sábado, 24 de marzo de 2012

Certificando la impunidad española

Concentración de familiares de las víctimas del franquismo



Floren Dimas Marzo 2012

Aunque es posible que os llegase por varías vías, os adjunto como archivo el texto de la sentencia absolutoria al juez Garzón, por el caso de la investigación de los crímenes franquistas.

Sentencia íntegra (PDF)

http://ep00.epimg.net/descargables/2012/02/27/c38da9aeed611d25e02b591d615891a5.pdfAnteayer

Pese a lo que muchos auguraban, el desarrollo del proceso no ha deparado sorpresa alguna. El Equipo Nizkor predijo con impecable exactitud, lo que finalmente ha sucedido. La sentencia y las posteriores declaraciones del CGPJ, han certificado el modelo español de impunidad. Tal como lo ha venido vaticinado el Equipo Nizkor. Véase al respecto este comunicado de 2010:
ANÁLISIS DEL ESTADO DE LA CUSTIÓN EN ESTOS MOMENTOS
El lunes pasado, el Consejo General del Poder Judicial, ha hecho público una declaración en donde, al tiempo que comenta su conformidad con la sentencia absolutoria, señala literalmente a la Ley de la Memoria Histórica (LMH) como el marco jurídico, en donde resolver las reparaciones derivadas de los crímenes franquistas, los desaparecidos y las exhumaciones de las fosas comunes; es decir, que excluye la vía judicial como resolver los crímenes franquistas.
¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, que no se pueden perseguir los crímenes del franquismo, en ninguna instancia judicial española. Ni más ni menos.
De forma clara y sin ningún resquicio de duda, la sentencia y el propio CGPJ, declara a la Ley de la Memoria Histórica, como una ley subsidiaria de la Ley de Amnistía de 1977, de tal forma, que el bonomio jurídico representando por ambas leyes, constituye un muro fortificado de impunidad. Dicha estrategia de impunidad, fue creada por el gobierno del PP (al verse obligado a introducir en el Código Penal el art. 607.bis -calificación y penalización de los crímenes de lesa humanidad-, pero sin otorgarle a su aplicación efectos retroactivos), y por el posterior gobieno socialista, al promulgar la Ley de la Memoria Histórica.
El propio Consejo Supremo del Poder Judicial, ha sido finalmente el que acaba de reconocer públicamente, que la Ley de la Memoria agota todas las vías reivindicativas de justicia, en relación con los crímenes franquistas, consagrándola como una ley de impunidad y de punto final. Absténganse por tanto, quienes barajan todavía recurrir al Tribunal Supremo o el Constitucional.
Lo decíamos, antes incluso, de que se aprobase la LMH: la batalla hay que librarla ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. Los destinatarios más veteranos de mis mensajes lo recordarán.
Floren Dimas. (Investigador) AGE
  


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