Víctimas
del franquismo, asociaciones de la memoria y jueces progresistas
reclaman al Estado un plan de recuperación de fosas, ahora que la vía
judicial ya es impenetrable.
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| Dos agentes supervisan la exhumación de los restos mortales encontrados en la fosa de Joarilla de las Matas, una imagen poco frecuente en las catas.armh |
marco romero | león 04/03/2012
«Le
sacaron de casa de una mujer en Quintanilla de Babia, pero mi abuelo
vivía en Villaseca de Laciana con mi abuela y sus hijos. Lo que se dice
es que era su amante y no se sabe si participó o no, pero quedó con ella
tal día y a tal hora y apareció el camión en el que se lo llevaron
junto a otros. Le pasaron por delante de su casa y le llevaron a
Villablino. Allí estuvo una noche, creo. Y después los volvieron a meter
en el mismo camión por la carretera de Omaña. Mi abuelo conocía muy
bien los caminos y en un momento se tiró del camión; corrió y corrió,
pero no pudo… Y lo mataron. Siempre se ha dicho que en aquel camión iban
ocho hombres y una mujer que tenía 29 años y era de Grao. El resto eran
de la zona. A la mujer, que llevaba un atillo con ropa, después de
muerta se lo pusieron bajo la nuca para dejarle la cabeza bien colocada.
Todos los años, mi padre nos llevaba desde Villaseca hasta Rioscuro
para enseñarnos el lugar. Sé que era una curva y hay un lugar que es
probable, pero no exacto. 200 o 300 metros en una cosa de estas es mucha
distancia. Y, además, hoy todo aquello es un terreno privado, así que
todo es más difícil. Sólo desearía poder unir los restos de mi abuelo a
los de su familia. Pero ahora me ha entrado mucha preocupación y ya no
confío». El desánimo de María Nieves Álvarez Machín viene motivado por
la reciente sentencia del Tribunal Supremo que juzgó la instrucción de
Baltasar Garzón sobre los crímenes del franquismo y el rigor con el que
ha determinado que la vía judicial está extinguida para estos casos. En
resumen, la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
viene a decir que la «legítima pretensión» de las familias de honrar y
homenajear a las víctimas «no puede ser dispensada por la vía penal»
sobre hechos «de los que se sabe que no es posible declarar la
culpabilidad de una persona». Aunque anima las víctimas a ejercer
derechos que no han visto plenamente satisfechos «a través de otros
organismos del Estado» y «contando con el concurso de todas las
disciplinas y profesiones, especialmente a los historiadores». «Pero no
corresponde al juez de instrucción», subraya esta sentencia originada
por las denuncias de asociaciones de la memoria histórica de varios
territorios en las que ponían en conocimiento del juzgado la
desaparición de familiares sin conocer la verdad de los hechos
acaecidos, el lugar de fallecimiento y de su enterramiento, y
solicitaban la tutela judicial para la exhumación e identificación de
los cadáveres y así poder honrarlos.
Pero
el nuevo contexto que introduce la sentencia afecta a muchas víctimas y
familiares de desaparecidos que siguen teniendo en sus manos la
responsabilidad de localizar fosas, abrirlas y exhumar los cuerpos sólo
con la ayuda de las asociaciones. María Nieves relata el caso inédito de
una fosa que se encuentra entre Rioscuro de Laciana y el Villar de
Santiago, en la que se supone que estarían los restos de, al menos, ocho
hombres y una mujer, la mayoría o todos procedentes de pueblos
asturianos del entorno. «A mi abuelo le llamaban el ‘tío de la pipa’
porque siempre la llevaba encima. Yo tengo la ilusión de encontrarla con
él», señala esta nieta de represaliado. Como ella, docenas de familias
leonesas conocen el paradero físico de sus antepasados en cunetas y
fosas, pero deben actuar al margen de la justicia si quieren recuperar
los restos.
Seguirán como hasta ahora. Desde
que Garzón se inhibiera en la causa del franquismo en favor de los
juzgados territoriales —este asunto aún está pendiente de ser resuelto
en el Tribunal Supremo—, doce de las 24 fosas que inicialmente entraban
en su auto ya han sido abiertas e identificadas con la autorización de
los familiares. «En el 99% de los casos no se persona nadie», señala de
manera gráfica el vicepresidente de la Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica (ARMH), Marco González. Y eso que cada vez que
confirman la existencia de una fosa común informan al juez que
corresponda o al cuartel de la Guardia Civil más cercano. El protocolo
que siguen empieza por dejar constancia de una denuncia que detalla la
aparición de restos humanos durante la cata arqueológica. Se abren
diligencias y en un plazo de quince días el titular del juzgado dicta un
auto archivando un caso de «no delito», en base a la Ley de
Enjuiciamiento Criminal o la Ley de Amnistía de 1977, porque no resulta
demostrable la infracción penal, según constata la documentación
facilitada por la asociación. «Nosotros seguiremos», adelanta Marco
González.
Un plan programado. Lo
cierto es que la reciente sentencia del Tribunal Supremo ha movilizado a
diversos colectivos implicados en la recuperación de la memoria
histórica, jueces incluidos. Los magistrados integrados en la entidad
Jueces para la Democracia entiende que, en este nuevo contexto, el
Estado debería desarrollar lo que denominan un «plan programado,
sistemático y financiado públicamente» para resolver definitivamente la
localización de fosas y honrar la memoria de los ejecutados exhumando
sus cuerpos. Según el mapa de fosas del Ministerio de Justicia, en León
hay 45 enterramientos comunes, algunos de ellos ya exhumados y con los
restos trasladados al Valle de los Caídos.
La
ineficacia de la Ley de la Memoria Histórica en este ámbito es más que
notoria. Como solución, Emilio Silva, presidente de la ARMH, explicó que
no todo está perdido. «Hay dos posibilidades: el Tribunal
Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos». «El Estado
—añadió— no cumple con sus deberes y llevando pruebas de que es así…».
La organización que representa tiene previsto solicitar al Tribunal
Supremo que resuelva con carácter de urgencia ese conflicto de
competencias que rebotó la causa a decenas de juzgados locales. En el
caso de la provincia leonesa, los juzgados de Ponferrada archivaron las
actuaciones ya en el 2008. Los jueces de León y Astorga, como los de la
mayor parte del territorio nacional, no se han pronunciado.
Entretanto,
el terraplén de Rioscuro donde permanecen los restos de Clemente
Álvarez sigue tomado por las ortigas. No existe partida de defunción.
Procedente del concejo asturiano de Teverga, concretamente de Taja, se
casó en Villaseca de Laciana y allí vivió hasta que fue apresado al poco
tiempo de empezar la guerra. «Los campos estaban llenos de centeno»,
recuerda su nieta María Nieves por lo que tantas veces ha escuchado en
boca de su padre, también represaliado. «A mi padre lo llevaron a San
Marcos y redimió pena en la Minero Siderúrgica de Ponferrada».
Ahora
se buscan testimonios sobre lo ocurrido aquel funesto día de 1936 en
Rioscuro. Lo que siempre ha trascendido entre los vecinos es que todos
los ejecutados eran asturianos. La mujer, de 29 años, era de Grao.
También se ha oído en la familia que, con el tiempo, se llegaron a
encontrar los cuerpos de dos hombres y una mujer, pero no existe
constancia ni de eso ni de lo contrario. «Yo creo que su muerte fue más
bien por lo político, porque era de izquierdas», narra la nieta de ‘el
tío de la pipa’.
Pese a
toda la represión que padeció la familia durante la Guerra Civil y los
años posteriores, asegura que no viven «con rencor». En realidad ha sido
un tema tabú que su padre nunca quiso hablar en casa.
Como
María Nieves, las familias de un número todavía indeterminado de
desaparecidos inhumados en doce fosas ya identificadas y repartidas por
toda la provincia esperan una solución, y la más cercana está en sus
propias manos.
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