Exigen que se anulen los juicios franquistas y que el Estado ayude a los familiares de las víctimas a abrir las fosas
Público, 07/06/2011
JUANMA ROMERO Madrid
Los dos diputados exigen que se anulen los juicios franquistas y que
el Estado ayude a los familiares de las víctimas a abrir las fosas
“¿Qué queda ya a los familiares de las víctimas del franquismo, a las
que fueron asesinadas, condenadas, sometidas a humillación, a
torturas?”. La pregunta, enfatizada este lunes por el exfiscal
Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, sólo contiene una posible
respuesta para los diputados de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya
Verds (IU-ICV), Gaspar Llamazares y Núria Buenaventura: nada, a los que
sufrieron en sus carnes la brutal represión de la dictadura, no les
queda nada.
Villarejo explicó por qué. La Fiscalía General del Estado, por un
lado, “no está dispuesta” a plantear un recurso de revisión de todas las
sentencias del régimen dictadas “por motivos políticos, ideológicos o
de creencia”, alegando que la Ley de Memoria Histórica, aprobada en
2007, ya las declara “ilegítimas, por vicios de forma y fondo”. Por
otro, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo se niega a analizar de
nuevo las condenas para anularlas.
Llamazares avisa al Gobierno de que se agota la legislatura, pero hay “tiempo”
Y las administraciones públicas, censuró, no “asumen su
responsabilidad” de ayudar a los particulares en la exhumación de los
restos que yacen en “1.197 fosas comunes”. Y eso que en mayo de 2010 el
PSOE pactó en el Congreso con todos los grupos, salvo el PP, mejorar la
protección de las víctimas de la dictadura.
La situación es, pues, de “boicot institucional”, según la definición
aplicada por Llamazares. De modo que IU-ICV se ha puesto manos a la
obra y registró su proposición de reforma de la Ley de Memoria, en cuya
redacción ha colaborado Villarejo.
La modificación toca cuatro artículos de la norma. Exige que se
declaren ilegales los tribunales de guerra y represión del franquismo y
que sean “nulas de pleno derecho” las sentencias emitidas por ellos. Y
también que las administraciones públicas asuman “la indagación,
localización e identificación de las personas desaparecidas”.A fin de
cuentas, resaltó el diputado, la nulidad es lo que los parlamentarios
socialistas Amparo Valcarce y Jesús Caldera reclamaban al Gobierno del
PP en 2003 vía moción en la Cámara baja. El texto entonces fue derrotado
por la mayoría absoluta de los conservadores.
¿Qué herencia quiere el PSOE?
Villarejo: “Si no hay nulidad, los condenados serán aún delincuentes”
En la rueda de prensa en el Congreso, Villarejo y Llamazares –no pudo
acudir Buenaventura– convirtieron su ruego en una señal de alarma,
porque la legislatura se agota y lo que se avecina es un Gobierno del PP
que guardará la norma en un cajón. “Estamos aún a tiempo de aprobar
esta asignatura pendiente, a tiempo de que la memoria no sea traicionada
y la ley no sea boicoteada”, subrayó el diputado, quien avisó al PSOE
de que tiene ante sí “el reto” de dejar como “herencia” una “memoria
satisfecha” o la “ambigüedad”. Es decir, que si el Gobierno quiere,
puede tramitar con rapidez la iniciativa de IU-ICV en el próximo periodo
de sesiones y subsanar sus errores. Enmendar el “fiasco” de la ley
52/2007, su “absoluta insuficiencia”, abundó el exfiscal.
Villarejo reiteró que la actual norma deja lagunas. “Mientras no se
anulen las sentencias, los condenados siguen siendo delincuentes,
culpables de rebelión militar”. No basta con decir que esas condenas
eran “ilegítimas”, como admite la Ley de Memoria: “Es una declaración
educada. Toda la Justicia de la dictadura fue una farsa. No eran
tribunales, sino un grupo de facciosos. No eran legítimos, ni
independientes ni imparciales”.
“¡Basta ya de artimañas de leguleyos!”, tronó el exfiscal,
visiblemente indignado por la “ofensa” que ha supuesto la norma de 2007.
Se afanó en explicar que los procesos franquistas conservan aún su
validez, aunque la Ley de Memoria haya borrado su vigencia. Por tanto,
remarcó, hay que anularlos sin más. Porque, como dice el texto, “lo que
es ilegal en su raíz no puede resultar protegido por el principio de
seguridad jurídica sobre la base del transcurso del tiempo”. El
principio de seguridad jurídica fue el esgrimido por el Gobierno durante
la tramitación de la ley 52/2007 para no admitir la anulación de los
procesos del régimen.
Llamazares y Villarejo emplazaron al PSOE a recoger el guante, a dar
una “respuesta contundente” y que la memoria “recupere su papel”. Que no
pase como con el Diccionario biográfico español, una muestra de cómo
subsiste la “equiparación entre demócratas y facciosos”. Por cierto que
el exfiscal aportó su definición de Francisco Franco: “Criminal de
guerra y dictador sanguinario”.
LAS ÚLTIMAS TRABAS
El portazo al poeta Miguel Hernández
“Radicalmente injusta” // La prueba de las trabas a la recuperación
de la memoria es, para IU-ICV, que el Supremo, en febrero, se negara a
autorizar a la familia de Miguel Hernández a interponer un recurso de
revisión contra la sentencia por la que el poeta fue condenado a muerte
en enero de 1940. El TS entendió que, en virtud de la Ley de Memoria,
esa condena ya fue reconocida como “radicalmente injusta”, por lo que
carece de vigencia jurídica.
La postura de la Fiscalía // La Fiscalía se opuso a la revisión. En
2010 ya se negó a plantear ante el Supremo un nuevo análisis de la
sentencia a muerte contra Lluís Companys, como habían pedido la
Generalitat y la familia del president catalán fusilado en 1940.
http://www.publico.es/espana/380525/iu-icv-plantea-una-reforma-urgente-de-la-ley-de-memoria-historica
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