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| EL DIRECTOR de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, habla
con la prensa junto a la directora de Amnistía Internacional en
Argentina, Mariela Belski, el miércoles en Buenos Aires. LEO LA VALLE / EFE |
AMUDENA CALATRAVA (Argentina)10 Mayo 2012
La
jueza María Servini de Cubría “debe seguir investigando porque en España
se cierran las puertas y los familiares de las víctimas están en una
situación de desamparo”, dijo en una rueda de prensa el director de
Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán.
Miembros
de la Organización acudieron al juzgado federal de Servini de Cubría en
Buenos Aires, que investiga los asesinatos, desapariciones y torturas
ocurridas en España durante el Franquismo .
Se
reunieron con integrantes del equipo de la jueza, a los que les pidieron
que la magistrada siga con sus pesquisas y entregaron un informe que
señala que la justicia y reparación para las víctimas de los “crímenes
de derecho internacional” cometidos en ese entonces siguen “siendo
denegados en España”.
Los
querellantes en la causa de Servini de Cubría son unos 50, entre
españoles y argentinos que son descendientes de las víctimas del bando
perdedor republicano de la guerra civil española (1936-1939).
Piden
la investigación de los miles de asesinatos y desapariciones ocurridos
en el periodo comprendido entre el 17 de julio de 1936, un día antes del
alzamiento militar encabezado por Franco contra el entonces gobierno
republicano, y el 15 de junio de 1977, cuando se celebraron las primeras
elecciones democráticas del periodo de transición, que comenzó con la
muerte del dictador en 1975.
La
argentina Inés García Holgado, que interpuso la demanda en 2010, dijo en
rueda de prensa tener “muchas esperanzas” en esta investigación. “Busco
justicia y reparación para mis familiares”. Es sobrina nieta de los
españoles Luis y Elías García Holgado, fusilados en la guerra, y sobrina
de Vicente García Holgado, desaparecido.
El
informe de Amnistía Internacional señala que 17 de los 21 casos de
crímenes a los que tuvo acceso en distintos juzgados españoles han sido
archivados “sin que se haya realizado ningún tipo de investigación”.
Esos
casos y otra veintena más se abrieron después de la declaración de
incompetencia sobre los mismos que manifestó la Audiencia Nacional
española en 2008 y a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo de España
de febrero de 2012 que niega la competencia de los magistrados
españoles para investigar dichos delitos, lo que para Amnistía supone
una “violación del derecho internacional y obstrucción del acceso a la
justicia”.
Una
de los argumentos que esgrime la justicia de España es que en ese país
rige desde 1977 una ley de amnistía que impide la investigación de ese
tipo de hechos y que al haber transcurrido más de 20 años desde su
comisión, los delitos están prescritos. AI rechaza ese razonamiento, al
indicar que en realidad son crímenes de lesa humanidad
“imprescriptibles”.
Según
el organismo internacional, Argentina puede y debe ejercitar su
competencia para investigar lo sucedido en España ya que “la
jurisdicción para los crímenes de derecho internacional es universal” y
todos los Estados pueden llevar adelante causas, “independientemente de
si los delitos son o no investigados en sede local”.
La
organización dice haber constatado que los informes enviados por la
fiscalía española a la jueza argentina dando a entender que las
investigaciones están avanzando no se ajustan a la verdad.
Servini
de Cubría tiene previsto viajar a Madrid en los próximos meses –se
desconoce la fecha exacta–para tomar declaración a sobrevivientes y
recorrer cárceles y lugares donde, según los denunciantes, se produjeron
fusilamientos.
La
jueza está a la espera de una respuesta al exhorto que envió en
diciembre de 2011 a la justicia española para obtener datos sobre
distintos funcionarios del Franquismo –la mayoría de ellos fallecidos–,
de las personas fusiladas y torturadas y de la localización de fosas
comunes.
En
España, Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica (ARMH), dijo a The Associated Press que el
informe de Amnistía debe entenderse como un espaldarazo a la
investigación de Servini de Cubría. “Nosotros seguimos haciendo
exhumaciones y vamos a intentar ayudar, pase lo que pase, a los
familiares que nos piden ayuda”.
En
tanto, José María Galante, de la asociación de ex presos franquistas La
Comuna –que visitó Buenos Aires en abril para entrevistarse con la
magistrada–, dijo a AP que él y sus compañeros se fueron “con la idea
clara de que esta jueza va a llegar hasta donde se puede llegar con este
caso”.
Amnistía
opinó que tras la sentencia del Tribunal Supremo español en febrero de
2011 sobre el llamado “caso de la Memoria Histórica”, la indefensión de
las víctimas ha ido a peor, ya que aunque el Supremo absolvió en esta
causa al ex juez Baltazar Garzón (suspendido en el marco de otra caso
judicial), en su sentencia utiliza argumentos que “son contrarios al
derecho internacional”. Ese tribunal señaló que los hechos no pueden ser
calificados de crímenes de lesa humanidad por no ser considerados como
tales en el momento en que fueron cometidos.
Según
cálculos de Garzón, hay unas 114.000 personas desaparecidas en fosas en
España. Desde el año 2000, la ARMH ha logrado recuperar unos 5.500
cuerpos.
En este despachó colaboró el periodista de AP en Madrid Jorge Sainz
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