Delibera
a puerta cerrada sobre la competencia planteada por juzgados de El
Escorial y Granada tras haber concluido la causa contra Garzón
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| Exhumaciones |
EUROPA PRESS 09/03/2012
El
Tribunal Supremo decidirá a puerta cerrada el próximo día 14 a quién
corresponde la competencia en la apertura de las fosas del franquismo.
El asunto fue planteado por dos juzgados de El Escorial (Madrid) y
Granada tras la inhibición de Baltasar Garzón se encontraba en suspenso
desde abril de 2010 en espera de que se resolviera la causa en la que el
ex juez e la Audiencia Nacional fue juzgado por investigar estos
hechos.
La
Sala que resolverá sobre este asunto está integrada por el presidente de
lo Penal Juan Saavedra y los magistrados Andrés Martínez Arrieta,
Miguel Colmenero, Luciano Varela y Perfecto Andrés Ibáñez, que será el
ponente de la resolución.
Dos
de ellos, el ponente y Colmenero, formaron parte del tribunal que
absolvió a Garzón de un delito de prevaricación del que había sido
acusado por investigar los crímenes franquistas careciendo de
competencia para ello. En la sentencia se señala que “el derecho a
conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal” y que las
actuaciones sobre las fosas corresponden a la Administración.
PENDIENTE DESDE 2009
El
Supremo dejó en suspenso este asunto en respuesta a la cuestión de
competencia planteada por el propio Garzón en junio de 2009 después de
que los juzgados de instrucción número 2 de San Lorenzo de El Escorial y
el juzgado de instrucción número 3 de Granada rechazaran hacerse cargo
de la investigación de las fosas halladas en sus respectivos
territorios.
Ambos
órganos hicieron pública su negativa tras conocer que el titular del
Juzgado Central de Instrucción número 5 se había inhibido en sus
investigaciones atribuyendo a los juzgados territoriales la competencia
sobre la apertura de las fosas que se encontraran en su demarcación.
El
Supremo alegó entonces que dado que el objeto de este asunto estaba
“directamente relacionado con los hechos que se instruyen” en la causa
sobre las investigaciones de Garzón sobre el franquismo era procedente
suspender en espera de la conclusión de la causa contra el que fuera
titular del Juzgado Central de Instrucción número 5.
“Todo
ello sin perjuicio de que durante el tiempo en el que se prolongue la
suspensión, los interesados puedan ejercitar los derechos” derivados de
la Ley de Memoria Histórica, “por la que se reconocen y amplían derechos
y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o
violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”, añadió en su día el
Supremo.
VALLE DE LOS CAIDOS Y LORCA
El 8
de julio de 2009, el Juzgado de Instrucción número 2 de El Escorial
rechazó la inhibición planteada por el juez Garzón para asumir la
competencia relativa a la parte de la causa sobre la memoria histórica
que corresponde al partido judicial de San Lorenzo de El Escorial en
relación con las exhumaciones de los restos mortales depositados en el
Valle de los Caídos.
Unos
días antes, el 30 de junio, el juez de Granada había dado una respuesta
idéntica a la Audiencia Nacional en relación con la fosa en la que se
suponía que estaban los restos del poeta Federico García Lorca.
El 26
de diciembre de 2008, Garzón se había declarado incompetente para
instruir sobre las muertes y desapariciones producidas durante este
periodo. Tanto el juez de El Escorial como el de Granada rechazaron
hacerse cargo del caso alegando la interconexión de los hechos que
corresponden a este partido judicial con los ocurridos en el resto de
España.
En
concreto, y antes de ser acusado por prevaricar al investigar este
asunto, Garzón se inhibió en favor de los juzgados de La Coruña,
Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca,
León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria,
Toledo, Zamora, Zaragoza, Alicante, Valencia, Manacor y Palma de
Mallorca.
Se
inhibió también en favor de los Juzgados de Instrucción Decanos de las
localidades de Herrera del Duque (Badajoz), Pamplona (Navarra), Trujillo
(Cáceres) y Astorga (León) para que sean estas dependencias judiciales
las que den respuesta a “las exhumaciones solicitadas”. En la mayoría de
estos lugares la investigación de las fosas se mantiene paralizada
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