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| El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón |
Natalia Junquera, El País 21 Marzo 2012
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se reunirá el
próximo 12 de abril con los afectados por el robo de niños, según
informa una portavoz del ministerio. A la última reunión con los
representantes de las asociaciones de víctimas no pudo asistir por
problemas de agenda y acudió en su lugar el secretario de Estado de
Justicia, Fernando Román.
Con el archivo de sus casos en las fiscalías, muchas de las familias que sospechan que su hijo fue robado al nacer esperan ahora que sea la Administración quien les ayude a resolver esa insoportable duda. El ministro aseguró el pasado 6 de marzo en el Senado, interpelado por el senador del PNV José María Cazalis, que pensaba dar "prioridad absoluta" a este asunto en su departamento. "El problema de los niños robados no es solo de los afectados, sino de toda la sociedad española. Y estaríamos enfermos como sociedad si no fuéramos solidarios con ese dolor inimaginable", dijo.
El Ministerio de Justicia ha encargado un informe a la Agencia de Protección de Datos para analizar las posibilidades de acceso a los archivos, una de las principales reivindicaciones de los afectados, a los que la ley de protección de datos impide muchas veces el acceso a información que podría ser fundamental en sus búsquedas.
Con el archivo de sus casos en las fiscalías, muchas de las familias que sospechan que su hijo fue robado al nacer esperan ahora que sea la Administración quien les ayude a resolver esa insoportable duda. El ministro aseguró el pasado 6 de marzo en el Senado, interpelado por el senador del PNV José María Cazalis, que pensaba dar "prioridad absoluta" a este asunto en su departamento. "El problema de los niños robados no es solo de los afectados, sino de toda la sociedad española. Y estaríamos enfermos como sociedad si no fuéramos solidarios con ese dolor inimaginable", dijo.
El Ministerio de Justicia ha encargado un informe a la Agencia de Protección de Datos para analizar las posibilidades de acceso a los archivos, una de las principales reivindicaciones de los afectados, a los que la ley de protección de datos impide muchas veces el acceso a información que podría ser fundamental en sus búsquedas.
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