da en la causa en la que se investigan los crímenes del
franquismo y que fue iniciada por familiares de víctimas bajo el
principio de justicia universal, por lo que se pueden investigar delitos
contra la humanidad ocurridos en otros países, tal como sucedió en
España con represores argentinos.
Franco
lideró el partido único Falange Española y gobernó el país bajo una
dictadura entre el 17 de julio de 1936, cuando se inicio la Guerra Civil
Española, y el 15 de junio de 1977, periodo que dejó 1.500.000 muertos.
Servini
de Cubría solicitó “los nombres y los últimos domicilios conocidos de
los miembros de los consejos de Ministros de los gobiernos españoles y
de los mandos de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada,
directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española” durante el
franquismo, con la “certificación de que hayan fallecido”.
Además,
pidió “el número de desaparecidos, identificándolos en la medida de lo
posible con sus nombres y apellidos, fechas y lugares de su
desaparición”.
También,
la cantidad de personas asesinadas y torturadas por “persecución
política” y “el número de niños sustraídos a sus familias de origen,
apropiados y con su identidad sustituidas por familias vinculadas con la
dictadura, debiendo identificar los grupos familiares despojados”.
El exhorto fue enviado a la Cancillería el 13 de diciembre y ésta lo giró a España.
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