
NATALIA JUNQUERA – Madrid – 31/05/2011
Los monjes benedictinos y la cruz de 150 metros que preside el monumento a la victoria franquista se quedarán en el Valle de los Caídos. Son las únicas líneas rojas que marcó ayer el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, tras la primera reunión de la comisión de expertos que ha de decidir, en un plazo de cinco meses, qué hacer para que el recinto deje de ser “un monumento a la guerra y al nacionalcatolicismo” para convertirse “en un lugar de memoria reconciliada, no de parte”, en palabras del ministro.
Jáuregui
compareció ayer en La Moncloa junto a los dos presidentes de la
comisión: Virgilio Zapatero, ministro de Relaciones con las Cortes con
Felipe González, catedrático de filosofía del Derecho y actualmente
vicepresidente de Caja Madrid, y Pedro José González-Trevijano, rector
de la Universidad Rey Juan Carlos, catedrático de Derecho Constitucional
y vocal de la Junta Electoral Central. El ministro explicó que tras
hablar varias veces con Antonio María Rouco Varela, la Conferencia
Episcopal había decidido retirar a última hora de la comisión al
arzobispo emérito de Pamplona, Fernando Sebastián. El equipo se ha
quedado finalmente en 12 miembros, entre los que hay historiadores, como
Ricard Vinyes; filósofos, como Amelia Valcárcel y Reyes Mate; juristas,
como Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, y un monje benedictino,
Hilari Raguer.
Preguntado
por si le preocupa que el año que viene el PP gane las elecciones y
rechace el proyecto que ha de salir de esta comisión, Jáuregui confió en
que “ningún Gobierno pueda meter en un cajón” el informe que estos
expertos con “autoridad científica y pluralidad ideológica” han de
elaborar en los próximos cinco meses.
La
comisión decidirá si los restos de Franco y Primo de Rivera deben salir
del monumento. También diseñarán un memorial para dignificar a las más
de 33.800 personas enterradas allí y explorarán todas las posibilidades
para que las familias de los republicanos inhumados en el Valle de los
Caídos junto a su verdugo sin su consentimiento puedan recuperar sus
restos. Los forenses enviados por el Gobierno lo descartaron por ser
“extremadamente complejo”. Pero Jáuregui les ha prometido seguir
intentándolo. “Tienen derecho”, dijo.
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