Una
decena de familias trata de reabrir sus casos en la justicia de Buenos
Aires. La legislación de este Estado es muy sensible a los crímenes
políticos
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| Concentración ARMHA |
ANTONIO IBÁÑEZ 04/03/2012
Alrededor
de una decena de familiares de víctimas aragonesas del franquismo
recurrirán a tribunales extranjeros para que se encause a los verdugos
–directos o indirectos– de esos crímenes y se repare la memoria de sus
familiares, muchos de ellos enterrados en fosas sin abrir o incluso sin
identificar. Tras el varapalo que ha supuesto para muchos de ellos el
nulo caso de la Justicia española a sus causas –el colofón definitivo
fue la condena que aparta de la Audiencia Nacional al juez Baltasar
Garzón– la próxima semana presentarán la documentación, junto a otra
veintena de asesinatos cometidos en otros puntos de España de 1936 a
1939, para que varios abogados argentinos reabran los casos en su país,
donde hay una amplia conciencia social para reparar los crímenes de lesa
humanidad.
También
se están planteando la posibilidad de recurrir al Tribunal de Derechos
Humanos de Estrasburgo, aunque en este caso las opciones son menores por
lo costoso del proceso y la dificultad que entraña abrir esa vía.
Sucede lo mismo con los recursos que se van a presentar ante la Corte
Suprema de Argentina, aunque en este caso los trámites están más
avanzados y se cuenta con dos ventajas: la presencia en el país austral
de abogados dispuestos a trabajar en las causas y la legislación de ese
Estado, muy sensible a los crímenes políticos como ha demostrado con los
juicios y las encarcelaciones de los represores que aterrorizaron y
exterminaron a miles de ciudadanos de ese país entre 1976 y 1983.
Miguel
Ángel Capapé, miembro de la Asociación por la Recuperación e
Investigación Contra el Olvido (ARICO), es uno de los afectados que está
dispuesto a llegar hasta el final. Varios miembros de este colectivo
entregarán parte de la documentación que a finales de la semana que
viene llegará a la Justicia argentina a través de un poder notarial para
mover el proceso. “Estamos buscando gente afectada para que cuantos más
casos seamos, haya más repercusión, pero es un proceso complejo”.
LEY DE AMNISTÍA
De momento, todos los casos son de la provincia de Zaragoza. Capapé
reconoce que la principal dificultad es la económica, algo en lo que
también coincide Mercedes Sánchez, tesorera de la Asociación para la
Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (ARMHA). “Lo mínimo es
que se reconozca que fueron asesinatos, que todo respondió a una
estrategia premeditada para aniquilar a personas y aunque nadie puede
devolver la vida a los asesinados, lo mínimo es que se repare su
memoria”.
Tanto
Sánchez como Capapé lamentan la página vivida en España y la falta de
voluntad para reparar los crímenes del franquismo. “Qué se puede esperar
de un país en el que muchos políticos no han condenado la dictadura,
vivimos en lugares donde todavía hay yugos y flechas en muchos edificios
y donde gran parte de la judicatura viene del franquismo. Esto sería
impensable en Alemania, Francia o Argentina. En algunos de ellos es
incluso un delito”, dice contundentemente Sánchez.
También
lamenta esta pasividad Josefina Musulén, cuyo testimonio en el Supremo,
en la causa contra Garzón, estremeció más de una conciencia al relatar
la crueldad con la que los pistoleros acabaron con la vida de sus
abuelos.
PRESCRIBEN
“El daño es que en España se asume la Ley de Amnistía, cuando esos
crímenes deben ser tratados como casos de lesa humanidad y no prescriben
nunca. Buscamos Justicia, pero al menos nos gustaría que se reconozca
la dignidad de esos familiares que asesinaron”. Musulén no se personará
en Argentina porque cada paso que se da “supone revivir el terror” para
sus padres, de elevada edad. Esto es común en muchos de estos trágicos
episodios. Pero Musulén también piensa que se debe llegar al final. En
Aragón, una vez que Garzón desvió las causas a las audiencias
territoriales, el Tribunal Superior archivó los cientos de casos. La
inhabilatación del juez ha sido un mazazo para los familiares de las
víctimas, que vieron en él la esperanza de reparar ese trágico capítulo
de la historia, que cobra especial dramatismo cuando se pone nombre y
apellidos a esas víctimas, muchas enterradas en cunetas todavía.
El
próximo paso jurídico es abrir la opción argentina. De momento llegará a
través de un censo de casos. Una vez que esto llegue a manos de los
abogados argentinos, se abrirá un largo proceso en el que los familiares
deberán acreditar de forma fidedigna la vinculación con los asesinados.
Además de lo caro que es este proceso se suma otro problema: la
avanzada edad
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